El parlamento surgido del 20 de diciembre plantea un escenario político de enorme inestabilidad. La clase dominante está aterrada ante las dificultades existentes para formar un gobierno viable que mantenga la dura política de ajuste que exige la crisis del capitalismo español. A esto se añade la pretensión del nuevo gobierno de la Generalitat de mantener su agenda independentista. Por eso, todos los medios de comunicación repiten la voz de orden de la burguesía: “Hay que formar un gobierno fuerte y estable”. Pero, ¿será posible?
Nunca los dos partidos más votados en unas elecciones generales habían sacado tan bajo porcentaje de votos y número de diputados: 28,72% y 123, respectivamente, el PP; y 22% y 90, el PSOE. Tampoco es posible la añorada mayoría absoluta de la derecha, PP-Ciudadanos, a falta de 13 escaños para la misma. Así que la única opción viable sería una combinación parlamentaria PP-PSOE-Ciudadanos.
La peor tesitura la tiene el PSOE, que basó su campaña en desmontar la política social reaccionaria del PP si llegaba al gobierno, y en impulsar una reforma constitucional para resolver el “encaje” de Catalunya, frente al inmovilismo de PP y Ciudadanos.
Pero cualquier compromiso parlamentario del PSOE que asegure un gobierno al PP lo desacreditaría aún más ante su mermada base social, gran parte de la cual ha pasado a PODEMOS y a sus candidaturas aliadas en Catalunya, País Valenciano y Galicia. Así, por primera vez desde la caída de la dictadura, el PSOE fue superado por fuerzas situadas a su izquierda. Los votos combinados de PODEMOS, IU-UP y sus candidaturas aliadas mencionadas, agruparon el 24,4% –6,1 millones, 600.000 más que el PSOE– al que superaron en 10 de las 17 comunidades autónomas y en 35 de las 50 capitales de provincia.
La “gran coalición”
El PP ya le ha reclamado abiertamente a PSOE y Ciudadanos una “gran coalición”; o, al menos, su apoyo parlamentario exterior. Ciudadanos, aunque inicialmente ha planteado que votaría en contra de las investiduras de Rajoy y Sánchez, ha filtrado la posibilidad de abstenerse en la investidura del primero para facilitar su elección si lo acompaña el PSOE. Cínicamente, Albert Rivera quiere evitar el trago amargo de aparecer apoyando en solitario, por activa o por pasiva, a un nuevo gobierno del PP, y confía en que el PSOE le seguirá al final. También, para nadar y guardar la ropa, ha planteado como alternativa apoyar la investidura de un gobierno del PSOE, a condición de que se abstengan PODEMOS y sus fuerzas aliadas.
Lo cierto es que las presiones de la burguesía a favor de algún tipo de entendimiento PP-PSOE-Ciudadanos van a acrecentarse en las próximas semanas. Esto ya ha dado sus primeros frutos con la constitución de la Mesa del Congreso, donde PP y Ciudadanos se han asegurado una mayoría que no tienen en la cámara. A cambio, el PSOE asumió la presidencia del Congreso. El presidente del Grupo PRISA, y presidente de El País, Juan Luís Cebrián, se ha posicionado abiertamente por un gobierno PP-Ciudadanos con apoyos puntuales del PSOE en la oposición, para no dejarle a PODEMOS todo el protagonismo opositor. Cebrián se atrevía a sugerir, incluso, que Rajoy diera un paso atrás y propusiera a otro dirigente del PP menos ”quemado” para presidir el gobierno.
¿Qué hará el PSOE?
Aparentemente, Pedro Sánchez mantiene aún su intención de presentar su investidura si, como es previsible, Rajoy fracasa en ser investido presidente del gobierno.
Inicialmente, la pretensión de Sánchez era encabezar un gobierno “progresista”, apoyándose en el sentimiento de rechazo al PP de la gran mayoría de las familias trabajadoras, a fin de asegurarse su cuestionado futuro político al frente del partido y alejar la perspectiva de una “gran coalición” con el PP que condujera al partido a un desprestigio “a la griega”, similar al del PASOK.
Pero esta perspectiva encuentra la oposición frontal de la clase dominante que, además de mantener lo fundamental de la legislación reaccionaria del PP en materia laboral y represiva, quiere marginar y arrinconar a PODEMOS e impedir que se convierta en el árbitro de un gobierno débil del PSOE en minoría parlamentaria. El mismo rechazo a esta pretensión de Sánchez lo mantiene el ala de derechas dominante de su partido, personificada en “barones” regionales como Susana Díaz en Andalucía, Fernández-Vara en Extremadura o José Fernández en Asturias.
