En las últimas semanas hemos presenciado un repunte en los ataques por parte de grupos paramilitares en Chiapas contra ejidatarios choles y comunidades zapatistas, sus simpatizantes y sus bases de apoyo. Nos oponemos rotundamente a estos ataques y llamamos a participar en todas las movilizaciones solidarias que se están produciendo estos días.
Inicialmente, el Estado mexicano trató de sofocar el alzamiento zapatista de enero de 1994 a la fuerza, desatando una furiosa ofensiva contra el EZLN.
Sin embargo, el poderoso movimiento de solidaridad con Chiapas que sacudió México en aquellos días obligó al gobierno de Salinas Gortari a recular, declarando un alto al fuego y sentándose a negociar con los dirigentes zapatistas. Así las cosas, el zapatismo tuvo un cierto margen para consolidarse en Chiapas y tuvo la posibilidad de construir una fuerte organización nacional de los explotados. No fue la capacidad militar del EZLN lo que paró los pies al ejército mexicano, sino su aplastante superioridad política. Efectivamente, el zapatismo se convirtió en una fuente de esperanza revolucionaria en un contexto de hondo malestar social.
Si la guerra abierta contra el EZLN era políticamente imposible para el Estado mexicano, el régimen priista (y sus sucedáneos del PAN y el PRD) continuaron una labor de zapa contra el zapatismo apoyándose en grupos paramilitares, con la connivencia de los terratenientes y capitalistas de la región. Así surgieron grupos como Desarrollo, Paz y Justicia y la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, que ahora están reorganizándose. No sólo eran los zapatistas una amenaza directa a la propiedad y las inversiones de las élites en Chiapas, lo más preocupante era el ejemplo político que suponía su rebelión para millones de jóvenes y trabajadores de México y del mundo. Los ataques paramilitares contra las comunidades zapatistas han sido una constante desde 1994, aunque se han recrudecido en las últimas semanas. A finales de agosto, presenciamos el asalto y quema de dos bodegas y tiendas de café zapatista en Cuxuljá, en el municipio autónomo Luis Cabañas. El 11 de septiembre, Paz y Justicia asesinó al compañero Pedro Alejandro Jiménez Pérez y dejó tres heridos más en el ejido Tila. Hace tan sólo unos días, hombres armados dispararon contra campesinos choles en Aldama, en un ataque que dejó tres heridos y 150 desplazados.
Esta reactivación de las provocaciones y ataques paramilitares responde a diferentes motivos. Por un lado, los zapatistas han podido ampliar su área de influencia en los últimos años, postulándose el Congreso Nacional Indígena como alternativa de izquierdas a las políticas timoratas de López Obrador entre un sector de las comunidades indígenas del país. A su vez, el movimiento zapatista es un escollo para la política de grandes proyectos de desarrollo del nuevo gobierno, incluyendo el Tren Maya que atravesará la región de Chiapas, trayendo consigo inversiones y proyectos complementarios. Sin embargo, aquí debemos hacer una advertencia. Sería imprudente culpar al Palacio Nacional de estos ataques. A diferencia de los antiguos gobiernos del PRI y del PAN, López Obrador fue aupado al poder por un torrente de rabia y de deseo de cambio, y se sostiene sobre una base social inquieta y con grandes expectativas. Este hecho hace que su gobierno sea menos maleable por parte de la burguesía, el imperialismo y la cúpula del viejo aparato de Estado. No obstante, su política reformista y su intento de conjugar los intereses irreconciliables de obreros, campesinos e indígenas con los de los grandes capitalistas, imperialistas y de generales corruptos, inevitablemente da lugar a conflictos como el que estamos presenciando en Chiapas. En realidad, el reformista López Obrador hace equilibrismos entre su base popular radicalizada y la clase dominante, apoyándose ora sobre unos, ora sobre otros.
El proyecto del mal llamado Tren Maya está rodeado de una aureola populista de progreso y desarrollo, pero la participación de toda clase de oligarcas, imperialistas y de gánsteres en esta empresa, como el fondo de inversión Black Rock o el grupo Carso, y la penetración de las estructuras regionales del Morena (y la nueva Guardia Nacional) por los agentes políticos de estas corporaciones y de otros buitres menores, como los terratenientes cafetaleros o el narco, hacen inevitable un enfrentamiento con las comunidades indígenas de la región y un resurgimiento del despojo y de la violencia paramilitar. Ante estos ataques, nosotros nos ponemos decididamente del lado de los compañeros zapatistas. La transformación profunda de la sociedad en beneficio del pueblo a la que dice aspirar López Obrador no se puede conseguir aliándose con oligarcas, terratenientes y generales. Sólo se puede conseguir quebrando el poder económico de los capitalistas nacionales y extranjeros y el poder político del viejo aparato represivo del Estado burgués, corrupto hasta la médula.
Pero hay otro problema adicional. La oligarquía nacional y local intuye que, tras la pantalla izquierdista del Morena, pueden atacar al zapatismo con mayor impunidad que bajo el PRI o el PAN, cuando la juventud y los trabajadores de todo el país respondían rápidamente ante cualquier tropelía cometida contra los pueblos de Chiapas. Esto refleja el riesgo real de que el zapatismo quede aislado de los millones de obreros, campesinos, indígenas y pequeños propietarios que siguen apoyando a López Obrador.
Para romper el cerco, el zapatismo debe entablar un diálogo con estos sectores, muchos de los cuales están inconformes con las escandalosas capitulaciones y vacilaciones de López Obrador. Es necesario un frente único que vincule al zapatismo y demás organizaciones indígenas, campesinas, obreras y demás con las bases populares obradoristas y que plantee a la Cuarta Transformación el dilema de mantener su alianza con los capitalistas y dar al traste con su popularidad, o impulsar a las masas oprimidas y explotadas hacia la transformación revolucionaria de México.
No existe un camino intermedio, como tristemente muestran los recientes ataques contra nuestros amigos zapatistas en Chiapas.