Se le atribuye a Solón, compilador de la primera Constitución ateniense, una expresión que venía a decir algo así: “la ley es como una tela de araña: el rico la aparta de un manotazo, mientras el pobre queda atrapado en ella”.
Los intereses de clase, la política y la justicia
El último acto legal del Gobierno “socialista” de Zapatero fue indultar a Alfredo Sáez, mano derecha de Botín ¿Eso fue una casualidad? Creo que no. Tampoco lo es el hecho de que, después de conocerse, gracias a la valentía de un empleado suizo, que la familia Botín había evadido al fisco centenares de millones de euros a lo largo de décadas, el Estado no tomase ninguna medida penal contra él. Eso tampoco fue una casualidad.
Tampoco es casualidad que un espécimen no tan raro en el mundo empresarial español como Gerardo Díaz Ferrán, que llevó a la ruina a sus empresas, estafó a decenas de miles de clientes, dilapidó miles de millones de ayudas públicas que le fueron dados por el Estado español en la oscura privatización de Aerolíneas Argentinas, provocó con su magnífica gestión empresarias el despido de multitud de sus empleados… finalmente (y muy tardíamente), va a ser juzgado sólo por parte de estos hechos. Al fin y al cabo, este señor era presidente de la Patronal de este país hasta hace pocos meses.
Cabe destacar que algunos diputados “socialistas” del Ejecutivo de Zapatero intentaron echar una mano en el “reflote” de las compañías de este señor, haciendo varios viajes a Argentina (cuando la Argentina nacionalizó Aerolíneas Argentinas), como también intentó Zapatero echar una mano a los “intereses españoles” (empresariales) en el caso de REPSOL, volando el día después del famoso “por qué no te callas” que “Su Majestad”, en la cumbre hispanoamericana, tuvo a bien decirle a Hugo Chávez… ¡Precisamente porque Chávez se estaba quejando de las condiciones de privatización de las empresas latinoamericanas y, explícitamente, de la aerolínea venezolana!
Por tanto, la política siempre tiene un contenido de clase. Ahora bien, en lo que respecta a la justicia, siempre se hacen esfuerzos enormes por quererla desvincular de cualquier interés y por hacer aparecerla como “independiente”. La escultura clásica representa a la justicia, con una venda y una balanza de equilibrio que representa la equidad ¿La justicia no responde a intereses de clase?
De manera general, en la sociedad capitalista en que vivimos, una cuestión tan importante como el establecimiento e interpretación de las leyes que tienen que regular la vida económica, política y social, está encauzado por miles de caminos y vericuetos para lograr el control de esta fundamental dimensión de la sociedad por parte de la clase dominante, empezando por los aspectos formativos y educativos en los departamentos de las universidades, como cualquier estudiante de Derecho conoce por su experiencia.
Que la justicia, en su sentido más amplio, no es igual para todos, lo sabe todo el mundo: no es lo mismo para aquellos que tienen multitud de economistas y abogados en nómina que para aquellos que no tenemos tiempo ni para conocer las leyes y poder reclamar o defendernos por puro desconocimiento o falta de medios, que somos la inmensa mayoría.
El juez Garzón, el caso Gürtel y sus derivaciones
Si analizamos la extracción social de la mayoría de los jueces, se comprueba que, a pesar de ser Derecho una de las carreras más populares de la universidad, la composición social predominante es de clase media-alta. El juez Garzón pertenece a la minoría de los jueces que no proviene de una familia elitista. Antes de terminar sus estudios, desempeñó distintos trabajos como albañil, camarero, y ayudó a su padre en una gasolinera.
Ahora bien, incluso en este caso, un juez como él, que logra aprobar unas oposiciones, que toma posesión de su plaza, y que empieza a dictar sentencias que tienen un evidente interés político, económico y social, está sometido como todo ser humano a la presión, entre otras, de la opinión mediática. A su vez, ésta, en una sociedad de clases, refleja siempre los intereses de la clase dominante.
La trayectoria del juez Garzón ha sido muy particular, ha sido uno de los más beligerantes contra ETA o el narcotráfico. También enjuició a los GAL. En el caso de ETA, en los hechos, respaldó hasta sus últimas consecuencias la labor política de acorralar al movimiento abertzale de izquierdas, siendo aplaudido entusiastamente por todos los medios de la clase dominante más reaccionarios. Pero ahora no se le está juzgando teniendo en cuenta esa parte de su vida profesional.
En los últimos años, el juez Garzón apoyó la investigación sobre los acontecimientos de la Memoria Histórica, como la exhumación de fosas comunes donde descansan centenares de miles de cuerpos que el franquismo mandó asesinar durante la contienda. También persiguió al dictador Pinochet, hechos que no gustaron en absoluto a sus compañeros de carrera judicial, que en muchas declaraciones consideraron que el juez Garzón se estaba “extralimitando”, por lo que se consiguió apartarlo de la carrera judicial. Garzón se convirtió en alguien incontrolable para el poder.
Hace meses, saltó a la luz pública, de forma colateral a la trama de corrupción por cuya investigación se juzga a Garzón, la implicación de Iñaki Urdangarín y de su esposa, la infanta Cristina, en la misma. De hecho, estas implicaciones han creado una nueva investigación judicial, cuyo juicio va a comenzar precisamente ahora, y que llenará libros de pruebas y actas por sí sola. Todos podremos opinar políticamente si se juzga a todos los implicados hasta sus últimas consecuencias y entonces, como dijo el Rey en su discurso de Navidad, “la Justicia debe ser igual para todos”.
