Dentro del sistema capitalista, radican las más grandes contradicciones que conllevan un proceso de empobrecimiento de las grandes mayorías mientras tan solo unos pocos, el 1% de la población mundial para ser exactos, se enriquece de manera desmedida, pues este sistema existe tal como lo conocemos gracias a la super explotación de la clase trabajadora en beneficio del lucro de la burguesía, nacional o extranjera, como es el caso de nuestro país.
Para nadie es desconocido que dentro del Perú se mueven grandes intereses económicos, como los de las grandes mineras o empresas gaseras que extraen la riqueza de nuestro suelo para llenar las arcas multimillonarias de la oligarquía, mientras nuestro pueblo carece de servicios públicos de sanidad o educación de calidad.
Era evidente que tarde o temprano todas estas contradicciones se expresarían por medio de la lucha de los oprimidos, y así fue. La primera expresión del anhelo de un cambio radical para mejorar las condiciones de vida de la clase obrera y campesina del Perú se expresó por la vía electoral, eligiendo a Pedro Castillo, quien representaba estas aspiraciones de poner un alto a las multinacionales y arrebatarles un poco de lo que se llevan para ponerlo a beneficio del pueblo trabajador: “No más pobres en un país rico”. Pero toda aspiración fue frustrada desde la capitulación y limitantes del programa reformista de Castillo, hasta el golpe de Estado, que detona la segunda expresión, en la lucha contra la imposición de Dina Boluarte en la presidencia.
Han pasado ya 6 meses (a la fecha de la escritura de este artículo) desde que Dina “Balearte” fue impuesta en la presidencia del Perú, y a pesar de las grandes movilizaciones masivas, de los paros, de los bloqueos, de las tomas de aeropuertos y de los más de 60 asesinados, su gobierno espurio no ha caído. Aunque no tiene legitimidad, se ha sostenido con base en la estructura del Estado burgués, su brazo armado en defensa de los intereses de la oligarquía y una campaña incesante de los medios de comunicación por hacerla prevalecer.
Ante esto, se vuelve repetitiva una pregunta constante y sonante: ¿Por qué las marchas y manifestaciones en el Perú, y el mundo, no han surtido efecto como para derrocarla? ¿Por qué, a pesar de tantas muertes y heridos, denuncias por corrupción no logramos dar un golpe rotundo al Estado burgués? En este artículo, intentaremos dar algunas respuestas necesarias para llegar a una conclusión objetiva sobre las preguntas planteadas y la situación del país.
En primer lugar es importante aclarar que el Estado es la representación política de la clase económicamente dominante en la sociedad, en este caso el Estado peruano responde y legitima los intereses de la oligarquía capitalista nacional y del imperialismo internacional, a ellos sirve y por ellos fue impuesto. Toda decisión importante, aunque formalmente se pueda discutir en las cámaras, están a cargo de la oligarquía aliada con el imperialismo, de los dueños de los grandes monopolios bancarios, industriales, firmemente vinculados con los intereses de Washington.
La raíz de la inestabilidad política del Perú es que la política de capitalismo salvaje ha aniquilado la base social en la que se sustentaba el régimen político emanado de la constitución fujimorista. A las grandes masas se les presentaba que la raíz de la miseria eran los políticos corruptos en turno y no el sistema capitalista, de tal modo que manipulaban la indignación del pueblo contra tal o cual político, de no hacerlo las masas podrían haber dirigido su furia contra los dueños del capital.
El desgaste fue tan grande que Pedro Castillo, aún sin un programa claro, terminó siendo electo incluso sin ser del agrado de la oligarquía, no por ser un radical, sino por el simple hecho de que no era, como todos los anteriores, un político sometido a sus dictados. Castillo representaba una aspiración de cambio de millones de peruanos pobres que creían que teniendo a un presidente no controlado por los partidos tradicionales, podría corresponder a los ánimos de cambio del pueblo.
Sin embargo, incluso antes de llegar al poder, el propio Castillo fue haciendo concesiones y retrocediendo en relación a los aspectos más radicales de su propio programa. Aún así, la oligarquía capitalista nunca se reconcilió con aceptar un presidente que no estaba totalmente bajo su control y sobre todo temían a las masas obreras y campesinas que habían votado por él con una clara aspiración de cambio radical.
Por lo tanto desde el primer momento de su arribo al gobierno intentaron sustituirlo, por medio de las mociones de vacancia con la excusa de incapacidad moral y corrupción con la presunta declaración de otro “colaborador eficaz”. Todos estos intentos parlamentarios ya habían fracasado y demostraron que no tenían la fuerza suficiente para vacar a Castillo, así que tendrían que esperar a que este cometiera un error, y así fue.
