La probable investidura del gobierno PSOE-UP será unos de los acontecimientos políticos más importantes de los últimos años. Por primera vez desde la “restauración democrática” se ensayará un gobierno de coalición, y en este caso de izquierdas.
La derecha no ha perdido el tiempo en demonizar la coalición PSOE-UP y de aventurar las diez plagas de Egipto si se lleva a cabo. En esto ha sido acompañada, como era de esperar, por las patronales, la jerarquía de la Iglesia, los medios de comunicación del régimen, y personajes del ala más derechista del PSOE, como Felipe González. Para todos ellos, no se trata de que este gobierno, con la participación de UP, vaya más o menos lejos en sus políticas progresistas; se trata de aplastar cualquier idea de que la clase trabajadora pueda y deba emanciparse ella misma, de impedir que ésta adquiera en su conciencia el más leve sentimiento de su propio poder, que no sienta ni pueda alumbrar ni de lejos la idea de una sociedad sin miedos, sin sufrimiento, sin injusticias, sin explotación ni opresión de ningún tipo.
No ha habido un solo enemigo recalcitrante de las familias trabajadoras que no se haya manifestado al respecto en contra de este gobierno. A los dirigentes de Ciudadanos, les parece “nefasto”. El PP apela “a ese PSOE sensato [el de Felipe González] que ya hace más de dos años rechazó un acuerdo como el que ahora quiere vender Sánchez como imprescindible”. Sin duda, las declaraciones más coloridas son las de la extrema derecha. Así, Abascal de Vox, echando espuma por la boca, afirmó que el pacto “significa que España va a ir camino de la Venezuela de Chávez, de la pobreza, la desigualdad y de las cartillas de racionamiento” y que “el PSOE se abraza al comunismo bolivariano, a los aliados de un golpe de Estado en mitad de un golpe de Estado”.
Aznar no se quedó atrás de sus pupilos. Declaró que la “alianza de los comunistas y los independentistas” con Pedro Sánchez resulta “terminal” para la democracia española: “Conducirá a una crisis constitucional de consecuencias devastadoras”.
Por su parte, Felipe González, a quien “no le pareció necesario” felicitar a Sánchez por su triunfo electoral el 10N, criticó con evidente molestia “que PSOE y Podemos se repartan primero los cargos y luego se hable de programa”. Mostrando abiertamente para quién trabaja, dijo: “Ojalá hagamos un Gobierno estable y con mayorías, no sólo de izquierdas o de derechas y de bloques”, apostando explícitamente por un entendimiento entre PSOE, PP y Cs.
“Este preacuerdo es lo contrario de lo que necesita la economía de España en este momento”, declaró un representante de la patronal CEOE. “Estamos consternados. Nosotros preferimos un acuerdo PSOE y PP, centrista, constitucionalista”, declaró John de Zulueta, presidente del Círculo de Empresarios.
Por su parte, el diario “progre-liberal” El País afirmaba en una de sus editoriales, días pasados:
“La transversalidad que necesitará cualquier salida no puede consistir en transformar la profunda fractura que separa en Cataluña a los independentistas de los no independentistas en otra fractura, igualmente profunda, entre la derecha y la izquierda en el resto de España”.
Y añadía:
“La aritmética parlamentaria sólo dice que corresponde al Partido Socialista formar Gobierno, no cuáles son los Gobiernos posibles. Uno, en efecto, es el que persigue el acuerdo con Unidas Podemos. Otro, el que propone el Partido Popular ofreciendo su abstención. Corresponde a los grupos parlamentarios hacer las cuentas para escoger entre uno y otro camino. Pero, en cualquier caso, no son cuentas que se reduzcan a sumas y restas de parvulario, sino a una valoración política, cargada de trascendentales consecuencias, sobre qué puede acelerar la espiral que conduce a la fractura y qué puede detenerla”.
Y está claro que para El País, lo que “puede acelerar la espiral que conduce a la fractura” es el acuerdo PSOE-UP, mientras que lo que “puede detenerla” es un entendimiento PSOE-PP-Cs.
A falta de su investidura formal, para lo cual es indispensable la abstención de ERC, queda pendiente el programa de gobierno que será hecho público, según Sánchez e Iglesias, cuando se garantice su investidura.
