La crisis energética ha estado en el centro del debate político del país en las últimas semanas. Como ya denunciamos en artículos anteriores, esta crisis pone sobre el tapete la verdadera naturaleza de la llamada economía de libre mercado; es decir, el control que ejercen sobre los recursos naturales y productivos del país un puñado de multinacionales, grandes empresarios, terratenientes y banqueros a costa de la explotación y las condiciones de vida de millones de trabajadores que formamos la inme inmensa mayoría de la sociedad argentina.
Por la nacionalización del sistema energético, sin indemnización y bajo el control de los trabajadores
La crisis energética ha estado en el centro del debate político del país en las últimas semanas. Como ya denunciamos en artículos anteriores, esta crisis pone sobre el tapete la verdadera naturaleza de la llamada economía de libre mercado; es decir, el control que ejercen sobre los recursos naturales y productivos del país un puñado de multinacionales, grandes empresarios, terratenientes y banqueros a costa de la explotación y las condiciones de vida de millones de trabajadores que formamos la inmensa mayoría de la sociedad argentina.
La relación del gobierno de Kirchner con las petroleras
El supuesto faltante de gas y electricidad (decimos supuesto porque las únicas cifras y estadísticas que se han publicado para justificar esta situación, y las que maneja el mismo gobierno, son las facilitadas por las propias multinacionales petroleras y eléctricas que monopolizan la producción y distribución del gas y la electricidad) tiene una sola y única causa: la desmedida y rapaz sed de beneficios de estas compañías. En los últimos años orientaron una parte creciente de la producción de gas a la exportación al exterior donde lo venden a precios más caros. A pesar de los enormes beneficios obtenidos, cifrados en miles de millones de dólares cada año durante más de una década, se negaron a invertir en la construcción de nuevos gasoductos para aumentar la capacidad de distribución del gas natural, y en prospecciones para encontrar nuevos yacimientos. Todo esto se combinó con el chantaje descarado al que han sometido al conjunto de la sociedad, reteniendo la distribución de gas, para forzar aumentos de tarifas, lo que han conseguido al fin. En definitiva, la crisis ha sido provocada por la propiedad privada de los recursos naturales y productivos de la nación en manos de un puñado de multinacionales y grandes empresarios.
De esta manera se pone de manifiesto una vez más que el verdadero poder de la sociedad no descansa en la Casa Rosada ni en el Congreso, sino en los despachos y Consejos de Administración de compañías como Repsol, Petrobrás, Shell, Esso, etc, por hablar solamente del sector energético. El Presidente de la Nación, los ministros y diputados son meros chicos de los mandados que rubrican mediante decretos las decisiones que previamente ya tomaron estas compañías. En el mejor de los casos, a los Padres de la patria se les permite emitir algún gruñido de desaprobación o de enojo, o retrasar algunas de estas medidas, para así mostrar al conjunto de la población la apariencia de que existe algo parecido a un gobierno soberano, pero indefectiblemente terminan cediendo a los intereses de los poderosos.
Esto no nos debería extrañar en un gobierno que, a pesar de toda su verborragia nacionalista y popular, renovó el pago de la deuda externa, no reestatizó ninguna de las empresas privatizadas bajo el menemismo, subsidia con miles de millones de pesos a multitud de empresas privadas, sancionó una reforma laboral a medida de los empresarios que mantiene lo fundamental de la legislación anterior, criminaliza desvergonzadamente a los piqueteros, endurece la legislación penal y mantiene congelados los salarios de los trabajadores estatales. Todo ello por mandato expreso del FMI y los grandes empresarios, banqueros y terratenientes argentinos.
