En abril del año pasado señalamos que el plan económico de Milei y Caputo estaba agotado, que un derrumbe financiero con fuerte impacto inflacionario amenazaba con llevarse puesto al propio gobierno, y que en el mejor de los casos podrían aspirar a un “fracaso controlado”, sostenido por el auxilio del imperialismo norteamericano. Los acontecimientos confirmaron esa caracterización. Ese fracaso controlado evitó un colapso inmediato y se transformó en una estabilización reaccionaria, posible gracias al rescate político y financiero impulsado desde Estados Unidos por Trump y Bessent.
Ese sostén no puede explicarse sin mirar la situación mundial. En un escenario de crisis y disputa creciente entre potencias, donde el imperialismo norteamericano busca reafirmar su dominio frente al avance de China, América Latina vuelve a ocupar un lugar estratégico. El apoyo a Milei no expresa la solidez de su plan, sino la preocupación de los imperialistas en Washington de evitar un desorden en lo que consideran su propio patio trasero y mantener gobiernos alineados en su zona de influencia. La llamada estabilización es una pieza más de ese reordenamiento reaccionario en un mundo cada vez más inestable. De revolución, contrarrevolución y guerras.
Pero esta estabilización tiene corto vuelo. Como ocurrió bajo la dictadura financiera en 1976, en la convertibilidad de los años 90 o en el ciclo de endeudamiento reciente, la aparente calma descansa en el ingreso de dólares externos y en la especulación financiera de los capitalistas. Mientras el flujo continúa, el esquema se sostiene; cuando se interrumpe, reaparecen las tensiones acumuladas. El plan de los financistas y mandantes de Milei no rompe con esa lógica histórica del capitalismo argentino, sino que la reproduce bajo nuevas condiciones y en un escenario de mayor fragilidad social. Lejos de resolver las contradicciones estructurales de la economía argentina, las desplaza y las profundiza, acumulando nuevas tensiones que terminarán estallando con más fuerza.
A esta fragilidad se suma la creciente inestabilidad internacional. La escalada bélica en Medio Oriente volvió a sacudir los mercados y empujó al alza el precio del petróleo, mostrando que la supuesta estabilidad del plan económico depende también de un contexto mundial cada vez más turbulento. En una economía tan vulnerable como la argentina, cualquier shock externo puede exponer rápidamente la precariedad de un esquema sostenido sobre deuda y especulación financiera.
El “dólar anclado” de los últimos meses se sostuvo en buena medida por el ingreso de divisas proveniente del endeudamiento en dólares de grandes grupos económicos. Empresas del sector energético como YPF y Pampa Energía aprovecharon los beneficios que les proporciona Caputo para colocar bonos por cientos de millones, al igual que compañías de servicios como Transportadora de Gas del Sur y Edenor, y grupos industriales como Arcor y Loma Negra, o del sector financiero como Banco Galicia, BBVA Argentina, Banco Macro y Supervielle, que emitieron instrumentos en dólares para fortalecer su capital y refinanciar sus deudas. Ese ingreso de divisas aumentó transitoriamente la oferta de dólares y ayudó a contener el tipo de cambio, pero se trata de deuda privada, no de generación genuina de divisas.
En la economía de Milei, los grandes capitalistas amasan fortunas con un esquema atado con alambre, cuyas consecuencias las pagamos los trabajadores con despidos, caída salarial, desocupación, endeudamiento, violencia y mayor precarización de nuestras condiciones de vida. En una sociedad dividida en clases sociales opuestas y antagónicas no hay tercera vía ni conciliación posible entre explotadores y explotados. En el capitalismo la economía se organiza para garantizar la rentabilidad del capital, y por eso es la clase trabajadora la que termina pagando el costo. El Estado no es un árbitro por encima de las clases, sino el garante del orden existente y de la acumulación. Esa es su función.
Una clara muestra de esto es que la actividad económica, según cifras del gobierno, aumentó 4,4% en 2025. Pero al mirar los números de cerca queda claro quiénes ganan y quiénes pierden con el llamado “crecimiento económico”. Se registraron fuertes subas en minería, agricultura e intermediación financiera, es decir, en los sectores más concentrados y ligados a la exportación de materias primas y a la especulación financiera, que generan poco empleo y están en manos de grandes grupos económicos. En cambio, la industria, el comercio y la construcción crecieron por debajo del promedio y ni siquiera lograron recuperar las pérdidas acumuladas en 2024. La lógica es simple: crece el capital concentrado; retrocede el empleo y la economía real. En palabras simples, los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres.
La inflación acumula cinco meses consecutivos de suba y vuelve a golpear salarios que ya venían deteriorados. Solo en 2025 más de 150.000 trabajadores registrados pasaron a cobrar el seguro de desempleo tras perder su trabajo. Desde la asunción de Milei se perdieron cerca de 290.600 puestos de trabajo formales entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, según el SIPA del Ministerio de Trabajo, incluidos más de 63.234 en el sector público nacional. Al mismo tiempo, la informalidad laboral alcanzó alrededor del 43% de los ocupados, es decir, más de 5,6 millones de trabajadores sin registrar según el INDEC. La tendencia continúa en 2026, con un mercado laboral cada vez más debilitado, mayor precarización y pérdida de derechos. Mientras el gobierno habla de estabilización y crecimiento, la realidad muestra caída del empleo formal y avance de la precarización.
