El 17 de febrero de 2026, la ya quebrantada república de Perú añadió un nuevo capítulo a su larga historia de inestabilidad política. El Congreso, con 75 votos a favor, aprobó la censura y destitución del presidente José Jerí, quien había asumido el cargo apenas 130 días antes, tras la salida de Dina Boluarte. ¿El motivo? Un escándalo conocido como «chifagate»: reuniones clandestinas entre el presidente y empresarios chinos, que despertaron sospechas de corrupción.
José Jerí asumió el cargo con la promesa de combatir la inseguridad pública y poner fin a la crisis política. Su llegada fue el resultado de la misma inestabilidad que decía combatir: fue nombrado tras la destitución de Boluarte, en un proceso que ha convertido la presidencia peruana en una silla eléctrica que ha visto pasar a ocho presidentes en una década.
¿Y quién tiene el dedo en el interruptor de esta silla eléctrica? El Congreso. La normativa actual incluso indica que un presidente puede ser destituido o censurado por «incapacidad moral». ¿Y quién define la incapacidad moral? ¡El Congreso! Las protestas de Jerí de que su destitución fue «antidemocrática» suenan irónicas, dado que el Estado encarceló durante 11 años al último presidente elegido democráticamente.
Fue en 2022 cuando este mismo organismo destituyó y detuvo a Pedro Castillo después de que este intentara romper el estancamiento que le imponía el Estado capitalista. Ni Boluarte ni Jerí tenían legitimidad alguna para llamarse presidentes de Perú. Boluarte solo fue expulsada por el Congreso para salvar el sistema después de alcanzar un mísero 2 por ciento de aprobación, cuando las movilizaciones masivas y una huelga general sacudieron el país.
Lo que estamos viendo es el fracaso de la clase capitalista peruana de construir un bloque gobernante sólido y duradero. Los partidos políticos ya no ocultan que han dejado de servir al pueblo; son simplemente máquinas electorales al servicio de facciones de la clase dominante o de caudillos locales: el capital vinculado a la minería a gran escala, las agroexportaciones, el capital financiero especulativo y una economía informal e ilegal en crecimiento.
Entonces, ¿fue el pueblo el que derrocó al presidente Jerí? ¿Funcionaron las marchas y manifestaciones? ¿Fue la oposición la que lo censuró? No, se creó una oposición temporal, integrada por fuerzas de derecha, desde el fujimorismo hasta la ultraderecha cristiana de Renovación Popular, que no desperdiciaron la oportunidad de presentarse como salvadores, apenas dos meses antes de las nuevas elecciones presidenciales.
¿Y la izquierda? La izquierda parlamentaria, al impulsar su destitución, cayó en la trampa de creer que cambiar al administrador en funciones alteraría el equilibrio de poder dentro del Congreso. En realidad, su acción solo allanó el camino para que la derecha reorganizara el tablero a su favor, presentándose como garante del «orden» y la «lucha contra la corrupción».
¿Qué hay detrás del «Chifagate»?
Perú tiene una larga historia cultural y política con China y Asia. El extenso barrio chino de Lima está repleto de restaurantes peruano-chinos, o chifas, y es allí donde se celebraron las reuniones secretas de Jerí con empresarios chinos de dudosa reputación.
Algunos de estos personajes tenían vínculos directos con proyectos como el megapuerto de Chancay: un puerto de aguas profundas que reducirá el tránsito entre China y Perú entre 10 y 12 días, y que está previsto que se conecte con un ferrocarril hacia Brasil.
Se trata de un proyecto clave destinado a evitar el Canal de Panamá, controlado por Estados Unidos. Es esta creciente influencia del capital chino la que ha enfurecido a sectores de la burguesía peruana y al imperialismo estadounidense. Es esto, y no la corrupción—ante la cual los imperialistas y sus títeres se muestran indiferentes—lo que realmente provocó su caída.
Jerí intentó salvar las apariencias días antes de su destitución, cancelando la visita de un buque de guerra chino y haciendo que la Fuerza Aérea comprara 24 aviones F-16 de fabricación estadounidense por 3400 millones de dólares. Esto no le salvó.
Perú es uno de los varios campos de batalla en la lucha de Estados Unidos con China por América Latina. Pero, ¿cuál es el equilibrio de fuerzas? La economía estadounidense no puede absorber todas las materias primas del continente, y es China la que no solo ha comprado cobre y oro peruano, sino que ha invertido en el país, construyendo infraestructuras sin necesidad de los sangrientos golpes militares por los que se conoce a Estados Unidos. Aun así, este escándalo demuestra que Estados Unidos sigue teniendo un nivel de influencia que puede respaldar con su fuerza militar.
Desde hace varios meses, sectores de la burguesía peruana promueven la idea de que el capital chino es malo y que todo lo que viene de Estados Unidos es mejor. El nuevo embajador estadounidense en Perú, Bernie Navarro, se ha sumado a esta campaña. A través de sus cuentas en redes sociales y entrevistas en los medios de comunicación, ha denigrado continuamente la inversión china y ha pedido a los peruanos que «defiendan su soberanía».
Para no quedarse atrás, la acertadamente llamada «Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental» tuiteó: «Preocupados por las últimas noticias de que Perú podría verse impotente para supervisar Chancay, uno de sus puertos más grandes, que está bajo la jurisdicción de propietarios chinos depredadores», y añadió, «Que esto sirva de advertencia para la región y el mundo: el dinero barato chino cuesta soberanía».
¡Y es sobre la base de las urgencias del imperialismo estadounidense sobre la «soberanía» que otro presidente peruano ha sido derrocado!
China contra Estados Unidos
Solo es posible burlarse de todo este discurso sobre la «soberanía» del imperialismo estadounidense, dado el papel de las empresas estadounidenses en los problemas medioambientales causados por la minería, la deforestación de la selva por parte de las empresas de aceite de palma, y el papel directo que desempeñaron en el derrocamiento de Pedro Castillo.
Es obvio que Trump ha enviado a su nuevo embajador Navarro en una misión antichina, que va acompañada de un acuerdo de 1500 millones de dólares para modernizar la base naval de Callao, a solo 80 kilómetros del puerto de Chancay. China es el principal socio comercial de Perú, pero Perú mantiene desde hace mucho tiempo una relación de subordinación política y militar con Estados Unidos. En este equilibrio, el acuerdo para equipar la base naval de Callao es una señal del interés de Estados Unidos por reforzar su presencia estratégica en Sudamérica.
Aquí, la diferencia en la inversión es notable: mientras que China invirtió 3500 millones de dólares en el puerto de Chancay sin pedir un solo dólar al gobierno peruano, el acuerdo para modernizar la base naval implica que el Estado peruano pague 1500 millones de dólares a Estados Unidos por la compra de tecnología y servicios de consultoría.
Hasta que no surja un movimiento que, como soñaba Mariátegui, una la lucha de los trabajadores urbanos con las reivindicaciones históricas de las comunidades campesinas e indígenas en un proyecto de sociedad comunista, la inestabilidad permanente del capitalismo no hará más que aumentar.
La crisis peruana no se resolverá cambiando de presidente cada pocos meses, se resolverá cambiando el sistema que los produce. La caída de Jerí no es el final de la crisis, sino un recordatorio de que, para la gran mayoría, el verdadero problema no es quién ocupa el Palacio, sino que el Palacio siempre gobierna para unos pocos.
