El domingo 2 de octubre, los electores colombianos rechazaron el acuerdo entre el gobierno y las FARC “para el fin del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Jorge Martín explica el proceso que condujo a la consulta y lo que esto significará para el futuro de la lucha de clases en Colombia.
El voto por el NO ganó por un pequeñísimo margen, menos de 54,000 votos de un total de más de 13 millones, con la participación más baja en una elección nacional en 22 años. El acuerdo entre las FARC y el gobierno colombiano tenía el pleno apoyo del imperialismo de Estados Unidos, de la Unión Europea, así como de los gobiernos de Venezuela y Cuba, y se suponía que pondría fin a 52 años de guerra. ¿Cuáles fueron los contenidos del acuerdo? ¿Por qué fue rechazado? ¿Qué pasará después?
La historia de las FARC
Las FARC se establecieron originalmente en 1964, pero sus orígenes se remontan al levantamiento del Bogotazo en 1948.
El Bogotazo fue provocado por el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, un popular político de izquierda antiimperialista. Gaitán se convirtió en un personaje prominente por su denuncia de la matanza de trabajadores del sector bananero de la United Fruit en 1928, en la que hasta 2.000 huelguistas fueron asesinados por las fuerzas gubernamentales. Gaitán fue un líder de masas que luchó contra los partidos Liberal y Conservador, y estableció su propio partido Unión Nacional de la Izquierda Revolucionaria (UNIR). Más tarde se decidió a impulsar sus ideas dentro del Partido Liberal. En 1946 fue el candidato presidencial de la izquierda del Partido Liberal que se opuso tanto al candidato conservador como al candidato oficial del Partido Liberal. Alcanzó el tercer lugar, pero logró ganar en la mayoría de las áreas urbanas, en las que había conseguido el apoyo de los trabajadores y de sectores importantes de la clase media, con sus ataques a la oligarquía y su programa de justicia social, Reforma Agraria y anti- imperialismo.
En 1947, el Partido Liberal ganó la elección parlamentaria y los partidarios de Gaitán tenían una mayoría dentro de la facción parlamentaria liberal. Eso significaba que se convertiría en el líder del partido y su candidato presidencial para las elecciones de 1950. La oligarquía estaba en pánico ante la perspectiva de que Gaitán tomara el poder. Se inició una violenta campaña en la que fueron asesinados militantes y dirigentes del movimiento de Gaitán.
El 9 de abril de 1948, Gaitán fue asesinado a plena luz del día en la capital Bogotá. Esto condujo a un levantamiento a nivel nacional de las masas populares contra el gobierno conservador al que culpaban por el asesinato.
Luego siguió un periodo diez años de una guerra civil no declarada entre los partidos Liberal y Conservador, conocido como La Violencia en el que los liberales establecieron organizaciones guerrilleras y autodefensas campesinas. El Partido Comunista también estaba activo en ese momento dentro de las organizaciones de autodefensa campesina como una respuesta a la violencia de las guardias blancas de los terratenientes.
Alrededor de 1957-1958, los líderes del Partido Liberal y Conservador decidieron poner fin a su conflicto y firmaron el acuerdo del Frente Nacional. Muchos de los campesinos involucrados en el conflicto se negaron a aceptar lo que veían como una traición de sus líderes. Algunos fueron inspirados por la victoria de la revolución cubana en 1959. Una alianza entre las guerrillas comunistas y liberales continuó la lucha por la formación de la República de Marquetalia. Ésta era, de hecho, una pequeña área de terreno defendido por un grupo de 44 hombres armados, dirigidos por Manuel Marulanda (Tirofijo) y Jacobo Areas. Fue el aplastamiento brutal y desproporcionado de este pequeño enclave a manos del ejército lo que llevó a la formación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1964. Su programa era luchar por la Reforma Agraria a través de la confiscación de los latifundios y la distribución de la tierra a los campesinos.
Por lo tanto, las guerrillas de las FARC tienen sus raíces en las condiciones sociales existentes en ese momento en Colombia: la extrema desigualdad en la distribución de la tierra y la brutal violencia de los terratenientes y el Estado (con pleno apoyo del imperialismo de Estados Unidos). La mayoría de estas condiciones apenas han cambiado en las cinco décadas desde la fundación de las FARC y han proporcionado su resistencia a la organización.
