La campaña de recolección de firmas para convocar al plebiscito contra la reforma previsional ha entrado en la recta final. Cuando faltan menos de diez días para el término del período de recolección, el PIT-CNT ha recolectado ya prácticamente 250.000 firmas, y la campaña continúa en las calles con miras a sobrepasar las 270.000 rúbricas requeridas de acuerdo a la Constitución.
De efectuarse, el plebiscito contra la reforma previsional será una de las batallas políticas más importantes en el país desde 2022, cuando la izquierda intentó, aunque sin éxito, derogar 135 artículos de la ley Ómnibus del gobierno LaCalle. En aquel momento la derecha en el gobierno derrotó la iniciativa plebiscitaria por la mínima diferencia, obteniendo apenas 1% de los votos por encima de la propuesta derogatoria.
De obtenerse la victoria, no sólo servirá para demostrar la voluntad de las y los trabajadores de mantener la seguridad social en manos del Estado y salir de las privadas, sino que también contribuirá a avanzar en el trabajo de organización de las bases obreras, de cara a nuevas perspectivas revolucionarias.
La potente campaña por la recolección de firmas, que se está peleando ahora mismo en cada barrio y centro de trabajo, es un ejemplo del potencial de lucha de la vanguardia trabajadora y de las corrientes sindicales y políticas radicalizadas, que están pasando por encima de las corrientes mayoritarias del Frente Amplio, opuestas al plebiscito.
La propuesta de reforma constitucional y el debate a lo interno del PIT-CNT y el Frente Amplio
En líneas generales, la política previsional implicada en la ley 20.130 es similar a las políticas de ajuste fiscal que vienen siendo aplicadas en otros países del continente y del mundo, en medio de la crisis orgánica del capitalismo. Se trata de un paso adelante de los capitalistas en la guerra de clases para descargar el peso de la crisis en los hombros de la clase obrera, como ha ocurrido con la nefasta reforma de las pensiones en Francia. El caso uruguayo es sólo un caso particular en el contexto del capitalismo atrasado latinoamericano, marcado por su subordinación a los intereses de los capitales imperialistas del mundo.
Antes de la reforma previsional del gobierno multicolor, las y los jubilados debían devengar, a partir de los 60 años, el 55% de los ingresos que percibían como trabajadores activos. Luego de la entrada en vigencia de la reforma, pasarán a devengar el 45% de esos mismos ingresos a partir de los 65 años. Es decir, se les incrementará en 5 años el tiempo de trabajo obligatorio, y al mismo tiempo perderán el 10% de sus pensiones.
Originalmente, hubo un intenso debate en el seno del PIT-CNT entre las distintas corrientes sindicales y políticas que conforman la central sindical, para definir cuál iba a ser la propuesta de reforma constitucional.
Para un conjunto de corrientes, el objetivo principal era sólo derogar parcial o totalmente la ley 20.130. Para la Coordinadora de Sindicatos, corriente minoritaria del PIT-CNT representada en el secretariado de la central por delegados sindicales de los docentes de educación privada y correos, la propuesta debía ir más allá.
Así, el planteo de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS) -eliminación de las Administradora de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) e igualación de las pensiones al salario mínimo-, fue tomando fuerza en los delegados petroleros y portuarios -que forman parte del Partido Socialista-, primero, y luego, con el apoyo de otras tendencias, como la corriente vinculada al Partido Comunista, logró convertirse finalmente en la propuesta mayoritaria.
La eliminación de las AFAP sería un golpe decisivo al control que capitales financieros uruguayos y latinoamericanos ejercen hoy sobre los ahorros previsionales de la clase trabajadora. Una propuesta que preocupa no sólo a los capitalistas afectados, sino también a muchos políticos reformistas en el seno de la clase obrera y sus partidos. En efecto, éste no goza ni gozará del apoyo del Frente Amplio en su conjunto, según lo acordado en sus últimas resoluciones, a pesar de que la eliminación de las AFAP forma parte, al menos sobre el papel, de su programa histórico.
