Las movilizaciones contra el golpe de Estado a Castillo en Perú han puesto al gobierno de la usurpadora Dina Boluarte contra las cuerdas, con 14 de los 24 departamentos del Perú afectados por manifestaciones de masas y cortes de ruta.
La represión no ha logrado parar el movimiento, a pesar de que ya son 8 las personas muertas, incluyendo 2 menores de edad, todas menos una a causa de disparos de la policía.
En varias provincias del sur del país andino, las masas han tomado los aeropuertos, han atacado las fiscalías. Grupos de manifestantes han ocupado las instalaciones del gas de Camisea.
El creciente movimiento de masas de obreros, campesinos y jóvenes se extiende rápidamente por todo el país alrededor de tres o cuatro puntos centrales: Libertad para Castillo, Cierre del Congreso, Elecciones y Asamblea Constituyente.
El cese y detención de Castillo han sido la chispa que ha hecho estallar un profundo movimiento que cuestiona todo el orden establecido. Cuando obreros y campesinos pobres dicen “queremos una asamblea constituyente”, no se refieren solamente a reescribir la constitución vigente, instaurada bajo la dictadura de Fujimori, sino a un cambio de raíz de todo el sistema político.
“Hasta cuando vamos a estar sometidos por los capitalistas” decía un comunero en Pazos, Huancavelica, en uno de los cortes de ruta de estos días. La idea que impulsa a decenas de miles es la pregunta: “si nosotros elegimos al profe Castillo, porque la oligarquía se cree con derecho a sacarlo”. En realidad, lo que se está poniendo sobre la mesa es un cuestionamiento de la farsa de la democracia burguesa, donde todo el mundo puede votar, pero una minoría no electa y parasitaria de capitalistas, banqueros, terratenientes y multinacionales son los que realmente mandan.
La oligarquía capitalista piensa que el pueblo es ignorante y ciertamente nunca se reconcilió con la idea de un sindicalista magisterial rondero como presidente del país. A pesar de todas las concesiones y retrocesos de Castillo, nunca llegó a ser uno de los suyos.
Pero el pueblo trabajador es sabio y respondió al golpe congresual-oligarca con movilizaciones de masas, amparándose justamente en la propia constitución cuyo artículo 46 dice: “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas.”
Así provincia tras provincia se están declarando en insurgencia popular contra la vacancia del presidente Castillo. Varias regiones han declarado ya paro indefinido desde el 13 de diciembre, y más se van sumando. El movimiento se extiende del sur rebelde al norte del país. En la capital por ahora son los jóvenes, con los estudiantes de la San Marcos y la Cantuta a la cabeza, los que llevan la voz cantante, enfrentando la represión policial.
La fuerza creciente de las movilizaciones ha empezado a resquebrajar la alianza golpista. Las autoridades del estado en varias provincias y departamentos del sur han sacado comunicados denunciando la represión del Estado y exigiendo elecciones generales ya. La Asociación Nacional de Gobernadores Regionales se ha pronunciado de manera parecida.
La propia presidenta usurpadora Dina Boluarte, que cuando juró el cargo ilegítimamente anunció que lo hacía hasta 2026, luego dijo que habría elecciones en 2024, y ahora está presionada por una moción en el congreso que se discutirá el 15 de diciembre, llamando a elecciones en 2023.
Está claro que la idea de elecciones anticipadas convocadas por las actuales autoridades (congreso y presidenta usurpadora) es un intento de la oligarquía de dar una salida a la situación explosiva que ellos mismos han desatado.
Pero eso no es lo que las masas quieren. Cuando los obreros, campesinos y jóvenes en las calles y plazas del país dicen “elecciones ya”, esa consigna está vinculada a las otras, empezando por la libertad a Castillo (y su restitución en la presidencia), el cierre del Congreso y una Asamblea Constituyente. La oligarquía capitalista quiere convocar a elecciones … para que todo siga igual y el pueblo movilizado abandone las calles, las plazas y las carreteras.
El día 15 será crucial. Todas las organizaciones en lucha, sindicatos obreros, el magisterio, organizaciones agrarias y campesinas, ronderos, estudiantes, frentes de defensa regional, comités de lucha, comandos unitarios, han llamado a un gran paro nacional y manifestación en la capital Lima. Decenas de miles están ya en marcha desde todos los puntos del país.
