Un paso adelante que debe completarse con la estatización total de la compañía, bajo control obrero y social
La Corriente Socialista Militante apoya la nacionalización parcial de YPF y la declaración de interés público de la explotación de hidrocarburos. Rechazamos las amenazas imperialistas de represalia emprendidas por el gobierno reaccionario de derecha del PP en España, y llamamos a la solidaridad popular internacional.
Los obreros festejaron, los empresarios no
Es un hecho que, mientras la clase obrera recibió con júbilo la nacionalización parcial de YPF, los grandes empresarios nacionales la acogieron con frialdad y desagrado, como lo demuestran la actitud de los medios masivos de comunicación (Clarín, La Nación, Perfil, etc.) y las posiciones vacilantes o de rechazo de los grupos de oposición de derecha (Coalición Cívica, UCR, PRO, PJ duhaldista). La Unión Industrial Argentina sólo publicó un tímido comunicado de apoyo 10 días después del anuncio de la medida. Esto prueba que la burguesía nacional siente sus intereses más cercanos a la burguesía extranjera que a los de su pueblo. No debe extrañar. Sus medios de vida y sus privilegios sociales provienen del mismo lugar: del saqueo de la riqueza del pueblo y de la explotación de los trabajadores, además de compartir muchos negocios e inversiones.
Pese a su vaciamiento y privatización posterior, YPF sigue siendo la principal compañía de petróleo y gas de Argentina. Posee un 41% de la producción petrolera del país y un 55% de la capacidad de refinación.
Desde 1999 hasta el 2011 las ganancias netas de YPF fueron de 16.450 millones de dólares, y repartió entre sus accionistas 13.246 millones, un 80,5% del total. Esto demuestra el nulo interés inversor de los directivos de Repsol en la exploración hidrocarburífera y su hambre insaciable por saquear los recursos para conseguir ganancias.
No sorprende que la producción hidrocarburífera argentina venga empeorando año tras año. La producción petrolera descendió de 46 millones de metros cúbicos en 2001 a 34 millones en 2011, y la de gas cayó de 52.000 millones de m3 en 2006 a 46.000 millones en 2011, según el Instituto Argentino de Petróleo (IAP). Los pozos explorados para gas y petróleo, que eran 103 en 1980, se desplomaron a 26 en 2010, según un informe ante la comisión de Energía del Congreso.
En Argentina, toda la producción y comercialización de hidrocarburos está en manos privadas. La mayor parte de la producción se exporta dejando miles de millones de dólares a una docena de compañías privadas, mientras que el Estado debió gastar el año pasado 9.400 millones de dólares para importar combustible, cifra que subiría este año a 12.000 millones. Las compañías reducen sus inversiones al mínimo para chantajear al Estado y arrancarle compromisos de ampliación de las concesiones de explotación de hidrocarburos.
La reacción en España
Las reacción histérica de los jefes de Repsol es comprensible. YPF representaba cerca del 50% de sus reservas probadas y más del 30% de sus ganancias. Además, Repsol estaba a punto de vender su parte de YPF a la china Sinopec por 11.000 millones de euros, pero el gobierno se adelantó y frustró la operación.
La respuesta del gobierno español fue patética y arrogante, con un nítido contenido imperialista, hablando de “un ataque a España” y de tomar “represalias”. Claramente, el gobierno de Rajoy está tratando de desviar la atención interna sobre la creciente oposición a su política social reaccionaria que le ha provocado ya una huelga general en la que participaron más de 10 millones de trabajadores, la pérdida de dos elecciones regionales (Andalucía y Asturias) y una caída de 8 puntos en la intención de voto que sigue ampliándose.
Lo más lamentable y vergonzoso es el apoyo de los dirigentes del Partido Socialista español y de las cúpulas sindicales a la multinacional Repsol y al gobierno reaccionario de Mariano Rajoy. Pero ya se sabe que para los reformistas la política exterior es sólo una continuación de su política interior. Fue el anterior gobierno de Zapatero quien inició una política antiobrera de ajustes y recortes, lo que los llevó a perder las elecciones. El nuevo gobierno del Partido Popular no hizo sino profundizar y ampliar estos ataques.
Celebramos, en cambio, la actitud de los dirigentes de Izquierda Unida, la tercera fuerza política española, quienes defendieron el derecho del Estado argentino de tomar posesión de sus recursos y calificaron de “vergonzosa” la defensa del gobierno español de la compañía Repsol y sus amenazas contra Argentina. Nos consta que esta posición de IU la comparten la mayoría de los trabajadores y de la juventud española.