Ante la ingobernabilidad del país por las trabas parlamentarias Castillo decide finalmente tomar medidas. Pero en lugar de confiar en las masas que le habían votado, lo hace confiando en que la legalidad del Estado burgués y en que sus fuerzas armadas lo respaldarían en su decreto de disolver el Congreso. Confió en las instituciones que desde que tomó la presidencia querían echarlo, en vez de confiar en el pueblo trabajador que lo respaldaba y que lo puso en la presidencia. Este no es un simple error infantil o por ingenuidad, es un error que marca claramente las limitantes e inutilidad de las políticas reformistas. El Estado no es un mediador de clases, es el defensor de los intereses de la clase dominante y por lo tanto todas sus instituciones, leyes, constituciones, y poderes funcionan al compás de los dictados del imperialismo y la burguesía nacional. Esto también demuestra nuevamente que ganar la presidencia no significa tener el poder político, ese se gana con las masas organizadas y luchando.
Así, durante el día 7 de diciembre, se sabe que su ministro del Interior (el recomendado por el caudillo expresidente Antauro Humala) le había asegurado que contaban con el apoyo de las FFAA en caso de que el presidente ejecutara un cierre del congreso. Y en efecto, en horas de la mañana dio un nervioso mensaje a la nación, pero las FFAA brillaban por su ausencia y mutismo. Apenas pasado el mediodía veíamos cómo la prensa transmitía en vivo a un Castillo sacando a su familia del Palacio de Gobierno con bolsas en la mano, siendo apresado por su personal de seguridad a los pocos minutos, en una avenida conocida del centro de Lima. El resto es historia.
Esta situación conmocionó al país, por un lado, la burguesía, el congreso y las fuerzas armadas celebraban, pero nuestra clase no estaría conforme con lo sucedido y el 8 de diciembre iniciaron una serie de marchas en el interior y centro del país. La indignación se acrecentaba constantemente. Hubo convocatorias multitudinarias en días clave como los llamados: La Toma de Lima y la Nueva Marcha de los 4 suyos. Estas marchas no pararon ni un día con excepción de las fiestas navideñas y los carnavales.
A pesar de que en las manifestaciones se logró tomar un aeropuerto, el cierre de algunas fábricas y centros mineros, más el bloqueo de carreteras, el gobierno de Boluarte no cayó. La represión de las FFAA fue brutal y hubo decenas de víctimas mortales en estas protestas. Compatriotas asesinados cobardemente por parte de la PNP y el Ejército, manifestantes y ciudadanos que no tenían nada que ver con la marcha.
También se produjo el extraño asesinato de un suboficial PNP, que en un primer momento, la prensa y los grupos de poder, querían culpar a los manifestantes por ello y que últimas investigaciones demuestran que uno de los culpables fue un policía en retiro.
Otro fue el caso de un grupo de jóvenes soldados, que, por cumplir órdenes de su superior, acatan cruzar un río en la región de Puno a pesar de que muchos de ellos ni siquiera sabían nadar. Seis soldados murieron ahogados y el resto fueron rescatados y socorridos por la misma población que estaban reprimiendo. Fuentes militares declararon que fue la población local la que los atacó a pedradas y por eso no pudieron cruzar, y un grupo minúsculo ayudó a un par de soldados. Una calumnia más contra el pueblo trabajador.
A pesar de la gran fuerza con la que contaban las manifestaciones, no fue suficiente para derrocar la dictadura cívico-militar de Dina Boluarte. Mientras las direcciones sindicales, de los partidos de “izquierda” y de las organizaciones campesinas intentaban ponerse de acuerdo para un proceso de unificación, que nunca llegó, el gobierno respondió con más represión, más muerte, más cárcel, más amedrentamiento tanto físico como judicial. A esto se sumó la falta de una perspectiva de victoria y de una estrategia clara de las movilizaciones lo que finalmente terminó por mellar la moral de los manifestantes y disipar las fuerzas de las protestas.
Para las últimas marchas, donde nuevamente se había convocado a la Segunda Toma de Lima, la falta de dirección fue más evidente, pues resultó ser una marcha con apenas poco más de 50 personas provenientes de provincias, movilizadas por algún dirigente que evidentemente no tuvo ninguna capacidad de coordinación y convocatoria con distintos grupos, como por ejemplo: movimientos regionales, grupos sindicales, universitarios y grupos de egresados, no hubo una convocatoria unificada, y si convocaron fueron en distintos sitios en diferentes días u horarios. El desenlace fue un terrible aplastamiento de la movilización por las fuerzas que resguardan la seguridad del Estado burgués.
