Una crisis sistémica
A la crisis política e institucional chilena le hacía falta solo una demostración tangible de la completa separación de la clase política y la burguesía chilena de las aspiraciones de la juventud, el movimiento obrero y el pueblo de Chile. Puntalmente esta ha llegado con una serie de escándalos de corrupción, soborno y elusión tributaria de los cuales emerge un entramado de intereses entre los grandes grupos industriales del país y los partidos políticos de derecha e izquierda.
A partir de una investigación por evasión tributaria en contra del grupo Penta, conglomerado económico que administra activos por 20.000 millones de dólares, se han revelado desvíos de fondos hacia partidos de diferentes tendencias, que involucran a otros grandes grupos industriales (como la minera SQM del ex yerno de Pinochet Julio Ponce) y a una larga lista de destacados exponentes políticos tanto de Nueva Mayoría (con la excepción del PC) como de la oposición.
Paralelamente a estos escándalos, otras investigaciones han salpicado directamente la familia de Bachelet, precisamente su hijo y nuera acusados de aprovecharse de su posición y acceso a informaciones para enriquecerse especulando con el cambio de uso de terrenos. Todo un terremoto que ha profundizado la crisis de legitimidad de las elites políticas y económicas del país, exponiendo además las ambigüedades y el carácter dilatorio de las reformas con las cuales Bachelet pretendía reconstruir la confianza en la política y el Estado.
El impasse político
Hasta ahora Bachelet ha reformado las normas laboral, electoral y tributaria. El fin del régimen electoral binominal es sin duda una reforma progresista y democrática. Dicho esto, es necesario entender los móviles de esta reforma. Por un lado la victoria de Piñera en 2010 hacía ya insostenible un sistema electoral con posibilidades de empate entre los dos principales bloques, por el otro el nuevo sistema proporcional no solo restituye representación política a aquella parte consistente del electorado antes ninguneada, sino que busca reencauzarla al “juego democrático” y devolver a un parlamento engrosado las posibilidades de construcción de nuevas alianzas entre y alrededor de los principales partidos.
La reforma laboral atribuye a los sindicatos la titularidad única de la negociación colectiva y de la decisión de extender sus conquistas a los no sindicalizados. Pero pese a posibles efectos positivos sobre la sindicalización, el objetivo declarado de la reforma es establecer relaciones laborales de diálogo entre empresarios y trabajadores, es decir frenar el multiplicarse de huelgas improvisas e ilegales que han afectado incluso sectores neurálgicos de la economía chilena como los portuarios. Así mientras se impide a la patronal de reemplazar a trabajadores en huelga, se establece para los sindicatos “el deber de proveer el personal necesario para cumplir con los ‘servicios mínimos’” definidos en la negociación colectiva.
Las mismas contradicciones y propósitos se leen en una reforma tributaria promulgada para cubrir un déficit que la depreciación del cobre hará aumentar. Se ha elevado la carga impositiva a las empresas del 20 al 25 por ciento reduciendo los impuestos directos a las personas del 40 al 35 por ciento. Mecanismos de evasión como el Fondo de Utilidades Tributables (FUT) cesarán solo a partir de 2018 y mientras impuestos indirectos como el IVA que gravan sobre la clase trabajadora y el pueblo siguen intactos, se han reducido los impuestos a los sueldos más altos.
La irrupción de los estudiantes
A la lista de estas reformas falta todavía la educativa. En un extenuante debate parlamentario un frente amplio desde la DC hasta la derecha extrema sigue buscando tecnicismos para reponer por la ventana lo que la reforma debería botar por la puerta: el lucro privado en la educación. Con todos los partidos parlamentarios ocupados en absolverse con una declaración conjunta que reduce la corrupción a “conductas reñidas con la ética” y compromete a la construcción de una “nueva institucionalidad”, la crisis general ha sacado nuevamente a los estudiantes a las calles.
