El acuerdo de gobierno presentado por PSOE y Ciudadanos es una estafa al electorado de izquierdas, y a la clase trabajadora en general. No por casualidad, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha declarado que el acuerdo incluye el 80% de su programa y que debería resultar atractivo para la mayoría de los votantes del PP.
El referéndum organizado por la dirección socialista entre la militancia para avalar esta propuesta de acuerdo es otra estafa. Ni siquiera tuvieron el valor de formular una pregunta clara que mencionara su acuerdo con Ciudadanos, haciendo una referencia engañosa a un acuerdo “con distintas fuerzas políticas”. Aún así, la participación fue bastante baja, del 51% (93.000 personas), con un apoyo al acuerdo del 79%.
El acuerdo se compromete con unas reformas mínimas a favor de las familias trabajadoras y la clase media empobrecida, mientras cuela una parte sustancial de las propuestas pro empresariales y reaccionarias de Ciudadanos, dejando intactos aspectos centrales de la política y de la legislación reaccionaria del gobierno del Partido Popular.
No se plantea la derogación de las leyes más reaccionarias del gobierno de Rajoy: la reforma laboral de 2012, la Ley Mordaza que ataca derechos democráticos básicos, la repudiada ley educativa LOMCE, o la reforma de la ley del aborto. Simplemente, se retocan algunos aspectos no esenciales que luego detallaremos.
La política social
El acuerdo está plagado de párrafos de buenas intenciones a favor de la justicia social, la democracia, el trabajo digno o los derechos humanos; y también contra la corrupción, la evasión fiscal empresarial y los efectos de la política de austeridad. Sin embargo, no se compromete a aumentar el gasto social, sino a mantenerlo al nivel actual con el eufemismo de “no recortar el gasto social”. En cambio, el acuerdo deja muy claro su compromiso con el Plan de Estabilidad de la Unión Europea, fijando un objetivo de déficit público “por debajo del 3%” del PIB para 2017. Teniendo en cuenta que el déficit público en 2015 fue del 4,8%, esto implica comprometerse a una reducción del déficit público de 20.000 millones de euros en 2 años, a razón de 10.000 millones cada año. En ausencia de un crecimiento económico significativo, esto significa mantener y profundizar la política de ajuste y de recortes sociales iniciada con la crisis.
Para edulcorar esto, a la reforma del artículo 135 de la Constitución –pactada en agosto de 2011 por PSOE y PP– que establece la prioridad absoluta en el pago de la deuda pública sobre cualquier otro gasto, se le añade la salvedad de que se asegure la “estabilidad social del Estado” –vaya a saber qué puede significar esto– como criterio para la “garantía de dotación presupuestarias para los grandes servicios públicos”, cuyo montante queda a la interpretación arbitraria del gobierno de turno.
La única medida social concreta que aparece en el documento es un denominado “plan de choque” de 7.000 millones de euros –aparentemente, por una sola vez– consistente en un “Ingreso Mínimo Vital” para familias sin ingresos y en un “Complemento Salarial Garantizado” (CSG) para hogares con cabezas de familia con salarios míseros, sin especificar umbral mínimo alguno. No se hace una estimación aproximada de cuántas personas o familias se beneficiarían de estos programas que justifiquen el monto específico de 7.000 millones. Tampoco se discrimina cuánto dinero correspondería a un programa y a otro. Más aún, el CSG sería un “crédito fiscal”; es decir, no sería dinero en mano sino una especie de exención en el pago de impuestos ¿qué tipo de impuestos se ahorraría una familia con un cabeza de familia recibiendo un salario de miseria? Nada se dice. Tanta vaguedad no es una casualidad, y a nada compromete.
Igualmente de vagos y vacíos son los compromisos contra los desahucios y la pobreza energética para las familias afectadas.
Las propuestas en materia laboral
En el importante aspecto de la política laboral, es mentira –como ha afirmado públicamente Pedro Sánchez– que se proponga derogar la Reforma Laboral del PP, simplemente se introducen cambios menores que dejan intactas partes centrales de la misma. No se toca la facultad que otorga la actual ley al empresario para despedir por cualquier motivo, aunque la empresa tenga beneficios.
La “ultraactividad” de los convenios colectivos se limita al período de renegociación legal (1 año) pasado el cual se establece un procedimiento de arbitraje obligatorio de negociación por un período máximo de 18 meses.
Se restablece la prioridad del convenio sectorial superior (provincial, autonómico o estatal) sobre el convenio de empresa, pero sólo en lo que atañe a jornada y salario base. Sin embargo, los convenios de sector deben incluir “mecanismos efectivos de adaptación negociada a las necesidades reales de las empresas”. Es decir, se mantiene la potestad de las empresas para aplicar su contenido a voluntad, según sus “necesidades reales”.