La historia de los anteriores intentos fallidos de los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y las FARC y otras organizaciones guerrilleras también ha jugado un papel importante. En 1985-1986 las FARC y otras organizaciones de izquierda intentaron establecer una organización política legal, la Unión Patriótica (UP) como parte de las conversaciones de paz con el presidente Betancourt. La UP se convirtió rápidamente en el tercer partido del país y su apoyo fue creciendo entre los trabajadores y campesinos. La clase dominante no podía permitir que eso ocurriera. En el espacio de unos pocos años dos de sus candidatos presidenciales, ocho congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y cerca de 3.500 miembros del partido fueron asesinados en una campaña concertada que se conoció como el “Baile Rojo”, llevada a cabo conjuntamente por los grupos estatales y paramilitares para evitar que la UP se desarrollara.
En 1990, un proceso de paz separado condujo a la desmovilización de la guerrilla del M-19, que luego defendió su posición en las elecciones. Su candidato presidencial, Carlos Pizarro, murió a plena luz del día en Bogotá por asesinos a sueldo.
Nuevamente, de 1998 a 2002, durante la administración del Presidente Pastrana, hubo otro intento de negociaciones de paz con las FARC, un reconocimiento de que la organización guerrillera controlaba grandes áreas del país y no podía simplemente ser derrotada por medios militares. Estas negociaciones también se derrumbaron en medio de recriminaciones mutuas.
Por ese tiempo, el tráfico ilegal de drogas ya se había convertido en un gran negocio en Colombia. Los narcos se infiltraron e grandes sectores del estado burgués y de los partidos políticos capitalistas. También establecieron sus propias bandas armadas para defender sus negocios. Progresivamente estos grupos paramilitares se fusionaron con guardias blancas locales creadas por los terratenientes y ganaderos, formando así una poderosa alianza con 30.000 hombres armados, conocidas como las Autodefensas Unidas de Colombia quienes aún llevan a cabo los crímenes más brutales contra cualquier sospechoso de simpatizar con la guerrilla, activistas de izquierda, organizadores sindicales y campesinos, etc.
Según algunas cifras, de 250.000 personas que murieron durante el conflicto, el 80 por ciento fueron asesinados por los paramilitares. Ni un millón de palabras puede describir los métodos particularmente brutales utilizados por los paracos (paramilitares). No contentos simplemente con matar a sus oponentes, ejecutaron masacres en comunidades rurales y utilizaban motosierras para desmembrar los cuerpos de sus víctimas que en muchas ocasiones estaban todavía vivas. En muchos casos operaban conjuntamente o con el consentimiento de las fuerzas del Estado (policía, el ejército, los servicios secretos).
Plan Colombia: la intervención imperialista de EE.UU.
Al mismo tiempo, Estados Unidos intensificó su intervención en el país a través del Plan Colombia, con el pretexto de la guerra contra las drogas. Lo que comenzó con el disfraz de “ayuda al desarrollo” y el “fomento a la sustitución de cultivos” se convirtió rápidamente en una intervención a gran escala con una factura total de $10 mil millones. Eso es sólo el lado abierto y legal de la intervención de Estados Unidos. El Plan Colombia fue acompañado por una operación encubierta que involucraba a agentes de la CIA, “contratistas” (léase mercenarios) y otros, que participaban directamente y entrenaban al Ejército de Colombia en el uso de “técnicas de interrogatorio mejoradas” (léase tortura), en la dirección de homicidios de líderes de la guerrilla, e incluso en la invasión ilegal de Ecuador.
Un artículo de 2013 en el Washington Post dio algunos detalles sobre este lado poco conocido de la intervención norteamericana en Colombia: “En el 2003, la participación de Estados Unidos en Colombia abarcaba 40 agencias estadounidenses y 4.500 personas, incluidos los contratistas, todos trabajando al margen de la embajada de Estados Unidos en Bogotá, entonces la más grande embajada de Estados Unidos en el mundo “. (Acción Encubierta en Colombia)
La misma dinámica de la necesidad de financiar un gran ejército guerrillero, empujaron a las FARC hacia métodos que socavaron su propia base de apoyo, desde la imposición de un “impuesto” sobre los negocios (incluyendo la producción de narcóticos y el tráfico) en las zonas en las que estaban activos, a ataques terroristas contra la infraestructura e incluso objetivos civiles, secuestros para pedir rescate, etc. Esto fue utilizado con habilidad por parte del Estado para poner en marcha una campaña de propaganda que tuvo un impacto entre ciertas capas de la población.
