En el momento de escribir esta declaración (3 de noviembre), son más de 200 las víctimas oficiales de la DANA. En realidad, son muchas más las que tendremos que lamentar ya que existe un número indeterminado de personas desaparecidas, que algunas cifras apuntan a cientos. Localidades como Paiporta, Alfafar, Benetússer o Sedaví están completamente destrozadas. Si tanto la Generalitat como el Gobierno central estuvieran a la altura de las circunstancias, los bulldozers llevarían días apartando los coches de las calles, y policía y Guardia Civil se dedicarían a repartir comida y productos básicos, en vez de detener a aquellos que acuden a supermercados anegados a tomar lo básico para sobrevivir.
Muchas personas lo han perdido todo, incluidas sus viviendas; eso no detiene a los buitres capitalistas que no desaprovechan la oportunidad de hacer negocios con la desgracia ajena. Mientras los vecinos abren las puertas de sus casas para acoger a aquellos que no tienen adónde ir, los hoteleros han subido el precio de las habitaciones de 100 a 1.000 euros en cuestión de horas, en Paiporta, por ejemplo.
Desde el jueves 31 de octubre somos los trabajadores los que, de forma solidaria, viajamos a las zonas afectadas, limpiamos las calles y llevamos comida y agua a l’Horta Sud. El Estado, mientras, muestra su debilidad a la hora de resolver problemas de esta envergadura. La sección española de la Internacional Comunista Revolucionaria, la Organización Comunista Revolucionaria (OCR), mostramos nuestro apoyo inquebrantable a los trabajadores públicos (bomberos, personal de emergencias, etc.) que siguen rescatando a personas atrapadas. Sin su trabajo, la tragedia sería muchísimo mayor.
Sin embargo, el personal es insuficiente. Años de recortes y de privatizaciones o trasvase de fondos públicos a las empresas privadas a través de “concursos”, llevan a una capacidad de respuesta claramente insuficiente. Con el agravante de que hablamos de áreas relacionadas con la prevención, que no suponen un beneficio económico para las empresas privadas.
En el Metro de Valencia también se mantuvo la actividad y la circulación a pesar de los avisos que había desde hace tiempo. Esto generó una situación realmente dramática tanto en los trenes, como en las instalaciones de FGV. Las vidas del personal y de los viajeros se vieron de esta manera en muchos casos gravemente amenazadas debido a la negligencia de una dirección que antepuso mantener el servicio a la vida y la seguridad de las personas. Esta forma de actuar no es más que una extensión de la actitud y el desprecio que siente el Govern del PP por todos los trabajadores.
Desde la OCR lanzamos esta declaración con un objetivo claro: señalar a los culpables de este desastre. En primer lugar, al Govern de la Generalitat, que retrasó conscientemente 12 horas el anuncio de riesgo extremo lanzado por AEMET, cuando ya el desastre había alcanzado su clímax, para no indisponer a sus amos, la patronal. En segundo lugar, señalamos la criminal actuación de los empresarios, quienes, con tal de seguir alimentando la picadora de carne del capital, han sacrificado las vidas de quienes generamos su capital: la clase obrera, obligando a los trabajadores a elegir entre mantener su puesto de trabajo o conservar la vida.
Es por eso que señalamos la necesidad de expropiar sin indemnización todas aquellas empresas que, saltándose la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, han puesto en peligro la vida de sus trabajadores, muchos de los cuales la han perdido.
En tercer lugar, señalamos la pésima planificación urbanística que la provincia de Valencia arrastra por décadas de gobiernos fundamentalmente del PP, y que ha coincidido con la lamentable gestión del actual Govern, preocupado únicamente por la integridad del Cap i Casal.
Además, observamos con vergüenza e indignación la actuación de las cúpulas dirigentes de UGT y CCOO pidiendo trasvasar aún más dinero público a manos privadas a través de ERTES y ayudas directas. Nosotros decimos: Si una empresa, grande o mediana, ha de recibir dinero público, ha de abrir los libros de cuentas y presentarlos a sus trabajadores. Si las cuentas muestran que es necesario, deben ser nacionalizadas bajo control obrero indemnizando sólo a los pequeños accionistas que depositaron ahí sus ahorros.
En el caso de las empresas pequeñas, y los libros de cuenta así lo justifiquen, deben ser ayudadas a través de un fondo procedente de las grandes empresas.
Hemos de remarcar que, en los tiempos de “vacas gordas”, las empresas reparten buenos dividendos, los dueños se compran grandes chalets y cambian de coche de lujo cada año, por lo que no es tolerable que en los momentos de crisis paguemos entre todos la fiesta pasada.
