“La dignidad fundamental de la mujer como ser humano exige que no se la considere simplemente como gestadora y criadora de hijos, sino como individuo pleno con derecho a administrar su propia vida. La imposibilidad de controlar las funciones mismas que diferencian biológicamente a la mujer del hombre es de por sí una violación de los derechos humanos”. (Radhika Coomaraswamy, relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, 31 de enero de 2002)
El aborto es un procedimiento legal en la gran mayoría de los países desarrollados y esto ha tenido una repercusión importante sobre la disminución de las cifras de mortalidad materna.
Pero hay que destacar, una vez más, que la primera legalización del mundo tuvo lugar en la Unión Soviética en 1920. Tras ella se van sucediendo en otros países de régimen comunista y capitalistas.
La situación en América Central y en América del Sur está en estos momentos en proceso de definición ya que hay tensiones muy fuertes entre mantener el estatus generalizado de defensa de la vida del feto y por tanto, la prohibición del aborto, o avanzar en la senda de la despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. En América está legalizado en 5 países, prohibido en 7 países y despenalizado bajo ciertas causales en los otros 23.
En Argentina, en 1921, según el art. 86 del Código Penal el aborto se encuentra despenalizado tanto por correr peligro de vida o la salud de la mujer o cuando el embarazo sea producto de una violación cometida sobre una mujer con discapacidad mental. Hubo que esperar hasta el año 2012 para “corregir” esta aberración, cuando la Corte Suprema de Justicia precisó que el aborto es no punible en violaciones cometidas sobre cualquier mujer y ademas indicó, entre otros puntos, que no es necesario recurrir a la justicia para su realización.
Según la OMS -28/9/2017|Ginebra – “De 2010 a 2014 se produjeron en todo el mundo 25 millones de abortos peligrosos (45% de todos los abortos) al año. La mayoría de abortos peligrosos (97%) se produjo en países en desarrollo de África, Asia y América Latina.”
“[…] En los países donde al aborto está completamente prohibido o se permite solo para salvar la vida de la mujer o preservar su salud física, solo 1 de cada 4 abortos fue seguro; por el contrario, en los países donde el aborto es legal en supuestos más amplios, casi 9 de cada 10 abortos se realizó de manera segura. Restringir el acceso al aborto no reduce el número de abortos.”
La lucha por la despenalización y legalización del aborto en Argentina
La historia de la lucha por la legalización del aborto en la Argentina tiene décadas, durante las que hubo momentos de diferente visibilidad y articulación con diferentes actores.
Desde el año 2005, a partir de la conformación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito ha dado fuerza, visibilidad y organización al trabajo histórico realizado por distintos sectores impulsando la sanción de una ley para despenalizar y legalizar el aborto.
Despenalizar porque actualmente está contemplado como delito en el Código Penal (Art. 85). Pero si se despenalizara, el aborto dejaría de ser un delito, pero su acceso gratuito y seguro no estaría garantizado. Por ello, es necesaria la legalización para diseñar, implementar y monitorear políticas públicas que garanticen su realización efectiva y segura en todos los niveles del sistema de salud.
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito elaboró un proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que se viene presentando en esta Cámara de Diputados desde el año 2007 sin lograr su tratamiento y aprobación. En los 11 años transcurridos desde la primer presentación del proyecto de Ley IVE, se ha logrado avanzar en la despenalización social del aborto y el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 2012 antes mencionado. Cabe mencionar, que inclusive este fallo no es asumido por todas las provincias del país. Según la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre violencia contra la mujer que en el país “dos de cada tres provincias” no cumplen con el protocolo para la ejecución correcta del procedimiento.
Santa Fe es una de las ocho jurisdicciones que cumple con el fallo de la Corte Suprema del 2012 sobre aborto no punible. Entre 2013 y el año pasado se pasó de 436 a 207 abortos atendidos en hospitales. Esta estadística, está explicada por el cumplimiento con el protocolo para abortos no punibles, por la distribución de misoprostol (desde 2012 en adelante) y por “mejoras” en elprimer nivel de atención.
Desde 2012 no murió ninguna mujer. Diez años atrás casi todas llegaban por una práctica hecha en la ilegalidad y tenían un 80% de posibilidades de no sobrevivir. El dato no es menor. Responde a un proceso de “despenalización institucional” iniciado hace diez años de la mano de la Campaña por el Aborto Legal.
