El miércoles 14 de mayo, el senado colombiano tumbó la propuesta de una consulta popular para someter a votación las aristas clave de la reforma laboral propuesta por el Pacto Histórico, la coalición gobernante de los partidos de izquierda del país. Si bien el senado ha revivido la reforma laboral, sólo está ofreciendo 36 días de debate en la legislativa para pasarla. Este período de tiempo es insuficiente ya que el primer período de sesiones termina en Junio 16.
Desde entonces, la situación ha escalado a través de todo el país. La furia que se ha ido fermentando en las calles desde Marzo 18 (cuando ocurrió el bloqueo inicial de la reforma laboral por el congreso) se está expresando a través de manifestaciones multitudinarias y cabildos a través de todo el país convocados por el Pacto Histórico. La reunión de cabildo abierto de Bogotá del lunes, Mayo 18 ha concluído con la propuesta de un Paro Nacional de dos días (Mayo 28 y 29) y otro el 11 de junio de 24 horas.
La lucha por las reformas de los últimos dos años y medio está llegando a una etapa decisiva. Se avecina un período de lucha en el cuál se pondrán a prueba el programa, las tácticas y estrategia del Petrismo para poder sobrellevar los obstáculos que la oligarquía ha impuesto.
Las artimañas de la oligarquía
La clase dominante colombiana ha usado toda su fuerza a través de las instituciones del estado y la prensa para detener las reformas. La Corte Constitucional discute cómo acabar con la reforma pensional antes de que sea implementada y la de la salud solo ha sido puesta en marcha, con concesiones, a través de decretos ejecutivos en las instituciones públicas.
El último ultraje, sin embargo, ha sido la caída de la reforma laboral. Después de ser aprobada en la Cámara de Representantes, ocho senadores en la Comisión Séptima votaron para archivarla a mediados de marzo. Los ocho senadores representan a los partidos tradicionales de la oligarquía colombiana, como el Centro Democrático y el Partido Conservador.
En respuesta, el gobierno propuso una consulta popular que permitiría un voto consultivo a las masas alrededor de las aristas claves de las reformas con el fin de volver a ponerlas en la agenda del Congreso. Para este fin se propusieron 12 preguntas que proponían la reducción de la jornada laboral, el pago extra de horas trabajadas desde las 6 PM, el pago de cargo doble por jornadas laborales trabajadas en festivos y domingos, licencias médicas por cargos menstruales, aumento de la cuota de contratos a personas por discapacidades, contrato laborales para estudiantes en pasantías, préstamos de menor interés para cooperativas y empresas pequeñas, derechos de negociación para los contratistas de Uber y otras plataformas de transporte, tercerización a través de contratos sindicales y la formalización del trabajo de obreros rurales y trabajadores domésticos.
La consulta popular llegó al parlamento con una aprobación del 57% a pesar de la baja aprobación del propio presidente. Todavía más impactante es el hecho de que , todas las preguntas tienen un apoyo mínimo de 75% con la pregunta al respecto de la jornada laboral recibiendo un 80% de aprobación y la formalización del trabajo con acceso a la seguridad social para todo tipo de empleados llegando al 95%. La encuesta también demuestra que un 43%, de las personas consultadas, estaba dispuesto a participar en los comicios, superando el umbral mínimo de 33% (Equivalente a 13 millones de colombianos) requerido para que la consulta vuelva al Congreso.
La respuesta de los partidos de la oligarquía (Desde los centristas del Partido Verde hasta los uribistas del Centro Democrático) fue la de rechazar la Consulta y “revivir” la reforma laboral a 5 semanas del cierre legislativo. El voto de rechazo fue aprobado por un márgen de 49 a 47 votos y en la moción hubo toda clase de irregularidades. Entre ellas vale la pena resaltar la de la participación del senador (Ciro Rámirez, del Centro Democrático) que acababa de salir de un proceso jurídico en su contra por corrupción y que fue aceptado en el cargo de nuevo a último momento para favorecer los votos por el no. Igualmente el presidente del senado cerró el voto apenas hubo una mayoría, excluyendo a Martha Peralta del Pacto Histórico y cambiando votos de manera manual.
Efrain Cepeda, el autodenominado “jefe de la banda para hundir las reformas” declaró que “la democracia había hablado en el Senado”. Sin embargo su percepción de “democracia” resulta escandalosa y despierta preguntas: ¿Cómo es que un Senado en donde los representantes de la oposición han llegado a sus escaños con la compra de votos y el clientelismo puede llamarse demócratico? ¿No es este mismo recinto el que goza de la aprobación del 10% de la población? ¿Cuáles intereses defienden estos autoproclamados demócratas realmente?
Estas triquiñuelas antidemocráticas demuestran el carácter pútrido de la “democracia” burguesa en Colombia. Las masas pueden llenar las calles por años y votar, por millones, en favor de un presidente para implementar un programa político concreto, pero la oligarquía usará las instituciones del Estado y sus miles de conexiones con los senadores para mover las cuerdas de acuerdo a sus necesidades.
