Durante la campaña electoral y sus primeros meses de gobierno Kirchner cultivó una imagen de crítico feroz de la etapa privatizadora menemista, apareciendo como un defensor implacable de la empresa pública y de la riqueza nacional. Sin embargo, seismeses de gobierno han sido más que suficientes para demostrar cuál es la verdadera distancia entre las palabras y los hechos y lo que significa la apuesta por el denominado “capitalismo nacional”.
El gobierno de Kirchner consolida y profundiza la política privatizadora del menemismo
Durante la campaña electoral y sus primeros meses de gobierno Kirchner cultivó una imagen de crítico feroz de la etapa privatizadora menemista, apareciendo como un defensor implacable de la empresa pública y de la riqueza nacional. Sin embargo, seis meses de gobierno han sido más que suficientes para demostrar cuál es la verdadera distancia entre las palabras y los hechos y lo que significa la apuesta por el denominado "capitalismo nacional".
El sistema ferroviario
Las conclusiones del último informe de la Auditoría General de la Nación representan una condena aplastante a la gestión del sistema ferroviario privado. Entre otras cosas, se afirma que los empresarios "no hacen las inversiones comprometidas, … adeudan cánones al Estado por la concesión, … no se hace el mantenimiento de los bienes, … no pagan las multas del ente regulador … y no responden a los reclamos del Estado" (Clarín, 10 de Octubre del 2003).
En el 2004 el Estado aportará, solamente a las compañías ferroviarias del área metropolitana de Buenos Aires, $ 18 millones mensuales en concepto de subsidios. A pesar de que estas empresas incumplieron todos sus compromisos de inversión y modernización de las líneas férreas (y es el Estado ahora el que tuvo que asumir dichas inversiones). Estos subsidios incluyen los costos laborales derivados de la suba salarial de $200 y la contratación de nuevos trabajadores en el Subte de Buenos Aires por la reducción de la jornada laboral de 8 a 6 horas. Así vemos que estos parásitos, en lugar de asumir los costos propios de lo que legalmente son "sus" negocios le pasan la factura al Estado (es decir, a las familias obreras argentinas, que formamos la mayoría de la sociedad y somos quienes pagamos la inmensa mayoría de los impuestos).
El doble lenguaje de Kirchner también se demuestra con la nueva línea inaugurada bajo su gobierno en Tucumán, con un desembolso inicial de $ 9 millones del Estado para reabrir los talleres ferroviarios, arreglar las vías, rehabilitar las locomotoras y vagones y pagar los sueldos de los trabajadores contratados, y sin embargo se transfirió la concesión del servicio a la empresa Belgrano Carga. El Estado pone la plata y los dueños de la empresa se llevan los beneficios.
Líneas aéreas
La apuesta por el capitalismo "nacional" significa que el Estado asume las pérdidas empresariales de los grandes capitalistas nacionales al mismo tiempo que llenan sus bolsillos de generosos subsidios estatales. Así, tras hacerse cargo el Estado el pasado mes de agosto, de las privadas LAPA y Dinar, quebradas por sus dueños, y formar con ellas una aerolínea estatal (LAFSA), ahora pretende privatizarla en los próximos meses, seguramente a la privada Southern Winds (SW), con la que estableció un convenio para incorporar la plantilla de LAFSA a sus servicios, a cambio de recibir un subsidio estatal mensual de $ 6,2 millones para atender los salarios de estos trabajadores y una parte del combustible.
Para contentar al resto de las aerolíneas privadas, el gobierno les rebajó el IVA del combustible, rebaja que supone una disminución de entre un 25% y un 40% de sus costos fijos, y también el IVA del "leasing" de los aviones (aviones que se alquilan con opción de compra). Además, el Estado les subsidiará a partir de ahora el denominado "seguro de guerra", un costo adicional desde el 11-S (Clarín, 8 de septiembre del 2003).
