Después de la fracasada política del Bitcoin, el presidente Bukele no ha hecho más que aumentar indiscriminadamente la deuda externa del país. En este momento, El Salvador supera el 90% de endeudamiento, y el próximo año el servicio de la deuda será de 2,700 millones de dólares, superior al presupuesto de Educación y Salud juntos (2,706 millones de dólares).
En unas paradójicas y demagógicas declaraciones, el ministro de Hacienda declaró el pasado 1 de octubre que, tras décadas, por primera vez un gobierno presentaría una propuesta de presupuesto sin financiamiento a partir de deuda. Históricamente, los gobiernos que se han jactado de presentar presupuestos financiados con recursos propios han terminado siendo una total estafa y, posteriormente, han tenido que recurrir a una serie de préstamos para terminar el año fiscal. Por lo que estas declaraciones no son más que mentiras y más mentiras.
Lo que sí es verdad son los constantes ataques del régimen inconstitucional de Bukele a los derechos laborales del personal de salud y educación. En el rimbombante presupuesto nacional presentado a inicios de mes, se observan recortes significativos en los ministerios de Salud y Educación, que suman un total de 115 millones de dólares.
El ministro de Educación también declaró hace unas semanas que parte de ese recorte representa el presupuesto para financiar el escalafón de médicos y docentes, los cuales serían congelados para someterse a revisión. En sus palabras, esta acción representa una política para «reducir la grasa del Estado»; contradictoriamente, las carteras de defensa y el presupuesto de Casa Presidencial presentaron aumentos significativos.
Si la idea es eliminar la «grasa» del Estado, debería hablarse de los altos salarios de algunos de los funcionarios, como el jugoso salario del presidente del Banco Central de Reserva, que actualmente gana más de 100 salarios mínimos (40 mil dólares). O del presupuesto en la Asamblea Legislativa, donde cada diputado tiene no menos de 15 asesores, en su mayoría de imagen y comunicación, es decir, personal para hacer TikTok o para tuitear propaganda.
El descontento en los trabajadores públicos
La situación de precariedad en la que Bukele mantiene las escuelas y hospitales, acompañada de una sobreexplotación de los trabajadores de ambos ramos, sumada a la noticia de la congelación del escalafón, ha provocado el descontento en estos sectores. Días después de la presentación del presupuesto recortado, los líderes sindicales, motivados por el descontento en sus bases, convocaron a una movilización en las calles.
Durante al menos dos días, los dirigentes de las principales organizaciones sindicales históricas convocaron a movilizarse para el 19 de octubre, con el objetivo de defender el escalafón de salud y educación. A medida que se acercaba la fecha, las declaraciones de rechazo a la política del gobierno aumentaban, y la solidaridad con la «Marcha Blanca», nombre que tomó el acto de protesta del 19 de octubre en alusión a las marchas que frenaron la privatización de la salud en 2002, crecía.
El régimen intentó, por todos los medios, impedir esta movilización: desde la compra de dirigentes de los sindicatos más grandes del magisterio, que, tras una reunión a puerta cerrada con funcionarios del gobierno, llamaron sorpresivamente a la desmovilización alegando acuerdos con el régimen corrupto y demagógico, hasta la implementación de retenes policiales desde tempranas horas del día de la marcha. El día de la protesta, las autoridades policiales detuvieron e intimidaron a trabajadores de salud y maestros en los autobuses rumbo a San Salvador, tomándoles fotografías y aplicando tácticas intimidatorias, como si de delincuentes se tratara.
A pesar de estos intentos, la marcha fue un éxito: miles de trabajadores se movilizaron y alzaron la voz para exigir la preservación de su derecho al escalafón salarial. Fue interesante ver cómo el personal de salud y los docentes se movilizaron por sus propios medios, ya que el boicot del gobierno incluía la retirada de autobuses y microbuses destinados a transportar a los trabajadores desde todas las zonas del país hacia la marcha. Eso no importó, y la alameda principal de la ciudad de San Salvador se vistió rápidamente de blanco con demandas y exigencias de los manifestantes.
Sin embargo, en lugar de escuchar las legítimas demandas de los trabajadores, Bukele respondió con represalias y una «cacería de brujas». El lunes 21 de octubre, en lugar de dar una respuesta clara y favorable, el gobierno inició una persecución contra los trabajadores públicos. La primera afectada fue la dirigente histórica Idalia Zúniga, del Frente Magisterial, quien se negó a ceder ante las presiones del régimen y fue despedida ese mismo día. Desde entonces, más de 50 trabajadores de los sectores de salud y educación han sido despedidos simplemente por participar en la movilización para ejercer su derecho a la protesta y defender los derechos laborales conquistados en luchas históricas.
