Después de 43 días de huelga en la mayor mina de cobre del mundo, Minera Escondida en Chile, los trabajadores han decidido la vuelta al trabajo con una prórroga del actual convenio, manteniendo así todas las condiciones y beneficios que la empresa quería destruir.
Con una actitud intransigente de la patronal, después de 43 días, ha terminado la importante huelga sostenida por el Sindicato Nº1 de Trabajadores de Minera Escondida. La empresa concentraba el contenido de su oferta entorno a los salarios y el bono de término de conflicto, pero continuaba en su intento de quitar beneficios (como prestaciones de salud) para trabajadores nuevos. Esta cuestión fue mayoritariamente rechazada por los mineros, quienes mostrando una unidad ejemplar y clara conciencia de clase declaran:
“Confirmando que el objetivo empresarial de esta negociación ha sido desde un comienzo precarizar las condiciones de los trabajadores, es que ante esta posición intransigente patronal y que se quiere introducir como un precedente nefasto -no sólo para los trabajadores de Escondida sino que para todos los trabajadores de Chile-, el directorio sindical le comunicó a la empresa que las conversaciones no tenían ninguna posibilidad de alcanzar un acuerdo, ya que nunca estará disponible a renunciar a conquistas históricas de los trabajadores, sea cual fuere el monto de los denominados bonos de término de negociación, poniendo el Sindicato fin a las conversaciones”.
El lunes 21 de marzo, mediante una decisión discutida y ratificada unánimemente en asambleas, han dispuesto el uso de una facultad legal del Código del Trabajo. Invocando el artículo 369, se prorroga la vigencia del contrato anterior durante 18 meses. De esta manera, contando desde el pasado 1 de febrero queda fechada una nueva negociación para el 1 de junio del 2018.
Con esta decisión, los trabajadores pierden el bono de fin de conflicto y el pago de los días de huelga, además que no habrá aumento salarial en estos 18 meses, pero a cambio mantienen todas las condiciones de trabajo y beneficios para los trabajadores actuales y los que se incorporen, además de que la nueva negociación colectiva en 18 meses iniciará teniendo como piso mínimo el 100% de las actuales condiciones.
El poderoso sindicato de la mina de cobre más importante del mundo, sienta una victoria parcial que constituye un significativo precedente para la lucha de clases en Chile y el sector minero internacional. Se produjo un monto histórico de pérdidas para la empresa BHP Billiton, de más de mil millones de dólares, como ya se advertía desde un comienzo. Los efectos de la reducción en la oferta han sido notorios, sumado a la huelga sostenida por los trabajadores de la mina de Cerro Verde en Perú, otro gigante productor del cobre, y problemas con otra gigante en Grasberg, debido a restricciones impuestas por el gobierno indonesio a las exportaciones (ambas en manos de la minera Freeport-McMoran), el conflicto produjo un momentáneo repunte del precio del cobre en el mercado minero.
Como señalábamos en una nota anterior, el rol central del cobre dentro de la economía chilena le otorga un carácter político que atraviesa varios puntos conflictivos del clima social del país. Cualquier reivindicación social de importancia se enfrenta a la pregunta de ¿de dónde van a salir los recursos? Y la respuesta es clara en la mente de todos: del cobre. La reivindicación histórica de la nacionalización del cobre se vincula de manera casi automática a la demanda de educación gratuita y un sistema público de pensiones.
En este sentido, las movilizaciones masivas de cientos de miles siguen haciendo noticia. El domingo 26 de marzo se realizó una jornada de movilización nacional contra el sistema privado de pensiones (AFP), convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores No Más AFP. Según los organizadores, 800.000 personas marcharon sólo en Santiago, y a lo largo del país se habrían manifestado en total unas 2.000.000 de personas en 71 marchas diferentes. Con anterioridad ya avisaban que sería “la marcha más grande la historia”, comparable sólo con las marchas contra el dictador en los años ochenta.
El sistema privado de pensiones implementado en dictadura y diseñado por el entonces ministro del Trabajo, José Piñera, hermano del ex-presidente empresario Sebastián Piñera (y nuevamente candidato presidencial), provoca el más amplio rechazo de la sociedad chilena. Las Administradoras de Fondos de Pensiones invierten el dinero que les “prestan” los trabajadores, para después privatizarse las ganancias, socializar las pérdidas, y otorgar pensiones de hambre. La pensión promedio por vejez es de 208.000 pesos chilenos que equivale a unos 320 dólares (el salario mínimo es de $264.000), existiendo a su vez una importante diferencia, al igual que en el mercado laboral, en el trato discriminatorio hacia las mujeres en este sistema.
Por otra parte, los oficiales de las Fuerzas Armadas, reciben pensiones sobre 1,5 millones de pesos (2.255 dólares) y los suboficiales sobre los $550.000 (827 dólares). Los uniformados fueron el único sector que se mantuvieron en el antiguo sistema fiscal de pensiones vigente hasta 1980. Además de que mediante la Ley del Cobre, modificada durante la dictadura, las Fuerzas Armadas reciben el 10% de las ventas de cobre para el armamento, y su contabilidad era secreta sólo hasta diciembre pasado. Es este el premio que recibe por parte del Estado la institución que a sangre y fuego allanó el camino para la transformación neoliberal del país, para que las AFP succionen la vida de los trabajadores y trabajadoras de Chile.
La propuesta elaborada desde No Más AFP concibe un sistema de pensiones de reparto solidario, tripartito y administrado por el Estado. Luis Mesina, dirigente sindical bancario y vocero de la Coordinadora No+AFP, anunció que exigirían la renuncia del Ministro de Hacienda, acusando su rol en defensa de las empresas. Las marchas que ya convocaban un masivo apoyo hace varios meses, dan un mensaje claro para acabar con el sistema privado de pensiones.Esta lucha es vista, justamente, como una lucha por terminar de una vez, no solo con el injusto sistema de pensiones privatizado, sino también con los restos de la dictadura de Pinochet. Como los mismos capitalistas han reconocido, son los pilares mismos del modelo de acumulación capitalista, heredado con la constitución del 80, los que están puestos en cuestión.
El año ha comenzado con los mediatizados anuncios de candidaturas presidenciales, para las elecciones que se efectuarán a fin de año. Los trabajadores de Minera Escondida han dado un ejemplo de unidad y lucha. El pueblo habló fuerte y claro este domingo pasado en la marcha contra las AFP. Por otra parte, la CONFECH (Confederación de Estudiantes de Chile), que adhirió a la convocatoria pasada, ya anunció la primera marcha del movimiento estudiantil este año, para el próximo 11 de abril. Junto con movimientos como Ni Una Menos y No Más AFP, han impulsado la Coordinadora de Movimientos Sociales con el objetivo de “enfrentar unidos e incidir en el año electoral”.
Definitivamente Chile vive, desde hace ya algunos años, en un clima de convulsión social y descontento, que está empezando a cuestionar todo el edificio de la democracia burguesa limitada que sucedió al régimen de Pinochet y las enormes disparidades sociales y económicas sobre las que se asienta.
