100 días después de su llegada al gobierno, tras múltiples anuncios de buenas intenciones, guiños a izquierda y derecha, marchas atrás, y escasas medidas concretadas, Sánchez se enfrenta a su verdadera prueba de fuego tras el período de gracia concedido por las vacaciones de verano.
Sánchez comienza a recular
Ciertamente, el panorama político ha cambiado sustancialmente, con el PSOE en el primer lugar en intención de voto y la existencia, por el momento, de ciertas expectativas de cambio en la clase trabajadora, alimentadas por las promesas de aumento del gasto social y la reversión de algunas de las medidas más antisociales y represivas del anterior gobierno del PP. Sin embargo, tras las primeras medidas adoptadas de calado progresista, como permitir el atraque del barco Aquarius con 420 inmigrantes y su aceptación como refugiados, el traslado de los presos políticos catalanes a Catalunya, así como de algunos presos de ETA a Euskadi y Navarra, y la decisión de sacar la momia de Franco del infame “Valle de los Caídos”, el gobierno ha comenzado a recular y a contradecirse en su política ante la arremetida histérica de la derecha y del aparato del Estado. Esto sucede tras la elección del aznarista Pablo Casado como presidente del PP y en medio de la pugna entre PP y Ciudadanos por hegemonizar el espacio político de la derecha.
Ahora, el gobierno ha empezado a criminalizar a los inmigrantes y a defender las expulsiones “en caliente”, que reprochaba al PP en la oposición. Ha cedido a las presiones del régimen para asumir la defensa del reaccionario Juez Llarena reclamado por la justicia belga ante la denuncia puesta por Puigdemont por persecución política. Se ha negado a publicar la lista de defraudadores a Hacienda que se acogieron a la “antoconstitucional” amnistía fiscal de Montoro, pese a lo prometido cuando estaba en la oposición. Mantiene el traslado a cuentagotas de los presos de ETA a Euskadi y Navarra, cuando está obligado por ley a trasladarlos a todos inmediatamente. Y aun con la salida de Franco, el “Valle de los Caídos” permanecerá como mausoleo fascista, presidido por la tumba del falangista José Antonio en su lugar de honor.
Mucho humo y poca paja
Las medidas ya aprobadas por el gobierno son todavía escasas y cuestan poco dinero, como la recuperación de la asistencia sanitaria pública para inmigrantes sin papeles y españoles no residentes, recuperar a lo largo de los próximos años las autopistas concesionadas y eliminar sus peajes, o cambiar la cúpula de RTVE.
Las demás medidas anunciadas permanecen sin concretar, o destacan por su cicatería. El gobierno carece de un plan para combatir la subida desbocada de los alquileres. Propone extender los contratos de alquiler de 3 a 5 años, pero la propuesta de subvencionar a los fondos buitre y bancos para que cedan 20.000 viviendas en alquiler es un parche ridículo y escandaloso, cuando debería expropiarles sin indemnización sus decenas de miles de viviendas por emergencia social. La Iglesia seguirá sin pagar el IBI. El gobierno sólo se compromete a publicar los miles de edificios puestos a su nombre de manera irregular (inmatriculaciones) desde 1998, y no desde 1946 cuando inició esta práctica, para quienes deseen litigiar la propiedad a la Iglesia.
Sobre la reforma laboral del PP, hay completo silencio. Sólo ha trascendido que reincorporarán la llamada ultraactividad de los convenios; es decir, que los convenios caducados mantendrán su vigencia hasta que se firmen otros nuevos. El gobierno también se comprometió ante las camareras de piso de hotel subcontratadas (las “kellys”) aprobar un decreto para igualar las condiciones laborales de contratas y empresa matriz en el mismo lugar de trabajo. Está por ver si cumplirán su compromiso y, en caso de hacerlo, cómo hacerlo efectivo ante la pasividad de las cúpulas sindicales de UGT y CCOO.
Sobre la Ley Mordaza, ha renunciado a su derogación, limitándose a asumir la propuesta del PNV de “suavizarla”.
En política económica, no hay compromisos firmes en eliminar el copago de las medicinas para los jubilados ni en revertir los 10.000 millones de recortes en sanidad y educación respecto al gasto de 2009. Igualmente vagos son sus anuncios de eliminar las exenciones de impuestos a las grandes empresas para que paguen un 15% efectivo de impuesto de sociedades en lugar del 6% actual, y el aumento del IRPF para rentas a partir de 150.000€, que sólo afectan a 90.000 contribuyentes e incrementarían la recaudación en apenas 400 millones de euros. Se ha renunciado a introducir un impuesto especial a la banca, como exigía Unidos Podemos (UP). No está claro que Sánchez mantenga su compromiso de subir las pensiones con el IPC real en 2018 y 2019. Pero sí ha asumido el déficit público del 1,8% del PIB para 2018 impuesto por la UE, que obliga a reducir la brecha entre gastos e ingresos en 6.000 millones de euros este año.