La crisis energética se resolvió con aumentos de tarifas
Desde el mes de abril, el GNC aumentó un 36% y lleva acumulada una suba del 75% desde la devaluación de enero del 2002. La garrafa de gas licuado que usan 4,5 millones de familias tuvo una suba en un mes de $20 a $25 (un 25%), aunque en algunas zonas se paga hasta 30$. Hay que tener en cuenta que la garrafa de 10 kg. apenas costaba $10 en enero del 2002; es decir, que aumentó un 140% desde la devaluación. Las naftas distribuidas por Shell y Esso aumentaron un 4,3% (afecta al 40% de las estaciones de servicio) y en conjunto la nafta y el gasoil aumentaron un 150% desde enero del 2002. Las tarifas del gas y la electricidad aumentaron entre un 30% y un 40% a industrias y comercios en abril, y se prevé un aumento final del 170% para julio del 2005.
Inevitablemente, estos aumentos se trasladarán a los productos y mercaderías de consumo básico porque los empresarios afectados por estas subas no están dispuestos a sacrificar sus beneficios. Como una prueba de esto, la Asociación de Defensa de los Consumidores (Adecua) denunció que más de 70 artículos de la canasta familiar aumentaron en promedio un 15% entre la primera quincena de abril y la primera quincena de mayo (Clarín, 24 de mayo 2004).
Pero, además se anuncia una suba escalonada en la tarifa del gas para domicilios familiares que empezaría en enero del 2005 y que alcanzaría el 40% de aumento en diciembre del 2006. El mismo nivel de aumentos se anuncian para la electricidad, el teléfono y el agua también a partir del enero del 2005. Finalmente, se anunció por parte del gobierno una penalización en la factura del gas y la electricidad para las familias si no reducen en, al menos, un 5% el consumo de energía. Todo lo que consuman de más lo pagarán con una suba del 40% a partir del mes de mayo. Un estudio de Clarín reveló que eso significará que las familias de consumo medio pagarán, como mínimo un 4% más en sus boletas, si consumen la misma cantidad de gas y electricidad que el año pasado. Los que consuman un 10% más de energía tendrán aumentos de casi un 15% en sus boletas (Clarín, 5 de mayo 2004).
Estas subas de tarifas no se justifican por un aumento de los costos de explotación. Es de todos conocido que el costo de extracción del petróleo y el gas argentino en tierra es de los más bajos del mundo. De lo que se trata es de aumentar los precios porque el valor del petróleo y el gas aumentaron internacionalmente como consecuencia del monopolio que ejercen en el mercado mundial estas compañías y por la especulación a que someten esta materia prima fundamental.
Curiosamente, todos estos aumentos fueron aprobados por el gobierno desde que se inició el chantaje de las petroleras, cortando el suministro en diversas zonas del país. Inmediatamente después de que se decretara este plan de subas de tarifas, el presidente de Repsol-YPF anunció que aumentaría de 55 a 63,5 de millones de metros cúbicos su producción diaria de gas en el mes de mayo (Clarín, 12 de mayo 2004) ¿En qué quedamos: no había faltante de gas? ¿Es una casualidad que Repsol anuncie la producción de casi 8 millones de metros cúbicos diarios más de gas después del anuncio de las subas de tarifas? Esto no es sino la confirmación de la existencia de un chantaje de las petroleras para forzar aumentos de tarifas como denunciamos anteriormente.
La garrafa social y los castigos a los consumidores
El gobierno, para diluir el efecto de las subas, también anunció una garrafa social a 18 ó 19 pesos (según la zona) para las familias más pobres. Cada familia sólo puede adquirir una garrafa al mes. Pero esto es un fraude. Además de ser una cantidad insuficiente, sobre todo para las familias con varios hijos, de los 100.000 puntos de venta, esta garrafa social sólo se puede adquirir en 600 lugares de todo el país: aislados y de difícil acceso. Luego se anunció que también se podía adquirir en otros 700 supermercados. Lo que sigue siendo claramente insuficiente. La hipocresía del gobierno es evidente. Si tan preocupados están por ofertar la garrafa a $18 ¿Por qué no reducen su precio general a esa cantidad? Ellos quieren limitar este beneficio social para no perjudicar los negocios de las petroleras.