Estas corrientes, como el Movimiento de Participación Popular (MPP), Fuerza Renovadora, Nuevo espacio y Vertiente Artiguista, no apoyan la propuesta porque no se limita sólo a derogar elementos centrales de la reforma LaCalle, sino, más aún, busca asestar un duro golpe a la contrarreforma de la seguridad social del año 96, que legalizó el sistema de las AFAP.
El propio Marcelo Abdala, actual presidente del PIT-CNT y militante del Partido Comunista, ha explicado públicamente que en primera instancia la posición del PC dentro del PIT-CNT no implicaba la eliminación de las AFAP. Sin embargo, de forma correcta y respetando la política de democracia obrera que debe imperar en las organizaciones proletarias, su organización ha decidido apoyar la propuesta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), que tuvo el respaldo mayoritario en el debate. En consecuencia, están participando junto al resto de sindicatos y corrientes como un solo cuerpo político, en la campaña de recolección de firmas.
La campaña de miedo contra la propuesta de reforma constitucional
Como no podía ser de otra forma, el coro de representantes políticos e intelectuales de la burguesía ha expresado su oposición férrea y tajante a la propuesta de reforma constitucional. La acusan de inviable desde el punto de vista financiero y desde ya pronostican que, de aprobarse, provocaría una debacle económica para el país.
Esto era de esperarse, entendiendo que el principio por el que existe la burguesía, ya sea en Uruguay o en cualquier economía capitalista del planeta, es la acumulación de beneficios; la inversión de capitales con el único fin de obtener las mayores tasas de beneficio a costa de la mayor explotación posible de la clase obrera. Y vaya que la burguesía financiera ha venido haciendo buenos negocios con los ahorros previsionales de la clase obrera, durante casi tres décadas.
El presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Alfredo Cabrera, ha señalado que los 22.000 millones de dólares, hoy en manos de las AFAP, se agotarán en 2037 al pasar a manos del BPS, debido al pago de las nuevas jubilaciones, un monto equivalente a 1.100 millones de dólares. Cabrera, como otros economistas y políticos, no hablan del dinero birlado cada año por las AFAP a las y los trabajadores -aproximadamente 1.400 millones de dólares anuales-, que ahora ingresará a las cuentas del BSP anualmente.
Por su parte, Martín Vallcorba, del Centro de Investigaciones Económicas (CINVES), señala en un estudio que la reforma constitucional provocará un aumento del déficit fiscal de 3% del PIB en los próximos 20 años, y de hasta 7% u 8% del PIB en el próximo medio siglo. Al igual que el presidente del BPS, desconoce de forma deliberada los 1.400 millones de dólares comenzarán a ingresar nuevamente al Estado.
Por supuesto, las advertencias de agudos incrementos en la inflación, como consecuencia del aumento de la liquidez en economía derivado del pago de erogaciones jubilatorias más elevadas si se aprueba la reforma, también ha sido parte del conjunto de presagios apocalípticos de estos servidores intelectuales de la clase dominante.
Sobre la base de argumentos como los enunciados anteriormente, están llevando adelante una campaña a través de la prensa y los medios burgueses para sembrar el miedo en relación al plebiscito. Quieren aterrorizar a sectores de las masas trabajadoras que tienen intención de votar por el Sí, con el objetivo de derrotar la propuesta del plebiscito.
Detrás de estos señalamientos, esconden los privilegios de los sectores de la burguesía financiera que se lucran con los ahorros previsionales de las y los trabajadores. Los capitales financieros propietarios de las AFAP que operan en el país, como la colombiana Compañía Suramericana de Servicios de Salud (SURA) o el brasileño Itaú, emplean los capitales acumulados a partir de dichos ahorros y los invierten en el mercado financiero, así como en otros sectores de la economía, para reproducir sus propios capitales. Parafraseando a Marx en el capital, el Estado uruguayo y los políticos burgueses y reformistas, han tenido a bien ayudar a la burguesía financiera a realizar su sueño de hacer dinero del dinero.
