Las últimas semanas han mostrado los rostros más horribles de la violencia estatal represiva en la provincia de Jujuy, dejando al desnudo que la única respuesta que el gobierno del radical Gerardo Morales, sus socios del Partido Justicialista, la mayoría del poder legislativo, y un poder judicial descompuesto y corrupto pueden dar a los reclamos populares es la represión más feroz, las detenciones ilegales, la persecución a los y las abogadas que representan a los encarcelados por el régimen, el amedrentamiento y una obscena y provocadora exhibición de la fuerza.
Las huelgas docentes tuvieron en junio su punto más álgido, planteando su continuidad por tiempo indeterminado, articulando con las protestas de otros sectores de trabajadores en lucha, y con los cortes de ruta, asambleas y otras medidas de lucha de las comunidades indígenas de la zona, ante los avances contra sus territorios ancestrales y sus entornos vitales llevados adelante por el gobierno provincial y sus socios políticos y empresariales.
Los procesos de lucha y organización que se están desarrollando pudieron articular desde las bases los diferentes reclamos que expresan en carácter violento y expoliador del “modelo jujeño” de Morales, y evidencian las miserias que el sistema capitalista nos depara en esta etapa.
Teniendo como antecedente fundamental, a pocos días de asumir Morales la gobernación, el encarcelamiento arbitrario de la dirigente social Milagros Sala, el permanente hostigamiento contra su persona, la persecución contra las organizaciones sociales opositoras, muy especialmente la Tupac Amaru, es claro que la vía represiva y el uso de un poder judicial configurado por el poder ejecutivo según sus intereses se presentan como líneas políticas fundamentales del ahora candidato a vicepresidente en la fórmula de Juntos por el Cambio que encabeza Horacio Rodríguez Larreta.
Las protestas de los y las trabajadoras docentes, así como de otros sectores del Estado, por ejemplo, en el área de salud, ponen de manifiesto el régimen de explotación al que el gobierno de Morales ha sometido a las y los trabajadores jujeños, cobrando sueldos irrisorios que suponen el hundimiento de sus condiciones de vida de manera fatal.
En este marco, con la abierta complicidad del Partido Justicialista de Jujuy, se impusieron unas modificaciones a la constitución provincial que revisten todo tipo de avances contra los y las trabajadores y comunidades indígenas y contra el pueblo en general. Destacamos dos de gran importancia: la criminalización de la protesta social respecto del uso de los espacios públicos con este fin, lo que supone la prohibición de las expresiones de la lucha social en las calles. Esto conlleva la posibilidad de encarcelar y someter a proceso penal a quien realice estas acciones, negando el derecho a la protesta y calificando de “sedición” al derecho democrático elemental consagrado constitucionalmente a nivel nacional. En segundo término, escudado en la supuesta consulta con un sector minoritario de las comunidades indígenas de la provincia, en la constitución reformada se habilitan “mecanismos y vías rápidas y expeditivas que protejan la propiedad privada y restablezcan cualquier alteración en la posesión, uso y goce de los bienes a favor de su titular”, estableciendo “la ocupación no consentida” como una “grave violación al derecho de propiedad”. Estos artículos avanzan sobre la propiedad y uso de los territorios ancestrales de las comunidades indígenas en función de los intereses mineros que las acechan desde hace años, entre ellos el de la extracción del litio, causando daños medioambientales enormes, y destruyendo las condiciones de vida de estas comunidades. Incluso se propicia la sanción de una ley especial que determine “las condiciones para el desalojo y para que los titulares del derecho de propiedad afectado [la ejerzan] de manera inmediata, aun cuando los autores de la ocupación no consentida se atribuyan la representación o los derechos del pueblo”. Este último señalamiento muestra a las claras la intención de desconocer los derechos de las comunidades indígenas y de los pobladores de los territorios en pugna, con las consecuencias del caso, para estos colectivos que experimentan una opresión de siglos.
Es así como se multiplicaron los cortes de ruta en las zonas de alta montaña en las que habitan las comunidades que están en grave amenaza ambiental, social y cultural. Justamente estos cortes fueron objeto de la cruel represión del Estado provincial, en Humahuaca, Purmamarca, Tilcara, entre otras localidades, que comunidades indígenas, trabajadores y pobladores supieron sostener y defender de modo ejemplar, contra la violencia estatal y aún siguen vigentes.