Nuestro apoyo, críticas y propuestas
Aunque apoyamos la nacionalización parcial de YPF, tenemos diferencias sobre el alcance y el procedimiento empleado para conseguirla. En primer lugar, no entendemos por qué si el objetivo de la medida es, como se dice, hacer valer los intereses de la nación frente a los privados, no se extiende la expropiación al 100% del capital de YPF, en lugar del 51%, lo que debería incluir al grupo nacional Eskenazi (quien controla el 25,46% de YPF) y a los demás accionistas (lo que incluye el 6% restante en manos de Repsol, más un 17% de inversores no especificados). Esto implicará que cientos de millones de dólares de ganancias de YPF seguirán yendo a los bolsillos de esta gente en lugar de servir para atender las acuciantes necesidades económicas y sociales de la empresa y del país. Así, el grupo Eskenazi, que adquirió sus acciones de YPF sin poner un centavo, pagándole a Repsol con las ganancias conseguidas en YPF, seguirá aportándole a Repsol hasta saldar su deuda.
Por eso nos parece incongruente la posición del gobierno, expresada por la presidenta, cuando planteó que el modelo elegido para el futuro de YPF “no es de estatización” sino de “recuperación de la soberanía y control” de los hidrocarburos, ya que lo último no puede darse sin lo primero. Daría la impresión de que el gobierno quisiera enviar una señal conciliadora a la burguesía nacional y al capital multinacional. Pero, justamente, la decisión de expropiar la mayor parte del capital de Repsol fue consecuencia del papel reaccionario jugado en YPF por el capital privado que sólo busca maximizar sus ganancias a costa del pueblo trabajador y del desarrollo del país, el mismo interés que van a mantener en YPF el grupo Eskenazi y los demás accionistas privados.
Esto no se contradice con que, transitoriamente, se pudieran alcanzar acuerdos con compañías privadas para avanzar en la adquisición de la tecnología necesaria y en la explotación conjunta de nuevos pozos hasta alcanzar las condiciones tecnológicas y organizativas suficientes para una estatización completa del conjunto de la producción hidrocarburífera en Argentina, y no sólo de YPF. Esto debería incluir la nacionalización de la banca privada, sin indemnización salvo a pequeños accionistas con necesidades probadas, para disponer de los recursos económicos que permitan encarar una planificación racional de la producción hidrocarburífera así como del conjunto de las necesidades sociales.
Frente al prejuicio interesado de asociar “estatización” a control burocrático por funcionarios corruptos, oponemos una YPF 100% estatal bajo el control obrero democrático, a través de delegados elegidos directamente en asambleas de trabajadores a todos los niveles (producción, transporte, comercialización y administración), que sean revocables en cualquier momento y con el mismo goce de sueldo que en su ocupación habitual.
Tampoco acordamos con indemnizar a Repsol por la expropiación de sus acciones. Esta gente consiguió más de 16.400 millones de dólares en ganancias (¡declaradas por Repsol mismo sin comprobación real por los organismos del Estado, por lo que seguramente fueron muchísimo mayores!) mientras que aportó para la compra 15.000 millones de dólares-pesos en 1999. Esto sin considerar las condiciones fraudulentas de adquisición, el incumplimiento de contratos de concesión, las maniobras de vaciamiento, el daño ambiental, etc. durante todos estos años de privatización. Todo pago adicional a Repsol iría contra la capitalización de la empresa y las inversiones necesarias.
Por último, estamos en contra de la cesión de cerca de la mitad de las acciones de YPF del Estado nacional a las provincias petroleras (26% frente a 25%). Creemos que el 51% del capital de YPF, expropiado a Repsol, debe ser propiedad del Estado nacional. No pocas veces los gobiernos provinciales han cedido al interés de grupos económicos nacionales e internacionales y nos tememos que los gobiernos provinciales puedan utilizar su 25% para favorecer negocios privados que irían contra el interés general de una YPF estatal. Por eso exigimos una reforma constitucional que devuelva la propiedad de los recursos del subsuelo argentino al Estado nacional y no sigan bajo la jurisdicción de las provincias.
¡Basta de amenazas imperialistas!
Para terminar, instamos a defender al gobierno de Cristina Fernández contra cualquier ataque que provenga de los poderes imperialistas (Unión Europea, Organización Mundial del Comercio, G-20, etc.) que trate de obligarlo a revertir su medida o que adquiera la forma de represalias políticas o económicas contra la Argentina.
Las centrales sindicales CGT y CTA deberían lanzar de manera inmediata una campaña internacional de solidaridad para recabar el máximo apoyo de las organizaciones obreras y populares de todo el mundo, comenzando por las latinoamericanas y las españolas, en apoyo a la nacionalización de YPF y contra cualquier amenaza imperialista al pueblo trabajador de Argentina y a su gobierno.