En el contexto de una fuerte represión por parte del ejército, la policía, los servicios de inteligencia y los paramilitares (todos actuando al unísono), la estrategia de guerra de guerrillas cortó efectivamente todo enlace de las FARC con el movimiento de los trabajadores y la juventud en las ciudades, e incluso en cierta medida con sectores del campesinado. En la década de 1960, en el momento de la fundación de las FARC, la población rural representaba el 55 por ciento de la población total en Colombia. Hoy se ha reducido a menos del 25 por ciento. Este éxodo rural masivo se ha debido en parte a la violencia en el campo, que ha desplazado aproximadamente a siete millones de personas, pero también el proceso normal de desarrollo del capitalismo, que también ha continuado en otros países de América Latina.
La elección de Álvaro Uribe como presidente en 2002 marcó un punto de inflexión. Él representaba los intereses de la podrida oligarquía colombiana, que se basa en los ganaderos y narcotraficantes, y fue respaldado por los paramilitares. Su objetivo era simple: aplastar a las FARC por cualquier medio necesario. Quería “hacer el país seguro para el capitalismo” y por esa razón contó con el apoyo de los principales grupos capitalistas en Colombia, así como del gobierno de los Estados Unidos y de las corporaciones multinacionales.
Incluso el Washington Post describió las políticas de Uribe en términos extremadamente sombríos: “Con el respaldo de EE.UU., el gobierno de Colombia lanzó una contraofensiva de tierra arrasada contra bastiones rurales de las FARC después que el presidente Álvaro Uribe fuera elegido en 2002. Las tropas del gobierno eran a menudo seguidas por milicias de derecha que perseguían a sospechosos de simpatizar con los rebeldes y masacraron civiles. Más colombianos fueron expulsados de sus hogares durante las primeras etapas del Plan Colombia que en cualquier otro momento en el conflicto de medio siglo “. (‘Plan Colombia’: ¿Cómo Washington aprendió a amar la intervención Latinoamericana de nuevo)
La combinación del paramilitarismo, del Plan Colombia, de la intervención de Estados Unidos y de los abusos generalizados contra los derechos humanos por parte del Ejército tuvo el efecto de debilitar seriamente a las FARC y su capacidad para seguir luchando. En una serie de acciones de alto nivel, muchos de sus líderes fueron asesinados.
La presidencia de Uribe terminó en medio de varios escándalos como la “parapolítica” en el que lo vinculan y lo acercan a aliados políticos con grupos paramilitares, escuchas ilegales a opositores políticos por parte de los servicios secretos DAS y, finalmente, los “falsos positivos” en el que las unidades del ejército mataban a civiles y luego los hacían pasar como guerrilleros.
La remoción de Uribe del poder en 2010, cuando fue sucedido como presidente, por su ex ministro de defensa, Santos, fue otro punto de inflexión. Si bien ambos son políticos capitalistas reaccionarios, provienen y representan diferentes sectores de la clase dominante colombiana con diferentes estrategias. Uribe representó a los terratenientes y ganaderos cuyos conflictos con los agricultores rurales fueron la base de la creación de la guerrilla. Ellos crearon y financiaron a los grupos paramilitares sedientos de sangre, que utilizan el terror para defender los intereses de la oligarquía. Su estrategia para lograr la paz era aniquilar a la guerrilla por cualquier medio necesario.
Santos, por otra parte, proviene de una familia rica capitalista de Bogotá, representa ese ala de la clase dominante que considera a la guerrilla como un obstáculo para un mayor “desarrollo” capitalista y el saqueo imperialista. Santos reconoció que, si bien estaban arrinconadas, las FARC no puede ser completamente derrotadas. Su estrategia era lograr la paz trayendo la guerrilla a la vida civil.
Por otro lado, las FARC se dieron cuenta de que después de 40 años de lucha armada no estaban más cerca de alcanzar sus objetivos. Por el contrario, sus fuerzas eran constantemente reducidas, su apoyo entre la población disminuyó y sus líderes eliminados uno a uno. Esa fue la base para el proceso de paz en curso, que comenzó en 2012.
La experiencia de la revolución Bolivariana en Venezuela jugó un papel importante al empujar a las FARC hacia una estrategia diferente, lejos del guerrillerismo y hacia un movimiento de masas que participara en las elecciones. Para la dirección cubana, el negociar esta operación también fue una demostración de buena voluntad que abrió el camino para el restablecimiento de las relaciones con los EE.UU.