El punto más alto de la violencia represiva, que dejó en absoluta evidencia la complicidad de los poderes del Estado y los partidos patronales, se desplegó el 20 de junio, día previsto por Morales para la aprobación de las modificaciones a la constitución, luego de un proceso realizado a espaldas del pueblo, en el que la totalidad de la asamblea legislativa, excepto los legisladores del FITu y dos legisladores disidentes del PJ, votaron convalidando las reformas.
La convocatoria de trabajadores y trabajadoras, comunidades aborígenes y sectores populares y sociales contrarios al régimen encabezado por Morales realizada ese día para manifestarse en contra de la nueva constitución y procurar que no se llegara a la sanción fue ferozmente reprimida, con una verdadera cacería por parte de las fuerzas represivas provinciales que culminó con decenas de personas encarceladas ilegalmente, privados sus familiares y abogados de todas información sobre su destino, y otros tantos heridos, en algunos casos de gravedad, por la violencia del estado provincial.
Con todo las protestas y manifestaciones de lucha no han cesado en estas semanas, como tampoco las detenciones y los múltiples atropellos contra los encarcelados y sus representantes legales durante las jornadas posteriores al 20 de junio, lo cual ha merecido el repudio de amplios sectores sociales y políticos, aunque la respuesta del gobierno nacional ante estos hechos gravísimos haya sido, cuanto menos, tibia o inexistente, desde un punto de vista político e institucional.
Un momento axial de este proceso se dio el pasado 10 de julio, cuando Morales expresó en los medios de comunicación su voluntad de expropiar tierras donde se encuentra el Sitio Arqueológico El Pucará en el Centro Universitario Tilcara, dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, acusando a las y los trabajadores de dicho Centro de participar y alentar los cortes y protestas en la zona. El 12 de julio personal policial de la provincia se hizo presente en el marco de la Sesión de Consejo Superior de la Universidad Nacional de Jujuy, con actitudes de amedrentamiento y provocación, en abierta violación de la autonomía universitaria. Además del disparate que supone proponer una expropiación para la que el gobierno provincial no está facultado, estos dichos, como la presencia de las fuerzas represivas en territorio universitario manifiestan la completa ausencia de límites de un régimen que parece dispuesto a todo para imponer su voluntad por la fuerza y la mentira.
El conjunto de estos acontecimientos, así como las decisiones políticas y económicas que los han originado, muestra la vacilante “convicción democrática” de uno de los fundamentales referentes de Juntos por el Cambio y de la UCR, cuyo giro a la derecha no tiene retorno, por la cual cualquier manifestación opositora o de protesta respecto de sus políticas, se transforma en argumento para poner a todos los medios disponibles del Estado en función de objetivos represivos, de criminalización de la protesta y de un disciplinamiento social y político de gran magnitud. No es posible obviar que se trata, lisa y llanamente, de terrorismo de Estado.
Nada de esto podría haberse llevado a cabo sin la participación del PJ provincial, y de los poderes del Estado jujeño. Es innegable que la reacción del gobierno del Frente de Todos ha sido casi inexistente, así como la de su actual candidato a presidente, Sergio Massa, amigo de Morales, que no ha dicho una palabra de condena sobre lo que viene ocurriendo en Jujuy. Es claro que un gobierno que sigue ajustando a los sectores populares ante los mandatos usurarios del FMI, y que entrega su territorio y su medio ambiente a cuanto multinacional sojera o minera aparezca en el panorama, carece de autoridad política y de toda capacidad de respuesta real ante las exigencias del deterioro vertiginoso de las condiciones sociales y económicas de las mayorías trabajadoras y explotadas a lo largo y ancho de nuestro país.
Es preciso insistir que los que aquí consignamos es el laboratorio social, político y económico de una burguesía que avanza sin límites sobre las condiciones de vida de los trabajadores, sobre el medio ambiente, sobre las comunidades indígenas y sobre todo colectivo que se atreva a poner freno a su ambición devoradora.
Es preciso avanzar en una construcción articulada de todos los sectores en lucha, y poner en pie la organización de los de abajo.
¡Abajo la reforma Constitucional!
¡No a la represión!
¡Fuera Morales!
¡Libertad inmediata a todos los presos!
¡No al negociado del litio!
¡Por la huelga general!