EL DESASTRE DE LA DANA: CAMBIO CLIMÁTICO Y PROBLEMAS ARQUITECTÓNICOS
El problema de las riadas e inundaciones no es nuevo en el levante español. Pero, no cabe duda, que el cambio climático actual, cuya responsabilidad última reside en la acumulación de gases de efecto invernadero acelerados por la depredación rapaz del de un sistema capitalista anárquico, ha agravado enormemente este problema, debido al mayor calentamiento del Mar Mediterráneo. La consecuencia más evidente es el aumento de los fenómenos extremos, tanto en número como en el impacto que generan. Esta circunstancia plantea toda una serie de retos que no se pueden resolver en el contexto de la sociedad capitalista.
A ello debemos sumar un aspecto de larga data, como son los problemas arquitectónicos. En 1997 se produjo en Alicante una riada que se cobró la vida de 4 personas, tras destrozar todo el centro y los alrededores de la ciudad. Esta riada, al contrario que la de 1982, afectó principalmente a la parte norte de la ciudad (zonas como la Playa de San Juan o barrancos como el de Orgegia). La ciudad impulsó un “Plan Antirriadas” que diseñó todo un conjunto de infraestructuras (parques inundables, depósitos fluviales, colectores de lluvia…) destinadas a mitigar enormemente el impacto de futuras lluvias torrenciales. El plan estaba prácticamente acabado para el año 2005.
En la actual DANA, los mayores destrozos se han producido debido al desbordamiento del río Magre, la presa del Poio y el nuevo cauce del Túria (localidades como Utiel, Buñol, Paiporta, Xiva o Torrent, de las más afectadas). Esta riada es la tercera desde que en 1957 se construyera el nuevo cauce del Túria después de la de aquel año, que se cobró la vida de más de 300 personas.
Basta con un vistazo en el mapa para ver que toda la zona que acompaña al río Magre hasta su desembocadura en el Xúquer está densamente poblada, con viviendas a escasos metros del cauce.
Unas lluvias como las que han ocurrido estos días desbordan el río con creces, inundando los alrededores y arrastrando todo a su paso. Lo mismo ocurre con el barranco del Poio, cuyo desbordamiento ha causado el mayor número de víctimas.
Con el conocimiento de que la gota fría es un fenómeno relativamente recurrente en el litoral del Mediterráneo, todas las zonas que ahora se han visto desbordadas no deberían ni estar edificadas.
Aunque la cercanía a los ríos es comprensible (debido a la extensión del regadío en esas zonas), el panorama actual es intolerable. Pero esta es la lógica que siguen las constructoras, con el beneplácito del Estado: si estos fenómenos ocurren cada 40 años, no pasa nada si el agua arrasa con todo, sigue siendo rentable construir. Miles de personas han perdido o visto anegadas sus casas, pero quienes decidieron construirlas no están hoy para sufrir las consecuencias.
Esta pésima gestión urbanística apunta directamente al Partido Popular. Después de las riadas de 1982 y 1987, como se hizo en Alicante a partir de 1997, se deberían haber puesto en marcha toda una serie de medidas para evitar futuros desastres en todo el territorio del País Valencià. Desde 1995, año en que Eduardo Zaplana fue nombrado President, el PP ha gobernado en la Generalitat 21 de los últimos 29 años. ¿Qué se ha hecho para evitar esta catástrofe? Nada. Sólo pelotazos urbanísticos, especulación, corrupción y despilfarro.
Pero ningún gobierno se libra. La DANA de 2019 ya apuntaba maneras. ¿Cómo es posible que el gobierno tripartito no iniciase un plan inmediato de ampliación de los barrancos? ¿Cómo es posible que no se iniciase entonces un plan similar al del Túria para el Magre y el Poio? En esencia, todos los gobiernos responden a los intereses de los capitalistas. Estas infraestructuras no son rentables, y son normalmente financiadas por el Estado o por fondos europeos. Sólo los propios trabajadores, vecinos de los pueblos afectados, tenemos un interés real en adecuar las infraestructuras para salvar nuestras vidas.
EL PAPEL DE LA GENERALITAT Y DEL GOBIERNO CENTRAL
Como decíamos al principio, la alerta de Protección Civil (dependiente de la Generalitat) llegó el martes a partir de las 20:00 horas. No solo llegó un día tarde sino que, en zonas tan afectadas como Buñol, la alerta no fue recibida hasta después de las 21:00 horas, cuando estas zonas llevaban horas completamente inundadas. ¿Por qué ocurrió esto? Porque desde su castillo de cristal los representantes de la Generalitat no se preocuparon por la DANA hasta que llegó a Valencia. Mientras que decenas de personas perdían sus viviendas, coches o incluso la vida, ellos esperaban pacientemente a que pasara la tormenta.
