Quedan solo algunos días para terminar el año 2025 y el gobierno nacional, en manos de Milei, ya logró la aprobación del Presupuesto 2026, con apoyo de sectores de la oposición. Este hecho político constituye un punto de apoyo central para avanzar en el ajuste estructural, ya que el presupuesto contiene recortes profundos en educación y ciencia y elimina los pisos obligatorios de inversión educativa que estaban vigentes. Esto se traduce directamente en menos recursos para salarios docentes, infraestructura, condiciones de cursada y funcionamiento de las instituciones educativas. Además, el Presupuesto 2026 elimina el Fondo Nacional para la Educación Técnico-Profesional que financiaba infraestructura, talleres y capacitación docente en más de 1.500 escuelas técnicas del país, al mismo tiempo que el gobierno intenta acelerar en el Congreso el tratamiento de la Reforma Laboral, completando un paquete integral de ataques contra la clase trabajadora.
La aprobación de este Presupuesto no fue un hecho aislado ni responsabilidad exclusiva del oficialismo. El ajuste fue garantizado por una mayoría construida con el acompañamiento de los bloques de La Libertad Avanza, el PRO y la Unión Cívica Radical, junto con sectores del peronismo que facilitaron el quórum y los votos necesarios. En particular, tres senadores peronistas votaron a favor del Presupuesto, permitiendo que el gobierno cuente con el respaldo político necesario para avanzar con su programa de ajuste. De este modo, el ajuste no expresa solo la voluntad del gobierno, sino un alineamiento político de fuerzas del régimen dispuestas a sostenerlo.
Al mismo tiempo, impulsa una nueva reforma en educación, denominada Libertad educativa, que surge de los compromisos asumidos en las reuniones del Consejo de Mayo. La llamada Ley de Libertad Educativa no introduce simples modificaciones al marco vigente, sino que deroga la Ley de Educación Nacional N.º 26.206, eliminando incluso ese esquema limitado y contradictorio mediante el cual el Estado capitalista intervenía en la educación como derecho social. No se trata del abandono de un modelo igualitario inexistente, sino del desmantelamiento de una forma de intervención estatal que, aun subordinada a las necesidades del capital, establecía obligaciones formales hoy reemplazadas por una regulación abiertamente mercantil.
Así, este gobierno de ultraderecha quiere esconder, bajo la palabra libertad, el robo del derecho a la educación que se consagró a fines del siglo XIX, bajo la premisa de educación gratuita, obligatoria y laica. El gobierno libertario no solamente ataca, con el ajuste, a la educación universitaria, sino a todos los niveles educativos. Los anteriores gobiernos sometieron al sistema educativo a un estado calamitoso y desastroso, Y ESTE LO QUIERE ENTERRAR.
Enalteciendo al liberalismo y realzando el rol del individuo en la sociedad liberal, esta ley deja de lado la gratuidad, la laicidad y la equidad que promueve un sistema educativo que se basa en los “derechos humanos”, reconocidos de manera formal por este sistema capitalista, pero negados en la práctica cuando entran en conflicto con el ajuste y las necesidades políticas de la clase dominante. La ley deja de concebir a la educación como un derecho social, incluso en su forma limitada y contradictoria dentro del Estado capitalista, y la redefine como un derecho humano individual ligado al proyecto de vida de cada persona, desligando al Estado de su obligación de garantizar condiciones materiales de igualdad. La lógica de la educación como derecho tiene raíces históricas profundas. Surge de los ideales de la Revolución Francesa, pero para los primeros revolucionarios burgueses se trató más de un principio declarativo que de una prioridad política efectiva.