Se mantiene la reducción de las indemnizaciones por despido de 20 días por año (despido objetivo) y 33 días (por despido improcedente) para los contratos indefinidos; frente a los 45 días por año anterior a las reformas laborales de PP y PSOE. La única novedad se introduce en los contratos temporales, que tendrían una duración máxima de 2 años, con 12 días de indemnización para el primer año (como ahora), y sube a 16 para el segundo año. Aquí hay una controversia, porque el acuerdo original planteaba reducir la indemnización por despido improcedente en los contratos temporales a 20 y 25 días respectivamente, para el primer y segundo año, frente a los 33 días actuales. Tras la denuncia de PODEMOS sobre este aspecto, la dirección del PSOE respondió que fue un error de redacción y que se mantendrían los 33 días actuales.
En cualquier caso, estas medidas siguen fomentando la contratación temporal en detrimento de la indefinida, dado que los días de indemnización por despido objetivo siguen siendo menores en la primera.
Más aún, en el caso de conversión de empleo temporal a fijo (en el tercer año de contrato), el empresario se ahorrará 8 días de indemnización por despido, al establecerse un fondo, del que no se indica cómo se financiará, que se hará cargo de este pago.
La propuesta de subida del Salario Mínimo Interprofesional para 2016 es ridícula y escandalosa, un 1%, lo que equivale a 6,5 euros mensuales.
Otras medidas propatronales
El carácter propatronal de las propuestas laborales y económicas del acuerdo queda claro cuando se afirma que“para favorecer la estabilidad laboral es necesario permitir a las empresas formas de flexibilidad y adaptación para responder a los desafíos económicos y tecnológicos”; que sólo es un eufemismo para justificar la precariedad laboral de los trabajadores. Hay numerosas referencias a este carácter proempresarial en el documento, como proponer por enésima vez la reducción de las cotizaciones sociales y deducciones fiscales empresariales para “promover” la contratación, transferir los resultados de la investigación universitaria a las empresas, la privatización encubierta del Instituto de Crédito Oficial (ICO), o la colaboración público-privada en la construcción de infraestructuras.
En materia de impuestos las propuestas son vagas, como remitir a una “comisión de expertos” la elaboración de una propuesta de reforma tributaria, o “estudiar” la creación de un impuesto “extraordinario” (es decir, para una sola vez) a las grandes fortunas. Qué monto consideran PSOE-Ciudadanos una gran fortuna, no se especifica. Ni siquiera se hace una estimación de cuánto piensan recaudar de la lucha contra la evasión fiscal.
Sanidad y educación
Una de las escasas medidas progresistas claras en el acuerdo es el restablecimiento de la universalidad de la atención sanitaria pública para todas las personas con residencia en el país, sean españoles o extranjeros, incluyendo a los españoles residentes en el extranjero en situación de desempleo y a los “sin papeles” menores de 18 años. Sin embargo, se mantiene la vergüenza de que los inmigrantes “sin papeles” mayores de edad sólo puedan atenderse en las Urgencias hospitalarias, y solamente “por enfermedad grave o accidente”, con la excepción de las embarazadas para atender su caso específico hasta el nacimiento del bebé.
Se mantiene abierta la puerta a la privatización sanitaria, cuando se afirma: “Mantener la titularidad pública de centros y servicios sanitarios, sin perjuicio de que el sector privado pueda desarrollar un papel complementario”. Por otro lado, es también mentira que se diga que el acuerdo elimina el copago farmacéutico. Se dice estrictamente: “Garantizar que el copago farmacéutico no sea una barrera de acceso, en especial para personas en situación de especial vulnerabilidad”. Por último, para vergüenza de los dirigentes del PSOE, no se toca la reforma de la ley del aborto del PP que obliga a las menores de edad a tener el permiso paterno para acceder al derecho de abortar.
En materia educativa se deja en suspenso la aplicación de los aspectos de la LOMCE aún no desarrollados, pero no se deroga la ley a la espera de un “pacto por la educación”. Se habla de introducir la educación de 0 a 3 años “de forma progresiva” sin concretar plazos ni presupuestos. En el aspecto cultural, la única medida progresista relevante es la reducción del llamado “IVA cultural” (cine, teatro, etc.) del 21% al 10%.