Una correcta actuación hubiera salvado la inmensa mayoría de vidas. El desmantelamiento de la Unidad Valenciana de Emergencias solo fue el comienzo. Se ha retrasado la ayuda de numerosos cuerpos de bomberos que podrían ayudar perfectamente en muchas tareas de apoyo, no se movilizaron los bomberos de Castelló y Alacant hasta bien entrado el miércoles, no se ha organizado ningún tipo de reparto de agua y comida, que son los propios vecinos de València quienes llevan, andando, a las poblaciones, y los vecinos se acercan a pie a los supermercados del Cap i Casal caminando durante horas para evitar la muerte por hambre y sed.
En un alarde de hipocresía, Sofía de Grecia ha donado la insultante cantidad de 50.000 euros a un banco de alimentos. La monarquía heredera de la dictadura, que ha parasitado y sigue parasitando las arcas públicas, ¿intenta lavar su imagen con esto? Exprópiense sus cuentas bancarias y póngase todo el dinero a disposición de los afectados. Hasta el último céntimo.
Además, el Govern oculta las cifras reales de muertos mientras habilitan el recinto de la Feria de Muestras donde llegan camiones cargados de cadáveres. La cifra real de muertos puede superar el millar con creces. Los vecinos de los pueblos afectados hablan en redes sociales de sótanos llenos de cuerpos sin vida, trabajadoras de la cadena de perfumerías Druni muertas en su puesto de trabajo, el Centro Comercial Bonaire o Carrefour Alfafar impidiendo salir a sus trabajadores incluso después de la alerta a las 20h, etc.
En una situación de crisis climática como la que vivimos, la información que los gobiernos transmiten a la población es clave. Mazón salió el martes poco después del mediodía a informar de que la previsión apuntaba a que las lluvias irían remitiendo. Insistimos: gente ahogándose mientras tanto.
Las alertas emitidas por la AEMET días antes eran claras. Un aviso rojo no es cualquier cosa, pero tanto las instituciones burguesas como los medios de comunicación prestaban más atención a los huracanes en la tierra del amo imperialista E.E.U.U. que a lo que ha acabado siendo el mayor desastre en años dentro de su propio territorio.
Todos los responsables políticos de la Generalitat deben ser procesados y juzgados por negligencia criminal, a través de una comisión de investigación formado por representantes de los afectados, comités de barrio, asociaciones vecinales, etc.
El gobierno de Sánchez también tiene una responsabilidad. Tuvo en sus manos a lo largo del fatídico día 31 de octubre, y así lo ha reconocido abiertamente, la posibilidad de declarar el Estado de emergencia y arrebatar el control de la situación a la inoperante Generalitat valenciana. Se negaron, dicen, para no crear un conflicto institucional. Es decir, sacrificaron la posibilidad de salvar cientos de vidas por meros prejuicios institucionales y legalistas. Y resulta que ahora, tres días después del desastre, el gobierno de Mazón ha terminado por aceptar la intervención del gobierno central en el dispositivo de emergencia ¡Cuánto tiempo y vidas perdidas! Sánchez exhibe ahora una imagen de unidad con Mazón, que solo oculta el pánico de ambos gobiernos y de la clase dominante española a una explosión social de proporciones volcánicas que puede detonar en cualquier momento.
LAS MEDIDAS APROBADAS: AYUDAS IRRISORIAS
El Govern ha aprobado este jueves un decreto de ayudas para los afectados que asciende a 250 millones de euros, una cifra que es, a todas luces, irrisoria. Por tener un punto de comparación, en 2019 se produjo en Murcia una DANA, especialmente grave pero muchísimo menor en comparación a la actual. Los gastos se elevaron a la cifra de 1.319 millones de euros, cinco veces más que lo actualmente presupuestado por la Generalitat. También cabe destacar que, en la DANA de Murcia, las aseguradoras cubrieron solamente un 45% de los daños.
Los 250 millones vienen acompañados por una ayuda a cada afectado de unos 6.000 euros. Dos cuestiones. La primera: ¿qué se considera un afectado? Se entiende que todos aquellos que viven en las zonas más afectadas, pero muchísimas más personas, aunque no residan en zonas que puedan considerarse catastróficas, han perdido mucho. Todos los conductores que se han quedado varados en autovías, los trabajadores que ante la caída de la red ferroviaria no podrán ir a trabajar en meses… La segunda: ¿qué son 6.000 euros en comparación a lo que se ha perdido? Por ejemplo, miles de personas han perdido sus vehículos. La mayoría de coches tienen un valor que triplica al de la ayuda, además de quienes han perdido muebles o directamente sus viviendas.
Ante esto, planteamos la expropiación de todas las viviendas vacías de los grandes tenedores y fondos buitre para alojar a las familias que han perdido sus viviendas, así como la prohibición de forma indefinida de los pisos de uso turístico para que sean ocupados con el mismo fin.