En el capitalismo, el sistema educativo no está por fuera de la lucha de clases, sino que se organiza históricamente en función de las necesidades de reproducción del capital y de la formación de la fuerza de trabajo, subordinando los contenidos, los métodos y los objetivos educativos a los intereses económicos dominantes. En este marco, la enseñanza deja de orientarse a la satisfacción de las necesidades sociales de la clase trabajadora y a su desarrollo integral, para ser moldeada según criterios de utilidad, productividad y rentabilidad. La llamada Reforma de Libertad Educativa profundiza esta lógica al concebir a la educación como un servicio adaptable al mercado, consolidando un sistema educativo funcional a la acumulación capitalista y desvinculado de cualquier proyecto de transformación social.
La situación de crisis del sistema educativo generó la posibilidad de hacer de la educación un gran negocio, con el aval del Estado, que favoreció a iglesias y a grupos de inversores privados, los cuales incluso recibieron sustanciosos aportes estaduales.
Hagamos un poco de historia
El Estado, con la sanción de la Ley N.º 1420 a fines del siglo XIX, concibió a la educación como un proceso de cambio, homogeneización y modernización social, en el marco de un proyecto estatal burgués en consolidación. Con la Ley de Educación Común se establecieron dos principios fundamentales, la obligatoriedad de la enseñanza y su carácter gratuito y laico, bajo responsabilidad estatal. Fue una norma fuertemente resistida, ya que el gobierno de la época debió ejercer presión política que incluso lo llevó a romper relaciones con la Iglesia católica. Se trató de un Estado que asumió de manera exclusiva la democratización de la educación, aunque dentro de los límites sociales y políticos de la Argentina oligárquica, como paso previo a la ampliación de los derechos políticos del ciudadano que luego se consolidarían con la Ley Sáenz Peña del voto secreto, universal y obligatorio. Antes de la Ley de Educación Común, el nivel de alfabetización era extremadamente bajo, menos de uno de cada cinco habitantes sabía leer y escribir. La Ley 1420 fue, así, la herramienta política fundamental que orientó la temprana expansión del sistema educativo.
A partir de 1947, con las regulaciones impuestas durante el primer gobierno de Perón, comenzaron los subsidios a las escuelas privadas mediante la sanción de la primera ley de subvenciones, introduciendo una contradicción de fondo en un sistema que, mientras ampliaba el acceso a la educación pública, comenzaba a financiar de manera permanente a la gestión privada. Este esquema se consolidó en su forma actual en 1991, durante el gobierno de Carlos Menem, cuando se establecieron categorías de aporte estatal según el cobro de aranceles, que iban desde el 80 por ciento al 40 por ciento del financiamiento, según la institución educativa subvencionada.
Durante la década del 60 del siglo XX comenzaron los intentos sistemáticos de imponer una nueva política educativa, en función de los intereses del capital y de las necesidades de disciplinamiento social del Estado, en un contexto de crisis económica, luchas obreras y radicalización política. Los antecedentes inmediatos de la reforma introducida por la Ley Federal de Educación en 1994 se encuentran en los sectores políticos de derecha que impulsaron y participaron tanto en la llamada Revolución Argentina como en el llamado Proceso de Reorganización Nacional.
La Revolución Argentina, encabezada por el general Onganía, atacó duramente a la universidad pública. La Noche de los Bastones Largos y la sanción de leyes que suspendieron la autonomía universitaria y prohibieron toda actividad política en las universidades ilustran con claridad la orientación de ese período. El proyecto de reforma educativa impulsado por este gobierno tuvo un rasgo central, el reconocimiento de la familia como agente primario y natural de la educación, asignando a la Nación y a las provincias un rol meramente subsidiario, mientras se habilitaba la participación de familias, iglesias, municipios, universidades, fundaciones y actores privados. Esta concepción, que desplaza al Estado como garante del derecho social y lo reemplaza por una lógica subsidiaria, constituye un antecedente directo de las actuales propuestas de libertad educativa.
Para ese gobierno, el único problema a resolver en materia educativa era una cuestión de seguridad nacional. Según los ideólogos de la Revolución Argentina, existía una peligrosa infiltración ideológica en el sistema educativo. La educación fue concebida así como un terreno central de disputa política y de control ideológico, lo que habilitó un rol cada vez más predominante de la Iglesia en la política educativa y favoreció la expansión de la educación privada como herramienta de disciplinamiento social y cultural.
