Como acto final de una farsa, Fernando Lugo ha sido destituido de su cargo de Presidente constitucional de Paraguay, al que fue electo con asombrosa mayoría popular en 2008, tras 61 años ininterrumpidos de gobierno y dictadura del Partido Colorado. El golpe parlamentario representa la reacción a un proceso que entre miles contradicciones abría espacios de participación popular en un país dominado por terratenientes y multinacionales. Esta participación debe ahora convertirse en movilización plena para defender y ensanchar este proceso.
Lugo ha sido destituido por el Congreso por “mal desempeño de sus funciones”, en un juicio político sumario y apresurado, sustentado en una norma constitucional de Paraguay. En base a un patrón ya experimentado en Honduras se han utilizado reglas ¨democráticas¨ para lanzar el golpe contra la voluntad democrática expresada por el pueblo en las urnas, cuando esta es contraria a los intereses de las clases dominantes.
De hecho el libelo acusatorio del Congreso para enjuiciar al Presidente Lugo enumera cinco imputaciones, entre las cuales destacan la instigación y facilitación a la invasión de tierra en la zona de Ñacunday y la masacre de Curuguaty. A unos kilómetros de esta ciudad un grupo de campesinos sin tierra habían ocupado un predio de unas 2000 hectáreas de tierras fiscales apropiadas con subterfugios legales por un terrateniente ex senador y presidente del Partido Colorado. El 15 de junio, por órdenes de la fiscal del distrito, la policía interviene para desalojar este predio del que los campesinos pedían la distribución. Francotiradores infiltrados entre los campesinos abren el fuego y los enfrentamientos dejan un saldo de 6 policías y 11 campesinos muertos, además de unos 50 heridos.
La forma precipitada con la cual en apenas a una semana de este hecho se ha destituido al Presidente; la circunstancia de que en los enfrentamientos en Curuguaty ha sido asesinado el hermano del jefe de seguridad del Presidente; las campañas previa de la prensa local y las multinacionales contra funcionarios de gobierno que querían limitar el uso comercial en Paraguay de semillas transgénicas patentadas por Monsanto. Todo esto hace claramente entender que la emboscada de Curuguaty fue una emboscada al gobierno y su objetivo era de poner fin al mandato presidencial ante el temor de que, en el último año del mismo, las organizaciones sociales que lo apoyan pudiesen exigir y consolidar medidas más radicales de las que caracterizaron la gestión de Lugo.
Contra la destitución del Presidente han votado en el Congreso sólo la reducida patrulla de diputados de izquierda, vinculados al Frente Guasú (amplio en guaraní). A favor ha votado también el Partido Liberal Radical Autentico (PLRA) que fue parte de la Alianza Patriótica Para el Cambio, la coalición que ganó los comicios de 2008 con Lugo. En los años ’70 y ’80 el PLRA fue el principal partido de oposición a la dictadura de Stroessner. Hoy un exponente de este partido, el vicepresidente Franco, asume el más alto cargo del Estado traicionando el mandato popular. La del PLRA es la clásica parábola del nacionalismo burgués, siempre presto a capitular frente a los intereses de los poderosos, con que le concedan una mesa en su banquete.
Sin embargo no es la debilidad de su apoyo parlamentario lo que ha condenado a Lugo, sino sus vacilaciones frente a las expectativas de las masas. Como otros gobiernos de la región, el de Lugo puede galardonarse de pequeñas reformas y tasas de crecimiento económico explosivas, que en Paraguay fueron las más altas de la región con un pico, en 2010, del 14%. Pero ninguno de los problemas estructurales del país ha sido realmente afrontado de raíz.
La economía de Paraguay depende fundamentalmente de la exportación de productos agrícolas y ganaderos. Multinacionales como Monsanto y Cargill junto a terratenientes que acumularon tierras y fortunas a la sombra del poder político, con el Partido Colorado y la dictadura de Stroessner, controlan estas palancas fundamentales de la economía paraguaya libres de impuestos. El 85% de la tierra (30 millones de hectáreas) está en manos del 2% de los propietarios.
La tasa de desempleo es del 6,4%, el subempleo es del 25,1%. Más de un tercio de la población tiene un trabajo informal y otro tercio es empleado en pequeñas empresas del sector privado donde no se reconoce el derecho al convenio colectivo y la sindicalización. El 64% de los trabajadores paraguayos ganan menos del sueldo mínimo. La mitad de la población rural y un tercio de la urbana viven por debajo del umbral de pobreza.
El gobierno de Lugo no ha nacionalizado ningún sector clave de la economía, no ha realizado una verdadera reforma agraria, no liberado el país del sofocante control de las multinacionales agroindustriales. Medidas como estas hubiesen sido necesarias para afrontar los problemas estructurales de la desigualdad en Paraguay y para consolidar el apoyo entusiasta de las masas con que condicionar la vida parlamentaria.
Se ha abocado en cambio a la búsqueda de equilibrios parlamentarios con concesiones, siempre más abierto al binomio Partido Colorado – PLRA. Incluso frente a los hechos de Curuguaty su respuesta ha sido la incorporación en las filas del gobierno de un exponente del Partido Colorado. La debilidad invita siempre a la agresión. Como los mismos diputados han afirmado en sus acusaciones, la sola presencia de un gobierno sostenido por una amplia mayoría de campesinos sin tierras y trabajadores, representaba el peligro que estos se envalentonasen en la toma de tierra y que, hacia el final del mandato, pudiesen exigir su titulación y otros derechos sindicales. Esta es la razón del golpe.
Los trabajadores, los campesinos, los activistas y la juventud de Paraguay saben muy bien que incluso las pequeñas reformas introducidas por Lugo –como el programa de distribución de computadoras a niños en edad escolar, el beneficio de la pensión alimentaria para adultos mayores, la construcción de vivienda etc.– serán revertidos o utilizados de manera populista para permitir el saqueo de Paraguay si es que el golpe se afianza.
La única manera de derrotar este golpe “democrático” es haciendo lo que Lugo no hizo hasta ahora: basarse en la movilización activa de las masas y su protagonismo. Esta es también la única manera para ensanchar los espacios abiertos por el gobierno de Lugo e impedir que sean cerrados por la derecha parlamentaria.
El Frente Guasú de la izquierda moderada, el Espacio Unitario –Congreso Popular de la izquierda socialista y comunista, las centrales sindicales clasistas como la CUT y las organizaciones sindicales campesinas deben convocar a una huelga general indefinida, bloquear económicamente el país para evitar que el golpe se afiance. No hay otra forma de parar el golpe “democrático”. Es necesario conformar Comités de Resistencia desde las bases para que con su apoyo decisivo se derrote el golpe y se solucionen las contradicciones del gobierno de Lugo.
