El conflicto del campo está mostrando a los ojos de millones de trabajadores tremendas enseñanzas y desafíos. Cualquier concesión que se otorgue a los sectores del “campo” tendrá muy poco o nada que ver con la calidad de vida de las familias trabajadoras. No está en debate qué se hace con la pequeña producción, no está en discusión bajar los precios, aumentar los sueldos de trabajadores ligados a toda la cadena agroalimentaria, aumentar el stock para el consumo interno, terminar con el hambre, etc.tc. Esta nota está escrita días antes del final de la “tregua” dada por los ruralistas al gobierno, fijada para el 2 de mayo. Hasta este momento, todas las declaraciones de las entidades del campo hablaban de un posible fracaso de las negociaciones con el gobierno.
Pero, más allá de que el conflicto se prolongue o no, queremos hacer un balance de situación después del lockout patronal agropecuario de marzo.
Del lado de las entidades, Coninagro (que agrupa a medianos propietarios y cooperativas) acercó posiciones con el gobierno (seguramente con alguna concesión de éste) que desnudaron las diferencias existentes -como no podía ser de otra manera- entre los intereses monopólicos y los de los medianos y pequeños productores.
De todas formas, la Federación Agraria (vinculada históricamente a los pequeños productores) sigue atada a las grandes entidades de manera vergonzosa, lo que deja traslucir que tiene que haber un estrechamiento de las relaciones entre grandes terratenientes y monopolios por un lado, y medianos y pequeños productores (que en su mayoría no exportan); siendo éstos la variable de ajuste según se den los precios internacionales o, por caso, las retenciones a las exportaciones.
Si no, no puede explicarse la dureza de los “medianos” y “pequeños” –con el beneplácito e incentivo de los monopolios- cuando el gobierno accedió a una serie de concesiones que restauran la rentabilidad de los mismos. Así, el gobierno les compromete reintegros importantes a los que exporten hasta 500 toneladas, además del subsidio a los fletes por “Puerto Seco” (para aquellos productores que están a una distancia alejada de los puertos de granos).
Todo esto se suma a un cuadro de tremenda especulación de los agroexportadores, escudados de manera hipócrita tras los pequeños productores, ya que luego de tirar comida en las rutas, propiciar el desabastecimiento de alimentos y contribuir fuertemente al aumento de sus precios, lo que los alejó socialmente de los trabajadores, inician una tregua que más que negociar tenía por objeto levantar la cosecha para no perderse el negocio millonario, mientras trataban de hacer caer, parcial o totalmente, las retenciones. Aunque el malestar social, que se les volvía crecientemente en contra, jugó un papel importante en el levantamiento del lock-out que, si se repite, tendrá esta vez un rol central.
Muy a pesar de los esfuerzos de la prensa por enredar y manipular la información sobre el conflicto, lo cierto es que ha caído el velo sobre algunas cuestiones muy importantes.
De las retenciones está claro que son de las pocas fuentes de ingresos extraordinarios que tiene el gobierno para hacer frente a la sangría que son los pagos de la Deuda Externa, ya que los números de la economía a pesar de ser tan buenos, no pueden por sí solos (debido a los subsidios y compensaciones al capital privado) hacer frente a esos pagos.
Del modelo de sojización (en verdad modelo agroexportador carente de producción y exportación de productos con valor agregado) nadie –ni el gobierno ni las entidades agrarias- tiene la más mínima intención de correrse del mismo, aunque muchos lo reconocen como un modelo peligroso, porque significa la degradación del suelo y el medio ambiente, y renunciar a la diversidad y la soberanía alimentaria. Se habla de las oportunidades que el país perdería por la intervención del Estado a través de las retenciones, cuando no están en juego “oportunidades” de negocios que sólo serán usufructuadas por un minúsculos grupo de empresarios, sino el hambre de trabajadores, por el encarecimiento de los precios o el faltante de alimentos, a pesar de la producción alimentaria tan holgada que posee el país.
En este punto es dónde queda expuesto que el gobierno no tiene un plan alternativo que contenga una política clara con respecto a la producción y abastecimiento de alimentos. Intenta con vehemencia, sí, presionar con argumentos de racionalidad a los grandes monopolios y medianos productores, pero ocurre que hay un detalle y no es pequeño: el Estado no posee los campos, ni las semillas, ni el ganado, ni controla el comercio exterior ni la cadena de abastecimiento, y en consecuencia tampoco pertenecen a los trabajadores.
Y quienes sí son los dueños no encuentran ninguna razón por la cuál abandonar pacíficamente el negocio de la soja en las actuales condiciones. Desde ya, las necesidades del pueblo, los bajos salarios y el aumento de los alimentos, la pobreza, la desnutrición infantil y la devastación de la tierra y el medio ambiente no tienen ninguna importancia frente a su avidez de ganancias.
El conflicto está mostrando a los ojos de millones de trabajadores tremendas enseñanzas y desafíos.
Cualquier concesión que se otorgue a los sectores del “campo” tendrá muy poco o nada que ver con la calidad de vida de las familias trabajadoras. No está en debate qué se hace con la pequeña producción, no está en discusión bajar los precios, aumentar los sueldos de trabajadores ligados a toda la cadena agroalimentaria, aumentar el stock para el consumo interno, terminar con el hambre, etc.
Por ello, no podemos ni debemos los trabajadores y sectores populares dejar en manos del capital privado la producción, comercialización y abastecimiento de alimentos.
No podemos dejar pasar por alto los intereses de clase opuestos que están detrás de los reclamos de los monopolios agroexportadores, por lo que hay que oponerse firmemente desde el movimiento obrero, y de manera organizada, a un nuevo lock-out si éste se repite, exigiendo a las entidades que agrupan a los pequeños productores, y a éstos mismos, que rompan con el frente único que han hecho con los monopolios agroexportadores.
Pero aun sin lock-out, los padecimientos del pueblo trabajador no acabarán: es necesario luchar por un plan socialista de planificación de la economía, que expropie a los terratenientes y los grupos monopólicos, bajo el control democrático de la clase obrera, con bajos precios de alimentos en el país y para otros pueblos, y que integre la pequeña producción a esta planificación.