Tengamos en cuenta que en los hogares más pobres se utiliza este combustible, más caro que el gas natural de cañerías, porque éste no llega a todas las zonas del país, particularmente a las zonas más humildes. En las cuatro provincias del NEA (Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes) tampoco. Según testimonios recogidos por Clarín, en los barrios la gente está volviendo al querosén o al carbón vegetal. El querosén es proporcionalmente más caro, pero tiene la ventaja de que se puede comprar de a 3 ó 5 litros (está a $1,5 por litro).
La garrafa aumentó desde la devaluación un 160 por ciento A las empresas como Repsol o Petrobrás les es más rentable exportarlo a 3 pesos por dólar, que destinarlo al mercado interno. Si los pobres no tienen para calentarse y cocinar, que se embromen. Tal es la lógica del capitalismo. La garrafa social es sólo un gesto que no evitará que los más pobres carguen con todo el peso de la crisis.
Apoyamos las iniciativas de los sectores populares que ya han comenzado a reclamar una garrafa social a $10 para las familias con menos ingresos y congelamiento del precio para los demás.
Por otro lado, la instauración de un castigo para los que no reduzcan, al menos, un 5% su consumo de energía, es otra medida perniciosa. Se intenta de esta manera hacer creer a la población de que si su boleta de gas y electricidad aumenta es suya la culpa, por no aceptar un empeoramiento en su calidad de vida. Es un aumento encubierto de tarifas a favor de las compañías petroleras y eléctricas que es adonde irán estos aumentos. La lógica es la siguiente. Si no querés pagar más: pasá frío, andá a oscuras por tu casa, no usés el lavarropas más que una vez a la semana o lavá a mano; pero, sobre todo: no toquemos los beneficios de las multinacionales.
Lo que se le está diciendo, en definitiva, a la población es que para que las petroleras puedan reanudar o aumentar la exportación de gas al exterior (temporalmente disminuida) y obtener así beneficios de miles de millones de dólares, las familias trabajadoras debemos reducir nuestro nivel de consumo de gas, empeorando nuestras condiciones de vida, y que ese ahorro de gas sea entregado a estas compañías para que reanuden o mantengan su negocio exportador.
¿Podemos exportar alegremente gas y petróleo?
Sabido es que la economía capitalista se caracteriza por la improvisación, la falta de planificación y el caos. En este reino del revés que es nuestro país podemos verlo con una claridad meridiana. Desde chicos aprendimos en la escuela que la Argentina es un país con gas y con petróleo, pero no un país petrolero. Sin embargo, en los últimos años se han exportado combustibles a lo grande: desde 400 millones en el 89 se pasó a 3000 millones de dólares en 1999 y a 5.200 en el 2003, cuando según nuestro benemérito Dr. K ya faltaba energía (y de paso no hacía nada para limitar esta sangría). De hecho, el año pasado el gobierno aprobó 5 nuevos contratos exportadores de gas.
Kirchner aparece maniobrando entre los intereses de las petroleras y los de los trabajadores. Pero siempre termina favoreciendo a los poderosos. Recordemos su apoyo a la privatización de YPF cuando era gobernador de Santa Cruz. En definitiva, es un gobierno de clase, con algunos matices populistas. Por eso, a la hora de tomar decisiones clave, se para en la vereda de los monopolios.
Entre el 2000 y el 2003 el saldo favorable de la balanza comercial fue de 40.000 millones de dólares, unos 120.000 millones de pesos. Estos dineros se destinaron al pago de la deuda o fueron fugados por las grandes corporaciones. Como vemos plata hay, al igual que petróleo y gas. El tema es a dónde va. Unos ordeñan la vaca y otros se toman la leche…
La empresa nacional de energía: ENARSA
El gobierno anunció la creación de ENARSA (Empresa Nacional de Energía Sociedad Anónima), que sería una empresa testigo en el área energética. Y que haría inversiones por 11 mil millones de pesos en obras de infraestructura, que beneficiarían a las empresas privatizadas. De nacionalizaciones, ni hablar. Además, un 35 por ciento del paquete accionario sería privado.
