A un año de su detención, enero de 2016, Milagro Sala (líder de la Organización Barrial Túpac Amaru y Diputada del Parlasur por el FPV) continua prácticamente secuestrada por el gobierno de CAMBIEMOS.
Con este episodio el Gobierno está colocándose fuera de la incipiente legalidad internacional en materia de derechos humanos, ya que tanto ONU como la OEA han solicitado su inmediata liberación.
Gerardo Morales, actual gobernador de la provincia de Jujuy, presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical y ex viceministro de Desarrollo Social en el gobierno de la Alianza, es la pata política que presiona mediante una justicia adicta para disciplinar y amedrentar a los trabajadores y los movimientos sociales mostrando a Milagro Sala como el ejemplo que seguirán todos los que luchan. La finalidad del asedio contra Milagro Sala no es otra que la desmovilización social en base a la criminalización de la protesta.
Instigación a cometer delitos y tumulto; fraude a la administración pública, asociación ilícita y extorsión; amenazas y encubrimiento son todas las denuncias que han lanzado con un brutal odio de clase contra Sala, a un año de su detención no hay una sola prueba sólida que justifique alguna de estas acusaciones.
La detención fue ordenada por el Superior Tribunal de la Provincia de Jujuy que acababa de ser ampliado en plena sesión nocturna y donde de manera insólita dos de los diputados que responden a Gerardo Morales y que votaron a favor de la ampliación, fueron de inmediato nombrados jueces del Superior Tribunal.
El avance basado en aberraciones penales e inventos pseudojurídicos de todo tipo han producido dos condenas en prácticamente una semana.
El 28 de diciembre del año pasado concluyó el primer juicio oral y público contra Milagro Sala. Se trata de la causa por “daño agravado y amenazas coactivas” por un escrache contra Gerardo Morales realizado en 2009, del cual la dirigente de la Túpac Amaru ¡no participó!
El Tribunal Oral Federal N° 1, integrado por Marcelo Juárez Almaráz, María Alejandra Cataldi y Santiago Díaz, condenó por unanimidad a Sala a tres años de prisión en suspenso a pesar de que en el curso de un juicio plagado de irregularidades. Basta decir que la condena se basó en los dichos de René Orlando Arellano un “testigo” que es empleado del gobierno provincial y fue aportado por el propio Gobernador Morales y que en medio del juicio, el testigo falso, recibió un millón de pesos de origen desconocido través de sus hijos y cooperativas fantasmas, que no tiene empleados ni obras.
Luego un nuevo fallo, Matías Ustarez Carrillo, funcionario administrativo designado en el Juzgado Contravencional en enero por Gerardo Morales, condenó a Milagro Sala y a la Túpac Amaru por el acampe pacifico que se realizó en la Plaza Belgrano entre el 14 de diciembre y el 2 de febrero.
La condena sanciona a Milagro Sala contempla la inhabilitación especial para formar parte de personas jurídicas y demás asociaciones civiles, sociales culturales y deportivas que requieran autorización provincial, para funcionar por tres años y tres meses desde que quede firme la sentencia, y a la organización Túpac Amaru, que dirige Sala, con una multa máxima de $3780 y la clausura de la sede de la calle Alvear de la capital jujeña por tres meses desde que quede firme la sentencia.
Recientemente se conocieron los fundamentos con los cuales la mafia judicial intenta justificar la condena. Estos fundamentos dejan en burda evidencia que lo resuelto por los jueces es excesivo, ilegal e inconstitucional.
Por otra parte, la inhabilitación que se le aplica a Sala no es otra cosa que una abierta proscripción contra la Túpac Amaru en Jujuy.
Esto sienta un grave antecedente para el ejercicio de derechos de cualquier organización social, sindical, política, de trabajadores, jóvenes o mujeres que de pelea a la restauración conservadora que están llevando adelante desde el gobierno nacional.
Desde la Corriente Socialista Militante exigimos la inmediata liberación de Milagro Sala y demás compañeros detenidos como así la anulación de las condenas apócrifas contra la Túpac Amaru y sus miembros.
Pero para esto debemos organizar masivas movilizaciones y actividades que presionen al gobierno provincial y nacional hasta conseguir frenar este intento de criminalizar a las organizaciones politicas que dan pelea contra la avanzada capitalista. Avanzar en organización en los barrios, los lugares de trabajo y los centros de estudio para frenar este intento de criminalizar la protesta.
Así mismo creemos que debemos reflexionar acerca de cómo se ha desenvuelto la Túpac Amaru en Jujuy y qué lecciones podemos extraer.
Puede ser discutible o no que organizaciones populares orienten su accionar, o parte del mismo, a ofertar servicios y participar en proyectos de beneficencia social. Pero es una vía que no está exenta de riesgos, si no existen mecanismos democráticos de control bien aceitados que atajen cualquier atisbo de abusos o de corrupción. Ante un problema social tan grave, como es la falta de viviendas y su carestía debido al afán de lucro de las grandes constructoras y a la inacción del Estado y de los municipios, es lógico y comprensible que algunas organizaciones populares tomen la iniciativa de construir viviendas sociales – como el caso de la Tupac Amaru – por medio de la autoconstrucción de viviendas de calidad, lo que incluye el aprendizaje de oficios y la dignificación de barrios carenciados, pero la experiencia indica que la falta de mecanismos democráticos al interior de las organizaciones políticas o sociales genera un sistema verticalista y dirigista que amenaza con arrastrar al movimiento social a reproducir las prácticas clásicas del sistema.
A nuestros enemigos de clase: a los grandes empresarios, a las multinacionales, y toda su prensa amarilla financiada por ellos, les decimos que no nos confunden sus manipulaciones ni nos desvían un milímetro de nuestro cometido.
A la corrupción del sistema, adopte la forma que adopte, seguiremos oponiendo la lucha por la completa transformación de la sociedad, la lucha por el socialismo y la desaparición de los privilegios, la explotación, los abusos, las injusticias y las corrupciones que son el santo y seña del sistema capitalista que todos ellos defienden y amparan.
La detención de Milagro Sala configura un ataque al derecho a la protesta social y establece un precedente contra el movimiento obrero y popular que lucha por derrotar al ajuste de Macri y en donde todos los abusos cometidos en este proceso mañana serán utilizados contra los trabajadores y los sectores populares.
La acción represiva busca profundizar el ajuste, ante esto debemos responder con organización, unidad y lucha.
