El drama de los desahucios está en el primer plano del debate político y social ¿Cómo podría ser de otra manera? Más de 500.000 familias han perdido sus casas a manos de los bancos desde el inicio de la crisis, y además deben asumir de por vida deudas hipotecarias impagables de decenas de miles de euros para alimentar el hambre insaciable de ganancias de los banqueros.
Decenas de miles de familias más se enfrentan en los días y semanas por venir a la angustia del desahucio. A esto se suma un número incontable de suicidios: padres, madres y abuelos desesperados que dejan un legado de familias rotas, niños huérfanos y corazones sangrando. Muchos de ellos se quitan la vida para anular con ella, al mismo tiempo, la hipoteca impagada puesta a su nombre, y así evitarle a sus familias un futuro de mayor miseria y penalidades.
El insulto se suma a la injuria ante el hecho de que estos mismos banqueros parásitos han trasladado sus propias deudas al Estado y a los contribuyentes –cerca de 100.000 millones de euros– con el beneplácito de la derecha española y nacionalista y de los dirigentes socialdemócratas del PSOE. Son estos mismos banqueros parásitos y sanguijuelas quienes utilizan el dinero público que viene del sudor de los obreros, del estudiante sin beca y del enfermo en lista de espera, para sostener sus sueldos y primas de 50.000 euros al mes.
Un problema de clase
En ningún medio de comunicación de masas del sistema se señala el hecho central: este drama sólo afecta a las familias obreras y a sectores empobrecidos de la clase media, los mismos que sufren todo el rigor de la aguda crisis económica causada por este sistema. Un sistema, el capitalista, gestionado por los grandes empresarios y banqueros para sus intereses exclusivos, y donde los gobiernos actúan simplemente como administradores generales de sus negocios.
Los trabajadores, que creamos la riqueza real y sostenemos el andamiaje económico y administrativo para que este sistema funcione cada día, somos meras monedas de cambio para estos chupópteros y explotadores que viven del trabajo ajeno. Y si no podemos garantizarles las ganancias que demandan para sostener y acrecentar su vida lujosa, nos echan a la calle por vía doble: despedidos del trabajo y desalojados de nuestras casas y viviendas.
La presión de abajo funciona
El drama social y de clase de los desahucios no hubiera alcanzado este impacto de no haber sido por la movilización y la presión inclaudicable de los miles de luchadores y afectados, nucleados alrededor de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), el movimiento STOP Desahucios y otras organizaciones sociales.
Han paralizado cientos de desahucios por la vía de la acción directa de masas, con la movilización popular. Sus acciones alcanzaron un apoyo masivo del 80%, de la población y esto se concretó en la recolección organizada por la PAH, en apenas unas semanas, de un millón y medio de firmas para presentar ante el parlamento una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra los desahucios de viviendas de primera residencia. Esta ILP planteaba, entre otras cosas, la dación en pago retroactiva (que la pérdida de la vivienda implique automáticamente la anulación de la deuda hipotecaria de los afectados desde el inicio de la crisis); la paralización de los desahucios que afecten a viviendas habituales y la posibilidad de que las personas afectadas puedan permanecer en sus viviendas en régimen de alquiler social, que estiman en un 25% de los ingresos familiares.
Este apoyo mayoritario entre la población ejerció una presión irresistible. Los bomberos de muchas ciudades se negaron a ser usados para derribar puertas y forzar desalojos; decenas de jueces están paralizando cientos de desahucios; las más altas instancias de la Unión Europea llegaron a pronunciarse contra la usurera ley hipotecaria española actual; y hasta el reaccionario gobierno del Partido Popular se ha visto obligado a introducir algunas reformas a dicha ley hipotecaria, si bien insuficientes y limitadas, despreciando la ILP presentada por la PAH.
Esta presión popular también fue el detonante de la reforma de la ley de vivienda andaluza, que introduce también ciertos avances, y sobre la que volveremos más adelante.
Está claro que un sector relevante de la clase dominante es consciente de la necesidad de hacer algunas concesiones en este tema desde arriba, para aflojar la tensión colectiva y tratar de evitar una explosión por abajo que pudiera unir todos los acuciantes problemas sociales (desahucios, desempleo, pobreza, recortes sociales) en una ola gigantesca de estallido popular.