El fantasma de la expropiación: ¿Implica la reforma constitucional expropiación alguna? ¿Quién expropia a quién en el negocio de las AFAP?
Otro de los argumentos que más se ha escuchado en televisión, redes y prensa, es el de la supuesta expropiación que realizará el Estado del dinero de las y los ahorristas, de aprobarse la propuesta de reforma constitucional.
Si gana el Sí, las AFAP tendrán que devolver todo el dinero de las y los trabajadores que poseen en estos momentos y sin indemnización alguna. En consecuencia, el coro de opinadores capitalistas están agitando el fantasma de la expropiación. Pero, ¿habría realmente expropiación alguna?
Desde un punto de vista marxista, se lleva a cabo una expropiación cuando a un capitalista se le priva de la propiedad que éste, de manera privada, ejerce sobre un medio de producción. En otras palabras, los comunistas reconocemos que la acción de arrancarle a la burguesía de las manos los medios de producción, la banca y las tierras, sí es una expropiación, en tanto ante la ley burguesa esta clase es la propietaria legal y “legítima” de los mismos. Más aún, esta expropiación debe efectuarse sin pago de indemnización alguna, porque todo el capital que ha construido la burguesía históricamente, surge de la expropiación o apropiación del fruto del trabajo de la clase obrera durante el proceso de producción. Aunque no es éste el lugar para debatir sobre el concepto marxista de expropiación, la anterior aclaratoria resulta adecuada a los fines de desmentir a quienes han traído el término a la mesa de debate, para generar temor entre sectores de las masas.
El dinero que los bancos dueños de las AFAP invierten en negocios para obtener plusvalía, jamás ha sido su dinero, ni siquiera con arreglo a la ley burguesa. En realidad, es el dinero de la clase obrera. producido con años de esfuerzo y sufrimientos, y que, con arreglo a la misma ley burguesa sólo le pertenece a ésta. El problema es que, a partir de la reforma de 1996, los capitalistas pueden tomarlo prestado -bello eufemismo ése- para hacer negocios y obtener gordas ganancias. Además, cobran a la clase obrera comisiones por ello. Todo un negocio redondo.
Quienes ponen los dineros para las jubilaciones y pensiones son las y los trabajadores. Un régimen de reparto consiste en que los trabajadores en actividad y las empresas, con sus aportes, financien las jubilaciones. Los aportes patronales no dejan de ser una conquista obrera que se debe defender o restituir debido al caso. Siempre son los de abajo quienes aportamos y sostenemos las cajas previsionales. Por lo tanto, se trata de una restitución de los fondos propios, de los de abajo, que volverían al Estado.
En la práctica, lo que hacen las AFAP, sobre todo a partir de la reforma LaCalle, es una expropiación/apropiación parcial o temporal de los ahorros previsionales de la clase trabajadora. Aunque no lo es en términos de derecho, sí lo es en los hechos.
La clase obrera se ve obligada -a través del Estado y sus gobiernos- a depositar sus ahorros a las Administradoras de ahorros previsionales, a pagarles comisiones y a no disponer de su dinero, siquiera para fines de salud o cubrir otras necesidades, hasta que les llegue la edad de jubilarse –que además aumentó en cinco años con la reforma multicolor de 2023-. La reforma de 1996, que legalizó las AFAP, todavía dejaba en manos del trabajador la posibilidad de escoger si deseaba ahorrar parte de sus fondos en una AFAP. En ése sentido, la reforma LaCalle ha sido un salto de calidad en líneas expropiatorias: a partir de diciembre pasado, todo trabajador y trabajadora del país debe cotizar de forma obligatoria en una AFAP.