Nuevamente, en 2018 se presenta en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, con la firma de 70 legisladores. El proyecto prevé la despenalización del aborto durante las primeras 14 semanas del proceso gestacional. Las mujeres podrán acceder al aborto en los servicios del sistema de salud en un plazo máximo a los cinco días desde su requerimiento y ordena a obras sociales, prepagas y a todos los servicios médico-asistenciales incorporar entre las prestaciones médicas básicas obligatorias la cobertura integral de la interrupción del embarazo.
No se requerirá ningún tipo de autorización judicial para efectivizarlo, más allá de un consentimiento firmado por escrito de la mujer que requiere la interrupción voluntaria de su embarazo.
Mientras que en el caso de las adolescentes de entre 13 y 16 años se presume que cuentan con “aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento”. Las menores de 13 años necesitarán del consentimiento informado con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal.
Yo decido
Las mujeres tenemos el derecho inalienable a decidir sobre nuestro cuerpo y nuestras vidas.
No se trata de tal o cual artículo del Código o de Leyes, esta decisión es una acción que cambia profundamente todas las relaciones sociales porque cambia la posición de la mujer ya que rompe con los estereotipos de género, donde la heterosexualidad y la reproducción pretende ser la norma. La práctica del aborto resiste y desacata la identidad maternal como identidad esencial del género femenino.
La actual penalización no impide la realización de abortos clandestinos, pero sí mata a muchas mujeres, mayoritariamente las más pobres y de bajo nivel educativo. La clandestinidad del aborto queda oculto para la sociedad en el espacio privado donde también se quiere ocultar las diferencias de las clases sociales. Un aborto seguro -quirúrgico o medicamentoso- es un privilegio de las mujeres que tienen los recursos económicos y simbólicos para obtenerlo en el mercado clandestino.
Despenalización del aborto y lucha de clases
La nueva presentación de un proyecto de ley por la despenalización del aborto es un paso muy importante para todas las mujeres de nuestro país. Seguramente, el gobierno de Cambiemos maniobrará para confrontar esta lucha contra el conjunto de reivindicaciones que viene llevando adelante la clase trabajadora de conjunto.
De lo que se trata para los revolucionarios, es de unir todas las luchas contra el mismo enemigo, es decir, el derecho al aborto es inseparable de toda la agenda de lucha de los explotados como el fin de los despidos, contra la precarización y flexibilidad laboral, por paritarias sin techo, educación y salud de calidad, etc.
El derecho al aborto legal, seguro y gratuito es una forma más de proteger tanto la salud física como psíquica de las mujeres, que no está desgajado de una política más amplia donde se garantice la educación sexual y el acceso a la planificación familiar. Pero la autonomía y la decisión sobre nuestros cuerpos no será conquistada por el derecho al aborto, sino destruyendo al sistema capitalista que lo subyuga y explota. Necesitamos una nueva legalidad que transforme las relaciones sociales de producción. Solo en una nueva sociedad se podrá resolver no solo el derecho a elegir sobre nuestros cuerpos sino el derecho a una familia, a una educación de calidad y gratuita como también a la salud de calidad garantizada por el Estado.
“La revolución bolchevique, soviética, corta las raíces de la opresión y de la desigualdad de la mujer tan profundamente como no osó cortarlas jamás un solo partido ni una sola revolución en el mundo. En nuestro país, en la Rusia Soviética, no han quedado ni rastros de la desigualdad de la mujer y el hombre ante la ley. Una desigualdad sobremanera repulsiva, vil e hipócrita en el derecho matrimonial y familiar, la desigualdad en lo referente al niño, ha sido eliminada totalmente por el Poder soviético.
Esto constituye tan sólo el primer paso hacia la emancipación de la mujer. Pero ninguna república burguesa, aun la más democrática, se atrevió jamás a dar ni siquiera este primer paso. No se atrevió por temor ante la sacrosanta propiedad privada.
El segundo paso, el principal, ha sido la abolición de la propiedad privada sobre la tierra y las fábricas. Así, y únicamente así, se abre el camino para la emancipación completa y efectiva de la mujer, para su liberación de la “esclavitud casera”, mediante el paso de la pequeña economía doméstica individual a la grande y socializada.
El tránsito es difícil, pues se trata de transformar las normas” más arraigadas, rutinarias, rudas y osificadas (a decir verdad, son bochorno y salvajismo, y no “normas”). Pero el tránsito ha comenzado, se ha puesto inicio a la obra, hemos entrado en el nuevo camino.”
V. I. Lenin, El día internacional de las obreras (Primera publicación: El 8 de marzo de 1921 en el suplemento al num. 51 de Pravda, con la firma: N. Lenin.)