¿En qué consiste el acuerdo de paz?
Si uno mira los detalles del acuerdo de paz (el texto completo en español), podemos ver que su esencia es la desmovilización de las FARC con el fin de hacer que el país sea más seguro para la inversión extranjera, incluida la agricultura.
La primera sección del acuerdo se ocupa de la reforma agraria. La distribución de la tierra en Colombia es extremadamente desigual, siendo así la principal causa del conflicto que dio lugar a la guerrilla hace más de cinco décadas. De acuerdo con un reciente censo agrícola, el 0,4 por ciento de los propietarios de tierras controla el 46 por ciento de las tierras agrícolas, mientras que el 70 por ciento de los propietarios de la tierra tienen entre ellos sólo el 5 por ciento de las tierras agrícolas. En los últimos 20 años, 10 millones de hectáreas de tierra han sido arrebatadas a sus anteriores propietarios, en su mayoría arrebatados por los grandes propietarios de tierras de las manos de los pequeños agricultores. En las zonas rurales, el 65 por ciento de la población vive bajo el umbral de la pobreza (30 por ciento en las ciudades) y el 33 por ciento son extremadamente pobres. En el campo, el 60 por ciento no tiene acceso al agua potable y el 18,5 por ciento son analfabetos.
El acuerdo de paz contiene muchas palabras bonitas y grandes promesas, pero muy pequeños detalles concretos. Se dice que un fondo de tierras de tres millones de hectáreas se creará en los próximos 10 años para ser distribuidas entre los campesinos. Eso es menos de un tercio de la extensión de terreno que se les ha quitado a ellos.
La segunda sección del acuerdo se ocupa de la “apertura democrática”. Esta consiste en su totalidad en una serie de compromisos que suenan agradables por parte del Estado colombiano para “promover la pluralidad política”, “fortalecer la participación” y “luchar contra la persecución de los líderes de los partidos y movimientos políticos”.
La tercera sección se ocupa de la finalización del conflicto, el alto al fuego y la renuncia a las armas. Esta es una de las partes más importantes del acuerdo, ya que está sentando las bases sobre las cuales las FARC se convertirían en un partido político legal. Los combatientes de las FARC recibirán un pago único de dos millones de pesos (US $675) en el momento de la desmovilización, tendrán acceso a US $2,700 para invertir en proyectos productivos, además de recibir un equivalente de pago del 90 por ciento del salario mínimo durante dos años. Las campañas políticas del nuevo partido tendrán garantizadas la financiación pública de dos elecciones consecutivas, así como cinco asientos garantizados en el Senado, y cinco en el congreso por dos períodos.
Las FARC concentrarán sus combatientes en una serie de áreas de reunión por un período de 180 días, mientras que el proceso de rendición de las armas se lleve a cabo. A los que den las armas se les proporcionará una amnistía por los “crímenes conectados a la rebelión” y los que sean acusados de responsables de crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad serán juzgados bajo una jurisdicción separada, que se explica en la sección quinta del acuerdo. El proceso de renuncia a las armas será supervisado conjuntamente por el gobierno, las FARC y las Naciones Unidas.
La cuarta sección del acuerdo aborda el problema de las drogas ilegales. El acuerdo se centra en la sustitución de cultivos (en oposición a la actual política de fumigación). Esto, sin embargo, no será una tarea fácil, mientras prevalezca la pobreza rural extendida y las drogas sean mucho más lucrativas que los otros tipos de cultivos.
El acuerdo aborda la cuestión de las víctimas del conflicto en la quinta sección. Se establece una justicia especial de “verdad, justa, de reparación y de no repetición” dirigida por 24 magistrados para abordar a los miembros de las FARC y del aparato estatal. A los guerrilleros que han cometido “delitos relacionados con la rebelión” se les dará amnistía. Cualquier persona que haya cometido crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad, confiese totalmente y colabore con el sistema de justicia especial creado, se le dará una pena máxima de ocho años, pero éstos serán bajo arresto domiciliario en lugar de la cárcel. Ninguno de ellos será descalificado de la participación política. Los que no colaboren y sean declarados culpables podrían recibir una pena de prisión de hasta 20 años.
Las FARC ya han comenzado a colaborar con este sistema y han organizado una serie de reuniones con las comunidades donde se cometieron masacres con el fin de buscar el perdón.