Fue también durante este período que se gestó la descentralización de la política educativa, mediante decretos que impulsaron la transferencia de escuelas primarias de la Nación a las provincias. Este proceso no solo fragmentó el sistema y debilitó la responsabilidad del Estado nacional en el financiamiento educativo, sino que, de manera deliberada, comenzó a denominarse educación pública a toda la educación, tanto de gestión estatal como privada, diluyendo la distinción entre ambas para legitimar el avance de la privatización con fondos públicos. Esta fragmentación no es neutral, sino que orienta los planes de estudio a las necesidades inmediatas del mercado capitalista y consolida un modelo educativo funcional a un país proveedor de materias primas, basado en mano de obra barata y de baja calificación.
De este modo, el Estado, junto a la Iglesia y a organizaciones sociales afines al gobierno, llevó adelante políticas educativas que produjeron transformaciones profundas en el sistema educativo, las cuales se cristalizaron en la década del 70, durante la más nefasta y sangrienta dictadura cívico-militar de nuestra historia. Estas reformas sentaron las bases para que, más adelante, en la década del 90, se consolidaran en la Ley Federal de Educación.
Los ataques contra el sistema educativo público no se limitaron a los períodos dictatoriales. Durante la década de 1990, bajo el gobierno de Carlos Menem, se profundizó el desmantelamiento de la educación pública mediante la Ley de Transferencia Educativa y la Ley Federal de Educación, consolidando el desfinanciamiento, la fragmentación del sistema y el deterioro de las condiciones laborales docentes. En el nivel superior, la sanción de la Ley de Educación Superior de 1995 introdujo un giro decisivo al concebir a la educación como un servicio subordinado a las necesidades del mercado, habilitando la expansión de la lógica mercantil, la participación privada en la investigación universitaria, el arancelamiento de los estudios de posgrado y el avance sobre la autonomía universitaria mediante organismos de control externos.
Estas transformaciones respondieron a una orientación consciente del Estado capitalista frente a la crisis, orientada a adaptar el sistema educativo a las exigencias de la acumulación, la competitividad y la formación de fuerza de trabajo funcional a ese proceso.
Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, si bien se incrementó el presupuesto universitario y se crearon nuevas universidades nacionales, la Ley de Educación Superior no fue derogada ni modificada, preservando intacta la base legal de la mercantilización. La meta de inversión educativa del 6 por ciento del PBI, establecida formalmente por la Ley de Financiamiento Educativo, no se cumplió de manera sostenida y quedó sujeta a los vaivenes del ciclo económico, sin constituirse nunca en una garantía estructural frente a los posteriores ajustes presupuestarios.
Finalmente, el sistema educativo estatal, tal como funciona desde la reforma de 2006 con la Ley de Educación Nacional N.º 26.206, lejos de revertir estas tendencias, las administra y las reproduce. Bajo la idea de la inclusión, el sistema educativo opera como una caja de contención social en un contexto de crisis estructural, con escuelas pobres y docentes pobres para los hijos e hijas de la clase trabajadora, mientras se mantiene y garantiza una educación privilegiada para los hijos de la burguesía.
Una ley que va como anillo al dedo para los capitalistas
Artículo por artículo, la ley se basa en un eje fundamental que es encumbrar el rol de la familia como agente natural de la educación según el art. 4. Esta idea no es inocente ni neutral. El Estado no se retira de la educación, sino que interviene activamente para trasladar de manera deliberada sus responsabilidades a las familias, presentando como natural una realidad social atravesada por profundas desigualdades. De este modo, se ocultan las condiciones materiales en las que vive la clase trabajadora y se legitima que el acceso a la educación quede determinado por los recursos de cada hogar. El énfasis del proyecto sobre el principio de libertad como valor rector del sistema educativo subordina a los principios como igualdad y solidaridad y consolida al mercado como principal regulador de la educación.