Entonces, ¿quién confisca y/o expropia cotidianamente los ahorros previsionales de la clase obrera? ¿No hay una cierta acción expropiatoria en ello? Una expropiación por parte de los capitales financieros con el apoyo del Estado, su Estado, que se suma a la expropiación cotidiana que la clase dominante ejerce sobre las y los trabajadores en el proceso de producción y trabajo -plusvalía-.
Que las AFAP se vean obligadas a devolver el dinero que -ahora sí, dejemos los eufemismos de lado- han confiscado, robado o birlado por casi treinta años a las mujeres y hombres de a pie que crean la riqueza del Uruguay, no es expropiación alguna. Es un acto de justicia mínimo. No podemos exigir menos que eso, aunque sí debemos prepararnos para luchar por mucho más, si queremos conquistar y consolidar esta reivindicación.
Buena parte de ése dinero se encuentra hoy colocado en distintas inversiones, en asociación con distintos sectores de la burguesía. Por ejemplo, como ha señalado la presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), Karina Sosa, en las obras de La Tahona, una empresa especializada en el diseño y construcción de urbanismos de lujo para los sectores más ricos del país, o sea, para la gran burguesía y sus políticos. En eso invierten las AFAP los ahorros previsionales de la clase obrera. ¿Cuál es el sentido social de ello? Engrosan los privilegios de los más ricos con los dineros de la clase obrera y a la vez sacan jugosas ganancias de ello.
No invierten los ahorros previsionales en el mejoramiento del sistema de salud -sector en el que el BPS sí ofrece servicios a la población-, o en el desarrollo de urbanismos de calidad para la clase trabajadora, sino en viviendas de lujo para los mega ricos. Esto es lo que defienden, entre otras cosas, los políticos de la derecha que se oponen a la reforma y buscan sembrar terror entre la gente de a pie de cara al plebiscito.
Para hablar de expropiación en relación a las AFAP, o a las empresas propietarias de las AFAP, tendría el Estado que expropiar parte o la totalidad de las acciones de éstas. Sin embargo, esta acción no está implicada en el plebiscito.
Volviendo a la cuestión de la expropiación, es correcto decir que las y los comunistas de la CMI -próximamente ICR- defendemos la expropiación general de la industria, el comercio exterior, los latifundios y la banca, con el fin de planificar la economía bajo el control democrático del Estado Obrero. Una tarea histórica imprescindible para la satisfacción del conjunto de necesidades de las masas laburantes y la conquista de una vida digna para todas y todos, y por ello también, única vía para defender las reivindicaciones y condiciones de vida de la clase trabajadora en el largo plazo. En consecuencia, las planteamos al conjunto del movimiento obrero, dentro y fuera del PIT-CNT, para su debate. Pero, nuevamente, tal como está redactada, la papeleta que se empleará en el plebiscito no contempla expropiación alguna. Por el contrario, son los grandes capitales financieros del Uruguay los que por años han venido confiscando y expropiando parcialmente el dinero de las y los laburantes.
El déficit fiscal y la crisis económica que se viene: una posición marxista
Marx y Engles explicaron en el Manifiesto Comunista que las y los comunistas no son un segmento o corriente política aparte del movimiento obrero. Son parte de la clase obrera y del conjunto del movimiento político y sindical del proletariado.
En primer lugar, entendemos que necesitamos luchar por reformas concretas para mejorar nuestras condiciones de vida y laburo, porque sufrimos y vivimos en carne propia ataques contra nuestras conquistas y derechos, que en grados diversos padecen nuestras hermanas y hermanos proletarios en todo el mundo. Y, en segundo lugar, Marx y Engels señalaron que los comunistas se caracterizan por sostener posiciones que expresan las perspectivas y el desarrollo ulterior de la lucha de clases hasta sus últimas consecuencias: la construcción del Poder Obrero, y es sobre esa base teórica y programática, que desarrollan su política en el seno del movimiento obrero.
