Esta es una semana crucial para el movimiento contra el golpe de Estado en Perú. A pesar de la brutal y continuada represión, los obreros, campesinos y estudiantes en lucha contra la presidenta ilegítima Dina Boluarte han seguido el combate. La central sindical CGTP ha convocado una huelga nacional cívica y popular para el 19 de enero y columnas de manifestantes convergen hacia la capital, Lima.
Frente a la creciente indignación y oposición, la respuesta del Estado y sus instituciones sigue siendo la represión y la criminalización del movimiento. Esta semana han sido detenidos 14 dirigentes sociales y sindicales. Entre ellos se encuentra el Secretario General de la CGTP del departamento de San Martín, en el norte. La Dirección de Contra Terrorismo (Dircote) de la policía peruana detuvo a la presidenta y a siete dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, organización social de masas que lidera el movimiento en este departamento andino.
La policía también hostigó a los asistentes a una reunión de la Asamblea Nacional de los Pueblos para coordinar los preparativos de la huelga general del 19 de enero. La policía rodeó el edificio del Sindicato de Telefonistas en Lima, donde se iba a celebrar la reunión, y de forma provocadora procedió a exigir identificación y a amedrentar a los asistentes.
Campaña de criminalización
Parte de la campaña de criminalización del movimiento obrero y campesino es la constante difamación de los participantes como ‘terroristas’. Este fue particularmente el caso de la detención de los dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, a quienes se acusó de senderistas a pesar de que Sendero Luminoso tiene tiempo que prácticamente ha desaparecido. Sin tener en cuenta los hechos, el carácter “terrorista” de los detenidos saltó a todas las portadas de los medios de comunicación diarios y fue ampliamente difundido por los canales de televisión.
Una acusación si cabe aún más descabellada contra el movimiento fue que “armas y municiones” habían sido introducidas de contrabando desde Bolivia y que esto explicaría por qué tantas personas (18) habían muerto en los enfrentamientos en Juliaca, Puno, el 9 de enero. Los hechos, sin embargo, son tozudos. No se ha presentado ninguna prueba real de que los manifestantes tuvieran armas, y menos aún “balas dum dum” (expansivas) como chillaron los medios en sus portadas. El informe forense oficial de los fallecidos es claro: nueve de los muertos tenían fragmentos de bala en el cuerpo y los demás también habían muerto por disparos. Todos ellos podían atribuirse a fusiles de asalto AKM de la policía (en seis casos), perdigones de la policía y pistolas de la policía. Los muertos los mató la policía, no ninguna fantástica “munición boliviana”.
La ilegítima presidenta Boluarte (a la que el movimiento de masas ha rebautizado como “Balearte” por el gatillo fácil de las fuerzas del orden a su mando) también ha declarado, de nuevo, el estado de emergencia en varias provincias y departamentos de todo el país y el toque de queda en Puno. Esto significa que las garantías constitucionales democráticas básicas están suspendidas. La declaración del estado de emergencia el año pasado, antes de la huelga general del 15 de diciembre, fue el preludio de masacres en las que la policía y el ejército mataron al menos a 28 civiles desarmados, 10 de ellos solamente en Ayacucho en una sola jornada.
Es deber del movimiento obrero internacional alzar enérgicamente su voz contra esta brutal represión y rechazar al ilegítimo presidente golpista Boluarte.
Marcha de los 4 Suyos
Las tácticas de la clase dominante y del gobierno no son un signo de fortaleza, sino más bien una muestra de pánico, ante un movimiento creciente que la represión no ha sido capaz de detener.
Miles de personas procedentes de todo el país, no sólo de las regiones andinas pobres del sur, sino también del norte, se dirigen a la capital, Lima, con un único objetivo: derrocar a la odiada y sangrienta Dina Boluarte. El movimiento se ha dado el nombre de “marcha de los 4 Suyos”, por la multitudinaria marcha sobre Lima en 2000, que terminó de derrocar a la dictadura de Fujimori.