Y si hablamos de las aseguradoras, auténticos buitres carroñeros que cobran mes a mes para no dar el servicio cuando más se necesita. No se harán cargo porque es un desastre natural y remiten al Consorcio de Seguros. Para poder recibir las compensaciones necesarias los afectados tienen solo 7 días para reclamar. Del mismo modo, el consorcio cubrirá un 40% del valor de tasación. Teniendo en cuenta que muchas personas han perdido sus vehículos, si no directamente sus casas, cubrir menos de la mitad de los costes es más que insuficiente. Es un insulto.
Para evitar fraudes y abusos por parte de empresas privadas en la evaluación de los daños, proponemos el control obrero y vecinal de dichas actuaciones.
Una parte de la clase capitalista hace negocio directamente con las desgracias de los trabajadores, o con la simple posibilidad de que estas ocurran. Como siempre, todo esto con el beneplácito del Estado, pues muchos seguros son obligatorios por Ley. La postura de la OCR es muy clara: Nacionalización sin indemnización de las compañías aseguradoras para cubrir el 100% de los daños.
Ante situaciones extremas, hay que tomar medidas extremas. La salvación del pueblo es la ley suprema. Hay que incautar toda empresa que brinda un servicio esencial para hacer frente al desastre el tiempo que sea necesario: grandes superficies, logística, construcción, telecomunicaciones, etc. gestionadas por comités formados por representantes de los trabajadores de estas empresas, sindicatos y administración.
NINGÚN EFECTO PARA LOS CAPITALISTAS, CEMENTERIOS PARA LOS TRABAJADORES
Por mucho que prometan los políticos burgueses, la Unión Europea o las aseguradoras, es de suponer que gran parte de los daños no van a ser cubiertos. Además, pese a la gran labor de solidaridad que la clase trabajadora está mostrando, se anticipan lluvias para los próximos días que seguramente vuelvan a castigar las zonas más afectadas.
Miembros de la Internacional Comunista Revolucionaria ya estamos y seguiremos estando en primera línea, mano a mano con los vecinos, limpiando las calles y vías de tren: Vamos a trabajar, que es lo que los obreros sabemos hacer mejor. pero sin perder de vista las cuentas políticas pendientes que tenemos que saldar.
Desde la OCR exigimos la dimisión de Carlos Mazón y todo su gabinete ante la nefasta gestión de esta DANA. Advertimos, sin embargo, de que ningún gobierno capitalista hará nada en beneficio de los trabajadores. Nada puede hacerse si no se empieza antes por expropiar las constructoras, la banca, las aseguradoras, las grandes productoras y distribuidoras de alimentos, etc.: No se puede controlar lo que no se posee.
“Solo el pueblo salva al pueblo” se ha convertido en un grito de rabia obrera pero también de lucha y de acción. No podemos confiar en las instituciones estatales de este sistema corrupto. Por eso planteamos la formación de comités de barrio que organicen la seguridad, el control de las calles, el reparto ordenado de ayudas, comida, etc. Deberían constituirse comités de abastecimiento, adjuntos a los comités de barrio, que controlen y vigilen los precios de tiendas y supermercados para evitar subidas de precios y la ocultación de mercaderías
Es deber de los sindicatos organizar a sus afiliados en brigadas de apoyo y limpieza, bajo la dirección de los comités de barrio, y ayudar a movilizar a los trabajadores para que nosotros mismos tomemos el control de nuestras vidas.
Estos comités de barrio también deben estar encargados de vigilar y supervisar la reconstrucción de infraestructuras en sus comunidades. Los empresarios abonarán el salario de aquellos trabajadores que participen de estas tareas y no puedan trabajar en sus empresas.
Estos comités barriales deberían estar coordinados a nivel local y provincial.
Nada es “natural” en la sociedad humana. Cómo nos enfrentamos a este tipo de catástrofes es un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Nadie podía evitar la DANA, pero una preparación correcta hubiera evitado todo este desastre. Eso incluye tanto la gestión política ahora como todas aquellas medidas que se deberían haber llevado a cabo en el pasado.
La única forma de evitar desastres futuros es que los propios asalariados nos hagamos cargo de la economía en su conjunto, y los propios vecinos de los planes urbanísticos de nuestros pueblos y ciudades. Sólo una genuina democracia obrera puede resolver el caos de la dictadura del capital disfrazada o no de democracia representativa.
En la dictadura del capital, el beneficio de una minoría es el motor de todo. El capital se alimenta de nuestra sangre: estos sucesos son buena prueba de ello. Unos pierden su negocio, su nave, su empresa; otros pierden a familiares, amigos o directamente la vida. Solo cuando los medios de producción estén en manos de la clase trabajadora y se gestionen democráticamente, entre todos, podremos protegernos de estos fenómenos y revertir los efectos del cambio climático que los potencia.
EL CAPITALISMO ES HORROR SIN FIN
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