Si bien la familia siempre fue considerada agente natural y primario, en las leyes anteriores aparecía en un lugar subsidiario. Esta reforma no sólo coloca a la familia como eje central, en una lógica idéntica a la impulsada durante el gobierno de Onganía, sino que además, a través de las instituciones educativas como intermediarias, le otorga atribuciones decisivas que antes eran responsabilidad del Estado. La familia pasa a definir el calendario escolar, la forma de cumplir con las 540 horas reloj anuales y también la selección del personal que trabajará o no en cada escuela. El Estado pasa a ocupar un rol de garante formal, limitado al control de que se cumpla la enseñanza y el aprendizaje de manera subsidiaria, tanto en la administración como en el presupuesto educativo.
Cada escuela podrá definir su plan de estudios según el art. 10, así como sus métodos de enseñanza, su organización interna y su calendario escolar. A la vez, se formalizan formas alternativas de enseñanza bajo la denominación de educación abierta según el art. 5, promoviendo la educación en el hogar, el home school, y los entornos virtuales de aprendizaje o sistemas digitales integrales. De este modo se habilita la desescolarización y la mercantilización de la acreditación educativa, donde quien tenga recursos podrá pagar por evaluar y certificar saberes medidos de forma estandarizada aun sin asistir a la escuela.
De este modo, la organización del sistema educativo deja de estar bajo una conducción estatal unificada, fragmentando la toma de decisiones y debilitando toda planificación pública y el control estatal. Con esta ley, el gobierno educativo se fragmenta y pasa a ser potestad de las instituciones, donde el consejo de padres, en conjunto con el equipo directivo, se vuelve una pieza fundamental. Son estos actores quienes definen los planes de estudio, la contratación y permanencia de docentes y la admisión, permanencia y disciplina de los estudiantes, en un esquema donde el peso real de las decisiones queda determinado por las desigualdades sociales y económicas entre las familias que integran esos consejos, consolidando una forma de gobierno educativo privatizada y fragmentada, aun cuando se presente bajo marcos institucionales formales.
Lejos de promover una participación democrática real, este esquema reorganiza el poder educativo para fragmentar a la comunidad escolar y debilitar cualquier forma de organización colectiva.
El Estado nacional sólo sostendría funciones limitadas, como mantener un financiamiento discriminado y selectivo, generar pautas en la definición de contenidos mínimos, desarrollar políticas de evaluación y construir consensos en el marco del Consejo Federal de Educación. De este modo, se desconocen las funciones educativas y las responsabilidades del Estado nacional y de las jurisdicciones, así como las legislaciones laborales vigentes para la contratación de personal docente y no docente.
Los arts. 13 y 78 ponen en pie de igualdad a la educación pública y privada en materia de financiamiento, habilitando al Estado a entregar recursos a ambas de la misma manera. Esto ocurre mientras cada vez hay menos recursos para la educación pública, que viene sufriendo ajuste tras ajuste. En el último ciclo lectivo, a nivel nacional, solo se invirtió el 0,74 por ciento del PBI en educación pública, mientras los docentes absorbieron el ajuste mes a mes en sus salarios, con la quita de ítems salariales, conectividad, recursos didácticos y el FONID. La ley elimina cualquier obligación concreta de financiamiento educativo por parte del Estado nacional y abandona la meta histórica de inversión del 6 por ciento del PBI, sometiendo la asignación de recursos a criterios de eficiencia y resultados. Para completar este esquema, el proyecto permite implementar dispositivos de financiamiento por la demanda de las familias o los estudiantes mediante vales, bonos, becas, créditos fiscales u otros instrumentos equivalentes, rompiendo el principio de igualdad material y transformando el derecho a la educación en una lógica de competencia entre instituciones y familias.