Derechos democráticos y políticos
Se mantiene la Ley Mordaza. Solamente se “revisarán” algunos artículos, de los que sólo se mencionan específicamente “los que atribuyen a las fuerzas de seguridad poderes de decisión y de represión fundados en meros indicios y sospechas”, referentes a las “restricciones del tránsito (!) y controles en las vías públicas y comprobaciones y registros en lugares públicos”. Se mantienen la prohibición y multas de decenas de miles de euros por impedir un desahucio, ocupar una entidad bancaria o inmueble vacío, manifestarse frente al Congreso o en infraestructuras de servicios públicos, fotografiar y grabar a la policía en actos de represión, u “ofender a España”.
La única medida progresista clara en materia antirrepresiva contenida en el acuerdo es la derogación de la prisión permanente revisable (cadena perpetua) y la del artículo 315.3 del Código Penal sobre el derecho de huelga, que criminaliza la acción de los piquetes.
No se eliminarán los acuerdos con el Vaticano, que otorga a la Iglesia Católica privilegios insultantes a costa del dinero público (unos 10.000 millones de euros al año). Simplemente, se “revisarán”.
Hay dos medidas que son particularmente reaccionarias, ambas acordadas a instancias de Ciudadanos. Una de ellas es la limitación que se establece a una persona para ejercer la función de presidente del gobierno: 2 legislaturas u 8 años. Esto es un atropello al derecho democrático de la población a elegir cuantas veces quiera a sus representantes. La otra medida es la supresión del aforamiento de diputados nacionales y autonómicos, y de los senadores; es decir, que sólo puedan ser juzgados por el Tribunal Supremo, previa autorización de la cámara de la que son representantes. Se ha hecho mucha demagogia con esto, tratando de hacer ver que la supresión del aforamiento es una medida contra los corruptos. En realidad, el aforamiento fue una conquista histórica de la izquierda y de las fuerzas auténticamente progresistas y democráticas en el pasado. Es una medida de defensa del ejercicio de las funciones políticas de los representantes del pueblo que actúan en nombre de las familias trabajadoras y demás sectores populares. Nuestros representantes –como se demuestra en los Ayuntamientos del Cambio, como el de Madrid, y en el actual Congreso de los Diputados y Senado– están sometidos permanentemente a las provocaciones, a las denuncias judiciales falsas y a la represión cotidiana del aparato del Estado (jueces y policía), de los medios de comunicación burgueses y de los políticos profesionales del sistema. La eliminación del aforamiento de nuestros representantes políticos tendría como objetivo criminalizarlos constantemente, y provocar el desorden, la represión y la desmoralización en nuestras filas. Por eso, la izquierda y el movimiento obrero deben exigir el mantenimiento del aforamiento para sus representantes.
Finalmente, se da un portazo a los derechos democráticos de las nacionalidades históricas del Estado español, como Catalunya. Para vergüenza de los dirigentes del PSOE, esta negativa se expresa con el típico y apolillado lenguaje de la opresión españolista del franquismo: “PSOE y Ciudadanos quieren manifestar su permanente e inequívoco compromiso compartido con la unidad e integridad de España”. Para no dejar lugar a dudas declaran “Oponerse a todo intento de convocar un referéndum con el objetivo de impulsar la autodeterminación de cualquier territorio de España”.
El hecho de que hasta la caída del franquismo el PSOE defendía el derecho de autodeterminación para Catalunya, Euskadi y Galicia, viene a subrayar que es la ideología franquista y españolista reaccionaria la que ha venido a abrazar la dirección del partido desde 1977 hasta la actualidad. No es que PODEMOS y la izquierda se hayan “radicalizado” en este tema, sino que ha sido la dirección socialista quien ha empujado al partido al campo de la reacción derechista en la llamada “cuestión territorial” del Estado español.
Conclusiones
El análisis que hemos hecho muestra a las claras la estafa de presentar este acuerdo de gobierno como “reformista y de progreso”. Las pocas medidas progresistas incluidas quedan diluidas entre un montón de propuestas reaccionarias y de medias tintas, que no derriban el grueso de las políticas y de las leyes reaccionarias aprobadas por el gobierno de Rajoy en los 4 años pasados. Lo cierto es que este acuerdo, de aplicarse, dejaría a la clase obrera, a la juventud, a los estudiantes y pensionistas, y a la clase media empobrecida, con menos derechos sociales y democráticos, con menos prestaciones sociales y con peores condiciones laborales que las que tenían antes de la llegada del PP al gobierno. Tampoco da el más mínimo paso adelante para resolver o aliviar la situación explosiva en Catalunya. Al contrario, se solidariza con la posición reaccionaria mantenida sobre este tema por el PP durante la legislatura pasada.
