En este mes de mayo se cumple el primer aniversario de la formación del gobierno presidido por Rodríguez Zapatero tras el vuelco electoral del 14 de marzo de 2004. El hecho de que el PSOE ganara las elecciones en el contexto del mayor auge de la movilización social desde los años setenta, y que las masas sintieran la victoria electoral como una conquista propia, ha condicionado la política del gobierno en este primer año de legislatura.
Con los trabajadores o con los capitalistas
En este mes de mayo se cumple el primer aniversario de la formación del gobierno presidido por Rodríguez Zapatero tras el vuelco electoral del 14 de marzo de 2004. El hecho de que el PSOE ganara las elecciones en el contexto del mayor auge de la movilización social desde los años setenta, y que las masas sintieran la victoria electoral como una conquista propia, ha condicionado la política del gobierno en este primer año de legislatura.
La consecuencia más notable de la victoria de la izquierda, tal como se produjo, radica en que los trabajadores y los jóvenes se sienten mucho más legitimados para exigir al nuevo gobierno un cambio sustancial de política, después de la pesadilla reaccionaria vivida con los gobiernos de José María Aznar.
No obstante, en muchos sectores de los trabajadores, a la tremenda satisfacción de echar, por fin, al PP del gobierno, se suma un punto de cautela por la larga etapa de gobiernos socialistas (1982 a 1996) que con su política de ataques a las conquistas sociales de la clase trabajadora y a los derechos democráticos causaron una enorme frustración. La consigna de no nos falles coreada la noche del triunfo electoral era una clara advertencia.
Diferencias con la anterior etapa de gobiernos del PSOE
Existen muchas diferencias entre este gobierno y los encabezados en la década de los ochenta por Felipe González y Alfonso Guerra. La victoria del PSOE en 1982, que electoralmente fue mucho más contundente, abrió paso al primer gobierno de la izquierda desde la caída de la dictadura. Por otra parte, los dirigentes del PSOE estaban muy experimentados en lidiar con el movimiento obrero, ante el que tenían una enorme autoridad, y con las tendencias de izquierda existentes en su propio partido.
Los anteriores gobiernos del PSOE se beneficiaron, además, del auge económico que se prolongó desde la segunda mitad de la década de los 80 hasta principios de los 90, en un ambiente subyacente de cierto optimismo en relación al futuro y a las mejoras sociales. A pesar de todo ello, los sucesivos gobiernos socialistas se enfrentaron a un movimiento obrero que protagonizó cuatro huelgas generales y durísimas luchas sectoriales. Finalmente, Felipe González fue castigado en las urnas y el partido tardó ocho años en remontar la situación, no tanto por los aciertos de la dirección como por el movimiento de masas contra el PP. Tanto el panorama económico como el político son ahora distintos. Zapatero tiene que desenvolverse en un contexto de mucha más inestabilidad y polarización política.
El giro al centro, una estrategia fracasada
Fue la movilización de la clase trabajadora, rompiendo la dinámica abstencionista de los últimos años, lo que proporcionó la victoria de la izquierda. Los atentados salvajes del 11-M y la política manipuladora y mentirosa del gobierno del PP precipitaron la respuesta en las urnas. Pero el impresionante movimiento que se generó como consecuencia del 11-M no se podría entender sin la intensa movilización que se desarrolló durante dos años, desde la huelga general del 20-J de 2002 a la lucha contra la guerra imperialista. Así, la victoria del PSOE y el crecimiento de opciones como ERC supusieron una contundente refutación de aquellos que insistían en el giro al centro y la moderación del discurso político como estrategia para la izquierda.
Las primeras medidas del gobierno del PSOE estuvieron mediatizadas por el contexto en que ganó las elecciones. La retirada de las tropas de Iraq, cuyos efectos políticos tanto dentro como fuera del Estado español no se pueden minimizar, fue vista por las masas, correctamente, como producto de su lucha.
Inmediatamente Zapatero se dedicó a presentar un perfil político escorado hacia cuestiones sociales y democráticas. Leyes contra la violencia doméstica o a favor del reconocimiento del derecho a contraer matrimonio y realizar adopciones por parte de parejas homosexuales, han encontrado un amplio apoyo, y no podía ser de otra manera.