Nuestra posición sobre la entrada de UP en este gobierno, y sobre el acuerdo firmado, ya fue expresada al día siguiente de anunciarse, y es consecuente con la posición que hemos defendido durante los meses precedentes (Ver: Gobierno de coalición PSOE-UP: un paso aventurado lleno de peligros). Creemos que UP es más útil en la defensa de los intereses de las familias trabajadoras en la oposición, si no va a poder desarrollar la mayor parte de su programa dentro de este gobierno, como ha reconocido el propio Pablo Iglesias. En dicha posición podría sumar sus votos a los del PSOE en todas aquellas medidas progresistas que pueda impulsar Sánchez, oponerse a aquéllas que sean contrarias a los intereses de la clase trabajadora, y defender sin cortapisas sus propias propuestas en el parlamento y en la calle.
Ahora bien, como ya mencionamos, este gobierno –aun antes de ser investido– se ha ganado el odio y la enemistad de todo lo que existe de atrasado y reaccionario en el Estado español, comenzando por nuestros enemigos de clase. En contraste, las bases de Podemos e IU le han dado un apoyo mayoritario, como también lo han hecho las del PSOE. De la misma manera, es indudable el apoyo que la formación de un gobierno PSOE-UP ha despertado en la gran mayoría de la clase trabajadora.
En esta tesitura, donde las expectativas hacia este gobierno son indudablemente elevadas, las familias trabajadoras deben transitar por su propia experiencia para verificar por sí mismas si estas expectativas se cumplen o no. Por eso, este gobierno no será juzgado por las masas trabajadoras por los pronósticos, favorables o desfavorables, enunciados a su izquierda y derecha, ni por las declaraciones previas de los dirigentes del PSOE y de Unidas Podemos, ni por los programas suscritos en papel por los partidos que lo sostienen, sino por los hechos. Esto es lo que va a contar para la mayoría de la clase trabajadora.
Como corriente política, no aspiramos a mantener una posición meramente contemplativa, de oráculo, advirtiendo desde fuera, sino que debemos acompañar a la clase trabajadora en todas sus experiencias. Por eso declaramos ante el movimiento: en la situación actual, este gobierno sólo tendrá dos opciones, o gobernar a favor de las familias obreras y del progreso social, o ceder a las presiones y chantajes de los explotadores y de la reacción. En el primer caso, la clase trabajadora mantendrá su apoyo al gobierno en la medida que éste dé satisfacción a las expectativas que ha creado. Pero también estamos obligados a afirmar: la clase dominante no se quedará de brazos cruzados. Utilizará todo su músculo económico, político y mediático, incluso dentro del PSOE y del propio gobierno, para reducir el alcance de sus políticas progresistas. Las declaraciones de la ministra Calviño en contra de derogar la reforma laboral y afirmando que en el Estado español se pagan indemnizaciones por despido elevadas no son un buen síntoma. Y aun así, no importa lo que de antemano estén dispuestos a ceder Sánchez e Iglesias en su acción de gobierno; hagan lo que hagan siempre será insuficiente para los ricos, que les exigirán más y más pasos atrás.
Esta situación comporta obligaciones tanto para los dirigentes de UP y sus militantes, como para la clase trabajadora misma y sus organizaciones.
En primer lugar, si UP quiere pretender mostrarse como una herramienta útil para las familias trabajadoras no puede aceptar sin más que Pablo Iglesias afirme de antemano que “habrá que ceder en muchas cosas”. La militancia y los activistas de UP deben agitar en todo momento por que las necesidades de empleo y salario dignos y de calidad no pueden esperar y deben ser resueltas, lo mismo que el acceso a la vivienda y a la electricidad a precios asequibles, y exigir a su gobierno que desarrolle las políticas que hagan esto posible. Si la militancia y los activistas de UP no hacen esto, se corre el peligro de que paulatinamente, sus dirigentes, ministros y cargos públicos cada vez más vayan siendo engullidos por la maquinaria estatal y la atmósfera tóxica y disciplinante de los despachos y moquetas, y queden cada vez más expuestos a la presión de aquellos que no se presentan a las elecciones pero que son quienes realmente mandan en este país. En este sentido, debe ser visto como un serio aviso por los militantes y votantes de UP que, aun antes de constituirse el gobierno, el grupo parlamentario se haya abstenido en la primera contrarreforma seria impulsada por Pedro Sánchez, y apoyada por la derecha, como es el llamado “155 digital”, el Decreto-Ley que capacita al gobierno para cerrar internet y las telecomunicaciones “para preservar o restablecer el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional”, una medida utilizada habitualmente por dictaduras y gobiernos represivos, y que se ha establecido con la excusa del conflicto catalán.