Por último, la sección sexta del acuerdo trata de la aplicación, verificación y aprobación. En esta sección, básicamente, se ocupa de los aspectos técnicos de la supervisión internacional de la aplicación del acuerdo, el actual plebiscito (que se perdió) y otros aspectos de cuándo y cómo diferentes aspectos del acuerdo se deben ejecutar.
Esto es lo que realmente está escrito en el acuerdo en que el gobierno de Colombia y las FARC firmaron en una ceremonia muy pública el 26 de septiembre, en presencia de dignatarios internacionales. ¿Qué significa eso? En esencia, se trata de un acuerdo por el cual el Estado colombiano estuvo de acuerdo con una serie de condiciones por las cuales las FARC van a renunciar a su lucha guerrillera. Estos incluyen la integración de la guerrilla a la vida civil, la transformación de las FARC en un partido político y una amnistía amplia para la mayoría de sus miembros.
Lo que las FARC quieren es poder abandonar la lucha guerrillera sin que se asesine a sus miembros y la posibilidad de defender sus políticas a través de medios legales. El Estado colombiano quiere poner fin al conflicto armado con el fin de crear mejores condiciones para la explotación capitalista, sobre todo en el campo, incluyendo la atracción de un potencial capital extranjero.
El acuerdo, sin duda no va a resolver ninguno de los problemas que llevaron a la formación de las FARC (en particular la cuestión de la reforma agraria). En cuanto a poner fin a la violencia política, esto también es dudoso. Después de la tan cacareada desmovilización de los paramilitares hace diez años, estos grupos simplemente reaparecieron bajo una apariencia diferente, conocida como “Bacrims” (Bandas Criminales) que todavía están activos y cometiendo asesinatos de activistas sindicales y campesinos, así como ataques contra las comunidades campesinas en nombre de los capitalistas y latifundistas.
Un problema adicional con las FARC es el hecho de que la estrategia política de sus líderes es la del etapismo. Ellos siempre han insistido en la idea de una amplia alianza de todos los sectores patrióticos del país—en el que incluyen a sectores de la clase capitalista y de los propietarios de las grandes empresas—para promover su desarrollo dentro de los límites del capitalismo. Sólo más tarde, después de que el país se haya desarrollado, se plantearía la cuestión del socialismo.
De hecho, la realidad no se corresponde con este esquema que han heredado de estalinismo. No hay ningún sector significativo de la clase dominante, que esté dispuesta a realizar una verdadera reforma agraria y siente las bases para el desarrollo progresista del país, mientras que al mismo tiempo defienda la soberanía nacional. La clase dominante colombiana está dividida (como se demuestra por el choque entre Santos y Uribe en el referéndum), pero al mismo tiempo todas sus alas están unidas en su miedo al movimiento revolucionario de los obreros y campesinos. Existe el peligro de que la transformación del movimiento conduzca a la formación de un partido político en el que sus líderes defiendan políticas reformistas débiles.
Hemos visto muchos casos en los que antiguas guerrillas se convierten en movimientos políticos por medio de los cuales sus líderes defienden políticas socialdemócratas suaves, o en algunos casos se unen por completo al campo de la burguesía (como en el caso de Joaquín Villalobos en El Salvador).
Indicios de esto ya se pudieron ver durante las conversaciones de paz, cuando los líderes de las FARC perdieron el rumbo e insistieron en que no estaban en contra de la propiedad privada. En una extensa entrevista con Semana, se le preguntó al comandante de las FARC, Rodrigo Londoño “Timochenko” sobre los puntos de vista de la guerrilla en relación con el capitalismo y la libre empresa. Él respondió: “Nunca hemos dicho que estemos en contra de la propiedad privada. A lo que nos oponemos es a la sobreexplotación, estamos en contra de la enorme desigualdad en la distribución de la riqueza que tenemos en Colombia”. En la misma entrevista también explica cómo las FARC tuvieron una reunión con prominentes empresarios colombianos en La Habana como parte de las negociaciones de paz. Dijo que “estaban satisfechos con la explicación que se les dio sobre las perspectivas para el proceso…que este proceso no estaba dirigido contra los patronos.” Timochenko también explicó que: “Lo que queremos es una Colombia que se desarrolle. Que se desarrollen las fuerzas productivas. Tenemos que rescatar la industria nacional, nuestra propia riqueza.” (Démosle una Oportunidad a la Paz en Colombia)
El referéndum
La derrota del acuerdo de paz en el referéndum tomó a todos por sorpresa. La mayoría de las encuestas de opinión daban al SÍ una sustancial mayoría de dos a uno sobre el NO. El acuerdo fue respaldado por el partido gobernante de Uribe, la mayor parte de la izquierda, las FARC, Cuba y Venezuela, la Unión Europea y los EE.UU., además del Papa.
