A fines de marzo, el gobierno nacional decidió intervenir la provincia de Santiago del Estero y sus tres poderes públicos: el ejecutivo, la legislatura y la Corte de justicia. La situación en la provincia, donde se registra uno de los índices de pobreza más altos del país, es calamitosa. La corrupción campaba a sus anchas a todos los niveles y los derechos humanos eran violados sistemáticamente. Semanas antes de la intervención se descubrió una red de espionaje que tenía fichadas a más de 30.000 per0 personas. El ex-jefe policial de la provincia, Musa Azar, era un conocido torturador incluso antes de la dictadura
50 años bajo el terror de los Juárez: el PJ lo hizo
A fines de marzo, el gobierno nacional decidió intervenir la provincia de Santiago del Estero y sus tres poderes públicos: el ejecutivo, la legislatura y la Corte de justicia.
La situación en la provincia, donde se registra uno de los índices de pobreza más altos del país, es calamitosa. La corrupción campaba a sus anchas a todos los niveles y los derechos humanos eran violados sistemáticamente. Semanas antes de la intervención se descubrió una red de espionaje que tenía fichadas a más de 30.000 personas. El ex-jefe policial de la provincia, Musa Azar, era un conocido torturador incluso antes de la dictadura. Tras el crimen de la dársena, en el que estaba implicada la camarilla política y policial que rodeaba al cortesano Carlos Juárez, la población santiagueña comenzó a agitarse y a sacudirse el miedo y la inercia de silencio y humillación padecidas durante 50 años. La situación se hacía insostenible, no dejando lugar al gobierno nacional otra opción que intervenir la provincia para prevenir un estallido social similar al "Santigüeñazo" de 1993.
La situación de Santiago del Estero no hace sino mostrar la realidad de amplias zonas del país, donde muchas provincias son gobernadas como feudos privados a manos de las oligarquías locales, como ocurre en San Luís con los Rodríguez Saá, en Salta con Romero, en Formosa con Insfrán, en Neuquen con Sobisch, etc. También muestra la total podredumbre del PJ y del peronismo.
Supuestamente, la función del interventor designado por el gobierno, Pablo Lanusse, es limpiar y restaurar la legalidad en la provincia. Pero la experiencia nos dice que los mismos punteros, corruptos y criminales que acompañaron a los Juárez durante años, se cambiarán la careta para ponerse a disposición de los nuevos poderes para seguir medrando a costa del pueblo.
Desde El Militante defendemos la creación de comisiones en los barrios y localidades formadas por los propios vecinos, trabajadores y organizaciones populares que deben ser quienes identifiquen, juzguen y condenen a todos los políticos, jueces, policías y punteros, corruptos y delincuentes que acompañaron a los Juárez en todas sus fechorías. La nacionalización de las principales empresas, bajo control obrero y la expropiación de los latifundios y su usufructo por las organizaciones campesinas y de obreros agrícolas. Planteamos la formación de una Asamblea Popular, formada por representantes elegidos en los barrios y localidades, revocables en todo momento, para que administre los destinos de la provincia. Una Asamblea popular de estas características actuaría como un revulsivo en todo el país y precipitaría las condiciones para un nuevo "Argentinazo" que pusiera sobre la mesa la necesidad de un gobierno obrero y popular para terminar con la explotación y miseria capitalista.