Por su parte, la clase trabajadora, los millones de votantes del PSOE y de UP, los sindicatos y movimientos sociales, tienen también una tarea fundamental, la más importante. Deben luchar en la calle por sus reivindicaciones y exigirle al gobierno que las atienda: derogación integral de la reforma laboral y de la ley mordaza, de la LOMCE, de la reforma de las pensiones del PP, que no haya ningún desahucio más sin alternativa habitacional, bajar el precio de la luz, plan de construcción de miles de viviendas públicas y expropiación del parque de viviendas del SAREB, aumento sustancial de impuestos a los ricos, gratuidad de la universidad pública, eliminar todos los símbolos franquistas y sacar a nuestros muertos de las cunetas, que la Iglesia pague impuestos y devuelva las 100.000 propiedades apropiadas impunemente durante décadas, por una solución democrática y justa al conflicto catalán a través de un referéndum democrático de autodeterminación, etc. Los sindicatos, la PAH y los sindicatos de inquilinos, las asociaciones de mujeres, los movimientos de la memoria histórica, las organizaciones estudiantiles, las asociaciones de vecinales, las organizaciones de izquierda, etc. todas deben sumarse y construir un movimiento unitario que exija en la calle, no lo que este régimen podrido y corrupto nos diga que puede darnos, sino lo que necesitamos. Los recursos para conseguir todo esto están ahí, es la riqueza que millones de trabajadores creamos con nuestras manos y cerebros, sólo que la mayor parte de la misma se la apropia una minoría de explotadores y parásitos. Hay que arrebatársela a través de la movilización organizada, y debe exigírsele a este gobierno que acompañe al movimiento. Esta movilización masiva desde abajo, como las de los pensionistas y las mujeres estos dos años pasados, son necesarias también para ejercer de contrapeso a las maniobras y presiones colosales que la burguesía y el aparato del Estado ejercerán contra el gobierno para que ceda a sus intereses.
Siendo críticos como somos con el gobierno PSOE-UP y con la entrada de UP en el mismo, no tenemos nada que ver con el fatalismo estéril y sectario de los ultraizquierdistas, y con su cómodo escepticismo. No nos resignamos, como aquéllos, a permanecer de brazos cruzados, contentándonos y consolándonos afirmando que con este gobierno nada cambiará. Frente al sectario satisfecho, el trabajador común responde: la experiencia dirá. Hay que recordar que no sería la primera vez que un gobierno de izquierdas apocado y con propuestas modestas, se ve obligado a ir más allá de sus intenciones iniciales a través de la presión de las masas trabajadoras, y eso es lo que más asusta a la patronal, y por eso está tan furiosa.
Nuestra labor como revolucionarios no es situarnos en la posición confortable de pronosticar el fracaso de este gobierno, sino participar en primera línea con nuestra clase para denunciar y combatir la presión y el chantaje de la derecha y la patronal contra un gobierno que las masas sienten como suyo, y exigirle a éste que atienda las exigencias y reivindicaciones de su base social. Un eventual fracaso de este gobierno, que sea aprovechado demagógicamente por la derecha, sin una lucha de masas detrás, sería la peor de las derrotas, una derrota desmoralizante que empujaría años atrás la conciencia y la capacidad de lucha y resistencia de la clase trabajadora.
La consigna del momento no es, por tanto, bajar los brazos a la espera de lo que hace el gobierno, sino levantar los puños en la calle para exigirle que atienda las necesidades de las familias trabajadoras y de todos los sectores explotados y oprimidos en esta sociedad.
