El pasado 25 de octubre, el juez a cargo de la causa por la que han sido criminalizados César Arakaki y Daniel Ruiz, militantes del PO y del PSTU respectivamente, ha ratificado la condena de ambos compañeros, lo que constituye una sentencia infame contra toda la clase trabajadora. Se trata de una condena que sienta un precedente en la jurisprudencia, útil a la clase dominante y el Estado a los fines de restringir y hasta negar el legítimo derecho a la protesta de las y los trabajadores, de cara a las luchas que están por venir.
Un castigo ejemplar contra la clase obrera por haber enfrentado en las calles el nefasto robo de las jubilaciones
Arakaki y Ruiz, junto a decenas de trabajadores y militantes de la izquierda, fueron criminalizados por su participación en la masiva movilización de decenas de miles de laburantes en las calles de Buenos Aires el 18 de diciembre de 2017, convocada para frenar la pérfida reforma previsional que fue votada ése día en el Congreso.
La reforma previsional significaba una confiscación de facto de las jubilaciones de las y los trabajadores, como parte de una política sistemática de ataques contra la clase trabajadora por parte del gobierno Macri/Cambiemos. Una política dirigida a proteger y beneficiar las ganancias de la burguesía a costa de la pauperización de los laburantes en el contexto de crisis mundial del capitalismo.
La reforma era entonces, un salto cualitativo en la expropiación cotidiana del esfuerzo y fruto del trabajo obrero por parte del capital, una profundización de la explotación de las mayorías laburantes.
La respuesta necesaria y legítima de la clase obrera fue la movilización masiva para rechazar ése robo por parte de los capitalistas, su Estado y el gobierno de Cambiemos. Este último, por su parte, ordenó la contención de la protesta democrática del pueblo trabajador mediante un fuerte operativo policial que implicó represión abierta, causando más de 150 heridos y decenas de detenidos.
Decenas de miles de militantes, jóvenes, trabajadores y jubilados se movilizaron a las afueras del Congreso los días 14 y 18 de diciembre para enfrentar la reforma en las calles. Aquella vasta marea humana fue repelida por la policía federal, la policía de CABA y la gendarmería con gases lacrimógenos, balas de goma, palos y cacerías de manifestantes. Fueron de hecho numerosas las violaciones de derechos humanos que cometieron las fuerzas represivas durante aquellos días: como lanzar gas pimienta a jubilados, disparar gases lacrimógenos dentro de una estación de subte llena de gente, atropellar a otro jubilado con un camión de la policía o a un joven con una moto de la policía. También, de forma similar a como operaron las fuerzas represivas en Chile contra la juventud en lucha en 2018, dispararon a la cara contra centenares de manifestantes, causando a tres de estos la pérdida de un ojo.
Claro, aquello se trató de la violencia del Estado, de los capitalistas, una violencia absolutamente legítima para ellos en los términos de la defensa de su propiedad y de su poder económico, y además, legalmente soportada por todo el peso de las instituciones de in-justicia burguesa.
En respuesta a la represión salvaje de la policía y demás cuerpos represivos, una capa de militantes de varias organizaciones de la izquierda hicieron frente y respondieron con piedras y fuegos artificiales, armas improvisadas por la clase obrera y los pobres en un contexto en el que el Estado capitalista es el que monopoliza la violencia para poder controlar y disciplinar a los trabajadores, y aplastarlos cuando se salen del carril, como en aquellas jornadas combativas de diciembre de 2017.
Apenas la policía cargó sobre los manifestantes, como ya hemos dicho, comenzó la cacería de militantes, trabajadores y activistas de izquierda. A pesar de la resistencia valiente de las y los compañeros que se mantuvieron en el frente de batalla, ello derivó en la detención de decenas de camaradas en las horas, días y meses siguientes.