La experiencia ha venido a demostrar que si los dirigentes sindicales hubieran tenido la mitad de la determinación de lucha que han tenido los activistas del movimiento antidesahucio, este reaccionario gobierno del PP tendría los días contados y, con él, sus políticas reaccionarias.
La reforma del PP
La reforma, aprobada en solitario por el PP la semana pasada en el Congreso a la espera de su ratificación en el Senado, plantea pequeños paliativos temporales que no dan ninguna solución al problema.
Concretamente, se amplía de 1 a 3 meses las cuotas consecutivas impagadas como requisito para iniciar el trámite de desahucio, y se paralizan durante dos años los desahucios para las familias con rentas anuales de hasta 19.000 euros, alrededor de 1.583 euros al mes (cantidad establecida como el ingreso de la unidad familiar que no supere el 3 del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).
Así, en el mejor de los casos, se aplaza el desalojo inevitable entre dos meses y dos años, y sólo para un sector de los afectados, y se mantienen las deudas hipotecarias aun después de haber perdido sus viviendas.
La reforma del PP ni siquiera da alivio alguno a las familias que ingresan poco más de 1.583 euros al mes y que no pueden seguir sosteniendo una hipoteca cuyo promedio se sitúa en los 800-900 euros que las hunde en la pobreza.
Con la nueva ley, la tasación de la vivienda desalojada para su reventa la hará una tasadora independiente del banco implicado. Y la tasación para la venta deberá ser, como mínimo, el 75% de la tasación original. Se supone que eso disminuirá la deuda hipotecaria de la familia desahuciada, ya que con la venta del inmueble el banco recuperaría al menos el 75% del crédito, sumado a lo ya pagado por el deudor antes del desahucio. Pero, en un contexto donde los precios de la vivienda están bajando, pagar incluso el 75% por el valor de una vivienda tasada a los precios altísimos que había antes de la crisis, hará invendibles la mayoría de estas viviendas; mientras tanto, los bancos seguirán exigiéndole a sus deudores que paguen íntegramente lo que les resta de deuda.
La ley incluye otras medidas de menor impacto, como la reducción de los intereses de demora al 12%, y quitas de la deuda del 35% y 20% si el deudor desalojado devuelve su deuda en un plazo, respectivo de 5 o 10 años. Cómo podrían pagar los afectados decenas de miles de euros, aun con esas quitas, en tan poco espacio de tiempo y en el contexto de la crisis actual, es un misterio que los legisladores del PP deberían dilucidar. Los pocos que puedan afrontar estos pagos lo harán sobre la base de los esfuerzos, sacrificios y penalidades más inauditos para ellos y sus familias.
El decreto andaluz sobre la vivienda: un avance con limitaciones
El decreto aprobado semanas atrás por el gobierno de coalición PSOE-IU en la Junta de Andalucía a instancias de IU, el Decreto sobre la Función Social de la Vivienda, despertó muchas expectativas en todo el Estado. De hecho, suscitó el rechazo furibundo de los banqueros y del gobierno del PP, que amenazó con recurrirlo por inconstitucional. Ahora, los dirigentes del PSOE y de IU quieren presentar esta ley como un modelo a seguir en todo el país.
¿Cuáles son los aspectos más destacados de esta ley? ¿están justificadas las expectativas creadas?
En el tema de los desalojos, la ley andaluza va un poco más allá de lo aprobado por el PP , que tomó como referencia algunos de sus aspectos.
Se plantea expropiar el uso –no la propiedad– de la vivienda sometida a proceso de desahucio a favor del deudor durante 3 años, que pagaría un alquiler equivalente al 25% de sus ingresos familiares. Sin embargo, esta medida no es universal, como en el caso de la ley hipotecaria aprobada por el PP, beneficia sólo a familias con ingresos máximos anuales de 19.000 euros, o 1.583 euros mensuales, con prioridad para familias con menores de edad, mayores dependientes, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género o personas desempleadas sin derecho a prestación. Pasados los 3 años, la vivienda volvería al banco y la familia a la calle, si su situación económica no ha mejorado para retomar el pago de su deuda hipotecaria. Pero, además, esta expropiación “del uso” no es gratuita. La junta andaluza pagaría una indemnización al banco durante esos tres años quien también ingresaría el “alquiler social” del beneficiario. La norma no tiene carácter retroactivo para las familias que ya han sido desalojadas de sus viviendas. Por ejemplo, en la provincia de Málaga, en los últimos años fueron desalojadas más de 4.000 familias de sus casas. Según Manuel García Peláez, Delegado de la Junta de Andalucía en Málaga, y afiliado a IU, tan solo 39 de los actuales afectados inscritos en el registro de la Junta en esta provincia, podrían acogerse a la la actual ley (http://www.europapress.es/andalucia 10/04/13).