Obreros, campesinos, estudiantes, de pueblos y ciudades han organizado colectas y acopio alimentos para sostener delegaciones a la capital. Vienen de las regiones de habla aymara, de las rondas campesinas al norte de Lima, de Ayacucho, de las regiones selváticas al otro lado de la cordillera, etc. Los controles policiales detienen algunas de las caravanas, pero la gente encuentra la manera de pasar.
El movimiento cuenta con un amplio apoyo popular, del que deriva su fuerza. Según un reciente sondeo de opinión del IEP, el 60% de la población piensa que las protestas están justificadas (72% entre los jóvenes) y el 58% que la policía y el ejército cometieron excesos (70% entre los jóvenes). Por otro lado, el 71 por ciento desaprueba la presidencia de Dina Boluarte, con apenas un 19 por ciento a favor. El Congreso está aún más desacreditado, con un 89 por ciento en contra. Un abrumador 69% de la población piensa ahora que debería haber una Asamblea Constituyente, 22 puntos más que hace un año, lo que indica un rechazo generalizado a todas las instituciones burguesas existentes.
El gobierno de Boluarte está contra las cuerdas, incluso algunas instituciones se han pronunciado abiertamente en su contra, ya varios gobernadores regionales exigen su renuncia, y hasta algunos de sus propios ministros han dimitido. La marcha sobre Lima y la huelga general podrían ser el golpe de gracia que fuerce la caída ignominiosa de esta presidenta ilegítima.
“Nunca más pobres en un país rico”
El movimiento de masas de obreros y campesinos se ha fortalecido y ha adquirido cierto grado de coordinación nacional. Su programa político se limita hasta ahora a reivindicaciones democráticas: libertad para Castillo, cierre del congreso, nuevas elecciones y una asamblea constituyente. Pero lo que hay detrás de estas reivindicaciones es un profundo deseo de cambio radical, que no se limita sólo a cuestiones políticas, por importantes que sean, sino que se basa en la aspiración a una vida mejor y una redistribución sustancial de la riqueza.
El lema electoral de Castillo “nunca más pobres en un país rico” resume lo que hay detrás de este movimiento de masas. Perú es, en efecto, un país rico, pero en el que el poder y los recursos están en manos de un puñado de grupos económicos parasitarios, nacionales y multinacionales, mientras que la mayoría de la población vive en condiciones de pobreza y precariedad.
Es significativo que el movimiento haga referencia a la marcha de los 4 Suyos del año 2000 y plantee también la consigna de “todas las sangres” (es decir, todos los diferentes grupos étnicos y nacionales que componen el país). La idea es que los obreros y campesinos de Perú, unidos como un solo puño, convergiendo en la capital, pueden derrocar al gobierno. Eso es cierto.
Sin embargo, lo que ocurrió tras el derrocamiento de Fujimori en 2000 fue la llegada al poder del autodenominado socialdemócrata Alan García, que procedió a continuar las políticas económicas capitalistas ultraliberales de su predecesor. La victoria popular se transformó en desilusión mientras las multinacionales mineras y 17 conglomerados económicos peruanos seguían saqueando la riqueza del país, sobornando de paso a presidentes y funcionarios del Estado en una obscena orgía de corrupción y desregulación.
Esta vez, la cuestión debe plantearse sin rodeos. Para que se produzca un cambio real y significativo, por el que ya han dado su vida casi 50 compañeros y compañeras en los últimos 40 días, las masas deben plantearse acabar no sólo con las podridas instituciones del poder burgués, sino también expropiar a la oligarquía capitalista y a las multinacionales, para que la riqueza del país pueda planificarse democráticamente, bajo control obrero, en beneficio de la mayoría y no de un puñado de parásitos. Ese es el único homenaje digno de la sangre derramada en esta lucha.
¡Victoria a los obreros y campesinos peruanos!
¡Abajo Dina Boluarte! ¡Cierren el Congreso! ¡Que se vayan todos!
¡Expropiar a la oligarquía capitalista y a las multinacionales mineras!
¡Todo el poder a la clase obrera!