De este modo, la lógica del mercado, dominada por los intereses del capital financiero y de los grandes grupos económicos, deja de ser un complemento y una distorsión del sistema educativo para convertirse en su principio ordenador.
En este esquema, el vaciamiento curricular es evidente. La ley sólo enuncia como contenidos fundamentales aquellos vinculados a las Islas Malvinas, mientras excluye referencias a educación sexual integral, derechos humanos, ciudadanía y ambiente, reduciendo la formación educativa a saberes funcionales al mercado.
Ley de libertad educativa va de la mano con la ley de reforma laboral
De acuerdo con la lógica libertaria y mercantilista de La Libertad Avanza y en coherencia con el espíritu general del proyecto, la llamada Ley de libertad educativa avanza sobre el trabajo docente poniendo fin a la estabilidad laboral y despojando aún más los derechos laborales, anticipando en el ámbito educativo los lineamientos centrales de la reforma laboral que el gobierno busca extender al conjunto de las y los trabajadores. Todo esto se justifica bajo el argumento de la esencialidad educativa, que funciona como herramienta para limitar el derecho a huelga y disciplinar a las y los trabajadores de la educación.
La estabilidad laboral docente queda supeditada al llamado desempeño satisfactorio, a la capacitación, a la ética profesional y a evaluaciones periódicas con un plazo máximo de cuatro años, no como una herramienta de mejora pedagógica colectiva, sino como un mecanismo individualizante de control y disciplinamiento laboral, bajo los criterios del equipo directivo y del consejo escolar integrado por padres. Este último, además, incide en el nombramiento y la remoción del propio equipo directivo. Todo este esquema se inscribe en una lógica productivista que vulnera derechos laborales históricamente conquistados y rompe con los principios del Estatuto Docente.
La selección docente deja de ser una atribución de las provincias y pasa a manos del director de cada institución. Este no solo podrá seleccionar al personal, sino también proponer la suspensión y separación de docentes, administrar recursos financieros y aprobar la admisión de estudiantes conforme a las políticas institucionales, además de garantizar la disciplina y la convivencia escolar. De este modo, se concentran funciones pedagógicas, administrativas y disciplinarias en una sola figura, profundizando la precarización laboral y el control jerárquico.
Bajo una lógica empresarial, el proyecto establece además que los equipos directivos sean declarados responsables civiles y comerciales por lo que suceda en la institución con las y los estudiantes, convirtiéndolos en gestores y administradores sometidos a criterios de rendimiento, control y responsabilidad legal, en detrimento de su función pedagógica y colectiva.
Este proyecto también modifica la Ley de Educación Superior. El Estado nacional asignará los fondos de la siguiente manera, un 75 por ciento según el número de estudiantes, un 20 por ciento según criterios de desempeño como cantidad de egresados, calidad e impacto de la producción científica, alcance y calidad de la extensión universitaria y trayectoria académica de la planta docente, y un 5 por ciento a través de programas específicos orientados a la mejora institucional. Este esquema profundiza la competencia entre instituciones y somete la financiación universitaria a criterios de rendimiento propios del mercado.
Queda claro que este proyecto no solo ataca derechos consagrados en el Estatuto Docente, sino que avanza en la destrucción de la educación pública al declarar a la educación como servicio esencial. En coherencia con el espíritu mercantilista de la ley, se pone fin a la estabilidad docente mediante evaluaciones periódicas y se profundiza la precarización laboral con el argumento de la esencialidad educativa, limitando de manera directa el derecho a huelga.
Con esta ley, el Estado profundiza la competencia educativa a través de la creación de un Sistema Federal de Monitoreo de Inversión Educativa destinado a publicar información y analizar la eficacia y eficiencia en la asignación de recursos. Se establece que toda institución que reciba financiamiento público deberá presentar una rendición detallada del uso de los fondos. Esta exigencia refuerza la lógica empresarial y obliga a quienes ocupan cargos directivos a desplazar la centralidad de su tarea pedagógica hacia la administración de recursos económicos, consolidando un modelo de gestión que subordina la educación a criterios contables y de eficiencia.