A los elementos restrictivos señalados sobre los beneficiarios de esta medida, se añade otro. Y es que en el apartado 14 de la ley andaluza se afirma que este tipo de “expropiaciones” con indemnización está supeditado a “las disponibilidades presupuestarias”:
“14. En todo caso, lo establecido en esta disposición estará en función de las disponibilidades presupuestarias.
“En términos anuales, el gasto destinado a esta actuación será el equivalente a aplicar la remuneración, según tipo de interés retributivo de las cuentas de la Junta de Andalucía, al saldo vivo del conjunto de los depósitos por fianzas de arrendamiento y suministros constituidos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.”
Esta supeditación del plan antidesahucio andaluz a las “disponibilidades presupuestarias” plantea algunos interrogantes sobre su verdadero alcance, habida cuenta de las dificultades presupuestarias de la Junta de Andalucía y su política de recortes y ajustes, a instancias del gobierno central, en el gasto público regional con los miles de despidos producidos en sanidad y educación.
En realidad, el carácter más audaz del decreto no va contra los desahucios, cuyas limitaciones hemos sañalado –aunque es más avanzada que la reforma del PP– sino en tratar de forzar el alquiler de las viviendas vacías, específicamente las de los bancos y promotoras inmobiliarias, estimadas en cientos de miles en Andalucía, lo que puede favorecer una baja de los alquileres por la ampliación de la oferta.
Se plantea crear un registro de viviendas deshabitadas de bancos e inmobiliarias, intimándolos a que faciliten sus datos para que cualquier persona pueda optar a su alquiler. En caso de negarse a facilitar esa información, podrían ser multados hasta con 9.000 euros por cada vivienda vacía que posean.
A cambio, la Junta instrumentaría “medidas de fomento” para facilitar el alquiler de esas viviendas actuando en la práctica como una agencia de alquiler y como garante en el contrato de alquiler de la vivienda, y dando subvenciones o ayudas a bancos e inmobiliarias para promover un alquiler social accesible a personas y familias con pocos recursos. La normativa también plantea sancionar con las mismas multas a quienes no acepten estas medidas de fomento y mantengan las viviendas vacías.
Sin embargo, como en el caso de sus medidas antidesahucios, la normativa también plantea aquí que “Todas las medidas recogidas en este artículo estarán en función de las disponibilidades presupuestarias” (Artículo 43. Apartado d. Punto 2).
Aunque apoyamos condicionalmente estas medidas, como luego explicaremos, con otras estamos francamente en desacuerdo, como “indemnizar” con dinero público a los bancos y cajas por la expropiación de uso temporal de las viviendas de familias desahuciadas, así como subvencionarlos por alquilar sus inmuebles vacíos.
Los bancos y cajas se llenaron los bolsillos durante años con el sudor de los trabajadores que pagaron hipotecas y alquileres altísimos, fueron los responsables de la burbuja inmobiliaria y los detonantes de esta crisis, y terminaron siendo casi todos rescatados con dinero del Estado. Tomando en consideración el carácter limitado de estas iniciativas de la Junta de Andalucía para resolver el problema de la vivienda, que ni siquiera afectan al derecho de propiedad de bancos y cajas, y dada la gravísima situación de cientos de miles de familias en Andalucía, estas medidas no deberían implicar ninguna contrapartida para estos señores, y la Junta debería imponerles un alquiler social obligatorio a las viviendas vacías de bancos e inmobiliarias que no superen el 25% de los ingresos familiares (que es la demanda de la PAH) ni el 10% para las familias con todos sus miembros en paro.
