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De cómo Deuda, Banca y Vivienda están intrínsecamente unidas
La crisis del sistema capitalista demuestra el comportamiento criminal del mismo. Para pagar sus deudas “de juego” en los mercados internacionales la burguesía se ve obligada a apretar todo lo que pueda a la clase trabajadora, provocando recortes masivos en derechos sociales básicos y todo tipo de desmanes que generan auténticos dramas personales, entre ellos el incremento exponencial de los suicidios. La burguesía, como clase social que decide realizar conscientemente un tipo de política, es la culpable de este tipo de dramas, que no son debidos a la debilidad de carácter de las personas afectadas, ni al azar…
El último congreso de psiquiatría, reunido en Valencia, ya dictaminó cómo hace seis meses se concretaban 9 suicidios diarios en España, de los cuales 3 eran directamente achacables a causas motivadas “por la crisis económica”. No entramos a valorar cuántos de los otros 6 suicidios diarios que se llevaban a cabo entonces, según las estadísticas oficiales, son debidos a causas “indirectas” sociales, y en qué cuantía. Lo cierto es que, con justicia, ya se puede establecer científicamente que una determinada política está matando a la gente, cada vez más. Esto sólo se puede calificar de “asesinatos sociales”.
La trampa y la mentira de la deuda
El sistema capitalista está demostrando su carácter más reaccionario debido a la crisis de sobreproducción que sufre. Hoy por hoy, no es capaz de solucionar ningún problema de los que están azotando diariamente a la clase trabajadora. Por el contrario, sólo es capaz de ofrecer recortes y contrarreformas en su propio beneficio, tratando de que los trabajadores paguemos su deuda. Una deuda de la cual los únicos beneficiarios han sido los burgueses.
En 2008 empezó la crisis, con la caída del gigante financiero Lehman Brothers, banco del que, recordemos, el propio ministro de Economía Luis de Guindos formaba parte, en su consejo de administración. Entonces, en el Estado Español habíamos pasado por una docena de años de un auge económico que fue explotado principalmente por el sector de la construcción y financiero.
Los capitalistas, con el crédito que promovieron, intentaron sortear las crisis ordinarias que afectan al sistema capitalista, para posibilitar que los trabajadores pudiéramos comprar ese “stock” de viviendas sobreproducido. Pero las deudas hay que pagarlas, y cuando estalló la crisis ésta se hizo más fuerte, por el lastre del crédito convertido en deuda.
Durante los años de auge, cualquiera podía conseguir un crédito, no era difícil encontrar trabajo. Además, los créditos eran a un interés elevadísimo. Esto produjo el endeudamiento de las familias, y sobre todo de empresas y bancos; haciendo que el conjunto de toda esta deuda privada hoy por hoy en el Estado Español sea superior al 300% del PIB. La Deuda Pública del Estado era del 36% del PIB en el 2007.
El problema de la vivienda
La vivienda es un derecho básico innegable. El hecho de tener una vivienda digna y con garantías de que ésta no se va a perder es necesario para una vida humana digna, incluso desde un punto de vista psicológico. Por el contrario, el problema de los desahucios hace que la clase trabajadora tenga que vivir angustiada para no perder su casa.
Desde el inicio de la crisis en 2008 se han producido en el Estado Español más de 400.000 desahucios, sin importar edad ni género. Jubilados, trabajadores con hijos pequeños y bebés, han sido sacados a la fuerza de sus casas por no poder pagar la deuda que los ligaba con el banco. Pero, como se ha mencionado antes, el capitalismo, en su crisis orgánica, sólo puede ofrecer recortes y contrarreformas.
La Constitución de 1978 garantiza el derecho a la vivienda digna en su artículo 47:
“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.”
Pero, ¿qué decir de la Constitución ahora? Puro papel mojado, legal, pero puro papel mojado llegado el caso, por aceptar la lógica del capitalismo. Al aceptarla, en una crisis como la actual, se deja todo el poder en manos de los consejos de administración de la gran banca y gran empresa. Como dijeron Marx y Engels en El Manifiesto Comunista , “el Gobierno del Estado moderno no es más que una Junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa.”
La ILP, Ada Colau y la dación en pago
La cuestión de la vivienda ha estado en la orden del día estas semanas. El día 13 de Febrero se aprobaba en el congreso el estudio y tramitación de la ILP promovida por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, gracias a que finalmente votaron a favor de dicho trámite los diputados del PP, presionados por las fuertes protestas sociales. Mientras este trámite burocrático era aprobado (lo que significa que ahora se va a tramitar dicha ley, refundiéndose según el PP con la ley que ya preparaba el gobierno), se sucedían los suicidios de una pareja de ancianos en el municipio de Calvià, en Mallorca; y el de una persona en Alicante, a los cuales se les sumó otro un día más tarde en Bizkaia.
Uno de los grandes problemas de la vivienda en el Estado español se encuentra en las deudas hipotecarias, motivadas por la especulación llevada a cabo en el sector durante los años del auge (que llevó también a la sobretasación por parte de las empresas del ramo, ligadas a las constructoras). La mayoría de familias están endeudadas hasta las nubes.
