Siempre desde la lejanía geográfica y de pertenencia territorial en algún despacho de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se constituyen nuevas políticas y reformas que representan cada vez mayor retroceso social y ambiental para diversas comunidades de las provincias del extenso territorio argentino. El centralismo porteño aunado con las burguesías provinciales avanza en enmendar legislación precedente que promueva control estatal aún más laxo, que fije mayor seguridad jurídica para la extracción de materias primas del capital concentrado. Seguridad jurídica no deja de ser un eufemismo forzado, que asegura mayor rentabilidad, y mucho menos deberes legales de las corporaciones mineras para con el Estado, pero sobre todo la protección ambiental y las comunidades que viven en los territorios.
El pasado viernes 13 de diciembre, la legislatura de la provincia de Mendoza, aprobó finalmente la reforma de la Ley 7722. Mediante esta reforma -la ley ahora mucho más flexible para las necesidades de las corporaciones mineras-, se habilito el uso de cianuro, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas en la minería. La contaminación por derrames de aguas residuales en las cuencas de ríos de la provincia de San Juan, es un precedente reciente del alto coste ambiental y social que tiene este tipo de aperturas. En consecuencia miles de ciudadanos, trabajadores y estudiantes de diversas localidades mendocinas se han manifestado al grito de: ¡El pueblo unido jamás será vencido!
La respuesta de la Gobernación fueron palos, balas, gases y detenciones. La entrega del agua es con represión.
El gobierno nacional recientemente asumido de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, junto al gobierno provincial mendocino de Rodolfo Suárez, debe retrotraer sus políticas extractivitas y de liberalización territorial que beneficia a las corporaciones mineras. No hay mirada diferencial en esto, respecto a las políticas de la década del 90 y que se han acentuado con el saliente gobierno de Mauricio Macri con las que inicia el mandato Fernández quien dos días antes de ser aprobadas las reformas sobre la prohibición del uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, declaro: “Y en Mendoza hemos logrado que salga una ley para que Mendoza también se involucre en lo que es la explotación minera”
En tiempos, en que la provincia vive un marcado estrés hídrico y sequía, el territorio y ahora el agua, se liberalizan y convierten en un bien de mercado de las mineras.
Vemos así como el Estado intenta naturalizar los mecanismos de destrucción, que representan la mega minería y el fracking como, métodos de “desarrollo”. No existe el desarrollo donde hay agua con cianuro.
Recientemente el Gobernador Rodolfo Suárez anunció que no reglamentará la reforma a la 7722. Esto es una contundente victoria del movimiento popular, la organización y la lucha.
Pero los intentos de los capitalistas y sus representantes políticos de hacer pasar este negociado, en el que los capitalistas se llenan los bolsillos y los políticos buscan dólares para pagarle al FMI, no han terminado. En esta nueva fase de la lucha buscaran todo tipo de artilugios legales para meter por la ventana la reforma de la ley 7722. Como ha quedado a la vista de todos solo la organización y la movilización de los sectores más vivos de la sociedad pueden detener la voracidad de las mineras y sus socios.
Pero debemos tener en cuenta que hay reivindicaciones que el capitalismo puede conceder con más o menos presión desde abajo o a través de la acción parlamentaria, pero otras reivindicaciones como la expulsión de las corporaciones que saquean el planeta y sus recursos serán bloqueadas porque contradicen completamente la propiedad privada de los grandes capitalistas. Por eso, debemos unir la lucha por las reformas más urgentes con la lucha más amplia por transformar completamente la sociedad en líneas socialistas.
De lo que se trata es de poner en pie un movimiento que haga suyo un programa de transición hacia el Socialismo, para transformar la lucha contra la depreciación ambiental en una lucha contra el capitalismo.
Debemos explicar pacientemente que toda lucha consecuente contra el saqueo de la naturaleza debe ser una lucha anticapitalista.
La única forma de lograr una economía sostenible, donde el aumento del nivel de vida no esté en contradicción con la protección del planeta, es sobre la base de una economía y producción planificadas, esto solo será posible en el Socialismo.
Desde la Corriente Socialista Militante, sección argentina de la Corriente Marxista Internacional, alzamos nuestra voz, acompañando a las miles de voces de trabajadores, campesinos y estudiantes en defensa de un ambiente saludable y en contra de la entrega de los territorios y el agua.