La democracia demagógica de Bukele
La ironía del régimen no tiene límites. Mientras en sus discursos en la Organización de las Naciones Unidas se presenta como un paladín de la democracia, en realidad no tolera ningún tipo de respuesta organizada de quienes atacó, en este caso, los trabajadores públicos. Esta no es la primera vez que Bukele utiliza el aparato del Estado para intimidar, amenazar e incluso encarcelar a sus adversarios, críticos y opositores. Lo ha hecho acosando y espiando a periodistas, deteniendo a críticos del Bitcoin como Mario Gómez en 2021 y, en ocasiones, utilizando el Régimen de Excepción para encarcelar a sus adversarios bajo la acusación de ser terroristas pandilleros.
La cacería de brujas se suma a una constante serie de medidas represivas y restrictivas que el régimen ha venido desarrollando e intensificando con el tiempo. Todo esto es un ataque claro y descarado contra la libertad de organización y de protesta, conquistada por la clase obrera salvadoreña en el pasado con la sangre de miles de mártires. Es también una expresión más del tipo de «democracia» a la que Bukele aspira: una democracia de los ricos opresores contra los pobres y explotados.
La traición de los sindicatos
El 19 de octubre, los dirigentes sindicales de Andes 21 de Junio, Simeduco y Bases Magisteriales jugaron un triste papel de rompehuelgas, intentando desmovilizar a la clase obrera con promesas demagógicas. A la fecha, han continuado con su lamentable política. En los últimos días, el gobierno, con el respaldo de los líderes sindicales, se ha comprometido de palabra a no tocar el escalafón. Sin embargo, no hay ningún acuerdo serio que lo garantice. Los trabajadores, inteligentemente, rechazan y desconfían de estos acuerdos en redes sociales. Esta situación es solo una pequeña muestra de lo que puede ocurrir en el futuro, cuando Bukele se vea obligado a seguir atacando a otros sectores laborales.
Las bases de los sindicatos deben exigir a sus dirigentes una política de desconfianza en el régimen, demandar al gobierno acuerdos serios y movilizar a las bases de trabajadores para conseguir estos acuerdos. Solo a partir de la movilización se podrán defender y conquistar derechos laborales; no hay otro camino, solo la desconfianza total hacia el régimen corrupto.
Crisis del Estado
El régimen está al borde de una crisis financiera profunda, y le es imposible maniobrar sin atacar a los trabajadores. En los últimos meses se ha intensificado una política sutil de reducción de instituciones en las carteras sociales, lo que ha resultado en más de 21,000 despidos de 2019 a 2024, es decir, en todo lo que va del régimen de Bukele. El congelamiento del escalafón y la negativa a renovar las plazas de trabajadores que se van retirando constituyen un ataque significativo a los derechos laborales de estos ministerios, impulsado por la constante presión financiera sobre el régimen.
Tras estas acciones están las peticiones del Fondo Monetario Internacional al gobierno en las conversaciones que llevan más de tres años en marcha.
Sabemos que el FMI fue crítico con respecto a la política monetaria relacionada con el Bitcoin, lo que puso en riesgo la relación con el gobierno. Posteriormente, las negociaciones se reanudaron. Se estima que el gobierno de Bukele busca negociar un rescate financiero de al menos 1,300 millones de dólares; sin embargo, el FMI ha puesto condiciones específicas, algunas de las cuales son claramente la reducción del gasto en salarios en el Estado, lo que explica la ola de despidos que Bukele ha comenzado y que intensifica año con año.
La situación económica acorrala cada vez más a Bukele, dejándolo a merced del FMI. Sin inversión extranjera, con el fracaso del Bitcoin y de los bonos financieros «Volcán» y con una economía estancada que depende en una cuarta parte de las remesas, es difícil prever un salvavidas. La constante recompra de bonos de deuda tiene un límite, y Bukele ha sorteado su suerte con esta estrategia, pero tarde o temprano la misma burbuja que ha creado explotará y será catastrófica. Un posible rescate financiero del FMI significa ataques directos a los niveles de vida de la clase obrera, lo cual sería una receta acabada para el colapso de la popularidad del presidente «más cool» de Latinoamérica, como él mismo se autodenomina.
Como organización comunista y revolucionaria, exigimos:
- Garantizar los derechos de escalafón, protesta y sindicación para todos los trabajadores del sector público.
- Un alto a la persecución y represión de los manifestantes que defienden sus derechos.
- La reinstalación inmediata de todos los trabajadores despedidos.
- Un acuerdo público frente a representantes de salud y educación, comprometiéndose a no afectar el escalafón y a mejorar las condiciones laborales en hospitales y escuelas públicas.
Hacemos un llamado a:
- Una lucha más confrontacional por parte de los sindicatos de trabajadores públicos, reforzando la unidad con todos los trabajadores afectados por la crisis generada por el régimen.
- Los sindicatos, organizaciones nacionales e internacionales para pronunciarse y exigir la reinstalación de los compañeros y el respeto a los derechos limitados que la clase obrera salvadoreña ha conquistado en su lucha histórica. Un ataque contra la clase obrera salvadoreña es un ataque contra la clase obrera internacional.
¡Por una solución revolucionaria a la crisis financiera del Estado! ¡Luchemos por un gobierno de los trabajadores! ¡Únete a la construcción del Partido Comunista Revolucionario en El Salvador!