Estamos ante un régimen que busca liquidar los derechos laborales, recortar las jubilaciones y desmantelar la educación y la salud públicas, avanzando contra todas las conquistas que los trabajadores arrancamos con décadas de organización y lucha. No es simplemente el plan de un presidente ni la extravagancia de un personaje. Es la expresión de un régimen político al servicio del capital en el marco de la crisis del propio capitalismo. Cuando la rentabilidad se estrecha y el crecimiento se debilita, el sistema intenta recomponer sus ganancias atacando salarios, derechos y servicios públicos. Lo que estamos viendo es la ofensiva de empresarios, banqueros y terratenientes en su forma más desnuda.
La ofensiva no se limita al terreno laboral. El Congreso también avanzó en la modificación de la Ley de Glaciares en beneficio de las grandes mineras y en la baja de la edad de punibilidad, profundizando la criminalización de la juventud pobre. Son medidas que combinan la entrega de recursos estratégicos al capital extractivo con el reforzamiento del aparato represivo del Estado, apelando a un discurso demagógico para legitimar la ofensiva contra los trabajadores y la juventud.
Esa ofensiva no se sostiene solo en el oficialismo. La reforma laboral contó con el respaldo del PRO, sectores de la UCR y distintos bloques provinciales, mostrando que más allá de las disputas electorales, las fuerzas del régimen se alinean cuando se trata de garantizar las contrarreformas que exige el capital.
La crisis del peronismo también forma parte de este escenario. No se presenta como una alternativa de ruptura al ataque de los capitalistas, sino como una oposición que deja avanzar el ajuste mientras espera el desgaste del gobierno.
El rol de la cúpula de la CGT confirma esta misma lógica. Durante meses discutió la reforma sin organizar una campaña ni un plan de lucha serio. Cuando reaccionó, lo hizo tarde y a destiempo. Convocó una movilización sin paro para descomprimir y luego un paro pasivo sin movilización, evitando que la bronca se organizara desde abajo con asambleas y continuidad. Nunca estuvo planteado derrotar la ley, sino administrar el conflicto. Finalmente dio por cerrada la pelea en las calles y la trasladó a la judicialización, es decir, someter la cuestión al arbitraje del mismo aparato estatal que garantiza el orden capitalista. Es la función histórica de una burocracia que media entre el capital y el trabajo, preserva sus privilegios millonarios y su lugar en el sistema y en el Estado del que extrae sus ganancias, y garantiza la paz social cuando el régimen necesita imponer sus reformas, en lugar de organizar una lucha capaz de derrotar la ofensiva patronal.
En los sindicatos también emergieron divisiones, como el sector nucleado en el Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios, que critica el colaboracionismo de la CGT y se presenta con mayor disposición a enfrentar el ajuste. La existencia de divisiones en la burocracia no implica por sí misma una ruptura con su método de fondo. Muchas veces se trata de reacomodamientos internos del aparato. Pero esas fracturas son también el reflejo de la presión creciente desde las bases y del impacto que la ofensiva del capital provoca en el movimiento obrero.
Estos sectores cuentan con audiencia e influencia en franjas importantes del movimiento obrero que podrían utilizar para exigir públicamente a la conducción cegetista que rompa la tregua y convoque a una movilización decisiva de los batallones pesados de la clase obrera contra la reforma laboral. La negativa a avanzar en ese sentido los expone ante sus propias bases y revela los límites concretos de su disposición a confrontar al régimen.
En el desarrollo de la lucha, cada uno de estos dirigentes será puesto a prueba. Si retroceden ante las presiones del régimen, la propia dinámica del conflicto puede abrir paso a procesos de autoorganización desde abajo en los sectores más avanzados y decididos a defender sus condiciones de vida y trabajo. Ese proceso no es lineal ni automático: la conciencia de la clase trabajadora se desarrolla de manera desigual y contradictoria, pero es precisamente en la experiencia concreta de la lucha donde pueden madurar nuevas direcciones. Es en ese terreno donde pueden fortalecerse y articularse las organizaciones de primer y segundo grado, como las juntas internas y los cuerpos de delegados, desde las cuales comenzará a forjarse una nueva dirección capaz de poner en pie una alternativa combativa de conducción sindical en la lucha contra el ajuste en curso.
Las movilizaciones de marzo constituyen un punto de apoyo para golpear al gobierno y expresar en las calles el rechazo al ajuste. Pero ningún episodio aislado resolverá el problema de fondo si no se avanza en claridad política y programática. No alcanza solamente con luchar contra la reforma laboral. Para derrotar la reforma laboral hay que derrotar a Milei, y para derrotar a Milei hay que derrotar al capitalismo. Es necesario atacar al conjunto de las instituciones del Estado burgués, a los intereses de las grandes empresas y al imperialismo que sostiene todo el andamiaje reaccionario que nos empuja a la miseria.
La experiencia de estos meses demuestra que cada conflicto parcial choca con los límites del régimen capitalista en su conjunto. Lo que aparece como una lucha salarial, contra despidos o contra una ley específica termina enfrentando el poder concentrado de los grandes capitalistas y el aparato estatal que los protege.
En este marco de crisis generalizada, la izquierda para ganar autoridad política debería plantear con claridad que para resolverla la clase trabajadora debe tomar el poder y hacerse con el control de la industria, la banca y el comercio exterior, y expropiar la tierra de los grandes latifundistas y de los monopolios que dominan la mayor parte de la economía del país. Eso implica no solo transformar la base económica de la sociedad, sino también derribar el andamiaje político que hoy garantiza la dominación del capital. Una vez que la clase trabajadora tome el poder, la democracia obrera reemplazará al actual Congreso, los tribunales y la presidencia al servicio del capital, poniendo fin a un régimen podrido hasta la médula. Esa es la perspectiva estratégica que debe orientar cada lucha presente.