No obstante, a pesar de toda la cobertura mediática que estas medidas han tenido, el gobierno de Zapatero, en las cuestiones decisivas que afectan a millones de jóvenes, trabajadores, parados, ha mantenido una política continuista que en ningún caso refleja un giro a la izquierda.
Más de lo mismo en la política socio-económica
Cuando Zapatero llegó a La Moncloa también se produjeron otro tipo de reacciones. Los grandes capitalistas aplaudieron la decisión de situar a Solbes al frente del Ministerio de Economía, seguros de que la política económica que aplicaría estaría en absoluta sintonía con sus exigencias.
En poco tiempo esta perspectiva se ha cumplido. Los Presupuestos Generales aprobados para el año 2005 no han supuesto ningún cambio en relación a las directrices aplicadas por el anterior ministro Rodrigo Rato. El gasto social pasó del 49,4% en el presupuesto de 2004 al 50,2% en el nuevo presupuesto aprobado por el PSOE. El incremento no llega siquiera a un punto porcentual.
Respecto a las necesidades de vivienda pública, lo que está haciendo el gobierno de Zapatero es absolutamente ridículo. En el marco del Plan de Vivienda aprobado por el PSOE, se ha anunciado la construcción de 51.461 viviendas protegidas (VPO) para su venta y 8.277 para alquiler. Mientras, en 2004 se construyeron 675.000 pisos en el mercado libre. ¿Esto es una acción de izquierda para resolver el problema de la vivienda? Según datos del Banco de España las familias destinan más del 57% del salario medio bruto a pagar el piso, lo que en otros términos significa un trasvase brutal de plusvalía a los bolsillos de los grandes consorcios de la construcción y la gran banca.
Mientras tanto la ministra del ramo, María Antonia Trujillo, propone modificar la normativa de las VPO para poder construir viviendas de 30 metros cuadrados como solución temporal a los jóvenes que quieren emanciparse del hogar paterno, solteros, divorciados y personas mayores. Suena a chiste que estas ideas las proponga una ministra que se dice socialista. Lo que la clase obrera y la juventud necesita es vivienda pública digna, sea en propiedad o alquiler, a precios que no superen el 10% del salario medio. Esto se podría lograr si el gobierno expropiara a las grandes empresas constructoras, las nacionalizase bajo control democrático de los trabajadores, y acometiese un plan de choque de construcción. Qué duda cabe de que una medida así contaría con el boicot y la oposición de los grandes empresarios de la especulación y los capitanes de la banca pero, en contrapartida, despertaría el apoyo entusiasta de la población y los trabajadores del sector.
El gobierno también ha proyectado una nueva reforma fiscal que beneficiará a las rentas más altas. Según las propuestas de Solbes, el tipo máximo de IRPF se rebajará del 45% actual al 43% o 42%, pero el mínimo lo hará en menor cuantía. En 2002 los impuestos a los trabajadores supusieron un 77,21% del total recaudado, mientras que el número de ricos se limitaba a 3.471, que son los contribuyentes que declaran percibir más de 600.000 euros al año. ¿Qué planes tiene el gobierno para cortar este fraude colosal? Ninguno, como se puede comprobar cuando Hacienda incrementa un 15,9% las deducciones a las empresas hasta sumar un total de ¡4.220 millones de euros! en 2005, un tercio más que en 2004.
En materia salarial y de empleo la tónica es la misma. Si en el año 2004 las empresas no financieras españolas mejoraron el beneficio ordinario en una media del 21,7%, ocho puntos más que el año anterior según la central de balances del Banco de España, el poder adquisitivo de los salarios disminuye progresivamente. Según datos del Ministerio de Trabajo, los convenios firmados durante el primer trimestre del año 2005 han fijado un incremento salarial del 2,85%, es decir, medio punto inferior al último dato de inflación (3,4%). Asimismo, la jornada media pactada es de 1.760,9 horas anuales, superior a la del mismo periodo del año anterior.
Ante el estancamiento de la economía de la zona euro, que se suma a la pérdida de competitividad de la economía española, el descenso de inversión extranjera directa, y el aumento del déficit por cuenta corriente, el gobierno ha declarado sin ambigüedad su decisión de aplicar los planes de austeridad propuestos por la Comisión Europea y el FMI. Zapatero ya ha dicho que no planteará el debate de la jornada laboral de 35 horas, y lo ha hecho en una reunión con la dirección de la CEOE: Hay que trabajar más ha sido el mensaje del presidente. También ha manifestado su inclinación, a través de su Ministro de Trabajo, de rebajar el costo de los despidos y abrir la mano a nuevas formas de precarización del empleo, que han de negociarse en la sexta reforma laboral de la democracia. De la misma forma está decidido a una nueva reforma regresiva del sistema público de pensiones a través de la ampliación del cómputo anual de las cotizaciones.