Apoyamos la recolección de firmas y respaldamos la opción del Sí en el plebiscito, y por eso nos oponemos a los ataques y calumnias que, contra la propuesta de reforma constitucional, ha levantado la clase dominante. Porque tenemos que acabar con el lucro de la burguesía financiera sobre nuestros ahorros previsionales, y porque todas y todos merecemos pensiones dignas y merecemos jubilarnos a una edad en la que aún podamos disfrutar integralmente de nuestras vidas antes de morir. ¿Qué es lo menos que podríamos exigir, después de haber laburado toda una vida para el beneficio de toda la sociedad? Parafraseando a la presidenta de la ATSS, después de la jubilación está la muerte. ¿Permitiremos a los capitalistas y sus políticos quitar hasta el derecho de transitar el ocaso de nuestras vidas sin dignidad? No.
Nos encontramos en medio de la crisis capitalista más grave desde los inicios de la posguerra. Como hemos explicado en nuestros documentos de perspectivas mundiales, no se trata sólo de una crisis cíclica de sobreproducción con expresiones en los mercados financieros, sino de una crisis sistémica: endeudamiento masivo -incluso entre los países capitalistas avanzados-, guerras, guerras comerciales y retroceso de la globalización, crisis climática que repercute sobre la producción de bienes, etc. Una expresión de décadas de contradicciones acumuladas en el capitalismo mundial. Y tarde o temprano, la crisis volverá a expresarse en la forma de una recesión mundial, lo que indudablemente impactará a la economía uruguaya, de la misma forma que la crisis de 2008 y la caída de los precios de las commodities en la década del 2010 afectaron de manera importante al país.
Si estudiamos el crecimiento económico del país en las dos últimas décadas, podremos observar la misma tendencia que en el resto del mundo: los picos de crecimiento anual alcanzados en lo que va de la década, aún no superan los puntos más altos de crecimiento previos a la crisis de 2008 (https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=UY&most_recent_year_desc=false).
Al igual que pasa en el resto del mundo, el capitalismo uruguayo no se ha recuperado de la última crisis. Y en ésas condiciones, vinculado al resto del mercado mundial desde el lugar de un capitalismo débil y atrasado, avanza a paso lento pero seguro hacia nuevas crisis más profundas.
Por otro lado, la expansión cuantitativa o monetaria, en la forma del pago de subsidios -durante la pandemia-, o subvencionando a la banca -luego de la crisis de 2008-, ha generado mayores erogaciones fiscales y ha tenido efectos inflacionarios, preparando las condiciones para crisis más severas en el futuro.
Como hemos señalado más arriba, no compartimos los argumentos de los economistas y políticos burgueses sobre el déficit fiscal, la expropiación, etc. Sus argumentos buscan encubrir el lucro infame que la clase dominante obtiene del dinero de las jubilaciones de la clase trabajadora. Sin embargo, esto no resuelve por completo la cuestión, porque aún y si lográramos la victoria en el plebiscito, el Estado y la economía uruguaya seguirán siendo capitalistas. Es decir, el Estado continuará estando al servicio de la clase dominante y el poder económico se mantendrá en manos de esta clase.
Aunque desde el punto de vista de la clase trabajadora las jubilaciones no son un gasto, porque se trata de nuestras condiciones de vida, por supuesto que lo son para la burguesía; un gasto que tarde o temprano alguien tendrá que pagar. Así, por ejemplo, con su política de ajuste severo el gobierno multicolor vino en 2020 a cobrarles a las y los trabajadores por el déficit fiscal al cierre del último gobierno del FA.
Si bien la batalla que ahora nos ocupa es lograr la convocatoria al plebiscito y lograr la victoria del Sí, ello no será suficiente para consolidar nuestras conquistas y derechos en materia jubilatoria. Si no destruimos el poder económico de la clase dominante, tarde o temprano éstos usarán su poder para atacar nuestras condiciones de vida y trabajo, como viene ocurriendo y ocurre en todo el mundo, más allá de los derechos consagrados por las leyes o la Constituciones de los Estados. Para defender nuestras conquistas en el largo plazo necesitamos destruir el Estado de los capitalistas, quitarles el poder económico, y desarrollar nuestro propio poder, como base política para establecer un gobierno de la clase trabajadora.
