Hace semanas, en un hecho sin precedentes desde la última dictadura militar, el gobierno de Kirchner inspirado por la burguesía, impidió durante varias semanas el paso de las marchas obreras y populares hasta la Plaza de Mayo, en una violación descarada de nuestras libertades democráticas. Hace semanas, en un hecho sin precedentes desde la última dictadura militar, el gobierno de Kirchner inspirado por la burguesía, impidió durante varias semanas el paso de las marchas obreras y populares hasta la Plaza de Mayo, en una violación descarada de nuestras libertades democráticas.
Finalmente tuvieron que dar marcha atrás y permitir la entrada de 30.000 luchadores a la Plaza de Mayo en la marcha multisectorial del pasado 16 de septiembre. Eran conscientes de que estaban jugando con fuego en un contexto donde la clase obrera empieza a tensar sus músculos y a luchar por el salario y el empleo. Incluso entre sectores obreros y de capas medias honestos, que todavía mantienen alguna ilusión en Kirchner, empezó a cundir una cierta preocupación ante la derechización de su discurso. Por lo tanto, el gobierno entendió que se imponía una retirada ordenada en este punto, permitiendo de nuevo las marchas hasta la Plaza de Mayo.
Aunque esto representa una indudable victoria política y moral del activismo obrero y popular, lo ocurrido merece una seria advertencia para todo el movimiento obrero de nuestro país. El gobierno se adjudicó el derecho de permitir o no nuestras protestas en las calles. Hoy atacan a la izquierda, a los piqueteros y a los activistas obreros antiburocráticos. Pero mañana dirigirán su ataque al conjunto de la clase obrera. Por eso es inadmisible y vergonzoso que los dirigentes de la CGT y la CTA hayan mantenido un silencio cómplice ante esta arremetida represiva del gobierno.
Debemos, por lo tanto, impulsar una campaña nacional en defensa de las libertades democráticas con actos y movilizaciones en todo el país, implicando al conjunto del movimiento obrero y popular, y vinculándolo con la satisfacción de nuestras demandas por empleo, salario, salud y educación.