Todo en el marco de 2,2 millones de parados registrados, una precariedad laboral que en el caso de los jóvenes menores de treinta años afecta al 90%, y de pensiones ridículas incapaces de compensar la suba real del costo de la vida.
En otros terrenos, la política del PSOE sigue los mismos cauces. En política educativa su reforma alienta a la enseñanza privada y mantiene las concesiones a la Iglesia católica; es decir, una receta acabada para nuevas movilizaciones de la juventud en el próximo periodo.
En el terreno de los derechos democráticos, se mantiene la Ley de Partidos y la prohibición del derecho a sindicación de la Guardia Civil, una institución reaccionaria que en realidad debería ser suprimida. Aunque es verdad que en la cuestión nacional están tratando de rectificar la política frentista con el PP practicada en el pasado, como se ha puesto de manifiesto en la reciente campaña electoral en Euskadi, no menos cierto es que se sigue sin reconocer el derecho a la autodeterminación de las nacionalidades históricas. Además, veremos si ese distanciamiento del PP no acaba embarrancado por las divisiones internas entre los llamados barones del PSOE, teniendo en cuenta las conocidas posiciones de Ibarra, Bono o Paco Vázquez (alcalde de La Coruña), encuadradas en el más rancio españolismo.
Un pacto de legislatura de hecho
Muchas de estas medidas de gobierno han podido ser ungidas de un barniz progresista por dos factores fundamentales. En primer lugar porque la izquierda, tanto sindical (CCOO, UGT), como política (Izquierda Unida, ERC), han apoyado de forma incondicional la gestión del gobierno sin abrir la boca. En realidad, la gestión de Zapatero se apoya en un pacto de legislatura de hecho, aunque todavía no legalizado formalmente. El segundo factor, nada desdeñable, es la actitud del principal partido de la burguesía de este país, el PP.
La derecha no ha digerido su derrota electoral. Su actitud ultraderechista y cavernícola coloca a Zapatero, aunque no sea la intención de éste, en el ángulo izquierdo de la escena política. Todas las actuaciones del PP en este año han fortalecido la imagen del gobierno. Su posición despreciable en la Comisión de Investigación del 11-M, su servilismo hacia el imperialismo americano, su abierta vinculación a la dictadura franquista puesta de manifiesto en su vociferante oposición a la retirada de estatuas y signos franquistas de las ciudades, su posición ultra reaccionaria y españolista ante la cuestión nacional, su odio visceral a todo lo que huela a comunismo o socialismo… Todo ello ha alimentado una espiral de polarización política que está causando, paradójicamente, preocupación en importantes círculos de poder del capital, deseosos de un clima de consenso y pacto, un escenario más favorable para acometer las próximas arremetidas contra el movimiento obrero.
Perspectivas
Pese a todo, la perspectiva de nuevos enfrentamientos con la clase trabajadora están en el horizonte, y la experiencia del conflicto del sector naval fue una prueba del carácter radical que adoptarán. Obviamente existe un margen, un grado de tolerancia por parte de los trabajadores hacia el gobierno, más si se cuenta la actitud de la derecha. Pero la experiencia demuestra que no se puede cuadrar el círculo: o se está con los trabajadores, aplicando una genuina política socialista basada en la nacionalización de las principales palancas de la economía, o se aceptan las reglas del juego capitalista y, más temprano que tarde, se ataca hasta el hueso al movimiento obrero.
Después de un año de gobierno de Zapatero la perspectiva de más polarización social y política, lejos de disminuir, se acrecienta. La lucha de clases entrará en un nuevo período debido a la negativa del gobierno a aplicar una política genuinamente socialista. En ese proceso la experiencia de las luchas, la confianza de la clase obrera en sus propias fuerzas, y el propio contexto convulso del capitalismo mundial, acercarán a miles de trabajadores, jóvenes y activistas sindicales al programa del marxismo revolucionario.
¡Únete a la corriente marxista de El Militante para luchar por el auténtico socialismo!