Cuando se va a proceder a un desahucio se vuelve a tasar la casa, pero ahora tienen un valor muy inferior, teniendo las familias que pagar la diferencia entre el precio en que la compraron y el precio actual, además de perder la vivienda.
La ILP reunió casi 1,5 millones de firmas de trabajadores de todo el Estado pidiendo la dación en pago. También pudimos ver a su portavoz, Ada Colau, hablando en el Congreso de los Diputados, llamando “criminal” a la banca, una visión que cada vez más se extiende entre la clase trabajadora. Ada Colau insistió en su discurso en las Cortes diciendo que “la dación en pago es la solución”, para el problema de la vivienda.
Frente a la situación actual, la dación en pago es un paso positivo, al no conllevar el doble drama de perder tu casa y, encima, seguir endeudado. Ahora bien, en una situación en la que hay varios millones de casas en venta (nuevas y de segunda mano) ¿Debemos conformarnos meramente con obtener la dación en pago, o debemos unir la obtención de ésta a la lucha por una vivienda digna para millones de familias?
Una alternativa al problema de la vivienda
Ayer mismo (27-02-13), en El País, el economista Santiago Carbó, uno de los máximos expertos del sistema financiero español, explicaba el punto de vista de los capitalistas de este país:
“…Ha sido una práctica habitual que los bancos utilicen las hipotecas para crear títulos de deuda que puedan ser comprados por inversores. La dependencia financiera exterior queda de manifiesto cuando se comprueba que España cuenta con medio billón en euros en instrumentos hipotecarios titulizados por sus entidades financieras (…) Por eso, si se cambia sustancialmente el valor de la garantía que suponen estas hipotecas (por ejemplo, con una dación en pago retroactiva) se podría quebrar la seguridad jurídica y todo el sistema de financiación puede colapsarse…”.
Ahora bien, si seguimos a Carbó en su análisis, parece que hay un problema en sí en el hecho de cambiar la “naturaleza jurídica” de estas relaciones establecidas. Esto no es cierto.
No ha habido ese problema para cambiar la ley de manera absolutamente extraordinaria para que el Estado se quedase con Bankia y el resto de la banca enferma, lo que nos ha costado a los que pagamos impuestos 40.000 millones de euros y ha coadyudado de manera importante a que la Deuda Pública haya avanzado en un solo año 14 puntos, hasta situarse en el 84% del PIB: es decir, el Estado (los trabajadores con sus impuestos), nos hacemos cargo de deuda privada de la banca enferma para que pase a ser deuda pública nuestra. Esto es un gigantesco robo, legal, pero robo al fin y al cabo: esta cantidad es superior a la que se ha detraído de los servicios públicos en los últimos dos años con los diferentes ajustes.
Tampoco hubo ningún problema legal cuando los dirigentes del PSOE (secundados por el PP) cambiaron en septiembre de 2011 la “sacrosanta” Constitución para que, de la noche a la mañana, todas las leyes fundamentales (como el derecho a la vivienda) pasasen a segundo plano frente al pago de los intereses de la Deuda Pública que, ¡oh, misterios de la vida! crece exponencialmente. Eso sí, así como Jesucristo logró el milagro de los panes y los peces, aquí se ha obrado el milagro de la transmutación de la deuda privada de los bancos en deuda pública para los trabajadores.
El Estado, además, es el único avalista del dinero que el BCE le presta a la banca (a la enferma y a la “sana”), al 1% para que ésta especule contra la Deuda Pública al 6%, o más aún, logrando un beneficio vergonzante. Esa diferencia la pagamos también los trabajadores con nuestros impuestos. Esto es otro robo, legal, pero también un robo.
Por tanto, todas estas medidas, decisiones y cambios legales (que tienen cierta enjundia e importancia) son posibles. Eso sí, todos tienen como denominador común el de proteger los inmensos intereses de una ínfima minoría de la sociedad.
¿Por qué nos tenemos que conformar?
Sí tenemos que luchar por una vida digna, que sí es posible.
Sí existen los pisos para que todos los que vivimos en el Estado español vivamos bajo un techo digno. Hagámoslo legal.
La solución al problema, desde nuestro punto de vista, sigue, por tanto, por la adopción de medidas de control de la banca, pero no sólo de la “banca enferma”, sino por controlar la totalidad de la banca, dueña de hecho de las principales constructoras e inmobiliarias. Si, siguiendo a Carbó, estos “lumbreras” financieros han elevado la dependencia exterior en medio billón de euros porque no encontraban suficiente capital en este país para prestar la tremenda cantidad de dinero con el que especulativamente nos han obligado a comprar los pisos, cuyo valor han decidido conscientemente elevar (poniéndose de acuerdo bancos, constructoras y tasadoras) ¿Adónde ha ido el beneficio generado por millones de familias trabajadoras que religiosamente han pagado sus plazos de amortización junto a unos intereses usureros durante 15 años de crecimiento económico? Queremos investigar TODOS sus libros contables, TODAS sus cuentas. NO NOS FIAMOS DE ELLOS.