Este proceso no solo precariza masivamente el trabajo docente, sino que prepara una expulsión estructural de trabajadores de la educación y consolida un modelo educativo reducido a la acreditación de saberes funcionales a la acumulación capitalista, vaciado de toda función colectiva y de toda perspectiva de formación integral para la clase trabajadora.
¿Qué hacer ante el avance sobre los derechos de enseñar y aprender?
Con este proyecto se busca culminar un proceso mediante el cual el Estado nacional redefine su intervención en la educación, abandonando incluso su papel limitado como garante formal del derecho social para subordinar el sistema educativo de manera abierta a las necesidades del capital. Se promueve el individualismo como principio rector y se consolida al capital como regulador de las relaciones educativas y laborales, mientras las direcciones sindicales docentes continúan atadas a una estrategia de presión institucional incapaz de enfrentar un ataque de carácter estructural.
La experiencia reciente demuestra que las respuestas restringidas a declaraciones públicas o gestos testimoniales resultan completamente insuficientes frente a una ofensiva de esta magnitud. Esta orientación no solo fracasa en detener el ajuste, sino que contribuye a la desorganización y desmoralización de sectores importantes de la docencia.
En este marco se inscribe la posición adoptada por CTERA. Si bien la conducción de la central expresó su rechazo formal al proyecto de Ley de Libertad Educativa y cuestionó su carácter antidemocrático, esa posición queda completamente vaciada al negarse a impulsar la organización desde las escuelas, la deliberación colectiva y un plan de lucha sostenido a escala nacional. La ausencia de convocatorias a asambleas resolutivas, plenarios y medidas coordinadas convierte ese rechazo en un gesto puramente declarativo, incapaz de alterar el curso del ataque en marcha.
Este límite no es accidental ni producto de una coyuntura particular. Expresa una orientación política que concibe la defensa de la educación dentro de los márgenes del régimen y de la negociación con un Estado que actúa conscientemente como ejecutor del ajuste. En estas condiciones, la política de contención sindical cumple un rol objetivamente funcional al gobierno, desarmando a la docencia frente a una ofensiva que exige organización y confrontación abierta.
Cuando las conducciones sindicales, tanto a nivel nacional como en cada provincia, se niegan a impulsar un plan de lucha sostenido y llevado hasta las últimas consecuencias, se transforman en un obstáculo directo para la defensa de la educación pública. En esas condiciones, la docencia no puede quedar rehén de direcciones que administran la pasividad. La experiencia demuestra que es necesario superar estos límites mediante la autoconvocatoria desde las escuelas, impulsando asambleas democráticas que permitan elegir verdaderos representantes de las y los trabajadores de la educación, en coordinación con estudiantes y familias, y construir una dirección de lucha capaz de enfrentar de manera consecuente el ataque del gobierno.
La educación no puede ser definida ni gestionada de espaldas a quienes la sostienen cotidianamente. Frente a reformas impuestas desde arriba y al servicio del capital, su defensa exige ser discutida y decidida colectivamente, reconociendo que se trata de un problema político y de clase, no técnico. En ese marco, la organización en asambleas se vuelve una herramienta central para romper el aislamiento, unificar reclamos y construir una respuesta consciente frente al ajuste y la mercantilización.
En este escenario, el rol de las y los estudiantes resulta decisivo, en particular el de la juventud universitaria, terciaria y secundaria. La experiencia reciente demuestra que cuando la juventud entra en escena, el ajuste encuentra límites. Las tres grandes movilizaciones universitarias nacionales desarrolladas a lo largo del año expresaron una disposición a la lucha real que no puede ser diluida ni canalizada hacia salidas testimoniales. Estas jornadas mostraron que existe una base concreta para enfrentar el avance del gobierno si se logra dotar al proceso de continuidad, coordinación y orientación política clara.