A todo esto se sumó el desastre ambiental por el fenómeno del ciclón Yaku y el fenómeno del niño que azotó al país donde aún se viven las consecuencias.
Aquí es cuando se hace más evidente la necesidad de una dirección revolucionaria, pues de ninguna manera podemos decir que el pueblo obrero y campesino no supo que hacer o al final se acobardó, sino todo lo contrario, nuestra clase dio la vida en las manifestaciones, el error está desde las cúpulas de las direcciones de las organizaciones que no tienen una base teórica correcta, ni un programa claro, ni tradiciones revolucionarias. En una palabra, no hubo un partido que estuviera a la altura de las circunstancias en el momento clave de la lucha.
Trotsky explicaba en su texto, El programa de transición que “la crisis de la humanidad se reduce a la crisis de la dirección de las organizaciones de la clase obrera”. Y el caso peruano es una muestra viva de lo antes citado. Es decir, la dirección de las masas asciende, en un primer momento, de las luchas mismas, pero al mantenerse por encima de las masas, está sometida a la influencia de clases ajenas por lo que tiende a degenerar sin que las masas lo noten, es hasta los momentos de auge revolucionario cuando estas direcciones se ponen a prueba y muestran sus verdaderas limitantes y carencias, dejando a su suerte a las masas en lucha sin la posibilidad de avanzar hacia un triunfo emancipador.
La razón por la cual los marxistas reivindicamos que es la clase obrera la única capaz de llevar adelante las tareas de la revolución socialista, de la mano del campesinado, es por el papel que juegan en la producción. Si bien las marchas fueron multitudinarias, no hubo realmente una organización de las centrales obreras para paralizar la economía del Perú y poner contra las cuerdas a la oligarquía, hubo paros escalonados, de unas horas o un par de días, pero esto no es suficiente, lo que estaba en juego era ¿quién tenía el poder? y la dirección obrera nunca se planteó la posibilidad de tomar el poder económico, y mucho menos el político, dejando a la deriva a nuestra clase, sin rumbo, sin plan de lucha, sin objetivos, sin posibilidad de derrocar al gobierno espurio.
Ante la segunda pregunta se hace evidente el contraste que existe al comparar el ataque diario que recibía el gobierno de Castillo por parte de la prensa y los grupos de poder. Contra Castillo ha habido desde difamaciones, ataques racistas, clasismo e indicios de corrupción donde nunca se mostraron pruebas objetivas. Los medios de comunicación en el capitalismo no son imparciales, se venden al mejor postor, son negocios que hacen millonarios a unos cuantos mintiendo a la gente.
Caído el débil gobierno del profesor Pedro Castillo, se han destapado las graves denuncias contra el ejecutivo, legislativo y la fiscal de la nación. En el caso del ejecutivo, Dina Boluarte y sus nexos con su financista Henry Shimabukuro, por el delito de nepotismo, por haber permitido que su hijo, sobrino, hermano y primos ocupen puestos en el gobierno e instituciones gubernamentales cuando por ley están prohibidos.
Por su parte el congreso no se ha quedado atrás, la indignación no sólo se dio por el golpe perpetrado sino por los excesivos gastos que se dieron en el aumento de su menú congresal pasando de módicas sumas de 15 soles diarios a 190, lo que en suma generaba miles y miles de soles.
En el caso de la fiscal de la nación Patricia Benavides, es necesario mencionarla como una agente indispensable para que se diera el golpe, pues aprovechando su cargo como fiscal supremo, desde un primer momento se mostró parcial al remover a la fiscal, Bersabeth Revilla, del caso «cuellos blancos del puerto» (un caso donde era investigada su hermana por haber liberado de manera irregular a narcotraficantes: la jueza Emma Benavides), con la justificación de su baja productividad. Investigaciones posteriores demostraron que la fiscal Bersabeth Revilla, era la que más productividad tenía y que en una entrevista mencionó que la actual fiscal de la nación le había pedido por favor no investigar a su hermana.
Entre otras más perlas, la más actual y bochornosa que se sabe es la inubicable tesis de maestría y doctorado ambos obtenidos en tiempo récord y con altas notas: Cum Laude. Es necesario mencionar que estos estudios postgrado los obtuvo en la sancionada, censurada y clausurada universidad «Alas Peruanas» de propiedad del ex secretario general del partido político «Fuerza 2011», Joaquín Ramírez, quien actualmente es gobernador de la región Cajamarca por “Fuerza Popular”.
Por todo lo expuesto se demuestra la evidente colaboración entre estos burócratas y las FFAA para que la situación se mantenga tal y como está y no perturbe su estatus.