Ellos no tienen credibilidad. Debemos confiar, la clase trabajadora y la inmensa mayoría de la sociedad, en nosotros mismos para poner orden en este desaguisado. Este régimen que han edificado, cada día más lleno de basura, no nos representa ¡Hagámoslo caer!
Nuestro diputado Alberto Garzón le espetó valientemente a Mario Draghi, la semana pasada, que “debería de ser juzgado penalmente”. Nosotros decimos que también hay que hacerlo con todos los gestores de este gigantesco robo legal a los trabajadores del Estado español. Las vidas de centenares de personas que se han suicidado (recordemos, cuando menos tres personas diariamente por “motivos directamente sociales”) no se pueden recuperar lamentablemente, pero ¿Por qué las pocas decenas que mandan en los consejos de administración de las constructoras y gran banca valen más que los muchos centenares que cayeron en la desesperación?
Claro que no pedimos la muerte de nadie: pedimos que respondan por sus actos, para empezar, dejando en manos de la inmensa mayoría de la sociedad, que vive en una creciente desesperación, los recursos y derechos que muy legalmente nos han robado entre unos pocos.
Quien paga manda, dice el refrán: aquí le estamos pagando de todas las maneras habidas y por haber, a unos pocos, cantidades ingentes de dinero ¡Basta ya! Mandemos nosotros, ya que somos los que pagamos.
Que el Estado empiece por tomar el control de constructoras y bancos ¡Nosotros los administraremos mejor, con luz y taquígrafos, democráticamente, gestionados por nosotros mismos!
La gran mayoría de las viviendas vacías se encuentran en manos de la gran banca. Por tanto, la nacionalización de ésta daría acceso a todo ese “stock” de viviendas sobreproducidas. Así se podría crear un parque público de viviendas destinadas al alquiler social, por no más de un 20% del total de ingresos familiares, o incluso una moratoria del pago en caso de que los ingresos no sean suficientes para subsistir y pagar la vivienda.
Sobra decir que también es importante explicar a la gente que va a ser desahuciada que con el suicidio no va a arreglar nada. Pero el mejor contraveneno contra esta enfermedad social es que la gente, masivamente, tenga confianza en que ¡Sí se puede! Sí podemos cambiar las cosas, cambiar nuestras vidas y el injusto sistema capitalista que habitamos: la única alternativa pasa por organizarse y luchar.
Como dijo Trotsky: “ La vida es hermosa. Que las futuras generaciones la libren de todo mal, opresión y violencia y la disfruten plenamente”. Tenemos que lanzar un grito de optimismo, sí se puede.
La PAH ha estado realizando un excelente trabajo, todo el movimiento obrero organizado está obligado moral y materialmente a ponerse a su servicio para conseguir, aquí y ahora, tumbar en las próximas semanas los intentos legales del PP por eternizar el drama de la vivienda. Pero no nos podemos conformar con “repartir la miseria”, queremos una vida digna, que hoy debe empezar por poder habitar y disfrutar de las viviendas que ya existen, y que no deben seguir perteneciendo a quienes están llevando al país a la ruina, los capitalistas, ya sean grandes constructores o financieros.
En los años 70’s, en muchos barrios obreros de diferentes ciudades, las movilizaciones populares de entonces sí consiguieron mejorar con mucho la habitabilidad y urbanismo en decenas de barrios obreros, con la participación y el control de los trabajadores organizados en las asociaciones de vecinos.
Ahora, la experiencia nos indica que este problema no se va a solucionar en base a la propiedad privada de los grandes medios de producción: el derecho a la vivienda pasa por entero por la intervención de los poderes públicos, bajo el control de las organizaciones y movimientos sociales, como la PAH, con la participación directa de los afectados.
Pero ahora, la diferencia es que el problema de la vivienda está ligado al de la deuda de las familias, la mayor de la historia; esta deuda, a su vez, aparece ligada a la de la banca, que se está limpiando a su vez trasvasando sus “activos enfermos” a la Deuda Pública; y, por último, mientras la Deuda Pública era de menos del 10% del PIB a mediados de los años 70’s, ahora está in crescendo por encima del 84%. Ahora todo está unido, esta crisis económica del capitalismo español es muy superior a la de entonces.
En última instancia, la batalla política que lleva a la resolución del problema de la vivienda afecta a las vacas sagradas fundamentales. Este problema, por tanto, no se puede alcanzar sin resolver otros (sanidad, educación, pensiones, derechos laborales, desempleo, banca…). El cambio de régimen es el cambio de sistema capitalista. El Proceso Constituyente que se reivindica desde la izquierda será un aborto si no da una respuesta satisfactoria y pronta a todas estas necesidades. El capitalismo es un sistema caduco y reaccionario al que le ha llegado la hora. El problema de la vivienda tan sólo ejemplifica una de las deficiencias que padecemos.
Fuente: Lucha de Clases (España)