Este acuerdo es tanto más sangrante cuanto que existe la posibilidad matemática y real de un gobierno de izquierdas en el país –con la más que probable abstención de un sector de los nacionalistas catalanes y vascos– a través del pacto ofrecido por PODEMOS, IU y Compromís a los dirigentes del PSOE.
Ha quedado claro que ni Pedro Sánchez ni la dirección de su partido tienen el más mínimo interés en tal gobierno de izquierdas, que son más firmes los lazos que los atan a los ricos, privilegiados y reaccionarios que a su base de clase trabajadora.
Resulta patético que Sánchez y la dirección del PSOE hablen de la existencia de una “pinza” entre PP y PODEMOS contra su propuesta de gobierno “progresista”, cuando han sido él y Ciudadanos quienes han formado tal “pinza” contra la posibilidad de formar un verdadero gobierno de izquierdas y progresista. Más aún, Albert Rivera está desgañitándose e implorando al PP a que se una al acuerdo con el PSOE, ya que no ve contradicciones entre el acuerdo alcanzado con el PSOE y el programa electoral del PP. No van a engañar a nadie.
PODEMOS, IU y Compromís ya han declarado que votarán en contra de la investidura de Sánchez-Rivera, y tal posición es la correcta. No es el “sectarismo ultraizquierdista” de PODEMOS y sus aliados los que le hacen el juego a la derecha, sino que ha sido la dirección del PSOE la que ha optado por aliarse con un sector de la derecha española para llevar a cabo una agenda de gobierno que no cambia sustancialmente la política aplicada en estos años por el PP.
Poner en pie una campaña estatal contra las políticas de austeridad y a favor de un gobierno de izquierdas
Los dirigentes de PODEMOS, IU y sus listas de confluencia, deben resistir toda la presión mediática de la derecha que trata de hacerlos responsables del naufragio de un gobierno encabezado por el PSOE. En realidad, no hay más peligro de gobierno de la derecha que el que había el día después de las elecciones del 20D. Bastaría con el voto negativo del PSOE en el Congreso para hacer naufragar cualquier posibilidad de gobierno del PP o de PP-Ciudadanos. Si el PSOE persiste en negarse a confluir con la izquierda, y cumple al mismo tiempo su compromiso de impedir un gobierno del PP, lo que habría sería una convocatoria de nuevas elecciones.
Dicho esto, sí debemos hacer una crítica a la política parlamentaria de PODEMOS e IU de estas semanas, tras anunciar su propuesta de gobierno “de progreso” PSOE-PODEMOS-IU a fines de enero. Tal propuesta creó enormes expectativas en millones de trabajadores, jóvenes y pensionistas. Hasta los dirigentes de centrales sindicales como CCOO –pese a su nefasto papel en estos años– se vieron obligados a proclamar su simpatía por ese gobierno. Lo que ha faltado, y sigue faltando, es una apelación clara y contundente a la movilización social y popular en la calle a favor de esta propuesta. Desde el primer día, los dirigentes de PODEMOS e IU deberían haber puesto en pie una plataforma amplia en todo el Estado de movimientos sociales y populares, sindicatos, Mareas, asociaciones de vecinos, comités de empresa y organizaciones juveniles y de izquierdas, para organizar actos públicos y manifestaciones contra las políticas de austeridad y reaccionarias del PP, y a favor de un gobierno de izquierdas.
Si a lo largo del mes de febrero toda la geografía nacional se hubiera cubierto de actos e iniciativas de este tipo, culminando esa campaña con una marcha y un acto central multitudinario en Madrid, eso habría creado un ambiente irresistible en la calle, poniendo a la dirección del PSOE en una situación insostenible. En el peor de los casos, si finalmente la dirección del PSOE hubiera mantenido su negativa a confluir con la izquierda en un gobierno del cambio, eso habría desgarrado al partido, y habría revelado de manera inequívoca a la mayor parte de sus millones de votantes el carácter fraudulento de la dirección del partido, su falso “izquierdismo”, y su papel de muleta izquierda del régimen caduco. En caso de adelanto electoral, eso le habría asegurado a un frente PODEMOS-IU un avance decisivo sobre el PSOE y, quizás, la victoria electoral, transformando toda la situación.
Aún hay tiempo para lanzar esta campaña. La previsible derrota de la investidura de Pedro Sánchez debería servir de punto de salida de esta campaña. No hay tiempo que perder. Los compañeros Pablo Iglesias y Alberto Garzón –juntos con los demás dirigentes de sus listas de confluencia– deben poner, juntos, manos a la obra.
