El gobierno bonaerense emparcha la reforma

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Ante el evidente fracaso de la reforma educativa, que deteriora al sistema en general a la vez que perpetúa la marginación de millones de niños y jóvenes, el estado provincial se plantea algunos cambios. Sin bien de esa manera se reconoce implícitamente ese fracaso y se quiere hacerla aparecer como un cierto retorno al secundario mediante la reformulación del ciclo superior de la EGB, en realidad la reforma de la reforma significa una profundización del modelo de exclusión y ajuste.

Continúan los ataques a la educación pública

Ante el evidente fracaso de la reforma educativa, que deteriora al sistema en general a la vez que perpetúa la marginación de millones de niños y jóvenes, el estado provincial se plantea algunos cambios. Sin bien de esa manera se reconoce implícitamente ese fracaso y se quiere hacerla aparecer como un cierto retorno al secundario mediante la reformulación del ciclo superior de la EGB, en realidad la reforma de la reforma significa una profundización del modelo de exclusión y ajuste.

En el marco de la ronda de consultas, y en consonancia con el plan educativo presentado en el año 2004 por el gobernador Felipe Solá, los distintos sectores legislativos de la provincia de Buenos Aires han producido varios documentos y proyectos de ley que llevan al desguace de la escuela pública. Esos proyectos revelan desde el comienzo su propósito, que es la necesidad del estado de profundizar la transformación educativa, a partir de los cambios propuestos en el sistema, hacia el elitismo, la privatización, el clericalismo y la influencia creciente de los punteros políticos.

Buscan así continuar con el ajuste que ignora las necesidades salariales, de salud, educación y vivienda de los bonaerenses, para privilegiar el plan represivo de seguridad y el pago de la deuda externa provincial, aumentar la influencia y los beneficios de los sectores privados y de la iglesia en la educación, y cerrar filas con los distintos intendentes y punteros locales incrementado su injerencia.

Los docentes afirmamos que ningún progreso en la educación pública puede darse en el marco de la Ley Federal de Educación y de la Reforma educativa en la provincia. Mediante ellas se desfinanciaron los colegios, se vació la escuela primaria, que debió asumir la asistencia de una matricula que la desbordaba en número y en problemática. Se incrementó la deserción a 100 mil niños que abandonan las escuelas provinciales por año. Y se perdieron cargos y calidad en la educación destinada a los adolescentes con la desaparición del secundario.

Por eso seguimos defendiendo la educación publica, con presupuesto suficiente, salarios dignos y no por debajo de la línea de pobreza como los actuales; becas para los estudiantes, que también se encuentran en su mayoría en situación de pobreza o miseria; obras para el mantenimiento, renovación y ampliación de las escuelas y para su equipamiento. Es decir que la educación sea una prioridad.

Sin embargo los cambios propuestos llevan a la atomización educativa, se va hacia una escuela gerencial. El primer objetivo es trasladar a los municipios y la propia comunidad el sostenimiento de la escuela, con la consecuente profundización de la desigualdad social. Para eso diagnostican: “en los servicios educativos de gestión estatal, el equipo directivo tiene poco peso, poco poder de decisión sobre la gestión de su personal. Las designaciones se hacen fuera del ámbito escolar y sin participación de los responsables del proyecto institucional”.

Aquí reside el problema. Así los legisladores toman partido por el modelo de la escuela privada y proponen “desarrollar mecanismos de selección de docentes más acordes con las necesidades de cada servicio educativo… Lo que implica consensuar un nuevo régimen laboral, que otorgue poder de decisión, bajo condiciones definidas, a las conducciones escolares: para seleccionar un plantel critico de docentes, que den sustentabilidad y garanticen la realización y puesta en marcha del proyecto educativo institucional”. Esto conlleva un definido objetivo de clientelismo político y dedocracia, escuelas de primera para pocos y enorme mayoría de colegios abandonados a su suerte.

De acuerdo a los funcionarios actuales, la crisis en la educación publica no se da por falta de presupuesto, ausencia de un proyecto educativo de alcance nacional o los salarios de hambre… sino porque los directores no tienen aún en sus manos el poder total sobre su escuela. Este modelo que impulsan necesita, para ser puesto en marcha, terminar con el estatuto del docente y las conquistas laborales allí plasmadas tras largos años de lucha.

Para oponerse a estos planes y defender la educación pública y los derechos básicos de la población debemos profundizar la lucha que vienen llevando adelante los docentes de la provincia. Continuar ampliando la participación y la afiliación sindical, la coordinación con los demás trabajadores estatales y otros sectores en lucha. En este sentido es muy importante la experiencia que viene llevando adelante la oposición de izquierda en SUTEBA. También es necesario comenzar a plantearse con todos esos trabajadores en lucha el paso hacia una organización política independiente para enfrentar a quienes hoy gobiernan, funcionarios corruptos a sueldo de empresarios ávidos de ganancias, capaces de lucrar con la educación, la salud y la vida de los bonaerenses.