En pánico, el ministro de Defensa ha declarado hoy, 14 de diciembre, el estado de emergencia en todo el país por 30 días, extendiendo la medida que ya se había declarado en Arequipa, Ica y Andahuaylas por 60 días.
El Ministro Alberto Otárola explicó que: “Policía Nacional del Perú mantiene control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas …. la declaratoria del estado de emergencia a nivel nacional significa suspensión de los derechos de reunión, inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, de reunión y personal”.
Es un desafío claro al movimiento. Un intento de impedir el paro nacional y la movilización del 15 de diciembre por medio de la represión. En los tres departamentos del sur, dónde el ejército ya está resguardando edificios públicos, el estado de emergencia no ha detenido el movimiento.
Los medios de comunicación burgueses y los voceros políticos de la oligarquía han lanzado una campaña de criminalización del movimiento, acusándolo de estar controlado o manipulado por Sendero Luminoso. La acusación es ridícula, y el “terruqueo”, que es parte del arsenal de la clase dominante peruana desde hace años tiene cada vez menos impacto en la opinión pública.
Mientras tanto se han cumplido ya los 7 días legales máximos de la detención preventiva del presidente Castillo. Mañana 15 de diciembre el poder judicial debe decidir sobre un requerimiento de la fiscalía de prisión preventiva por 18 meses!
Lamentablemente, debemos señalar que los dirigentes reconocidos de la izquierda no han estado a la altura de las circunstancias. El ex-presidente del consejo de ministros Guido Bellido, que se abstuvo en la votación de la vacancia presidencial, ha salido a llamar al diálogo (cuando la policía asesina a balazos a los manifestantes) y “los hechos delictivos que deslegitiman protesta pacífica” y desmarcarse de “los actos de agresión y vandalismo”.
Es una respuesta defensiva intolerable ante los ataques de los medios burgueses que apuntan al propio Bellido y otros congresistas como Tello, Bermejo y Chávez, como “instigadores de la protesta” y les acusan sin prueba de “facilitar dinero y logística al Movadef” (la organización de apoyo a los derechos de los presos de Sendero).
Lo que Bellido debería decir es que la violencia proviene del lado de la oligarquía, los usurpadores y el aparato del estado que usan para mantenerse en el poder. A las acusaciones de “vandalismo” y “violencia” hay que responder que siete de los ocho fallecidos en los últimos días lo han sido por disparos de la policía con arma de fuego. El pueblo movilizado tiene derecho a defenderse de la represión de un gobierno ilegítimo.
El dirigente de Perú Libre, Vladimir Cerrón, se ha expresado aproximadamente en esos términos cuando ha declarado: “La violencia la generan los ricos que lograron derrocar a Castillo, los pobres no van a las protestas porque les gusta morir, sino por las condiciones que los obligan a tomar ese camino, para hacer respetar su voz y reconocer su triunfo en las urnas, que hoy le arrebatan.”
La postura de Perú Libre se ha visto debilitada por su voto 6 a 3 a favor de la vacancia (con 3 abstenciones).
Aunque Perú Libre ha insistido en que nuevas elecciones no resolverían nada y ha propuesto que estén vinculadas a un referendum constituyente, Cerrón ha explicado que concibe la AC como manera de establecer un “pacto social más justo” entre trabajadores y capitalistas: “Solamente con un consenso entre la clase dominante y dominada, puede haber paz social y esto parte por debatir en una Asamblea Constituyente la nueva Constitución.”
Ahí se ve la confusión ideológica de raíz en las posición de Perú Libre, que aunque se describe como “marxista, leninista y mariateguista”, en realidad aboga por gestional el capitalismo de manera más “justa” para obreros y campesinos. Debemos decirlo claramente: eso no es posible y menos en una época de profunda crisis capitalista mundial, y menos en un país dominado por el imperialismo como Perú.
Ante esta situación es claro que la clase trabajadora, los campesinos y la juventud estudiantil solo pueden confiar en sus propias fuerzas. Para vencer, el movimiento debe adoptar un carácter orgánico, mediante delegados elegidos y revocables en cada pueblo, ciudad, barrio, facultad y comunidad, unidos en una gran Asamblea Nacional Revolucionaria de Obreros y Campesinos, que tome las riendas del país en sus propias manos desalojando de una vez por todas la oligarquía capitalista.
Las próximas horas serán decisivas.
¡Que se vayan todos! ¡Que gobierne el pueblo trabajador! ¡Expropiar a la oligarquía y las multinacionales – nunca más pobres en un país rico!