El bando del NO estaba dominado principalmente por el ex presidente Uribe. Se opuso al acuerdo con una rabiosa y alarmante campaña anticomunista. Argumentó que el acuerdo podría conducir a una dictadura “Castro-Chavista”, que luego el líder de las FARC, Timoshenko se convertiría en presidente y por encima de todo, que sí estaba a favor de la paz, pero que esto era una rendición ante las FARC.
El resultado de la votación fue muy estrecho. Con una participación de sólo el 37,43 por ciento (13 millones de votos de un total de 34,9 millones de votantes), el 50.21 por ciento votó por el NO y el 49,78 por ciento votó por el SÍ. La participación fue la más baja en cualquier elección nacional en 20 años, pero no tan alejada de la participación del 40 por ciento en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en 2014.
Un factor de abstencionismo fue el impacto del huracán Matthew que afectó a las zonas de la costa del Caribe el día de la consulta. El referéndum fue interrumpido en estas áreas donde el SÍ ganó, pero la participación fue menor a la esperada. Sin embargo, el referéndum fue sólo el accidente que inclinó la balanza. La gran pregunta es, ¿por qué Santos y la campaña por el SÍ fueron incapaces de movilizar al electorado?
Más generalmente, si se mira el mapa de los resultados, se puede ver que siguen muy de cerca lo sucedido en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en 2014, que enfrentó Santos contra el candidato de Uribe, Zuluaga. (Ver a la derecha).
Las zonas costeras y fronterizas votaron por el SÍ, mientras que el centro de Colombia votó por el NO, con la excepción de la capital, Bogotá, donde el SÍ ganó con el 56 por ciento (ver el mapa aquí y los resultados oficiales aquí.)
Todas estas áreas centrales habían votado por Zuluaga en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Las excepciones a esto fueron Santander y Norte de Santander, que votaron a favor de Santos en 2014, pero votaron por el NO en el referéndum. En este caso, la proximidad a Venezuela, donde hay una profunda crisis económica y graves problemas de escasez, probablemente jugó un papel clave teniendo en cuenta el alarmismo de Uribe sobre una dictadura “Castro-Chavista”.
Referendum. SI: Verde; NO: naranja – Image: Registraduría Nacional Colombia plebiscito.registraduria.gov.coEn la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2014, la participación fue superior al 47,8% (15,3 millones de votos en total), pero en ese momento la cuestión del acuerdo de paz también fue central. Santos obtuvo 7,8 millones de votos, mientras que el candidato de Uribe, Zuluaga, recibió poco más de 7 millones. Si comparamos estos resultados con el referéndum, podemos ver que Santos perdió 1,5 millones de votos, mientras que el movimiento de Uribe perdió algo más de medio millón. La razón por la que perdió el SÍ se debe a que no fue capaz de entusiasmar a la gente a votar por él. El huracán fue sólo un factor accidental.
Es importante señalar que las zonas que han sufrido la mayor parte de la violencia durante el conflicto, fueron los que tuvieron mayor número de votos para el SÍ. Este fue especialmente el caso en el Chocó (79 por ciento voto el SÍ), Cauca (67 por ciento), Nariño (64 por ciento), Putumayo (65,5 por ciento) y Vaupés (78 por ciento). En el municipio de Bojayá (en Chocó), donde hubo una masacre en 2002 en los combates entre los paramilitares y las FARC, la votación fue de más del 95 por ciento por el SÍ.
Por lo tanto, el voto por el NO fue más fuerte en aquellas áreas que están fuertemente dominadas por Uribe y la red de clientelismo político, el paramilitarismo y por los intereses de los capitalistas y ganaderos. Fue una votación fuertemente anticomunista, además de ser un voto contra Santos.
Además de los factores ya mencionados, hay que recordar que la economía colombiana ha sido duramente golpeada por la caída del precio de las materias primas, con un precio del petróleo en Colombia que ha colapsado en más del 50 por ciento en los últimos dos años. En este contexto, la idea de pagar impuestos para orientarlos a la desmovilización de las FARC no era una propuesta atractiva para amplias capas de la pequeña burguesía.
