Recibimos y con gusto publicamos este texto elaborado por el Bloque Oscar Alfaro – Movimiento Guevarista, de Tarija, que analiza los objetivos políticos y económicos de la Cumbre Agropecuaria “Sembrando Bolivia”, esbozando además un programa para reorientarla a favor del “verdadero sujeto responsable de la soberanía y seguridad alimentaria que constituyen las comunidades indígenas- originarias campesinas de Bolivia”.
A este análisis, que compartimos, añadimos solo la convicción que para conseguir este fin sea necesario anteponer a cualquier reivindicación agraria la total liquidación del latifundio, su reapropiación por las comunidades para que estas sean la base de empresas agropecuarias publicas productoras de alimentos y una política de incentivos a la asociación entre pequeños productores campesinos. Sin ello será imposible impedir que el latifundio y la agroindustria vayan determinando precios, vaciando el campo, amenazando el medioambiente y la soberanía alimentaria y convirtiéndose como ahora en sujeto referente de las políticas agropecuarias.
La cumbre agropecuaria sembrando Bolivia convocada por el gobierno abre las puertas a la oligarquía agroindustrial de Santa Cruz para desaparecer al pequeño productor familiar campesino y poner en riesgo la seguridad alimentaria del país, con sus demandas ya conocidas como: la ampliación de la frontera agropecuaria, la eliminación de la FES(función económica social de la tierra) para apropiarse de tierras fiscales y de territorios indígenas o profundizar la negociación de tierras, la incorporación de biotecnología en otros productos(transgénicos), y primar la exportación de productos.
Desde la reforma agraria del 1953 se inicia la marcha al Oriente, con el cual tanto allegados al Gobierno de entonces como extranjeros se favorecen de tierras, créditos, y apoyo estatal para desarrollar el sector agropecuario desplazando a indígenas de tierras bajas, en la década de los 80 con la crisis minera, se fortalece a los sectores de producción agroexportadores entre ellos los soyeros.
Ante la marcha de tierra y territorio; en 1996 surge la ley INRA para proceder al saneamiento y la redistribución de tierras y respeto del derecho propietario demanda de campesinos e indígenas, pero nuevamente esta medida sirve solamente para legalizar grandes y medianas propiedades en manos de una oligarquía legalizando únicamente las TCO que siempre estuvieron en manos de las comunidades y no revirtiendo las tierras de privados para su redistribución por lo que el problema de fondo continua.
La Ley del Fondo de Reactivación Económica (FERE, 2000) reduce impuestos a la empresa agropecuaria a 0,25 %, haciendo que estos sectores se enriquezcan sin contribuir al Estado.
En la década de las 90 épocas de las privatizaciones en nuestro país se consolida y fortalece este sector otorgándole créditos a partir de la banca privada y apoyo en crisis directamente por el Estado, como la apertura a los mercados de la comunidad Andina de Naciones, aranceles preferenciales etc.
La nueva CPE del Estado Plurinacional, legaliza el derecho propietario de las grandes haciendas sin límite de tamaño que existían hasta febrero de 2009 y con la ley de reconducción comunitaria no modifica el patrón agroexportador vigente y se continúa fortaleciendo las políticas agropecuarias para favorecer a este sector burgués fuerte económica, política y elitista que no apoya al Estado a mejorar las condiciones de seguridad alimentaria ni de soberanía alimentaria, tampoco efectúa aportes al Estado, ni es generador de empleo dado a que el sector soyero por ejemplo genera apenas el 5% de empleo de todo el sector agropecuario, por el uso de maquinaria y semilla transgénica que reduce al mínimo la utilización de mano de obra, mas ante el riesgo de uso de glifosato producto altamente toxico que junto a los transgénicos no tiene procedentes en la afección a la salud de la especie humana así como a la madre tierra; en consecuencia son un sector explotador y extractivo de los recursos naturales y de la mano de obra.
Esta práctica aprovecha los relativos bajos precios de la tierra en el país, los controles ambientales absolutamente laxos y una estructura agraria regional que permite la gran propiedad ociosa (en muchos casos, de tierras obtenidas gratuitamente del Estado) y su aprovechamiento especulativo, convirtiéndose en atractivo para empresarios, brasileños y argentinos estén actualmente produciendo el 50% de la producción de soya permitiendo fuga de capitales y poniendo en riesgo la soberanía del país.
Los agroindustriales efectúan la explotación irracional de los recursos naturales (desforestación), la apropiación de tierras fiscales e indígenas originaria campesinas, destrucción del medio ambiente, la privatización y concentración de la tierra, la dependencia económica de las grandes empresas, el monopolio que exprime a productores campesinos familiares, incrementando la brecha entre ricos y pobres u obligando al campesino a migrar a la ciudad.
