Desde el 17 de mayo se viene desarrollando el juicio por los crímenes del Puente Pueyrredón. Hace tres años la criminal represión dejó, además de las muertes de los compañeros Santillán y Kosteki, 33 heridos y 127 detenidos.
Castigo a todos los culpables
Desde el 17 de mayo se viene desarrollando el juicio por los crímenes del Puente Pueyrredón. Hace tres años la criminal represión dejó, además de las muertes de los compañeros Santillán y Kosteki, 33 heridos y 127 detenidos.
Sin embargo, en el juicio se intenta responsabilizar sólo a unos pocos policías como autores materiales de las dos muertes y de algunas heridas, dejando de lado a los responsables de haber planificado y ordenado la realización del operativo criminal. Los acusados son el comisario inspector de la policía bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, por los asesinatos, cinco policías más por encubrimiento agravado y el ex policía Francisco Robledo por usurpación de títulos y honores, ya que actuó como si estuviera en actividad durante la represión.
Se busca presentar todo como un caso de exceso policial y no se toca a los que organizaron y dieron las órdenes para que se llevaran adelante las acciones criminales, y luego trataron de encubrirlas. El entonces presidente Duhalde había ordenado que se impidieran los cortes de accesos. Contaba con el apoyo de varios gobernadores y obedecía a las exigencias de la oligarquía, la banca privada y el empresariado cuyos principales representantes se manifestaron, a través de una gran campaña mediática en los días previos a la masacre, a favor de restablecer el orden que les permitiera continuar con su saqueo de la riquezas del país.
Fue un intento de terminar con el proceso de reorganización y participación masiva abierto a fines de 2001. Pero la movilización popular obligó a retroceder a las fuerzas represivas y a Duhalde a anticipar su renuncia.
Duhalde, junto a los principales dirigentes políticos nacionales (Juan José Álvarez, a cargo de la seguridad, Atanasof, Jefe de Gabinete, Matzkin, Ministro del Interior, Carlos Soria y Oscar Rodríguez, a cargo de la SIDE, Vanossi, Ministro de Justicia) y provinciales (Solá, Gobernador, Genoud, Ministro de Seguridad), planificaron y organizaron la represión llevada adelante por un operativo conjunto de varias fuerzas: gendarmería, prefectura, la policía bonaerense y la federal, además de parapoliciales y fascistas siempre dispuestos a ofrecer su mano de obra, todos coordinados por la SIDE. Lo demuestran la declaraciones previas preparando el terreno y las posteriores, intentando culpar a la víctimas y justificando la masacre. Y sobre todo las declaraciones de varios testigos en el juicio que declaran haber presenciado reuniones conjuntas previas, de las distintas fuerzas de seguridad y miembros de la SIDE.
Para evitar que se vean involucrados niveles superiores de responsabilidad del aparato estatal y las altas esferas políticas mencionadas, el tribunal hace malabares. Ocultan la utilización de munición de guerra por parte de todas las fuerzas en distintos puntos donde se desarrolló la represión, alejados hasta dos kilómetros de la Estación Avellaneda donde mataron a Darío y Maxi, como se manifiesta en la existencia de decenas de heridos, y también tratan de ignorar la existencia de tres comunicaciones telefónicas entre los jefes de la SIDE y el celular del comisario Franchiotti.
Como bien lo señalan los familiares de Darío y Maxi, sabemos que el Estado burgués no castigará a sus valiosos representantes y a sus fuerzas represivas, que tan buen servicio le prestan en los momentos en que corre riesgo la dominación capitalista. Tratarán de salvarlos castigando, si es inevitable, sólo a los culpables más directos.
Solamente mediante la movilización y la lucha se puede garantizar el castigo a los asesinos y que se investigue la cadena policial y política ascendente de los responsables de la masacre, mientras se avanza en la organización de los trabajadores y los sectores populares, con el fin de terminar con este estado explotador en la perspectiva de construir una sociedad igualitaria sin explotación ni represión.