El motivo de la oposición
Es claro por qué la clase dominante está luchando a como dé lugar para evitar que las reformas pasen. La realidad es que la economía colombiana se encuentra estancada. Si la oligarquía estuviera en la silla del conductor, harían todo lo posible para implementar medidas de austeridad para hacer que la clase obrera pague directamente por este estancamiento.
Sin embargo, debido a las movilizaciones de los últimos cinco años —los paros nacionales del 2019 y del 2021—, la oligarquía ha tenido que gestar una campaña de sabotaje a todas las medidas de los reformistas en vez de ir a la ofensiva y recortar como quisieran.
También hay otro factor que alimenta la campaña de la oposición. La realidad es que el Pacto Histórico lleva a cabo una política de conciliación de clases. En parte, esto se debe a que esta coalición no tiene mayorías en el legislativo. Tiene 35 de 108 senadores y 69 de 188 representantes. Si bien estos números lo ponen por delante de cualquier otro partido, significa que no tienen mayorías que puedan consolidar las reformas por la vía legislativa sin negociación.
Esta búsqueda de acuerdos con los partidos de la oligarquía ha sido constantemente frustrada. Durante el inicio de su gobierno, Petro intentó formar un gabinete con representación de todos los partidos en búsqueda de un “acuerdo nacional”, incluyendo a antiguos enemigos políticos como Alejandro Gaviria —ministro de salud durante la presidencia Santos y candidato presidencial del centro—. Sin embargo, esto llevó a un gabinete altamente inestable, por el cuál han pasado 38 ministros.
No obstante, esto no solo es un problema de personal. La oposición intransigente de la oligarquía está siendo confrontada por una campaña de conciliación de parte del Pacto Histórico. A pesar de su retórica combativa, Petro ha intentado re-configurar su gabinete sobre la base de acuerdos con el establishment político. Juan Fernando Cristo, el otrora ministro del Interior (encargado de impulsar la agenda dentro del Senado y el Congreso), fue el ejemplo más claro de esto. Cristo fue ministro bajo la presidencia Santos y la meta de su corta estancia en la Casa de Nariño fue la de generar un gran acuerdo nacional.
Esta estrategia no está dando resultados precisamente porque la oligarquía colombiana no puede permitirse ceder en esta cuestión. Por un lado, las reformas representarían un ataque directo a sus privilegios y riquezas: la reforma agraria socavaría su monopolio sobre la tierra; la reforma laboral afectaría sus ganancias derivadas de los recortes salariales impuestos por la contrarreforma de 2002; y la reforma a la salud golpearía a los grandes monopolios de las Empresas Promotoras de Salud (EPS), entre otros. Por otro lado, el hecho de que estas reformas hayan sido impulsadas por cinco años de movilizaciones masivas —que adoptaron un carácter insurreccional en dos ocasiones— animaría a las masas a mantenerse en pie de lucha y a aspirar a conquistas aún mayores. Por estas razones, la oligarquía nunca negociará ni aceptará un punto intermedio.
El escenario ideal para ellos es librar una campaña de bloqueo sin cuartel hasta que la tormenta de Petro se acabe y así volver a la “normalidad”. Lo cierto es que la política conciliadora del presidente solo ha servido para animar a la oligarquía a pasar a la ofensiva.
Consulta popular 2.0
La respuesta del Pacto Histórico a la caída de la consulta popular ha sido llamar a la “movilización permanente”. Esta consigna se ha traducido en una serie de reuniones de cabildos abiertos. En la segunda reunión de este tipo, en la Universidad Pedagógica Nacional, las Centrales Obreras propusieron un paro nacional para el 28 y el 29 de mayo en apoyo a esta Consulta Popular. Es importante anotar que varias intervenciones sugirieron un paro nacional indefinido.
Esta escalada es enteramente necesaria y justificada. Durante los últimos dos años y medio, el gobierno de Gustavo Petro ha intentado usar todas las vías institucionales que la constitución del 91 delinea y sin embargo, la oposición de la oligarquía ha sido inquebrantable. Ahora todos los jefes de la derecha lloriquean al respecto de la “polarización” y declaran que todos estos métodos de participación ciudadana son el síntoma de que el gobierno no quiere negociar, a pesar de que ellos son los que sabotean las reformas en cada instancia.
La otra parte de la respuesta del gobierno ha sido volver a radicar la consulta popular en el Congreso y proponer cuatro preguntas adicionales con respecto a la reforma a la salud. Ciertamente, la posible victoria de la consulta popular después de una enorme movilización le daría una oportunidad a la clase obrera de plantear las aristas claves de las reformas. Pero también es de la máxima importancia explicar que la lucha por la formalización laboral, la reducción a la jornada laboral, el incremento salarial por dominicales, festivos y jornadas nocturnas no se va a resolver a través de las mismas instituciones del estado que las han bloqueado.