En tanto que nuestras importaciones crecen marcando en el 2014 récord en importación de alimentos por 812 mil toneladas compradas de países vecinos por un total de 688 millones de dólares, y la migración campo ciudad que según el censo 2012 vuelca la población a las áreas urbanas en un 67.3 urbanos y reduciendo a 32,7 la población rural, acercándonos cada vez más a una crisis alimentaria.
Siendo esta la verdadera problemática del sector y por ende de la dependencia y fragilidad económica del país en el tema productivo si no es la deficiente producción para autoabastecimiento o consumo interno; pero en lugar de cubrir el mercado interno pensamos no en calmar el hambre del pueblo, sino en exportar para favorecer intereses financieros de empresas transnacionales, se ha posibilitado la introducción de transgénicos a diestra y siniestra, no existe un control del manejo de agroquímicos nocivos para la salud no solo de los productores sino de toda la población consumidora, como de la madre tierra, propiciando el ingreso de productos de otros países en detrimento de los nuestros.
Desde siempre y en todos los gobiernos se ha favorecido al sector agro empresarial del oriente, postergando a los verdaderos proveedores de la canasta familiar como son los productores campesinos, las leyes y todos los mecanismos antes y hoy se orientan para favorecer a este sector, ahora a nombre de seguridad alimentaria pretenden favorecerse nuevamente con políticas gubernamentales, acaso la soya es un producto de primera necesidad en la canasta familiar; las familias pobres prescinden del consumo de carne pero nunca prescinden del consumo del maíz, papa, haba entre algunos, esos productos que llenan la olla de los pobres; pero las medidas nunca están orientadas para favorecer a estos otros productores, solo se los considera para bajar los precios, haciendo que los mismos incidan para la migración campo ciudad.
La cumbre convocada para favorecer al sector empresarial no debe constituirse en un evento de socialización de medidas de políticas públicas a los cuales el campesino refrendara con su asistencia, sino más bien el espacio donde el Gobierno Plurinacional elegido por el pueblo apoye efectivamente al verdadero sujeto responsable de la soberanía y seguridad alimentaria que constituyen las comunidades indígenas- originarias campesinas de Bolivia.
Por lo cual las propuestas para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de la población ante la crisis de caída de los precios del petróleo es favorecer al sector del campesinado por primera vez en la historia de Bolivia en cambiar si, las leyes como lo expreso el Vice Presidente para:
– Posibilitar el acceso a tierra a los pequeños productores agrícolas campesinos, la eliminación de corrupción en el INRA que posibilita que latifundistas se apropien legalmente de la tierra, a la verdadera reforma agraria.
– Garantizar la tierra y territorio indígena y posibilitar mecanismos de sostenibilidad
– Acceso al agua, a semillas naturales a créditos a pequeños productores
– El derecho a definir las políticas públicas agrícolas y agroalimentarias.
– Precios justos en los mercados agrícolas acordes a los costos de producción
– Regulación para la producción agroindustrial considerando los derechos de la madre tierra
– Rechazo a la introducción de biotecnología y transgénicos porque atenta con las semillas y producción local que garantiza la vida de las personas y evita la dependencia económica
– La implementación de la producción ecológica, como vía para eliminar la dependencia tecnológica y garantizar la vida de productores y consumidores.
– La protección del mercado interno de las importaciones agrícolas y alimentarias que atentan la producción local.
– Prioridad a la producción interna diversa para mercado interno frente a la exportación
– Autorice a los países/uniones a protegerse contra las importaciones a precios demasiado bajos.
– Gestión y manejo de cuencas y suelos
– Recuperación del germoplasma nativo de especies existentes en el territorio nacional, establecimiento de banco de germoplasma nativo y la patente del Estado de las semillas y productos locales
– Producción de peces en ríos y estanques de agua por seguridad alimentaria
– profundización de educación ambiental e implementación de legislación de control del medio ambiente sobre todo en áreas urbanas
– Monitoreo y evaluación ambiental a todas las empresas productoras y comercializadoras
– Control riguroso de agroquímicos que se comercializan en el mercado y asistencia técnica en manipulación a productores.
– Control en fronteras para ingresos de productos de contrabando y fuga de semillas y germoplasma local
– Generar políticas de incentivos para el campesino productor mediante estudios y orientaciones de mercado por cosechas.
– Control de toxicidad a los productos y asistencia técnica a los productores para producción sana y prohibición a la venta libre de productos nocivos a la salud humana y la madre tierra
– Apoyo a la producción integral de productos estratégicos ancestrales (quinua, maíz, coime, maní, etc.) para reconstituir las matrices agroalimentarias comunitarias campesinas e indígenas (como la recuperación y certificación de semillas criollas de alimentos nutritivos y valorando los conocimientos locales y prácticas ancestrales) garantizando mercados locales (desayunos escolares)
– Regulación y control a la circulación de productos importados nocivos a la madre tierra, bolsas plásticas, pesticidas, etc. para evitar la contaminación de suelos, agua y preservar la calidad de vida de los habitantes y de la madre tierra.
