Hoy, 17 de junio se celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, donde competirán el candidato de la oligarquía, Iván Duque, y el candidato de la izquierda, Gustavo Petro. Ambos resultaron ser los candidatos más votados en las elecciones primarias del pasado 27 de mayo. Para poner en contexto lo que se juega en estas elecciones, publicamos un artículo publicado en In Defence Of Marxism. Aunque fue escrito antes de las elecciones del 27 de mayo, mantiene plena su actualidad.
El 27 de mayo, el pueblo colombiano enfrentará una elección presidencial histórica. Según las encuestas, e incluso las tendencias de Google, es posible el triunfo del carismático candidato izquierdista Gustavo Petro. En uno de los países más reaccionarios del continente, donde el último gobierno de izquierda gobernó en 1854, esta posibilidad de cambio político ha desencadenado la ira de la clase dominante colombiana. Una campaña aterradora, llena de noticias falsas y mentiras, ha sido lanzada contra Gustavo Petro y sus seguidores. Explicaremos la importancia de estas elecciones, discutiremos el programa de reformas de Gustavo Petro y algunas de sus limitaciones y abordaremos la oposición violenta emprendida por la clase dominante colombiana.
Colombia: un país reaccionario
Colombia es uno de los países más desiguales, conservadores y violentos de Sudamérica. En 2010, el 1% más rico de los colombianos controlaba el 20,4% de los ingresos nacionales. Las grandes plantaciones (0,5 % de las granjas) ocupaban el 68,2 % de la tierra en 2014. En un país con un PIB per cápita de solo 5.805 dólares en 2016, dicha concentración de patrimonio e ingresos significa pobreza junto a opulencia. Mientras el 26,9 % de la población colombiana vive en la pobreza, cinco capitalistas colombianos aparecen en la lista Forbes con una riqueza combinada de 27.200 millones de dólares.
A pesar de su alta desigualdad, Colombia es un país típicamente muy conservador en términos políticos y culturales. Su último gobierno de izquierda fue en 1854, bajo el mandato de José María Melo, y solo duró ocho meses antes de que fuera derrocado violentamente. A diferencia de casi todos los países latinoamericanos en los últimos años, no hubo una ‘ola progresista’ en Colombia. Mientras que en Ecuador, Bolivia, Venezuela y Argentina fueron elegidos gobiernos que rechazaron en un grado u otro el neoliberalismo y chocaron con la política exterior estadounidense, los gobiernos colombianos respaldaron la agenda imperialista occidental en América Latina y el resto del mundo.
La clase dominante colombiana apoyó el golpe de Estado en Venezuela en 2002. Durante la presidencia de Álvaro Uribe, el gobierno colombiano apoyó la invasión de Irak y Afganistán por parte del presidente Bush, y la Fuerza Aérea Colombiana incluso bombardeó territorio ecuatoriano. Además, la oligarquía colombiana mantiene una antigua alianza político-militar con Israel, y han apoyado el colonialismo y el genocidio contra el pueblo palestino.
Para defender sus intereses de clase, la oligarquía colombiana ha apelado, directa e indirectamente, a la violencia y al terrorismo de Estado. Durante la década 1980-90, el partido político de izquierda “Unión Patriótica” (UP) fue exterminado por completo, incluyendo dos candidatos presidenciales populares y más de 5.000 activistas. Entre 2002-2010, cerca de 10.000 civiles fueron asesinados por el ejército colombiano. A pesar del acuerdo de paz entre la organización guerrillera FARC tras 60 años de actividad armada, y el gobierno en 2016, más de 200 líderes sociales, incluidos campesinos, sindicalistas, periodistas y líderes ecologistas han sido asesinados durante los últimos dos años.
La alternativa de Gustavo Petro
En este contexto desafiante, el programa orientado a la izquierda de Gustavo Petro ha encontrado un amplio apoyo entre millones de colombianos trabajadores y pobres, y una feroz oposición de la clase dominante. La razón que subyace a esto es el carácter progresista de la política de Gustavo Petro. En términos generales, propone un amplio programa de reformas orientadas a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y los pobres, reducir la explotación y la desigualdad, apoyar el desarrollo económico y la conservación del medio ambiente. Su programa incluye reformas a la agricultura, impuestos, derechos laborales, pensiones, salud, educación y asuntos ambientales.
El coeficiente de Gini, que cuantifica la concentración de la propiedad de la tierra, se sitúa en 89,7 en Colombia, el más alto de la región. Para reducir la alta concentración de tierra y la miseria en las áreas rurales, Gustavo Petro propone un fuerte impuesto a la propiedad en grandes plantaciones improductivas. El objetivo de esta propuesta es obligar a los terratenientes a ser productivos con su tierra o venderla al Estado. En caso de venderla al Estado, esa tierra se redistribuiría entre los campesinos pobres.
Además, Gustavo Petro propone una nueva política fiscal. Planea eliminar las exenciones de impuestos y los subsidios al gran capital y aumentar los impuestos sobre los dividendos y las ganancias extranjeras. Esta reforma tributaria es necesaria para un país donde los impuestos sobre los ingresos, las ganancias y el capital cubren solo el 35,2 % de los impuestos totales (en Estados Unidos es del 92,2 %). Con el aumento de los ingresos del gobierno, el Sr. Petro planea aumentar el gasto social, especialmente en salud y educación. La educación terciaria pública y gratuita es un objetivo central de su programa.