Incluso si la propuesta llega a concretarse por votación en el Senado, la oligarquía se mantendrá a la defensiva y usará todos los recursos a su disposición (desde los medios hasta su control de las instituciones del estado) para evitar que las reformas pasen, precisamente debido a su popularidad. Por este lado, es necesario mantener los cabildos abiertos y los comités de paro en pie de lucha, vigilantes y dispuestos. Solo será confiando en la fuerza de la clase obrera que podremos responder a la oposición de la oligarquía.
El camino a seguir
La respuesta de los reformistas de una campaña de movilización permanente iniciando con un paro nacional es enteramente correcta. Pero es igual de importante aclarar que esta respuesta es el producto de la presión desde abajo. Los dirigentes sindicales claramente quieren orientar toda la lucha hacia el plano parlamentario en la medida de lo posible, pero la campaña de sabotaje de la oligarquía ha forzado a las bases de los grandes sindicatos y las organizaciones barriales a intentar ir más allá. Este instinto es enteramente correcto y va a ser la única manera de sobrellevar los obstáculos que la oposición está poniendo en frente del movimiento.
El punto principal de la agenda de cada cabildo debe ser la tarea de crear una red de asambleas populares que se conviertan en verdaderos órganos para coordinar la lucha en cada frente que la oligarquía abra en contra de las reformas (la coordinación de manifestaciones masivas, huelgas, paros, bloqueos, etc, de acuerdo a los reportes de sus miembros de la situación en cada terreno)
Sin embargo, como comunistas, explicaremos que los cabildos son una forma embriónica de una democracia más alta que la consulta popular y el congreso de la república. La consulta popular solo puede reafirmar lo que las movilizaciones de los últimos cinco años han demostrado: la gran mayoría de este país (compuesta por sus obreros, sus campesinos y sus jóvenes) quiere transformar esta sociedad de raíz para poner las riquezas que produce al servicio de las masas.
Los cabildos tienen la posibilidad de ir más allá de la consulta popular y de poner en la agenda política del país la necesidad de que las mismas masas que luchan sin cansancio por las reformas son las únicas que pueden lograr llevarlas a cabo. No a través de una campaña de presión al Congreso sino tomando control de sus propios destinos en los lugares de trabajo. Si hay un paro nacional en 2025, este tiene que ser llevado a todos los lugares de trabajo posibles, coordinado con una campaña de sindicalización y formación de comités de huelgas que eleve la lucha en las calles más allá de los bloqueos, como explicamos en 2021.
En ese momento, las luchas de la juventud fueron heroicas e inspiradoras para el conjunto del movimiento. Sin embargo, se vieron desgastadas por la falta de organización, lo que las condujo a un callejón sin salida, en un empate estéril con un gobierno que estaba al borde del colapso. Uno de los participantes en el cabildo del 19 señaló con razón la necesidad de organizar la manifestación pensando en mecanismos organizativos que garantizaran la continuidad y eficacia de la lucha, con la perspectiva de un paro nacional indefinido. Subrayaba que eso fue precisamente lo que faltó durante el Estallido.
En este momento, los debates en los cabildos han presentado dos posiciones. Por un lado, los dirigentes de las centrales obreras están proponiendo dos días de paros nacionales para aumentar la presión y agregan la posibilidad de un tercer paro a mediados de Junio. Sin embargo, varios de los participantes en el cabildo abierto del 19 de Mayo propusieron la necesidad de un paro nacional indefinido hasta conseguir las reformas. Este es el camino a seguir ya que las reformas no se van a lograr sobre la base de una campaña auxiliar a las negociaciones en el Congreso. La ruta principal es precisamente a través del paro.
La realidad es que la única manera de lograr las reformas es precisamente con una lucha militante sin cuartel contra la oligarquía colombiana que claramente se rehúsa a abdicar sus privilegios y riquezas sin una lucha. Pero la lucha de la clase obrera colombiana no se puede quedar en las reformas. Mientras se intente gestionar el capitalismo, se gestarán futuras crisis y el ciclo eterno se replicara.
Es necesario derrocar a la oligarquía capitalista corrupta que en este momento controla las altas esferas de la economía para su propio enriquecimiento y condena por consiguiente al resto de la sociedad a salarios de subsistencia y un sistema de salud diseñado para lucrarse con las enfermedades y las muertes de millones de personas. Solo sobre esta base podrá la clase obrera tomar control del sistema y así instaurar una democracia genuina con libertad plena en los planos económicos y políticos. De esta manera, podremos barrer de una vez por todas a la oligarquía al basurero de la historia.
¡Abajo Efrain Cepeda y la banda de la oposición!
¡Derrotemos a la oligarquía, luchemos por el socialismo!
¡A parar para avanzar!