Casi con seguridad, al final Pedro Sánchez “entrará en razones” y se avendrá a lo dictado por la clase dominante y el ala derecha del PSOE, para permitir la investidura de un gobierno de la derecha con un PSOE como oposición “suave”, con el compromiso de que se introduzcan algunos cambios menores en las leyes más reaccionarias del PP y el pacto de una reforma constitucional que maquille un poco la Carta Magna. Siguiendo las indicaciones de Cebrián, es probable incluso que tras el fracaso de la investidura de Rajoy, el PP postule un nuevo candidato a presidente del gobierno en sustitución de aquél, para facilitar su investidura, con el voto a favor de Ciudadanos y la abstención del PSOE, o con la abstención de ambos.
Sin embargo, la dirección del PSOE aún tiene un último escollo que superar. Y es presentar esta política – permitir la elección de un gobierno del PP en solitario o de PP-Ciudadanos– como resultado de la negativa de PODEMOS y de sus aliados a apoyar a un gobierno “progresista” liderado por el PSOE.
Dicho todo esto, de cara a la propaganda y a la ampliación de la base social progresista y de izquierdas de PODEMOS, no es un elemento menor quién aparece, ante capas más amplias de las familias trabajadoras, como el principal responsable de permitir la continuidad de un gobierno del PP. Los dirigentes de PODEMOS, sin renunciar a ningún punto de su programa, incluido el derecho de autodeterminación para Catalunya, deberían dejar claro que estarían dispuestos a apoyar la investidura del PSOE para impedir la elección de un gobierno del PP, pasando PODEMOS inmediatamente a la oposición. De esta manera, la demagogia de los dirigentes del PSOE quedará clara, no quedando dudas de quién será el verdadero responsable de permitir la continuidad del gobierno del PP y de sus políticas.
Las tareas de PODEMOS
Independientemente de cómo concluya el proceso de elección del nuevo gobierno, PODEMOS debe evitar entrar en maniobras y negociaciones parlamentarias a espaldas de sus bases y electores, y proclamar abiertamente sus objetivos y su programa, rechazando siempre, como hemos dicho entrar a formar parte de ningún gobierno que, como fue el caso en su momento de IU en Andalucía, sería siempre un gobierno de recortes.
La Comisión Europea ha dejado claro cuál debe ser una de las tareas primordiales del nuevo gobierno, aplicar recortes de miles de millones de euros antes de fin de año. Podemos debe ser el campeón por la defensa y mejora del estado del bienestar, ciñendo toda su actividad a este fin desde la oposición.
En este sentido, es 100% correcta la primera iniciativa tomada por los parlamentarios de PODEMOS y sus aliados de presentar la Ley 25 de Emergencia Social: paralización de los desahucios, prohibición de los cortes de suministros (agua, luz, gas), eliminación del copago sanitario y garantía habitacional para las víctimas de violencia machista. Lo mismo debe hacerse con otras propuestas electorales relevantes: aumento del salario mínimo, renta mínima garantizada, separación completa de la Iglesia del Estado, referéndum para Catalunya, auditoría de la deuda externa, “impuesto de solidaridad” a los bancos, reducción del IVA, etc.
Cada propuesta parlamentaria de este tipo debería acompañarse de una campaña de agitación en la calle para darle la máxima publicidad.
Por otro lado, los dirigentes de PODEMOS deben emplazar a IU, los dirigentes sindicales, los activistas de las Mareas y de las plataformas anti-desahucios para comenzar a preparar movilizaciones en la calle de cara a exigir el fin de las políticas de ajuste, culminando con una gran marcha a Madrid que exija la derogación de toda la legislación reaccionaria del PP y un programa activo contra los ajustes y la austeridad.
Pase lo que pase, el gobierno que se forme será débil y perderá muy pronto su base social. No puede durar, y no durará. Toda la situación prepara un avance decisivo hacia la izquierda.
Pero la conclusión que también debe sacarse es la siguiente: no hay alternativa a la austeridad sin romper con el capitalismo, como está demostrando la amarga experiencia de Grecia, Venezuela y otras partes. El gobierno de la izquierda que se conforme en el futuro en torno a PODEMOS debe someter al control popular las palancas fundamentales de la economía a fin de planificar los recursos productivos para tal fin. De lo que se trata es de nacionalizar los bancos, grandes empresas y monopolios –comenzando por las empresas del IBEX 35- y los grandes latifundios, bajo el control de los trabajadores. Con un programa claro y concreto de transformación social, y la organización y movilización de millones en las calles y centros de trabajo, ¡claro que sí se puede!
