Por una ley de semillas sin intervención de los monopolios
A principios de octubre el ministro de agricultura, Norberto Yauhar, manifestó la intención de impulsar una nueva ley de semillas. Dijo: “como corresponde en un país que aspira a ser líder en la producción de alimentos, y que busca proteger la propiedad intelectual en el proceso de desarrollo”. Vale decir que Argentina hoy subscribe al Tratado de la UPOV (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales o Nuevas Variedades de Plantas ) de 1978.
Uno de los motivos de esta ley estaría en actualizar al Tratado de la UPOV de 1991 que agrega que reafirma los derechos de propiedad del obtentor y creador de una semilla, en particular, por sobre los derechos del agricultor; con lo cual se pueden impulsar acciones legales contra los productores que no estén subsumidos a dicho monopolio. Sabemos que sólo son un puñado de empresas las que están detrás de esta ley y que se verían beneficiadas con la misma, como Monsanto, Syngenta, Nidera, entre otras.
Esta ley potenciaría el poder económico y político de las mismas, y también, en menor medida, del Estado argentino, ya que genera por lo menos aumentos de precios en las bolsas de semillas y posiblemente un aumento en el pago de las regalías por parte del agricultor.
Una de las razones a tener en cuenta en el impulso de esta ley es que en el año 1996 se insertó en el mercado la soja RR inventada por Monsanto. Como ahora está pronta a salir la soja RR2, la multinacional no pierde el tiempo y ya está peticionando para que se actualice la ley.
También hay que señalar que se vienen haciendo reuniones con representantes de la industria semillera y de la producción pero no con organizaciones sociales ni mucho menos con movimientos campesinos. En este punto queremos manifestar nuestro enérgico repudio al asesinato de Miguel Galván militante del MOCASE por parte de un sicario contratado por la empresa Agropecuaria La Paz S.A que vienen atentado cotidianamente al pueblo santiagueño, a través de amenazas y provocaciones constantes, alambrando en la zona de la triple frontera Chaco, Salta y Santiago del Estero, con bandas armadas que protegen a los alambradores. Sabemos que estos espacios de resistencia campesina no son invitados al diálogo para la nueva ley, porque tienen intereses totalmente contrapuestos con el empresariado agropecuario nacional y multinacional.
Un ejemplo para entender lo que se propone con la ley es el llamado “uso propio” que hasta ahora permite al agricultor guardar una parte de las semillas compradas para la próxima siembra sin tener que pagar por una nueva bolsa. Con el cambio introducido en la ley, debería pagar regalías al suministrador de semillas por utilizarlas en la siembra de la campaña siguiente.
También queremos señalar algunos aspectos que están latentes y se pueden ver ejercidos por esta ley, como es que la recaudación del negocio de producción de semillas va sólo a unos pocas empresas que sabemos que tienen rechazo en todas partes del mundo por activistas y organizaciones políticas de izquierda y ecologistas, fomentando las relaciones de explotación y opresión de las clases sociales, y además estamos en un marco donde se mercantiliza la naturaleza misma de una semilla. Es como plantar una planta y que luego nos cobren para sacarle un gajo y plantar otra igual. No podemos permitir esto.
El control monopólico privado de la producción tiende a uniformar las semillas con un solo tipo genético y a eliminar toda variedad genética. Además está el tema de que algunos son transgénicos (genes manipulados) sobre los que algunas investigaciones dicen que producen deformaciones en los productos y en los consumidores.
Sabemos que los mayores ingresos de Argentina son por la exportación de las llamadas commodities (materias primas para la exportación) y por la soja en particular. Aun así, vemos la necesidad inmediata de que el gobierno nacional empiece a darle agenda al problema del monocultivo y los transgénicos, a los desmontes en el marco del Plan Estratégico Alimentario y Agroindustrial (Leer Plan Estratégico Argentina 2020 (III): El plan estratégico alimentario y Agroindustrial, Militante nº 68), el freno a la contaminación por agrotóxicos, a los desalojos de comunidades originarias, a la violencia sistemática contra movimientos campesinos, más participación para éstos y los sectores científicos que plantean la diversidad del cultivo ante la sojización.
Esto son pasos imprescindibles para avanzar en nuestra propuesta por una soberanía alimentaria popular y socialista, que debe implicar la expropiación de los grandes latifundios y monopolios de semillas como parte de una economía socialista que planifique los recursos productivos y alimentarios en interés de los trabajadores y el pueblo, y no de los terratenientes y monopolios multinacionales, como Monsanto.
