Editorial de Militante nro. 70
El primer año de gobierno del segundo mandato de Cristina Kirchner enfila los meses finales. Pese a las tribulaciones económicas por los efectos de la crisis capitalista internacional, el estancamiento de la producción industrial, la caída de los intercambios comerciales, el “cepo” al dólar, la división de la CGT, y demás, el gobierno mantiene un apoyo popular mayoritario. En cambio, la oposición política, a derecha e izquierda, está completamente disgregada. Las encuestas publicadas dan una diferencia de votos entre Cristina y el segundo (Macri) de 25 puntos.
Son los medios masivos de comunicación burgueses (Clarín, La Nación, Perfil, y sus cadenas de radio y TV) quienes ejercen de verdadera oposición, de manera histérica y nauseabunda, para mantener en estado de agitación a la clase media.
La reforma constitucional
Saben que en las elecciones del 2013 el kirchnerismo podría conseguir un triunfo notable e incrementar su mayoría en ambas cámaras, hasta el punto de alcanzar, junto a partidos aliados, la mayoría calificada de dos tercios para impulsar una reforma constitucional que incluya la posibilidad de habilitar a Cristina para que se presente a un tercer mandato. Ante esa eventualidad, nuestra posición sería apoyar esa reforma constitucional por una cuestión elemental de democracia. El pueblo tiene derecho a votar como presidente a quien desee, lo que es antidemocrático es impedirle que lo haga.
Igualmente, estamos a favor de la propuesta del derecho al voto de los jóvenes de 16-18 años y de los inmigrantes con residencia en el país de, al menos, dos años. Son reformas progresistas que incrementan los derechos democráticos de la población. De la misma manera que a los integrantes de ambos sectores poblacionales se les reconoce responsabilidad y madurez legal para que puedan ser explotados laboralmente a través del trabajo asalariado, también nos parece que debería ser legal reconocerles madurez y responsabilidad para ejercer los derechos políticos que se les reconocen a los demás sectores poblacionales que ya los ostentan.
El papel de los medios de comunicación
Ahora, como en el período 2008-2010, los sectores decisivos de la clase dominante tratan de utilizar todos los medios a su alcance para desestabilizar al gobierno y debilitarlo todo lo posible. Sin dirigentes políticos de talla, ahora encumbraron al periodista Jorge Lanata, un ex-progre devenido en mercenario del gran capital, como inquisidor general en la nueva “cruzada antikirchnerista”. Como el demagogo aventurero que es, Lanata trata de explotar las contradicciones e inconsistencias del oficialismo desde su discurso “progre” ocultando para quien trabaja: la derecha y el gran capital. Aunque este personaje encandile ahora a la clase media ya se ganó el desprecio y el descrédito de la mayoría de los trabajadores y demás sectores populares.
La oposición de derecha
La situación de la oposición de derecha es penosa. La UCR está partida por la mitad, sin vocero oficial desde su extrepitosa derrota en las presidenciales de octubre. Un sector, liderado por Aguad y los excandidatos Julio Cobos y Ernesto Sanz, apuestan por asociarse a Macri. El otro sector, el supuesto “ala socialdemócrata” de Alfonsín y Federico Storani apuesta por restablecer sus vínculos con el Frente Amplio de Binner, que también se ha mostrado dispuesto a un acuerdo amplio, hasta el punto que ni siquiera rechazó la posibilidad de incluirlo a Macri.
La derecha peronista, se mandó guardar silencio. Duhalde no abre la boca desde las elecciones. Por el contrario, Macri trata de provocar constantemente al gobierno nacional para instalarse públicamente pero, salvo en la Capital, carece por ahora de una base social relevante en la sociedad. Con la estupidez y mediocridad que lo caracteriza, está tratando de mostrar un perfil reaccionario de “ley y orden” que no encuentra actualmente eco social. Sancionó a docentes que criticaron su política educativa, instaló una línea telefónica especial para “denunciar” actividades políticas en las escuelas, prohibió la realización de asambleas gremiales en las dependencias del gobierno de la Ciudad durante los horarios de trabajo, exigiendo que cualquier reunión laboral sea solicitada con, al menos, 72 horas de anticipación, medidas estas que fueron derogadas por orden judicial.
