Pasan los meses y este gobierno, que prometió “enterrar” la vieja política, deja ver que poco ha querido o podido hacer contra la corrupción enquistada en todos los estratos de las instituciones, que, al servicio de los patrones y las grandes empresas, hoy nos amenaza a todos los trabajadores mostrándonos por momentos un alto grado de violencia paraestatal de difícil control. Pasan los meses y este gobierno, que prometió "enterrar" la vieja política, deja ver que poco ha querido o podido hacer contra la corrupción enquistada en todos los estratos de las instituciones, que, al servicio de los patrones y las grandes empresas, hoy nos amenaza a todos los trabajadores mostrándonos por momentos un alto grado de violencia paraestatal de difícil control.
Una justicia de clase
Mientras primó la celeridad para encarcelar a Castells y a otros luchadores populares, y procesar a más de 4.000 en todo el país, por el solo "crimen" de pedir trabajo genuino y no conformarse con la limosna clientelar de los $150 que reparte el gobierno resulta que recién ahora se pudo detectar que más de 1.000 efectivos de la policía federal, gendarmería, prefectura y ejército "cobraron o cobran" planes trabajar de $150 (Clarín 17/10/04). Por otro lado, el complot denunciado por Arslanián para matarlo, tal vez pueda ser una bomba de humo, pero la verdad de los hechos es que luego de la quinta purga desde que asumiera en el Ministerio de Seguridad bonaerense, se produjo la toma de una comisaría de zona Norte….¡por parte de los policías involucrados que se sintieron "agraviados"! Y no hay nadie procesado, aunque la justicia sí tiene causas contra la legítima toma popular de la comisaría de la Boca, por el asesinato de un líder de la FTV-CTA del barrio por un reconocido delincuente protegido de la policía.
Pero por esa misma purga, se desprenden más acontecimientos para nada casuales. A nadie se le escapa el papel de la mafia policial en "la ola de secuestros e inseguridad".
La policía bonaerense, por ejemplo, estuvo comandada en la dictadura por el genocida Camps, y colaboró de manera importante, junto a las otras fuerzas de seguridad en el secuestro, tortura, asesinato y desaparición de personas. Es decir: la policía cuenta con la experiencia acumulada, la logística y medios, un alto grado de corrupción e impunidad para secuestrar personas, o peor aún: para generar con su accionar o ausencia, un clima de inseguridad en la sociedad.
Por supuesto, ni Blumberg ni los medios proponen seguir esta lógica pista, ni rastrear qué es de la vida de los policías "cesanteados", a qué se dedican ahora los que ya no trabajan en la fuerza policial, más allá de las purgas recurrentes.
Y el colmo de su sello mafioso y vengativo, en este caso la Federal, lo dio el operativo trucho, con malos tratos y golpizas, en la casa de la abuela de 72 años de Ezequiel Demonty tras la condena a cadena perpetua a tres de los policías involucrados en su asesinato. Una vergüenza, un bochorno y una descarada impunidad para actuar, con elementos del poder judicial incluidos.
De igual manera, aunque son positivos los juicios a los policías responsables de la masacre de Ramallo, o en marzo del 2005 a los de la masacre de Puente Pueyrredón, ya veremos cómo terminan. Pero el primer caso ocurrió hace 5 años, y el segundo hace más de 2 años. Una justicia lentísima para los uniformados, grandes ladrones de guante blanco y empresarios que quiebran empresas y fugan capitales, pero veloz contra los luchadores sociales, trabajadores que ocupan empresas quebradas para mantener fuentes de trabajo, y ladronzuelos de gallinas.
Kirchner no puede terminar con la mafia policial y estatal
El gobierno de Kirchner pese a todas sus promesas y discursos no ha avanzado sustancialmente en resolver de raíz el alto grado de corrupción e impunidad que abundan en el aparato del Estado, y así se puede apreciar en el caso del atentado a la embajada de Israel y la Amia, el tráfico de armas a Ecuador y Croacia, la voladura de Río Tercero, las coimas del Senado, la megaestafa a los pequeños ahorristas, el crimen de Kosteki y Santillán, los más de 30 muertos en todo el país el 19 y 20 de diciembre de 2001, la bomba puesta en plaza de mayo en un acto por el aniversario de esa matanza, y tantos hechos de impunidad más o menos recientes. Y esto pese a la abundancia de pruebas que existen en dichos casos y otros más.
Como es el caso de las empresas estatales privatizadas, donde aunque son archisabidas las coimas y prebendas con que fueron entregadas las empresas del Estado en perjuicio del mismo, las adjudicaciones no fueron anuladas, y apenas algún funcionario ha sido condenado.
No importa cuántas purgas realice el gobierno, porque no alcanza que algún funcionario símbolo de la corrupción sea detenido, o que tengan condena, aún con lo positivo que esto resulte, algunos casos de violencia policial demasiados burdos. La burguesía, aunque no le guste del todo su aparato de Estado, lo necesita intacto para enfrentar cualquier amenaza de los trabajadores de subvertir el dominio de los capitalistas. A su vez, los jueces, oficiales del ejército y policiales están todos vinculados a la clase dominante, por su educación, origen social, estilo de vida y nivel de ingresos. Siempre defenderán a muerte sus intereses y privilegios y los de sus amos, los capitalistas. Por eso, ni Kirchner ni ningún gobierno burgués podrá terminar con las mafias y la corrupción estatal, como defensores que son del sistema capitalista.
Toda la toma de posición por parte del gobierno, aunque tuviera alguna mínima intención honesta de pelear contra los enormes nichos de coimas, prebendas, negociados, clientelismo, y estafas millonarias al Estado, no hacen más que augurar una permanente tensión entre la fuerte corrupción enquistada, y sectores gubernamentales que intenten atenuarla, tensión que toma por rehén al pueblo trabajador, ya que aquella corrupción suele tomar formas particularmente violentas y virulentas cuando se la intenta atacar, y si es de manera tan tibia y conciliadora como hace el gobierno, tanto peor.