Por otro lado, últimamente, también ha cobrado fuerza la investigación de la trama que durante el régimen de Franco se llevaba a cabo con el robo de niños a madres trabajadoras. Parece ser que estas investigaciones están molestando, y mucho, a los jueces más derechistas y sectores reaccionarios, que ven abrirse un nuevo frente con implicaciones penales en una serie de casos que enlazan con los últimos días de la Dictadura franquista lo que, hasta cierto punto, conecta con la Memoria Histórica.
El juez Baltasar Garzón, está siendo juzgado por ordenar escuchas telefónicas a los encausados de la trama Gürtel, trama donde se ha visto totalmente implicado el aparato del PP en varias zonas del Estado español y que está siendo juzgada precisamente ahora.
Para defenderse, Garzón, entre otras cosas, ha pedido la escucha integral de las grabaciones que él mandó, para dejar clara la importancia de las mismas, ya que prueban la culpabilidad, tanto del cabecilla de la trama, Francisco Correa, como de varios dirigentes del PP valenciano. No se le permitió usar la totalidad de estas grabaciones. Previamente, se le impidió recusar a algunos de los jueces que, a su juicio, estuvieron implicados en el pasado en el apartamiento de su carrera judicial.
Equidad
Aunque parezca increíble, tratándose de un caso donde parece evidente que las investigaciones de Garzón fueron claves para desentrañar la madeja de Gürtel, parece ser que cobra bastante fuerza la posibilidad de la condena de Garzón y su separación de la carrera judicial, si no por este caso en concreto, sí por otros tres juicios pendientes, incluyendo los vinculados a su investigación sobre la Memoria Histórica.
¿Hay otros jueces condenados que han vuelto a la carrera judicial?
Pues sí, hace pocas semanas se tuvo conocimiento de que el propio Tribunal Supremo (mismo Tribunal que está juzgando a Garzón) declaró que el juez Urquía (condenado por recibir sobornos por el considerado cerebro de la Operación Malaya, con centro en Marbella) podía volver a la judicatura. Esto fue el 28 de diciembre, y no fue una inocentada.
Sin embargo, hace muy pocos días, cuando todos estos escándalos mencionados en el presente artículo estaban entremezclados entre sí, y adquiría actualidad la cercanía del juicio de Garzón, se volvió a dar marcha atrás, pues el Consejo General del Poder Judicial tuvo que recordarle al Tribunal Supremo que el juez Urquía (hijo del ex presidente de la Audiencia Provincial de Alicante) tenía otra causa abierta, también por soborno ante otra trama corrupta, la de la Operación Hidalgo. Por este caso, este juez está condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, aunque él ha recurrido ante el Tribunal Supremo que, de momento, ya resolvió en parte a su favor al rebajarle la condena impuesta.
El condenado por corrupción Urquía ya ha sido dos veces rebajado de sus problemas por el Supremo ¿Lo será otra vez?
El listado de jueces que declaran ser unos manifiestos reaccionarios en su quehacer diario, incluso plasmándolo en sus sentencias, es grande.
El juez Fernando Ferrín, de Murcia, fue suspendido en 2008 por referirse desfavorablemente a las madres lesbianas que tramitaban la adopción de una niña. Lo curioso del caso es que, ante un caso flagrante como éste, de los cinco jueces que le juzgaron, dos votaron en contra de su condena. Posteriormente, siguió llamando “putas” a las madres solteras, empleaba calificativos como “maricones”… fue denunciado también por prácticas de acoso laboral. Por todo ello, y otras faltas, ha sido sancionado con la módica cantidad de 6.000 euros.
El año pasado, también la Audiencia Provincial de Murcia consideró que el que un hombre llamase “zorra” a su mujer, después de haberla amenazado, no constituía “menosprecio” o “insulto”…
Cualquiera puede buscar en Internet para comprobar por sí mismo que estos hechos no son tan anecdóticos.
Ahora bien, Garzón es juzgado por este mismo Tribunal Supremo que aligeró las penas del condenado como corrupto Urquía, y la campaña mediática por parte de la derecha más reaccionaria es clamorosa para condenarle.
Con esa condena, promovida ya por los medios más reaccionarios, se pretende cerrar cualquier vía de reapertura de la Memoria Histórica, se pretende amedrentar a otros jueces que no controle “la caverna reaccionaria”, se pretende un escarmiento más, como otros que están por llegar.
Todo este conjunto de acontecimientos jurídicos se está llevando a cabo, precisamente ahora, en un escenario de brutal ataque de la Patronal y del Gobierno a los intereses de la clase trabajadora, con una nueva reforma laboral en marcha, etc. Ante el posible repunte de movilizaciones ciudadanas y sindicales, ya tenemos las declaraciones de la Delegada del Gobierno en Valencia, advirtiendo que usará la represión contra el 15M. También se ha sabido de la compra por parte del Gobierno del PP de 100.000 pelotas de goma y gases antidisturbios por valor de un millón de euros.
Todo se adecua a la nueva época que ha llegado, época de confrontación entre las clases, como vimos con la manera “democrática” en que se reformó nuestra “Carta Magna” en septiembre pasado, para que, precisamente ahora, la persecución del déficit fuese la prioridad. Claramente, en los hechos, los intereses empresariales son más respetados por la ley, precisamente porque de lo que se trata es de defender la propiedad privada y la acumulación de capital frente a las pobres condiciones en las que la clase trabajadora se está viendo atacada de una manera brutal.
A unos se les condena y a otros se les indulta; a unos se les pide décadas de inhabilitación, a otros se les exculpa después de condenados; los jueces más importantes del país dedican toneladas de papel a supuestas extralimitaciones en cuestiones formales cuando se demostró de fondo la trama de corrupción. Se ataca a Garzón, pero se ataca todavía mucho más a la verdad, porque la verdad duele y apunta a lo más alto.