Es cierto que las denuncias de los voceros de la burguesía con respecto al aumento del déficit fiscal son exageradas y escandalosas, pero, también sabemos que el FA no está apoyando el plebiscito. ¿Qué pasaría si como consecuencia de ello gana el Sí, pero el FA pierde las elecciones? La derecha, que lleva cuatro años aplicando un paquete severo de ajuste, buscará la forma de cobrar el aumento de las jubilaciones a la clase obrera activa y pasiva, aplicando más recortes en otros sectores y aumentando las cargas impositivas a las y los laburantes. Como siempre, buscarán que la clase obrera pague.
Esa ha sido la posición de la ministra de economía, Azucena Arbeleche, el pasado 9 de abril, cuando señaló que la reforma constitucional rompería con la sostenibilidad del sistema previsional y por ello habría que sostener los aumentos con suba de impuestos, porque la magia no existe.
Si bien no hacemos este planteamiento en clave sectaria, ni dejando de lado el hecho de que ahora mismo la recolección de las firmas es la cuestión central de la lucha del movimiento obrero, es importante hablar con la verdad. Como dijera el viejo Trotsky: queremos mostrar un rostro, no una máscara.
La igualación de las pensiones al salario y los límites de la legalidad burguesa
Luego está la cuestión de la igualación de las pensiones al salario mínimo. Antes de 2004, también se tomaba el salario como el patrón de referencia para determinar los montos de las pensiones. Ese mecanismo, en manos de la clase dominante, sirvió para justificar los recortes de salario a fin de cubrir las erogaciones por concepto de pensiones, que incrementaron el déficit fiscal. Entre 1985 y 2004, según datos de los propios economistas burgueses, esa política causó una reducción de los salarios reales en un 65%. De ganar el Sí, y perder el FA, sabemos que la derecha seguirá avanzando en su política de ajuste. Y esto, mientras el régimen capitalista siga en pie, puede ocurrir con una victoria de la derecha en 2024 o en el período de gobierno siguiente. Incluso, de darse esta situación, la coalición Multicolor podría desconocer los resultados del plebiscito. El problema de fondo, volvemos a decirlo, es el capitalismo: las relaciones capitalistas de producción, la propiedad privada burguesa y el Estado.
Entonces, no podemos concebir la lucha de clases sobre la base de un fetichismo de la ley burguesa. En la sociedad capitalista la ley existe, en última instancia, para sostener la opresión de los capitalistas sobre el proletariado, aunque en ocasiones la clase trabajadora logre reformas legislativas favorables, pero siempre sobre la base de su lucha política.
Si bien otorgar rango constitucional a la edad de jubilación y a la equivalencia de las pensiones mínimas al salario, puede resultar a primera vista una reivindicación muy importante, dentro del marco de la propiedad privada capitalista y del Estado burgués, tales conquistas pueden ser perfectamente revertidas en los hechos. El problema de fondo, sigue siendo el régimen capitalista, que debe ser superado, que debe ser destruido y transformado a través de la Revolución Comunista.
El papel del FA y la necesidad de una organización Comunista Revolucionaria
Hace largo tiempo que el FA ha mostrado sus límites programáticos, desde el punto de vista de los intereses históricos del proletariado, y de las tareas de la Revolución Comunista. Más aún, no podemos olvidar que el Frente fue concebido como una plataforma política de Frente Popular, es decir, una alianza amplia entre sectores de los partidos de base obrera, el reformismo y hasta partidos burgueses, como la Democracia Cristiana.