En realidad, han tenido más transcendencia política las rupturas y querellas internas del kirchnerismo (Moyano, Scioli, reajustes y luchas de poder entre sectores del oficialismo) que el accionar de la oposición.
En este sentido, advertimos que Scioli es un infiltrado de la derecha dentro del kirchnerismo y mañana se pasará a la vereda de enfrente, como el caso de De la Sota, en Córdoba, Uturbey en Salta, y otros.
También rechazamos la deriva de Moyano de apretar filas junto a la derecha peronista y ubicar al gobierno como el enemigo. Por este camino, Moyano va reduciendo su crédito entre los trabajadores cada día que pasa.
El kirchnerismo y los empresarios
El kirchnerismo tuvo suerte de que su acción de gobierno coincidiera con un auge importante de la economía que, mal o bien, le ha permitido otorgar concesiones a empresarios y trabajadores, de ahí al éxito relativo del “modelo”, hasta ahora.
El gobierno ha tratado en estos años de regimentar y disciplinar la codicia de los grandes capitalistas para otorgar concesiones a los trabajadores y otros sectores populares a fin de mantener asegurada la estabilidad social. En su modelo de capitalismo ideal, el gobierno quiere que los empresarios inviertan en
la economía y no vivan de las rentas, que paguen los impuestos y que no fuguen divisas, que inviertan en la industria y no en negocios financieros que no crean riqueza ni empleo, que los bancos den créditos baratos y no a intereses usureros, etc. Pero la esencia del capitalismo es la ganancia, el lucro; y no crear
riqueza ni empleo. La burguesía no admite que nadie le manotee la billetera, y eso es lo que no soportan del kirchnerismo. Quieren un gobierno completamente adicto que no vacile en disciplinar y reprimir al pueblo si hace falta.
Ciertamente, el gobierno también trata de marcar un techo a las demandas de los trabajadores, tratando de imponer lo que se puede y no se puede exigir en materia de salarios, empleo, etc, algo que no podemos aceptar porque es la clase obrera quien crea la riqueza y es la clase explotada por los empresarios, que
lucran con el trabajo no pagado al obrero.
El parasitismo de los grandes empresarios y multinacionales ha empujado al gobierno a arrebatarle al gran capital algunos espacios: mayores impuestos a las exportaciones agropecuarias y lucha más efectiva contra la evasión, estatización de las AFJP, de Aerolíneas y de la mayoría de YPF, obligatoriedad de que
los bancos otorguen créditos equivalentes al 5% de sus depósitos, que la tierra sea declarado bien público sujeto a expropiación por utilidad pública, limitaciones a la acumulación de dólares, etc.
Pero estas medidas son insuficientes cuando la actividad económica comienza a frenarse por efecto de la crisis internacional. Las limitaciones a las importaciones podrían tener éxito para impedir la invasión de mercaderías baratas del extranjero si fuera un mecanismo que sólo utilizara la Argentina, pero otros países responderán de la misma manera contra las exportaciones argentinas.
Cómo enfrentar la crisis internacional
En un contexto de menor crecimiento económico y menores ingresos estatales, el gobierno tendrá que decidir cómo hacer para cuadrar las cuentas. La realidad es que la estructura impositiva es muy injusta, con un peso muy grande del IVA, pagado mayoritariamente por los trabajadores. Hay que restituir las contribuciones patronales derogadas en los 90. Tampoco es aceptable que las rentas financieras (cuentas a plazo fijo, compra-venta de acciones, fondos de inversión, etc.) estén exentas de tributar, mientras que a un trabajador que gana 6.000 pesos se le impone el impuesto a las ganancias.
Para enfrentar los efectos de la crisis internacional en el país hay que avanzar decisivamente en la estatización de las palancas fundamentales de la economía: la tierra, la banca y los monopolios, y repudiar la deuda externa. La otra alternativa la ofrece el Brasil de Dilma Roussef. El salvaguardar los intereses capitalistas la ha llevado a iniciar una dura política de ajuste y privatizaciones, reduciendo costos vía salarios y despidos, poniendo en pie de guerra a la clase obrera y la juventud.