Sin embargo, la falta de una estrategia que unifique demandas y le dé continuidad al proceso permite que, tras cada movilización, la energía acumulada tienda a dispersarse. Por eso, resulta fundamental estrechar las reivindicaciones, unificando la defensa del presupuesto educativo, las becas estudiantiles, las condiciones de cursada y el salario docente como parte de una misma pelea contra el ajuste y la mercantilización.
En este proceso, la participación de la juventud secundaria, y en particular de las y los estudiantes de las escuelas técnicas, ocupa un lugar clave frente al vaciamiento de talleres, el recorte de prácticas profesionalizantes y la eliminación de fondos específicos. Incorporar plenamente a la juventud secundaria y técnica a una estrategia común es una condición indispensable para enfrentar un ataque que busca fragmentar el sistema educativo y dividir a sus protagonistas.
La coordinación entre estudiantes, juventud trabajadora y docencia se vuelve una tarea estratégica. Las asambleas, las tomas de facultades y colegios votadas democráticamente, los cuerpos de delegados y las coordinaciones interclaustros no son fines en sí mismos, sino herramientas necesarias para romper el aislamiento, elevar la conciencia política y construir una relación de fuerzas favorable.
Frente a este proyecto, defendemos una educación organizada como un derecho colectivo y no como un servicio, sostenida por un sistema educativo unificado bajo responsabilidad estatal, con financiamiento garantizado y condiciones laborales estables. Una educación orientada al desarrollo integral de la clase trabajadora, que articule saber científico, formación técnica, pensamiento crítico y producción cultural, una perspectiva que no puede realizarse plenamente bajo el dominio del capital, sea cual sea el gobierno de turno, porque choca con sus prioridades de ajuste y disciplinamiento, y que solo puede construirse en la lucha directa contra sus políticas educativas y laborales.
Desde la docencia debemos plantarnos no solo denunciando esta reforma, sino organizándonos de manera consciente y colectiva. Impulsar la organización en cada escuela, promover asambleas y plenarios, y enfrentar al gobierno mediante huelgas y movilizaciones es una tarea inmediata para defender la educación pública, gratuita y laica. Esto implica rechazar la descentralización y fragmentación del sistema educativo, exigir un salario nacional docente acorde a la canasta familiar por cargo y defender el Estatuto Docente y la estabilidad laboral, como parte inseparable de la pelea general contra el gobierno de los capitalistas.
La defensa de la educación pública es inseparable de la lucha por una transformación profunda de la sociedad, porque mientras gobiernen los capitalistas, ningún derecho estará a salvo.
¡Plata para salarios, becas, comedores, infraestructura y condiciones de cursada!
¡Restitución inmediata del Fondo Nacional para la Educación Técnico-Profesional!
¡No al desfinanciamiento de la educación pública en ningún nivel!
¡Abajo el Presupuesto 2026 del ajuste!
¡Restablecimiento de los pisos obligatorios de inversión educativa!
¡Presupuesto educativo discutido y controlado por trabajadores y estudiantes!
¡Salario docente igual a la canasta familiar por cargo, con actualización automática!
¡Defensa del Estatuto Docente y de la estabilidad laboral!
¡Pleno derecho de huelga! ¡No a la educación como servicio esencial!
¡Abajo la Ley de Libertad Educativa!
¡No a los vouchers, bonos y subsidios por demanda!
¡Sistema educativo público, estatal, gratuito y laico! ¡Basta de financiar la educación privada!
¡Asambleas en cada escuela, instituto y universidad!
¡Delegados electos con mandato y revocabilidad!
¡Coordinación provincial y nacional de la docencia y el movimiento estudiantil!
¡Continuidad de las movilizaciones y apoyo a las tomas votadas democráticamente!
¡Hacia una huelga educativa nacional para frenar el ajuste!
¡Que la crisis no la paguen la educación ni la clase trabajadora!
¡Que se vayan todos!
¡Por un gobierno de los trabajadores!
