El malestar profundo de millones de trabajadores por los bajos salarios, las largas jornadas de trabajo y la carestía de la vida, sofocado durante años por la crisis y el miedo al desempleo, está saliendo a la luz con una fuerza incontenible. Al calor de la recuperación coyuntural de la economía y del aumento exorbitante de las ganancias empresariales, los trabajadores empiezan a salir a la lucha para exigir su parte, como lo demuestra el número de huelgas durante el 2004, el doble que en el 2003. A03. Al calor de la lucha reivindicativa de los trabajadores el gobierno de Kirchner está impulsando un acuerdo entre la UIA, la principal asociación empresaria, y la CGT para que se ponga un límite a las luchas de los trabajadores por aumento de salarios.
Los trabajadores del Subte señalan el camino a seguir (Editorial EM nº12)
El malestar profundo de millones de trabajadores por los bajos salarios, las largas jornadas de trabajo y la carestía de la vida, sofocado durante años por la crisis y el miedo al desempleo, está saliendo a la luz con una fuerza incontenible.
Al calor de la recuperación coyuntural de la economía y del aumento exorbitante de las ganancias empresariales, los trabajadores empiezan a salir a la lucha para exigir su parte, como lo demuestra el número de huelgas durante el 2004, el doble que en el 2003.
Tras la crisis del 2001-2002, los capitalistas pudieron recomponer sus ganancias sobre la base de la reducción o congelamiento de los salarios, al alargamiento de la jornada de trabajo y al aumento de los precios de sus mercaderías. Así, los salarios nominales se redujeron un 15% en promedio en los últimos 3 años, mientras que los precios "según cifras oficiales" aumentaron un 55%, los alimentos básicos un 80%, y el vestido y el calzado un 87%. El trabajo "en negro" escaló hasta el 48% de los asalariados, y la jornada laboral se alargó a las 9 horas en promedio.
Mientras que la línea de la pobreza quedó cuantificada en un ingreso por debajo de los $745, el ingreso promedio de los trabajadores argentinos está en los $645. El 42,8% de la población activa (6,4 millones de personas) viven con ingresos por debajo del nivel de la indigencia ($323) y el 60% de los trabajadores tiene ingresos inferiores a la canasta de la pobreza.
Un pacto social para frenar las luchas
Al calor de la lucha reivindicativa de los trabajadores el gobierno de Kirchner está impulsando un acuerdo entre la Unión Industrial Argentina (UIA), la principal asociación empresaria, y la CGT para que se ponga un límite a las luchas de los trabajadores por aumento de salarios.
Estas tratativas se aceleraron en las últimas semanas tras la extraordinaria victoria obtenida por los trabajadores del Subterráneo de Buenos Aires que, en conjunto, consiguieron un aumento del 44% en la masa salarial, tras 4 meses de lucha. No sin razón, la burguesía argentina y el gobierno temen que la lucha del Subte se transforme en un caso testigo.
Por primera vez en años, son los trabajadores quienes están tomando la iniciativa y son los capitalistas los que aparecen a la defensiva, demostrándose la poderosa correlación de fuerzas que existe a favor de los trabajadores para avanzar en la conquista de mejoras laborales. Por esa razón, la patronal quiere atar a su carro a los dirigentes de la CGT para que sean ellos quienes se pongan al frente para abortar la generalización y profundización de las luchas.
Pero también aquí las cosas cambiaron en los últimos años. La autoridad de la burocracia sindical es la más baja en toda su historia. La burocracia de la CGT, con Moyano a la cabeza, es consciente de que ya no se pueden permitir traicionar abiertamente las luchas o aparecer del lado de la patronal de manera tan descarada como en el pasado, porque saben que los trabajadores pasarían por encima de sus cabezas, debilitando aún más su influencia en la base, fortaleciéndose las modestas pero significativas posiciones con que empiezan a contar las corrientes clasistas y de izquierda dentro de los sindicatos. Así, en conflictos como telefónicos, Subte y otros se han recuperado instancias democráticas de lucha mediante asambleas de base, en abierto desafío a la burocracioa sindical. Esto explica el discurso más ofensivo de Moyano exigiendo un aumento del salario mínimo a $745 y saliendo públicamente a defender los recientes conflictos de recolectores de residuos, telefónicos y, en mucha menor medida, el del Subte.
Ellos necesitan recuperar cierta autoridad ante los trabajadores, precisamente para poder limitar el alcance y la extensión de las luchas que se den a futuro. Por eso tienen menos margen de maniobra para firmar acuerdos con la patronal que sean vistos como un paso atrás por los trabajadores. De ahí que no esté nada claro que finalmente la UIA y la CGT alcancen un acuerdo sobre los salarios.