En el caso de Arakaki, se le condenó por las lesiones que sufrió uno de los policías participantes en la acción represiva contra los manifestantes. En el caso de Ruiz, por el uso de fuegos de artificio para repeler la feroz represión policial –por esta razón también se acusó, persiguió y criminalizó al militante del PSTU y obrero industrial Sebastián Romero, sometido al escarnio público por la prensa burguesa, que le bautizó con el infeliz apodo de “el gordo del mortero”. En el caso de Arakaki, el propio policía se retiró del procedimiento judicial porque un video demostraba que éste no tuvo responsabilidad alguna sobre las lesiones que sufrió. Sin embargo, el fiscal a cargo de la acusación decidió llevar el proceso hasta el final.
El CELS, que se presentó como amicus curiae durante el proceso judicial, advirtió precisamente sobre la falta de pruebas para justificar las condenas de Arakaki y Ruiz, y también, sobre la utilización de la figura de “intimidación pública”, una calificación extremadamente amplia, que por ende permite ser aplicada de forma deliberada a los efectos de criminalizar a luchadores y activistas obreros y populares. En efecto, esta calificación fue utilizada con frecuencia durante aquel período para perseguir y judicializar a numerosos luchadores y militantes contra el gobierno Macri y su política de ajuste capitalista, incluyendo por supuesto, a las decenas de compañeros detenidos en diciembre de 2017.
Se trata de un método de criminalización y judicialización que el Estado capitalista aplica para atemorizar y disciplinar al movimiento obrero, y, en el caso de un auge en las luchas y movilizaciones, mantenerlo a raya. De eso es lo que se trata, simple y llanamente, la sentencia contra Arakaki y Ruiz.
La ratificación de la sentencia a la luz de la profundización del ajuste capitalista y las tareas del movimiento obrero
Vivimos tiempos muy complejos. Tiempos de agudización de las contradicciones económicas, sociales y políticas en la Argentina y en todo el mundo. Tiempos de auge de la lucha de clases.
Gobierne quien gobierne, la clase dominante necesita descargar el peso de la crisis sobre los hombros de los trabajadores, profundizando la política de ajuste exigida por el FMI. Y para ello necesita emplear la fuerza pública del Estado, con el fin de aplastar cualquier intento de las y los explotados de enfrentar el ajuste con sus herramientas históricas de lucha.
La ratificación de la sentencia de los compañeros muestra que la clase dominante viene afinando los instrumentos de represión policial y judicial para poder aplicar con éxito su ajuste hambreador. Lo ocurrido en Jujuy este año es el ejemplo más grave, pero no el único. Ahora mismo, en Córdoba la fiscalía local acaba de efectuar una acción inédita,al imputar a cinco militantes piqueteros de la ATE, el MST, MTR, Polo Obrero y Libres del Sur, por los cortes de ruta ocurridos en el pasado mes de abril. Los compañeros podrían ser condenados a tres años de prisión.
Más allá de venidero balotaje y de su resultado, la única posibilidad de derrotar la represión estatal y defender nuestros derechos democráticos y reivindicaciones sociales, pasa por la construcción de una organización de la clase obrera con el objeto de llevar adelante, más allá de los límites del trabajo parlamentario, la lucha por la defensa del salario, las condiciones de vida y trabajo, y para frenar y derrotar el ajuste del FMI. Necesitamos de una organización que emplee los métodos de la democracia obrera para desarrollar una instancia de coordinación de las luchas de las y los laburantes, más allá de las direcciones sindicales burocratizadas, que plantee la cuestión de la huelga general y el Poder Obrero. Sólo así podremos avanzar en el objetivo de echar abajo a este sistema capitalista que necesita de la represión estatal para existir. A eso apostamos desde la Corriente Socialista Militante.
Toda nuestra solidaridad con Arakaki, Ruiz y con todas y todos los compañeros agraviados por la in-justicia del Estado capitalista. Debemos impulsar una campaña por la absolución de los compañeros en cada sindicato, fabrica, lugar de trabajo, barrio, escuela o universidad.
Debemos levantar nuestra voz, y actuar, para conseguir su libertad plena y la abolición de las condenas arbitrarias en su contra.
Nos seguiremos encontrando en las trincheras de lucha.