En el caso de las corrientes y partidos de base social obrera y programas de izquierda que integran el FA, éstos han recorrido, a través de las elecciones, un largo camino de adaptación al aparato de Estado capitalista y sus instituciones, y, particularmente, al parlamento, pero también a las instituciones municipales, provinciales y nacionales del poder ejecutivo. En el proceso, se han adaptado también a gobernar en convivencia pacífica con la clase dominante y sus representantes políticos. De esa forma han fortalecido en la práctica las posiciones programáticas reformistas sobre las que fueron fundadas.
Más allá de algunas posiciones radicales y reformas progresivas contenidas en su programa y promovidas por su ala izquierda, el FA no se plantea la destrucción del capitalismo, ni la construcción de un Estado Obrero. Simplemente se plantea administrar el capitalismo intentando mantener un conjunto de conquistas históricas del movimiento obrero, o, en el peor de los casos, aplicando contrarreformas moderadas, relativamente menos agresivas que la derecha.
Sin embargo, la realidad histórica es dialéctica, y en el contexto de una crisis económica presente y futura, la presión de la clase dominante podría empujar al FA hacia posiciones mucho más a la derecha. Nada más consideremos el ejemplo del último gobierno peronista en Argentina, que con su política de ajuste y disciplinamiento del movimiento obrero, allanó el camino para la victoria de Javier Milei.
Ya hemos debatido el caso en que el FA pierda las elecciones generales y gane el Sí en el plebiscito. ¿Qué ocurriría en el caso que el FA gane las elecciones y también gane el Sí? A primera vista puede presumirse que, para saldar las nuevas erogaciones fiscales, el Frente no aplicaría con igual severidad las contrarreformas que la coalición multicolor ha llevado adelante hasta ahora, empero, tampoco luchará por ir más allá de los límites de la propiedad privada y la democracia burguesa. Allí, como ha ocurrido en el pasado, caerá presa de las presiones de la clase dominante. Además, en un contexto de crisis mundial, el margen de maniobra financiero con el que contaría un gobierno del FA para otorgar concesiones a las masas, será considerablemente inferior al que existió en la década anterior.
Hoy, la actitud del Movimiento de Participación Popular (MPP) y las corrientes mayoritarias ante el plebiscito, han demostrado la incapacidad del FA para transformar la sociedad en líneas revolucionarias, y, por ende, para luchar en defensa de las conquistas de la clase obrera hasta las últimas consecuencias. De hecho, economistas reconocidos del FA –como el propio Bergara, que hasta hace poco era precandidato a presidente en la interna- han sostenido, en relación a la cuestión del déficit fiscal, posiciones prácticamente similares a la derecha.
No negamos, sin embargo, que en las bases del FA existen miles de compañeras y compañeros valiosos, honestos y combativos, que quieren luchar por reformas necesarias, pero también por acabar de raíz con la opresión capitalista. Con ellas y ellos creemos que es necesario construir una fuerza política genuinamente revolucionaria.
Una fuerza política firmemente cimentada en el programa, las ideas y los métodos organizativos del marxismo, que sirva a la clase trabajadora para avanzar en la lucha por sus intereses históricos hasta derrotar a la clase dominante. Una fuerza que desarrolle el potencial histórico de la clase obrera para construir su propio poder, su propio Estado y su propio gobierno, como instrumentos para destruir el poder económico de la clase dominante.
Desde la Corriente Marxista Internacional apostamos a la construcción y organización en Uruguay de un partido de esta naturaleza, así como en toda la región y en el mundo. Un partido revolucionario del proletariado mundial. Una organización que levante las banderas de la revolución y del genuino Comunismo; de la planificación democrática de la economía y el Estado Obrero.
Si querés construir este partido junto a nosotros, ¡sumate a la Corriente Marxista Internacional!
Continuemos la lucha por las firmas en las calles, preparémonos para la batalla electoral del plebiscito, y en el proceso, avancemos en la construcción de una genuina fuerza Comunista.
Construyamos la CMI en Uruguay y en toda América Latina.