Los salarios no crean la inflación
La UIA pretende que los aumentos salariales se vinculen a la productividad; es decir, a la sobreexplotación de los trabajadores, como si el actual grado de explotación que sufrimos les pareciera insuficiente a estos vampiros. Ellos afirman que aumentos salariales por encima del 13% provocarían un aumento de los precios, que causarían inflación. Este verso de la economía política burguesa tiene una larga data. Es falso que el aumento de los salarios tienda a provocar un aumento de los precios. Toda la historia económica demuestra lo contrario: que los aumentos salariales tienden a producirse después de que aumentan los precios, como ocurre actualmente en la Argentina.
El aumento del salario no implica aumento de los precios, sino una disminución de las ganancias empresariales, manteniéndose igual la tasa de explotación. No olvidemos que las ganancias empresariales son el trabajo no pagado al obrero. Por lo tanto, aquí los obreros no hacen sino recuperar una parte de lo que les roban. Son los empresarios quienes suben los precios para mantener sus ganancias o acrecentarlas. Esta es toda la verdad del asunto.
La virtud de la lucha del Subte es que ha instalado en la cabeza de miles de trabajadores la idea de que se puede y se debe luchar por salarios dignos equivalentes, no a la canasta de la pobreza como pretenden los dirigentes de la CGT, sino a la canasta familiar estimada en $1.600. Hay que denunciar que lo escandaloso no es que los trabajadores pretendan ganar sueldos de $1.600 sino que trabajemos por salarios de hambre de $500 ó $600. Incluso, en un informe del Ministerio de Trabajo de agosto del 2003, se reconocía que para recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos 30 años, los salarios promedio deberían ser de $1.570 (Clarín, 2 septiembre 2003). Como afirmaba uno de los dirigentes de los trabajadores del Subte, Beto Pianelli: "Los trabajadores tenemos derecho a que nuestros hijos accedan a la cultura, a la recreación, al arte, al deporte. Eso, hoy, sólo queda para los hijos de los empresarios" (Agencia Walsh). En este marco se instala también la lucha por la reducción de la jornada laboral y contra el empleo "en negro". Los trabajadores debemos tener tiempo suficiente para descansar, para estar con la familia y para disfrutar del ocio.
Ningún pacto social UIA-CGT
Los trabajadores debemos rechazar cualquier acuerdo entre la UIA y la CGT para contener nuestras luchas por mejores salarios y menos horas de trabajo. La UIA pretende que los trabajadores nos conformemos con los aumentos no remunerativos decretados por el gobierno en los últimos dos años y que fueron otorgados para intentar desactivar infructuosamente las protestas obreras. Pero estos aumentos tampoco alcanzaron para recuperar el poder adquisitivo perdido ni beneficiaron a todos los trabajadores, particularmente a los que laburan "en negro" y a los empleados públicos.
Lo que la CGT y la CTA deberían hacer es ponerse a la cabeza de los reclamos laborales, generalizando y extendiendo las luchas, exigiendo salarios en promedio equivalentes a la canasta familiar ($1.600), por un salario mínimo de $800, que se cumpla la jornada laboral máxima de 8 horas en la perspectiva de su reducción a 6 horas para repartir el trabajo y terminar con la desocupación, y por trabajo digno o un subsidio de desempleo mínimo de $500 para todos los desocupados sin prestación, más los adicionales por ayuda familiar. Lo sindicatos deberían hacer un relevamiento para identificar a todas las empresas con trabajadores "en negro" y llevar una lucha unificada en todas estas empresas hasta conseguir el blanqueo de todos los trabajadores bajo convenio. No es con mesas de negociación como avanzaremos en nuestros derechos sino con la lucha y la movilización masiva como lo están demostrando ya miles de trabajadores.
Los gremialistas combativos y de izquierda, además de agitar las empresas contra un pacto social y exigir a los dirigentes de la CGT y la CTA un plan de lucha por estos reclamos, deberían avanzar en la constitución de una corriente sindical clasista para llevar este debate al seno de la clase trabajadora, aumentar sus puntos de apoyo en los sindicatos y empresas, y estar así en las mejores condiciones para presentarse como una alternativa a las actuales direcciones burocráticas.
Por último, debemos avanzar en la conformación de una herramienta política de masas que explique a los trabajadores los límites de la lucha sindical para dar la lucha política contra los partidos patronales e impulsar la lucha por el socialismo.