También debemos alertar de la posible lentitud burocrática de los procedimientos establecidos para organizar este registro de viviendas vacías, los trámites y plazos de inspección y de envío de documentación, los recursos y apelaciones a que darán lugar bancos e inmobiliarias por cada una de sus cientos de miles de viviendas vacías, etc. es por eso que animamos a la PAH y STOP Desahucios en Andalucía, y a los miles de afectados, activistas de izquierda, especialmente la militancia de IU, y a las organizaciones sociales a mantener la presión en la calle y sobre la Junta de Andalucía para acelerar la puesta en práctica de los aspectos más progresistas de las medidas anunciadas.
¿Qué alternativa?
Si lo miramos bien, la realidad es que las medidas aprobadas por el Congreso español y la Junta de Andalucía plantean ciertas mejoras con la situación actual, fundamentalmente las aprobadas por la segunda, pero no satisfacen los reclamos principales de los afectados por los desahucios, ni dan una alternativa integral al problema de la vivienda.
Hay cerca de 3,5 millones de viviendas vacías en todo el país, y son cientos de miles los desalojados de sus viviendas por no poder pagarlas o afrontar el alquiler, la mayoría por haberse quedado en paro como consecuencia de una crisis que no provocaron.
La Corriente Lucha de Clases apoya el reclamo de la PAH y de STOP Desahucios, que también comparte IU, y que es un aspecto central en el problema de los desahucios: que la deuda hipotecaria impagada quede saldada con la pérdida de la vivienda, como ocurre en la mayoría de los países de Europa y en EEUU. Y que esta medida sea retroactiva al inicio de la crisis.
Por supuesto, apoyamos su reclamo de que se congelen los desahucios y se permita volver a sus viviendas a las familias desahuciadas. Y también estamos a favor de que se instaure un alquiler social que no supere el 25% de los ingresos familiares para estas familias.
El elemento central es que llevar esto a cabo implica tocar intereses poderosos de los banqueros e inmobiliarias. Conseguir ganarles el pulso pasa por mantener y acrecentar la lucha en la calle e incrementar la escala de la presión social y por dar la lucha política. Ambas cosas van unidas.
Dado el carácter hiperreaccionario de la derecha y de los grandes empresarios y banqueros de nuestro país, la manera más rápida de avanzar en la consecución de estas demandas sería con un gobierno que represente verdaderamente a los trabajadores que se enfrente a los intereses de nuestros enemigos de clase, y donde IU debería jugar un papel central. Pero no basta tampoco con tener un gobierno que sea sentido como propio por los trabajadores y sus familias, debe estar provisto con un programa que dé una alternativa real a los problemas que nos enfrentamos y tenga la voluntad de llevarlo a cabo.
La vivienda es un derecho humano básico ¿cómo puede estar sometido al dictado del afán de lucro de bancos, inmobiliarias y empresas constructoras? ¿Cómo puede ser que la mitad de los ingresos familiares de los trabajadores se destine a pagar o alquilar una vivienda? Ninguna necesidad humana básica (como la alimentación, el transporte, los servicios públicos, la sanidad, la educación, las telecomunicaciones, la energía, etc.) debería estar sometida al afán de lucro privado de un puñado de monopolios y banqueros, y tampoco la vivienda. Debe ser el conjunto de la sociedad, la que debería garantizarle a todo el mundo un techo digno para vivir y a un precio de costo que elimine el lucro privado y la codicia empresarial. Una medida básica para avanzar en esto debería ser la expropiación de todas las viviendas vacías en manos de bancos e inmobiliarias, sin indemnización, particularmente si recibieron dinero público para ser rescatados de la quiebra. Eso permitiría ponerlas en alquiler para todo el mundo que las necesitara con no más del 15% de los ingresos familiares. Esta demanda está en consonancia con la demanda de movimientos sociales, como STOP Desahucios en Andalucía, que le ha planteado la misma demanda a la Junta de Andalucía, instándola a que se acoja al supuesto de la misma legislación autonómica que contempla la figura jurídica de “estado de emergencia social” para proceder a expropiaciones por interés social (http://www.europapress.es/andalucia 6/04/13)
En relación a la dación en pago, como medida inmediata apoyamos el reclamo de que se cancelen automáticamente las deudas hipotecarias en caso de desahucio, pero no debe ser nuestra alternativa ni nuestro programa aceptar la pérdida de la propiedad de la vivienda familiar ante la imposibilidad de seguir pagando una hipoteca o un alquiler, por causa de su carácter abusivo o por la disminución de los ingresos familiares debido a la crisis o al paro. Nuestra alternativa debe ser prohibir los desahucios y adecuar la hipoteca o el alquiler al nivel real de ingresos de esa familia (entre el 10% y el 25% dependiendo de su nivel de ingresos) sin perder el derecho de propiedad del inmueble. Si el banco o la inmobiliaria no aceptara esto, la vivienda debería ser expropiada por el Estado con la sola indemnización del pago familiar mencionado, y entregada a la familia sin costo añadido.