En un momento determinado los medios de comunicación y diferentes actores políticos valoraron la posibilidad de entregar a la presidenta espuria a la justica en aras de salvar su régimen, de ahí que se sacaran reportajes en el New York Time sobre las corruptelas de Dina, pero solo era una artimaña. Ahora que las movilizaciones han cesado, han quitado el dedo del renglón.
Otra muestra de que el Estado no es imparcial y de que obedece a los intereses de la clase dominante es la sentencia de la Corte Suprema del Perú, donde concluye que las protestas sociales violentan a las personas, a la propiedad pública y privada y por lo tanto serán calificadas como delitos. Ahora se constituye un acto ilícito de connotación penal el hecho de manifestarse públicamente y si estas manifestaciones ponen en peligro otros derechos como la circulación del transporte público, la propiedad privada, la vida o sobre todo afecta al sistema económico del país, se considerará como un delito con agravantes.
A pesar de las denuncias de las organizaciones de derechos humanos sobre la violación de los estándares internacionales de protección del derecho a la protesta y que este tipo de medidas no son favorables para la consolidación de sociedades democráticas, la corte no cedió, pues esto no es más que palabrerías, lo que es claro es que el Estado burgués ha cerrado filas para impedir que las masas vuelvan a salir a las calles y dando la posibilidad de recluir, reprimir y asesinar a los dirigentes y manifestantes bajo el cobijo de la legalidad. Nuevamente se reafirma que el Estado modifica las leyes en beneficio y protección del gran capital.
Retornando a las cuestiones iniciales podemos concluir que mientras no haya un partido revolucionario que pueda aglutinar a los mejores cuadros de la lucha bajo sus planteamientos políticos socialistas y estén dispuestos a una lucha por la transformación de la sociedad, la falta de unidad de la clase trabajadora: obrero-campesina, mientras haya entre las poblaciones estás figuras de dirigentes caudillos que ven por sus intereses individuales o gremiales y mientras veamos sindicalistas oportunistas (CGTP); no se podrá lograr alcanzar los objetivos trazados, porque simplemente no tienen un programa de lucha claro, no ven más allá de las luchas económicas, de las luchas por reformas, que si bien son importantes, no lograrán que la explotación y la barbarie hacia nuestra clase termine.
Solo el pueblo salvará al pueblo. Pero para ello es necesario construir una organización revolucionaria con cuadros políticos capaces de demostrar cual es el camino que debe seguir el proletariado en su proceso de alcanzar la verdadera libertad, la democracia socialista, donde el rico no explote al pobre, donde ningún niño pase hambre y frío, donde ningún niño tenga que dormir en las calles, donde no haya una alta tasa de mortalidad infantil, donde no veamos como normal la mendicidad de las poblaciones más vulnerables, donde los grandes recursos de nuestro país se pongan a disposición de las necesidades de las mayorías y no en los bolsillos de unos cuantos parásitos.
Ese es el futuro que anhelamos y para llegar a obtenerlo son necesarios muchos sacrificios pues arrastramos los vicios de la decadencia de haber nacido y crecido en este sistema capitalista parasitario burgués, sin embargo, aunque parece que nada se mueve o que todo está perdido, tarde o temprano nuestra clase saldrá a las calles otra vez a entregar su vida si es necesario, la pregunta sería, esta vez ¿Vamos a estar preparados?
Nosotros, la clase trabajadora, obreros y campesinos somos mucho más que esta clase que nos dirige. Al cierre de este artículo una encuesta del IEP para el diario La República demuestra que la presidenta cuenta con el 78% de rechazo. El Congreso no se queda atrás y tiene un rechazo del 91%, el más alto en toda su historia. A pesar de esos porcentajes de desaprobación, la respuesta en las calles no muestra o evidencia esos números. Mientras que la derecha tiene líderes y figuras políticas claras (léase como la misma Dina Boluarte, Alberto Otárola, Rafael López Aliaga o Keiko Fujimori con el apoyo de las FFAA y Policía Nacional), la clase trabajadora no cuenta con cuadros para combatirlos.
Dicho en otras palabras, la oligarquía puede quitar y poner personajes de paja a su conveniencia. Pero los trabajadores no tienen una organización fuerte con un programa alternativo claro y revolucionario. Por tanto la gran tarea de la clase trabajadora peruana es construir esa organización, el factor subjetivo.
Compañero trabajador del campo y la ciudad, te invitamos a luchar en la construcción de una alternativa revolucionaria para enfrentar las actuales carencias de la lucha contra la dictadura del Capital.
¡Súmate a la CMI!