La labor fundamental de esta empresa estatal sería hacer las inversiones y construcción de infraestructuras que las empresas privadas se negaron a hacer: gasoductos, prospecciones, tendidos de líneas eléctricas de alta tensión, etc. Es verdad que para acometer una parte de estas inversiones, el gobierno decretó un aumento de las retenciones en la exportación de los hidrocarburos: las retenciones de la exportación de petróleo aumentan de un 20% a un 25%; las de Gas Licuado (GLP), de un 5% a un 20% y las de naftas de un 0% a un 5%. Hoy también se anunciaron retenciones para el gas natural del 20%.
Pero estas compañías no se han quejado mucho. En rigor, estaban obligas a hacer estas inversiones según los contratos de concesión. En segundo lugar, una disminución de un 5% ó un 20% de su caja por el aumento de las retenciones no afectan de manera importante a su alto nivel de beneficios; y, lo que es más importante, estas inversiones se hacen para que ellos sean los principales beneficiados, al usufructuar estas infraestructuras para incrementar la explotación de nuestros recursos y aumentar mucho más sus áreas de negocios y sus enormes beneficios.
A ENARSA el gobierno le cederá la explotación de prospecciones petrolíferas en alta mar donde los costos son mayores. Pero si encuentran nuevos yacimientos, ya lo anunció el Ministro de Planificación, Julio de Vido, se podrá asociar a empresas privadas para su común explotación. Es decir, el estado hará todo el desembolso en las prospecciones e inversiones y las petroleras privadas sólo tendrán que arrimarse para compartir los beneficios.
En realidad, el anuncio de la creación de esta empresa es un gesto para apaciguar y adulterar las ansias estatizadoras y nacionalizadoras de los trabajadores argentinos que, cada vez con más firmeza están reclamando la posesión de sus recursos naturales y su explotación racional para el bien común de la mayoría de la sociedad. En el mejor de los casos, el rol de esta empresa estatal será el de presionar a las petroleras para que se impliquen más en el negocio petrolero, vendiendo al mejor postor los yacimientos que encuentre. De lo que se trata, siguiendo la lógica exhibida por Kirchner hasta este momento en su política general hacia los poderosos, es de ladrarles, pero no morderlos. Hasta el amo permite a sus canes que le ladren de vez en cuando, pero recibirán una fuerte patada en el hocico si de verdad trata de morderlos.
Por la nacionalización del sistema energético
La crisis energética no sólo va a resultar gravosa para los bolsillos de los trabajadores y desocupados, también para el Estado argentino; es decir, para el conjunto de la población que también está formada mayoritariamente por trabajadores y desocupados. Del superávit fiscal esperado este año (unos $18.000 millones), $10.000 millones ya están destinados al pago de la deuda externa. De los $8.000 millones restantes que no se esperaban a comienzos del año, se abonarán otros $2.700 millones a pagar más deuda y cancelar así varios préstamos que se terminarán de pagar este año. Es decir, el 66% del ahorro nacional va para los pagos de la deuda que están fundamentalmente en manos de los bancos, el FMI y los grandes financieros internacionales.
De los $5.300 millones restantes, unos $2.100 millones (el 40%) se destinará a pagar la crisis energética. Y luego se destinan unas migajas de unos $1.500 millones para pagar los ridículos aumentos aprobados para pensiones y los sueldos de estatales y docentes y $400 millones para salud. Los restantes $1.000 millones se destinan a asuntos varios, de los cuales $300 millones para el Plan de seguridad.
Pero lo que nos interesa ahora es el destino de estos $2.100 millones producto de la crisis energética. $700 millones irán a los empresarios de las compañías eléctricas en compensación por el congelamiento de tarifas hasta enero del 2005. $760 millones se dedican a la compra del fuel oil a Venezuela y cerca de $400 millones para obras de infraestructura que deberían corresponder a las compañías privadas. Los restantes $256 millones se destinan para la represa de Yacyretá. Hay que añadir que acá no están consignados los gastos extra desde el mes de abril (estimados en $200 millones al mes) derivados de la sustitución del gas faltante por el fuel oil para el funcionamiento de las usinas y generadores eléctricos y que, a pesar de ser privadas, son costeadas íntegramente por el Estado.