Si bien es cierto que bancos e inmobiliarias acumulan un enorme patrimonio inmobiliario, aun la expropiación social del mismo no sería suficiente para solucionar la carencia de viviendas dignas y de calidad a precios asequibles. Se hace imprescindible completar las medidas planteadas anteriormente con un plan de construcción de viviendas sociales a 5 años que termine de resolver el problema habitacional. Pero no podemos emprender este plan de obras sobre la base de la tasa de ganancia que exigen las constructoras privadas. Ni el Estado tiene recursos suficientes para emprender este plan de construcción, no sólo de viviendas sino de la obra pública necesaria para resolver las grandes carencias sociales y de infraestructura que, además, permitirían dar trabajo a cientos de miles de trabajadores en paro. Todo ello hace necesario municipalizar el suelo urbano, y expropiar las grandes empresas de construcción y toda la banca, bajo el control de los trabajadores y sin indemnización salvo a pequeños accionistas y ahorradores. Esto permitiría movilizar los colosales recursos del sistema financiero, en gran parte sustentados en la ayuda pública bombeada en los últimos años que estamos pagando más que nadie las familias trabajadoras.
En definitiva, es imposible en las condiciones actuales de crisis orgánica del sistema capitalista en nuestro país y más allá, dar avances sustanciales en el problema de la vivienda y en los demás problemas sociales que nos afectan a la mayoría de la población, sin afectar el derecho de propiedad de los grandes empresarios, banqueros y terratenientes, que no son sólo una pequeñísima minoría de la sociedad sino que además, viven en el lujo a costa del trabajo y de la explotación de la inmensa mayoría de la sociedad.
Salus populi suprema lex est
Los antiguos romanos del período final de la República tenían una frase para expresar la relación de la política con el pueblo en los momentos de mayor peligro y de emergencia social: “Salus populi suprema lex est”, que viene a significar “La salvación del pueblo es la ley suprema”.
Bien, en nuestro país, la salvación del pueblo, el interés del pueblo, su bienestar, es la defensa de las condiciones de vida de la parte más creativa, progresista y vital de la sociedad: los trabajadores (empleados y desempleados) y sus familias, para impedir su degradación física y moral. Además, somos la aplastante mayoría de la población. Es absolutamente necesario que las necesidades básicas (como la vivienda, el trabajo, el salario, la salud o la educación) estén controladas, gestionadas y aseguradas por la mayoría de la sociedad para la mayoría de la sociedad ¡Ya está bien que sea una minoría de parásitos de la sociedad la que decida quien trabaja y quién no, quién puede comer y quién no, quién puede tener una vivienda y quién no, quién puede vivir en su país y quién debe emigrar para vivir, quién puede ser feliz o no! ¿Por qué el destino y el derecho de vida y de muerte de la inmensa mayoría debe descansar en esta minoría de ricachones y de sus representantes políticos?
Por eso se hace necesaria la nacionalización de las palancas fundamentales de la economía, bajo el control democrático de los trabajadores, para planificar la producción y la riqueza que crean los trabajadores en interés social del progreso, del bienestar, del trabajo, del ocio y de la cultura. Pretender una alternativa dentro de los estrechos márgenes de la propiedad privada de los grandes bancos y monopolios es una quimera y un engaño. Hoy, ¡Salus populi lex suprema est! significa luchar en la calle y organizarse social y políticamente para convencer a la mayoría de la clase trabajadora y de la juventud de la necesidad de llevar a cabo un programa socialista de transformación de la sociedad.