Hace unos días se reunieron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para desatascar las negociaciones y llegar a un acuerdo sobre los Presupuestos del Estado para 2019. Pero pese a la alegría de Iglesias en el anuncio de lo conseguido, los compromisos efectivos del gobierno fueron mínimos y casi irrelevantes: terminar con el voto rogado de los españoles emigrantes y firmar el Tratado de no proliferación nuclear, que es un brindis al sol para el Estado español por carecer de armamento nuclear o de tener planes para producirlo. Las demás medidas anunciadas por Pablo Iglesias: bajar las tasas de matrícula en la universidad, bajar las cuotas a los autónomos, mecanismos para bajar el precio de la luz, bajar los alquileres, reconocer al Estado palestino, entre otras, eran meras promesas, compromisos de estudio, temas a discutir, etc. sin plazos concretos ni compromisos firmes.
Claramente, el gobierno de Sánchez se niega a asumir ningún compromiso relevante que le ate las manos y le lleve a una colisión con los grandes empresarios y la UE. Y nada garantiza que acuerdos formales con UP para que éste apoye los presupuestos en el Congreso finalmente se cumplan.
Una estructura económica débil
El problema de fondo es la debilidad estructural del capitalismo español. El motor económico está en la hostelería, el turismo, comercio y telemárketing (¡1,43 millones de empleos solamente aquí!), y en la nueva burbuja inmobiliaria, sectores con escasa inversión y dependientes del consumo interno y externo, amenazado por la pérdida de fuelle de las economías española e internacional. Esta estructura económica débil está detrás de la precariedad laboral y los bajos salarios, y no sólo la codicia empresarial. Hoy, un trabajador temporal debe encadenar 5,6 contratos para trabajar un año, en 2006 “sólo” encadenaba 3,6, según CCOO.
Las consecuencias son evidentes. En 2017, el PIB superó en 48.000 millones de euros el nivel anterior a la crisis, pero la masa salarial estaban 9.500 millones por debajo y los beneficios empresariales 40.000 millones por arriba (Contabilidad Nacional de España, INE).
Mientras, los dirigentes sindicales permanecen encerrados en sus despachos. Incluso el pacto salarial CEOE-Sindicatos del 2% quedó por debajo del 2,2% de inflación interanual (3,9% en grandes superficies y alimentación), sumado a la reducción del poder de compra del 2,3% desde 2016, según Adecco.
¿No es vergonzoso para UGT y CCOO que las “kellys”, al margen suya y tras una lucha ejemplar, hayan obligado al gobierno a reconocer sus enfermedades profesionales?
La clase obrera será algo paciente con Sánchez, pero no esperará mucho. Si las condiciones de vida no mejoran sustancialmente debemos estar preparados para una explosión de luchas.
Los dirigentes de UP deberían tomar en cuenta esta perspectiva. Sería fatal que, chantajeados por el PSOE, renunciaran a desmarcarse fuertemente del gobierno, y a defender y movilizarse en la calle por su programa. Se exponen a aparecer como una muleta del PSOE, quien se atribuirá los laureles por los escasos avances progresistas habidos mientras UP será señalado por sostener a un gobierno que no resuelve los problemas sociales: precariedad laboral, bajos salarios, falta de vivienda, encarecimiento sin pausa de la electricidad por el monopolio de las grandes compañías, etc. sumado a los problemas de fondo del régimen vinculados a la crisis catalana, y a las conspiraciones de un aparato de Estado hostil que escapa a todo control.
Movilizarnos contra la derecha franquista
El PSOE, aun con Sánchez al frente, sigue siendo un partido comprometido con el régimen monárquico, sin intención alguna de amenazar la frágil estabilidad del sistema. Pero eso le trae sin cuidado a la derecha, que ha iniciado una operación de acoso y derribo. Está movilizando sus patéticas y minúsculas fuerzas reaccionarias contra la exhumación de Franco y la ley de Memoria Histórica, ante la pasividad alarmante no sólo del PSOE, sino de los dirigentes de UP que deberían estar poniendo en la calle un potente movimiento contra el franquismo enquistado en el régimen, y que tendría una respuesta masiva. Pero ¡ay! nuestros políticos “realistas”, que se imaginan grandes “hombres de Estado”, quieren evitar cualquier atisbo de inestabilidad social “que haga el juego a la derecha”, como si la derecha no se hubiera empeñado ya en hacer saltar la estabilidad social por los aires y existiera otra forma “indolora” de combatirla. Ciudadanos lo hace sin rubor, con su reaccionaria campaña contra los lazos amarillos en Catalunya que simbolizan la exigencia de libertad para los presos políticos catalanes. Una gran movilización conjunta en Barcelona de la izquierda española y del republicanismo catalán contra la campaña españolista y filofascista de Ciudadanos, mandaría un mensaje poderoso al conjunto del Estado.
Hay minas explosivas en todos los frentes: Catalunya, derechos democráticos, franquismo, corrupción de la monarquía y la Iglesia, explotación laboral, vivienda…
Necesitamos una alternativa integral al decadente capitalismo español, una alternativa socialista que aúne la demanda por una república democrática con la expropiación de la oligarquía económica que sostiene al régimen y al reaccionario aparato de Estado heredado del franquismo.