Santos es un presidente extremadamente impopular, criticado no solo desde la derecha por Uribe, sino también desde la izquierda por los sindicatos, los estudiantes, los agricultores y los movimientos sociales que se han movilizado en contra de sus políticas de austeridad y privatización, su asalto a los derechos democráticos y continua represión. En este contexto, muchos habrían sido justamente escépticos acerca de sus promesas con el acuerdo de paz.
Amplias capas de las masas colombianas quieren una solución a sus problemas urgentes de acceso a la tierra, la pobreza, la educación, la salud, la vivienda, la violencia estatal, la inflación, la impunidad de las violaciones a los derechos humanos por parte de los paramilitares y el ejército. Miraron el desenvolvimiento de Santos en todas esas cuestiones y no pudieron decidirse y salir a votar.
Santos quería utilizar el referéndum para recibir legitimidad personal, pero fracasó. Es Uribe quien ha salido fortalecido.
¿Y ahora qué?
A pesar de la victoria del NO en el referéndum, eso no significa necesariamente el retorno a los conflictos armados. Las FARC ya han dicho que están comprometidas “para defender sus puntos de vista con palabras, no con las armas”. El presidente Santos ha reiterado que quiere que este acuerdo de paz sea puesto en práctica y ha llamado a un “diálogo nacional”. Mientras tanto Uribe ha declarado que no está en contra de la paz, pero no le gustan los términos acordados.
Esta es sin duda una situación peligrosa que ha dado un duro golpe al presidente Santos. Aunque ninguno de los actores quiere volver a una situación de guerra abierta, las provocaciones de los paramilitares de extrema derecha no pueden descartarse y podrían provocar nuevas hostilidades.
Lo que es probable que suceda ahora es que Santos tendrá que involucrar a Uribe en algún tipo de renegociación de ciertos aspectos del acuerdo. Uribe va a querer endurecer los acuerdos sobre todo con respecto al castigo de los líderes de la guerrilla. Él particularmente, quiere que paguen con penas de prisión, así como excluir a muchos de los líderes más prominentes de la participación en las elecciones. Esta es una demanda particularmente cínica de su parte ya que Uribe utiliza todo tipo de trucos para evitar que los líderes de las bandas paramilitares se enfrenten a la justicia por crímenes de guerra. Los más destacados de estos líderes fueron extraditados a los EE.UU., donde han recibido penas sumamente leves por delitos relacionados con las drogas. (Ver: La historia secreta de los paramilitares de Colombia y la guerra de EE.UU. contra la Droga). Uribe temía que si fuesen juzgados en Colombia por violaciones a los derechos humanos ellos podrían abrir la boca y decir quién ha financiado y apoyado en realidad a las bandas paramilitares, algo que le implicaría directamente. Uribe también está exigiendo una amnistía amplia para los miembros de las Fuerzas Armadas involucrados en violaciones de los derechos humanos.
Se ha establecido ya una reunión en estos días, incluyendo a Santos y Uribe para discutir cómo proceder. Parecería que Uribe está bajo una gran presión de la clase dominante para no crear una situación en la que haya un retorno a la violencia.
Las FARC probablemente serán obligadas a aceptar condiciones más duras. Ya han comenzado a destruir parte de sus explosivos y han mostrado su voluntad de contribuir a la reparación de las víctimas con sus propios fondos (algo que habían rechazado antes). No tienen otra alternativa viable, ya han recorrido un largo camino en su compromiso de abandonar la lucha armada. En cambio, es posible que deseen discutir de nuevo asuntos que ya fueron descartados de la agenda.
Hay otro factor en la situación que es clave: la reactivación del movimiento de los trabajadores, estudiantes, campesinos y las comunidades indígenas. Durante los últimos cinco años ha habido una oleada tras otra de movilizaciones. El movimiento estudiantil en 2011, la movilización campesina de 2013, la huelga de los trabajadores del sector de la justicia en 2014, la huelga nacional a principios de este año, y miles y miles de luchas locales o sectoriales, por mejores salarios, en defensa de los derechos de educación, en contra la minería a cielo abierto, en defensa de los derechos de los campesinos, etc.
Una vez que el conflicto entre el Estado, los paramilitares y la guerrilla desaparezca, puede haber una explosión del movimiento de masas, que el gobierno encontrará más difícil de despachar como algo “manipulado por los terroristas de las FARC”. El fin de la lucha armada en Colombia, bajo ningún motivo será el final de la lucha de clases, sino todo lo contrario.