Otra situación escandalosa se da en Aeropuertos 2000, otra empresa privatizada en los 90 y que gestiona los aeropuertos del país. Comprada por Eduardo Eurnekian (propietario de SW) por $171 millones, debe actualmente al Estado $450 millones por canon impago y ha incumplido sus compromisos de inversiones para modernizar los aeropuertos. Y eso, a pesar de que el aeropuerto de Ezeiza es el 5º más costoso del mundo por las elevadas tasas aeronáuticas y aeroportuarias que cobra a las compañías aéreas.
Correos
Un área estratégica para cualquier país, como es la actividad postal, fue entregada en los 90 a capitalistas aventureros como Macri, que despidió a 10.000 trabajadores ni bien se hizo cargo de la compañía estatal. Actualmente, el Correo Argentino acumula una deuda de $ 900 millones, y $260 millones de canon impago al Estado. Correos Argentino está en convocatoria de acreedores desde septiembre del 2001 y ya habría sido declarado en quiebra de no ser por los manejos de la familia Macri con la justicia burguesa que está dilatando el proceso artificialmente. Lo más increíble es que el gobierno pretende retomar el control de la empresa (al ser el principal acreedor), pero con la intención de privatizarla después. Macri hizo miles de millones con el Correo, pero no pagará sus deudas, únicamente perderá la concesión. Será nuevamente el Estado quien enjuague las deudas con el dinero de los trabajadores para entregar la compañía limpia y nuevita a un nuevo especulador.
Peajes de rutas y autopistas
Los peajes también fueron privatizados en los 90. Las empresas que gestionan los peajes facturaron unos 3.500 millones de dólares en 10 años, casi 1 millón de dólares diarios. Además, estas empresas recibieron importantes subsidios estatales ($ 325 millones solamente en el 2002). Pero no sólo eso, también cobraron al Estado $420 millones por deudas inexistentes durante los gobiernos de Menem y De la Rúa. La Auditoría General de la Nación (Clarín, 12 de octubre del 2003) también afirma que los incumplimientos en inversiones de estas empresas alcanzan al 59% de las rutas, lo que obligará al Estado a asumir las mismas: $ 500 millones hasta el 2008.
Las nuevas licitaciones sacadas por el gobierno Kirchner en Octubre entregan la gestión del peaje de 8.000 kilómetros de ruta a sólo 6 empresas esta vez. Formalmente, el Estado recibirá un canon de $194 millones de estas empresas hasta el 2008. Una cantidad ridícula si tenemos en cuenta que el pago del canon supondrá solamente entre el 4,25% y el 32% de la facturación de estas empresas, según la ruta. Y si tenemos en cuenta que ingresan 1 millón de dólares diarios por el cobro de peajes, el negocio que obtienen sigue siendo fabuloso. Además, el nuevo convenio inhibe a las empresas de la obligación de hacer inversiones en las rutas, que pasan a ser obligación del Estado.
Los que más perdieron fueron los 5.000 trabajadores de peajes que se quedan sin su antigüedad laboral en las nuevas empresas, que tampoco están obligadas a incorporarlos a sus plantillas. Así, los trabajadores de peajes vieron reducirse sus salarios ahora entre un 20% y un 30%, y los despedidos lo fueron sólo con la indemnización simple, todo ello con el acuerdo de la dirigencia gremial de UECARA.
Eléctricas, aguas y bancos
El chantaje que las compañías privatizadas de petróleo, gas, telefonía, electricidad y agua están ejerciendo contra el gobierno, como lo demuestran los apagones de luz y cortes de agua sin previo aviso, para que éste autorice una suba de tarifas, pone al desnudo la manera en que funciona verdaderamente la llamada economía de "libre mercado". Pero, incluso, esta actitud mafiosa por parte de los directivos de estas compañías no hace cambiar la actitud de este gobierno a favor de la política de privatizaciones de los 90. Estas compañías rentables vendidas a precios irrisorios por los políticos capitalistas corruptos, que dejaron miles de millones de dólares en beneficios, beneficios que deberían haber ido a los barrios obreros para mejorar sus instalaciones de luz, gas y agua si se hubieran mantenido públicas, son insaciables. En lugar de invertir, sacaron la plata del país para beneficiar a un puñado de directivos multimillonarios, y ahora amenazan con un colapso del sistema eléctrico nacional o con perpetuar la situación de millones de familias trabajadoras argentinas que viven sin cloacas o sin acceso al agua potable.
