La evaluación de la situación universitaria durante este año ha dejado al descubierto, para quien tuviera alguna duda, el plan de ataque del gobierno nacional, sus aliados y cómplices del más diverso espectro de los partidos del régimen.
La universidad pública, desfinanciada y violentamente atacada por Milei y sus adláteres está en la línea de un bombardeo que excede incluso la urgencia de los fondos necesarios para un funcionamiento que en la actualidad es de supervivencia, y una actualización salarial que apenas lograría equiparar la situación general de las y los empleados públicos.
Esa excedencia es de índole centralmente política y social: en estos meses en esa primera línea del ataque del gobierno han estado los millones de pobres que no pueden acceder a condiciones de vida dignas, privados desde el comienzo de este período de lo más básico, el alimento; también jubilados y jubiladas, los niños, las niñas y jóvenes hambreados, carentes del acceso a la salud y educación, las personas que deben atenderse en el sistema público de salud, en especial quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. A esta enumeración se suman la clase trabajadora y estudiantes de las universidades públicas, que vienen siendo hostilizados de manera inédita, por la virulencia y la infamia de las invectivas y acusaciones del homúnculo que nos gobierna.
Si bien este gobierno ha hecho de las instituciones públicas y sus trabajadorxs un blanco principal, es innegable que el conflicto universitario se ha transformado en un punto axial, que completa el cuadro de las víctimas del proyecto de Milei y sus mandantes: el exterminio lento de las personas pobres, ancianas, niños y jóvenes, enfermos, y por supuesto, las mujeres trabajadoras empobrecidas, las comunidades indígenas despojadas, los colectivos de la diversidad sexual estigmatizados.
Para el gobierno de Milei, que se dedica a hambrear, violentar, apalear, la resistencia de los universitarios y universitarias es un desafío a vencer, un batalla central a librar, para que el cúmulo de ataques y violencias políticas, económicas, sociales, no se consolide como un nuevo estado de cosas, como el nuevo orden de esta ultraderecha libertaria que dice querer “destruir” al estado mientras lo usa para sus negocios y sus fines de dominación, que reclama la defensa de las libertades individuales, pero funciona con una lógica de propaganda goebbeliana, y pone en acción una estrategia autoritaria de movilización total de las fuerzas del estado, represivas, administrativas, comunicativas, para violentar, difamar, mentir, cosificar, despreciar y aniquilar.
En ese marco, que no puede ser obviado ni soslayado, las decenas de tomas de facultades y espacios universitarios a lo largo y ancho de todo el país, las asambleas, intervenciones, declaraciones y proclamas públicas, en fin, todo tipo de acciones de lucha emprendidas por la comunidad universitaria, que a su vez ha recibido una amplia solidaridad social, supone un obstáculo de difícil abordaje para el gobierno que, luego de convalidado el veto a la ley de funcionamiento universitario en el Parlamento, sólo ha podido gritonear y mentir públicamente como toda respuesta a los cuestionamientos y medidas de lucha.
Estos acontecimientos se desarrollan, mientras está en gatera la discusión de la Ley de Presupuesto, que pone en peligro absoluto al presupuesto universitario, para el que está previsto otorgar la mitad de los fondos que solicitan los rectores del CIN al gobierno nacional.
El ataque de Milei a las universidades públicas no se detiene, busca las vías para una destrucción del sistema de educación superior, y este propósito consolida el efecto pretendido por el gobierno, de construir su déficit cero y su política de ajuste brutal a costa de los sectores más débiles, o con mayor nivel de afectación por sus medidas, en el límite de la supervivencia en muchos casos.
Frente a un gobierno que destruye y mata, la comunidad universitaria se moviliza, resiste, se organiza.
La proliferación de tomas y asambleas, así como de otros métodos de acción directa, buscados casi instintivamente por el estudiantado, y también por los trabajadores y trabajadoras universitarias, muestra, de una parte, el cuestionamiento a las dirigencias gremiales burocráticas o “dialoguistas”, así como la exigencia a las autoridades universitarias de radicalizar y sostener los reclamos colectivos, y, de otra, se transforma en el suelo de un salto político y organizativo que puede reclamar una palabra política autorizada para convocar a la resistencia sin cuartel al ataque del gobierno y sus mandantes empresariales y financieros, y construir las vías de una salida que proyecte otra sociedad, de cuestionamiento absoluto al capitalismo y a su crueldad y destrucción sin fin.
Luego de la movilización multitudinaria del 2 de octubre, en las Universidades Nacionales se sostuvieron diferentes medidas de acción directa, y se ingresó en la discusión acerca de cómo impulsar este proceso de lucha en un marco en el cual, además de la confirmación del veto por el plexo parlamentario de la LLA, PRO y cómplices de la UCR y el PJ, el gobierno mantiene su política presupuestaria hacia la universidad, incluido el aumento compulsivo y absolutamente insuficiente del 6,8%. En efecto, lejos de haber convocado a discusiones paritarias y de avanzar en un aumento del salario que recomponga el atraso que a la fecha de la movilización del 2/10 rozaba el 50%, el gobierno persiste en su postura de ahogo presupuestario y salarial.
Además, la discusión del presupuesto 2025 está completamente enfriada, lo cual es en parte previsible, pero coloca a los sectores más castigados por las políticas gubernamentales, sobre todo los trabajadores del estado, la educación y salud pública, en una situación de suma vulnerabilidad en cuanto a sus condiciones de vida para el año entrante. Las conducciones gremiales y políticas del régimen, aportan lo suyo, manejando una temporalidad fantasmática en cuanto a su peso en la puja con el gobierno, y dominada por sus intentos de sostener una regulación del conflicto que no cuestione su carácter dirigente y les permita maniobrar en la perspectiva de las elecciones 2025 y la consolidación de sus liderazgos sindicales y partidarios. Queda claro que la defensa genuina de la universidad solo puede venir de sus estudiantes y trabajadores. Es este aspecto las auto convocatorias, que se desarrollaron en algunas casas de estudio, resulta un herramienta fundamental para sobrepasar a las burocracias que frenan las luchas en base a sus intereses personales o políticos.
En este marco, cuyos tiempos de conflicto social son difíciles de transitar, resulta clave al menos sostener tanto una línea de intervención política y organizativa que consolide el proceso de movilización y lucha de 2024, en vistas a un 2025 que sólo augura mayor ajuste, como la persistencia en agudizar y clarificar el diagnóstico de la coyuntura política y en atender una dimensión programática que pueda elevar estos procesos para cuestionar de raíz al orden capitalista y a su lógica de muerte y destrucción programada.
¡Por el triunfo de la rebelión educativa!
Volante que vamos a estar repartiendo en la movilización educativa del 12 de noviembre de 2024