Bajo la consigna que “los corruptos no decidan lo que Chile necesita” unos 180.000 estudiantes universitarios y de secundaria salieron a marchar en todo el país este 16 de abril como no se veía desde 2011. En ciudades como Antofagasta o Iquique la movilización contó con la adhesión de los portuarios, siendo estos, magisterio y salud, los principales sectores laborales involucrados. La CUT ha expresado críticas a la reforma laboral de Bachelet, definida por el ex ejecutivo Martínez como “una camisa de fuerza a la acción sindical”, sin embargo su apoyo al gobierno la está alejando de la plaza y las movilizaciones sociales, a las cuales debería aportar con las luchas de portuarios, del LAN, de salud y empresas de servicio que se gestan en el país.
La Asamblea Constituyente
Esto demuestra una vez más que el poderoso movimiento estudiantil chileno no marcha en un vacío total. La experiencia ha enseñado que la lucha estudiantil es tanto más efectiva cuando se hace no solo reflejo de la crisis general, sino eje de protestas más generalizadas que involucren a la clase trabajadora. Mover ésta a la lucha quiere decir mover a sus organizaciones. La principal consigna de carácter general que plantea el movimiento estudiantil es una Asamblea Constituyente. Aunque dirigentes sindicales han manifestado aperturas sobre este tema, la atención de la clase obrera está concentrada principalmente sobre la reforma laboral, de la cual depende buena parte del futuro de las relaciones sociales en Chile. Así la dirección de la CUT tiene juego fácil en seguirle la corriente al gobierno.
Bachelet ha descartado la idea de una Asamblea Constituyente, concentrándose sobre la propuesta de una “reforma constitucional” definida por el parlamento y eventualmente ratificada con un referéndum. Cuenta con el apoyo de la oposición y de los sectores más conservadores de la Nueva Mayoría. Sin embargo hay también un frente amplio que abarca a diputados de la DC, el PPD, el PS y el PC que impulsa la convocatoria de una Constituyente, sostenida también por el Colegio de Abogados cuyo portavoz la define “una propuesta que cautela los poderes del Estado”. Todo esto demuestra que en la clase dominante chilena la discusión no es sobre la necesidad de reformar o reformular la Constitución, sino cómo hacerlo evitando que la presión social desborde y con el fin de reconstruir la legitimidad institucional.
Para precaverse de estos peligros y lograr que esta consigna mueva a la clase obrera y sus organizaciones, el movimiento estudiantil debe darle un contenido de clase y revolucionario. Una Constituyente que sirva a renacionalizar la minería, los puertos etc., dónde los asambleístas no sean elegidos a través de los partidos, sino de los sindicatos, las organizaciones estudiantiles y los gremios populares. Instar al PC y la CUT a apoyar una reivindicación con estos contenidos para quitar su cobertura al flanco izquierdo del gobierno que representa en este momento el principal punto de precario equilibrio de la situación política en Chile.
Una perspectiva internacionalista
Es claro que los movimientos sociales y los revolucionarios bolivianos no miramos a lo que ocurre en Chile como simples espectadores. Somos conscientes que nuestro reclamo por recuperar una salida soberana al mar y la demanda internacional interpuesta por Bolivia podrían acelerar la crisis sistémica en Chile. Somos también conscientes que todo esto podría también dar a las elites chilenas la oportunidad de generar un ambiente de unidad nacional en la sociedad que sofoque la protesta social, dando aliento a la clase dominante y a su intento de reemplazar los antagonismos de clases con la confrontación entre pueblos.
Que esto no ocurra no depende solo de la capacidad del movimiento obrero y de la juventud de Chile de resolver las cuestiones políticas que enfrenta. Depende de nuestra misma capacidad de combatir la “unidad nacional” en nuestro propio país, de luchar porque la corrupción y los primeros avisos de debilitamiento del proceso en Bolivia desemboquen en una lucha por completarlo acabando con el capitalismo y con el poder de la burguesía boliviana, aliada con los monopolistas chilenos en contra de la clase trabajadora de Chile y del progreso de Bolivia.