Las compañías privadas han puesto de manifiesto su incompetencia para seguir gestionando la explotación, distribución y comercialización de recursos tan vitales como el gas, el petróleo y la electricidad. Se ha demostrado claramente que el problema no es de falta de recursos naturales, ni de un aumento en los costos de explotación de los mismos. La cuestión es que a estos parásitos les parecen escasos los enormes beneficios que sacan con la explotación de estos recursos y no dudan en poner de rodillas al conjunto de la sociedad hasta obtener la plena satisfacción de sus demandas.
El gobierno de Kirchner ya demostró que es incapaz de luchar hasta el final contra la presión de los pulpos petroleros, sometiéndose a sus dictados. Por su parte, la derecha de López Murphy, Macri y Sobisch culpa al gobierno de no haberse sometido antes y de manera más lacayuna a las multinacionales aceptando subas de tarifas mayores. Vemos que por parte de los políticos burgueses no hay alternativas a favor de los trabajadores. Carrió y otros políticos centroizquierdistas y socialdemócratas se quejan de todo pero no plantean ninguna alternativa. Por supuesto, no se les ocurre la nacionalización de los hidrocarburos. Tampoco por esta vía hay alternativa.
Lo que los trabajadores necesitamos es una alternativa propia, una alternativa socialista. Por eso, debemos luchar por la nacionalización de todo el sistema energético del país, expropiando estas compañías que en el pasado fueron estatales, sin indemnización porque son nuestros recursos, somos nosotros los trabajadores quienes los sacamos de las entrañas de la tierra, quienes construimos los gasoductos, los oleoductos, las cañerías, y somos nosotros quienes los envasamos y los transportamos. Estos parásitos ya ganaron miles de millones a costa nuestra y ahora vemos los resultados.
Lo que se necesita es la nacionalización del sistema energético (y no parches como ENARSA), sin indemnización y bajo el control democrático de los trabajadores para evitar el despilfarro y la burocratización del servicio, lo que permitiría la planificación de estos recursos y de los miles de millones de dólares de beneficios que traen aparejados para destinarlos a satisfacer las necesidades sociales.
En la medida que los partidos burgueses (llámense PJ, radicales, lopezmurphistas, macristas, ARI, etc) no pueden defender esta alternativa es ya la hora de que los trabajadores, comenzando por los sectores más conscientes y avanzados dentro de los sindicatos y las organizaciones de desocupados, avancemos en la construcción de nuestra propia organización política, única garantía de conseguir un gobierno de los trabajadores y para los trabajadores que lleve a la práctica estas y otras medidas que acaben con la explotación capitalista y sus consecuencias.
Los trabajadores, usuarios y desocupados debemos pasar a la acción para frenar el aumento de tarifas. Se debe ampliar la movilización social que ya ha comenzado con marchas, protestas, escarches, etc. Los sindicatos deben apoyar estas iniciativas, particularmente la CTA que dijo mostrarse en contra de las privatizadas. También las organizaciones piqueteras, asambleas populares, etc. El plenario de todas estas organizaciones debería programar una campaña nacional con ejes en el rechazo a los aumentos de tarifas y en la nacionalización del sector energético.
Desde El Militante exigimos:
-Apertura pública de los libros de contabilidad de las compañías petroleras para investigar qué se hizo con los beneficios multimillonarios obtenidos en los últimos años.
-Frente al negociado exportador de las petroleras que se garantice en primer lugar el suministro interno.
-Ninguna suba de tarifas y derogación de todas las subas acordadas por el gobierno de Kirchner con las empresas de gas, petróleo y electricidad.
-Garrafa social a $10.- en los 100.000 puntos de venta existentes en el país.
-Control obrero del sistema energético.
-Frente al chantaje y la extorsión de las petroleras y las compañías eléctricas: expropiación y estatización de las mismas, sin indemnización, y bajo el control democrático de los trabajadores.