En un país con una jornada laboral legal de 48 horas a la semana y un salario mínimo mensual de apenas 272 dólares, Gustavo Petro propone una reforma laboral para reducir la explotación. Específicamente, planea reducir la precariedad y aumentar los salarios. Esta reforma laboral irá acompañada de una nacionalización de los fondos de pensiones, ahora en control de los grupos financieros, con el propósito de ampliar la cobertura.
Finalmente, el programa de Gustavo Petro critica la extracción de combustibles fósiles y la minería metalúrgica como económicamente insostenibles debido a sus impactos ambientales negativos y la lógica rentista. Destruyen los ecosistemas y generan ingresos para pocas personas, lo que aumenta la desigualdad. En cambio, propone una industrialización basada en energías renovables.
El odio de la clase dominante
Si bien el programa de Gustavo Petro ha sido apoyado por la clase obrera colombiana, también ha sido rechazado y atacado por la clase dominante. Todo el bloque intelectual oligárquico (periodistas, analistas políticos, líderes religiosos y medios de comunicación) ha atacado la campaña de Gustavo Petro a diario. Las difamaciones y la desinformación también han sido difundidas por partidos conservadores y reaccionarios a través de las redes sociales y los medios. Acusan a Gustavo Petro de ser “comunista” y “castro-chavista”. Afirman que un gobierno de Petro expropiaría propiedades pequeñas (incluyendo casas y automóviles) y traería hambre y pobreza a la nación. Asimismo, intentan vincular a Petro con el gobierno venezolano y su actual crisis económica. Además, propagan la xenofobia y la discriminación contra los inmigrantes venezolanos. Las fuerzas militares colombianas también parecen ser hostiles a Gustavo Petro, algo que es particularmente peligroso.
Estos ataques mediáticos, políticos e ideológicos expresan la oposición frontal de la clase económicamente dominante a cualquier programa alternativo. Los intereses de clase de banqueros, industriales, comerciantes, terratenientes y gerentes se verían afectados por reformas rurales, impositivas, laborales, y otras. Su control sobre la tierra, los fondos de pensiones, los ecosistemas, los gastos del gobierno y la mano de obra se vería reducido. Esto yace en las raíces del odio de la clase dominante contra la candidatura de Gustavo Petro. Temen que una victoria de Petro aliente la lucha y la movilización de los trabajadores, los campesinos y los jóvenes. Además, la oligarquía colombiana tiene sus propios candidatos: Iván Duque, el alemán Vargas Lleras y Sergio Fajardo. Todos ellos, con diferentes enfoques de mercadeo, intentan defender el actual orden social reaccionario en Colombia e incluso profundizarlo.
Límites y desafíos
A pesar del carácter progresista del programa de reformas de Petro, tiene muchas limitaciones. Estas reformas políticas intentan lograr importantes cambios económicos, sociales y políticos para los trabajadores y los pobres; pero dentro de los límites de una sociedad capitalista. Es decir, dentro de una sociedad de clases donde la producción y la inversión son privadas y están orientadas a extraer la plusvalía a la clase trabajadora; y donde el Estado y la sociedad civil están bajo el control de la clase capitalista. En tal orden social, las reformas se enfrentan a importantes límites y obstáculos, tanto políticos como económicos.
El programa de Petro enfatiza la lucha contra la corrupción y el clientelismo, como si una forma de capitalismo más agradable y más democrática fuera posible en Colombia. De hecho, la corrupción y el clientelismo son inherentes al Capitalismo.
Si Gustavo Petro ganara, su programa se enfrentará a la feroz oposición política de la clase dominante. Controlan el Congreso, el aparato judicial, las fuerzas militares y los medios de comunicación. Además, sus partidos conservadores y reaccionarios (como el Centro Democrático) tienen un apoyo importante entre millones de trabajadores, campesinos y la pequeña burguesía. Movilizarán esas fuerzas contra Petro. Del mismo modo, dado que la oligarquía colombiana posee el sistema financiero, la gran industria, el comercio y el transporte, podría usar un golpe de inversión para afectar la economía y generar descontento popular.
Quizás para evitar las críticas de la derecha, Petro se ha dedicado a criticar y distanciarse de la Revolución Bolivariana en Venezuela diciendo, por ejemplo, que las recientes elecciones no fueron legítimas. Sin embargo, lo que debería haber hecho es denunciar la hipocresía de los Estados Unidos, con su historia de agresión imperialista y su apoyo al golpe de estado de 2002 en Venezuela, hablando de democracia. Debería haber denunciado la hipocresía de gobiernos como Colombia, Brasil y México, que apoyaron totalmente el golpe en 2009 y el fraude electoral en Honduras. De hecho, por mucho que intente distanciarse de Venezuela, la oligarquía continuará acusando a Petro de “castro-chavista”. Sus declaraciones no deben estar destinadas a apaciguar a la clase dominante, sino más bien a explicar las cosas que realmente interesan a los trabajadores y campesinos.
Por esas razones, es necesario que la clase trabajadora fortalezca sus propias organizaciones independientes alrededor y más allá del programa de Gustavo Petro. Incluso si el Sr. Petro no gana las elecciones presidenciales, la clase trabajadora colombiana necesita una organización propia basada en un programa que vincule la lucha por las reformas inmediatas a la transformación socialista de la sociedad. En un país como Colombia, cualquier avance en los derechos democráticos y de los trabajadores, junto con la reforma agraria, entrará en conflicto directo con la clase dominante reaccionaria y proimperialista, y solo se garantizarían como parte de la lucha para expropiar a la oligarquía y las multinacionales para poner los recursos económicos del país en manos de los trabajadores. A su vez, esa lucha no puede limitarse a las fronteras de Colombia, sino que debe vincularse con la lucha de los trabajadores y los oprimidos en todo el continente y más allá.