¡Y el gobierno de Kirchner insiste en que este es el tipo de economía, la economía capitalista, la que debe hacer prosperar al país para sacarlo de la pobreza y la miseria!
La manera en que las grandes empresas capitalistas utilizan al Estado para garantizarse jugosos beneficios no se circunscribe exclusivamente a las empresas privatizadas. En Septiembre y Octubre, el Congreso de la Nación, a instancias del gobierno Kirchner autorizó un nuevo endeudamiento del estado para transferir $6.800 millones a los bancos en concepto de "indemnización" por la pesificación. También se renovaron los subsidios del peaje para las empresas del transporte de carga y los colectivos de larga distancia, lo que supone un descuento del 72% del costo de los peajes para estos vehículos. La planta de la multinacional norteamericana Lockhead Aircraft, instalada en Córdoba, ha recibido otro subsidio del gobierno de $6 millones. Igualmente, el Estado subsidiará durante 2 años con $150 por trabajador a la FIAT de Córdoba, con un costo cercano a $6,5 millones. Y los ejemplos no tendrían fin.
Así, el gobierno de Kirchner reparte miles de millones de pesos a los bancos, empresas, multinacionales y privatizadas mientras que congela los ingresos de los trabajadores estatales, los desocupados y los jubilados.
Por qué Kirchner no quiere reestatizar
Las privatizaciones fueron un fraude, un saqueo y un expolio a la riqueza del pueblo trabajador cometida no sólo por multinacionales como Telefónica, Repsol y otras, sino también por destacados empresarios argentinos, como los Macri, los Eurnekian, los Rocca, los Roggio, los Werthein y otros.
Incluso desde un punto de vista capitalista, la reestatización de algunas de estas compañías sería beneficioso, social y económicamente debido a la cantidad de recursos que ingresarían al Estado y el ahorro en el pago de subsidios.
La razón por la que Kirchner no quiere reestatizar ninguna de estas compañías no es económica, sino política. Kirchner sabe que la reestatización de una sola compañía importante despertaría tal entusiasmo entre la clase obrera que ésta presionaría al gobierno para que continuara reestatizando al resto de privatizadas. Las idea de una economía estatal y socialista se abriría "peligrosamente" en la imaginación de los trabajadores. Él lo sabe y por eso se niega terminantemente a ofrecer esta posibilidad a los trabajadores, como político burgués que es; es decir, como representante político de la clase social que gobierna el país, la burguesía. Que necesite enfrentar temporalmente a un sector de esa misma clase capitalista y de las multinacionales para preservar los intereses de conjunto del sistema, no cambia esta caracterización que hacemos de él.
Desde El Militante defendemos la reestatización de las empresas privatizadas. Necesitamos que estos recursos estén en manos del pueblo trabajador para que satisfagan nuestras necesidades, pero deben estar bajo el control de los trabajadores para evitar la corrupción y la ineficacia de los altos funcionarios estatales, y sin indemnizar a sus propietarios actuales, que ya se robaron miles de millones durante años.
Los sindicatos deben ser los primeros en levantar este reclamo para movilizar por él al conjunto de la clase obrera, comenzando por los gremios de las empresas privatizadas: telefónicos, Luz y Fuerza, ferroviarios, UTA, petróleo y gas, aeronavegantes, etc.
Pero esto sólo sería el comienzo. Necesitamos también expropiar los bancos, los monopolios privados y la gran propiedad agrícola-ganadera, bajo control obrero y sin indemnización, única manera de planificar el conjunto de la economía para satisfacer las necesidades de la mayoría.
