Recuperemos las empresas privatizadas para evitar los subsidios millonarios y los tarifazos
A partir del primero de diciembre comienza a regir una nueva política de subsidios a las empresas de servicios públicos. Mientras que hasta ahora venían aumentando año tras año hasta llegar a unos $70 mil millones en 2011 (4% del PBI), las nuevas medidas apuntan a reducirlos en $4.568 millones inmediatamente, y anticipan la continuidad de los recortes hasta llegar a unos $20 mil millones en un mediano plazo.
Las medidas
Las primeras disposiciones, anunciadas el 2 de noviembre, abarcan a los servicios de gas, electricidad y agua que se brindan a grandes empresas mineras y petroleras (lo que suma $300 millones en subsidios anuales), a bancos y entidades financieras, bursátiles y de seguros (otros $120 millones), a casinos, hipódromos y bingos, telefonía fija y móvil, puertos y aeropuertos internacionales ($180 millones más). El 16 de noviembre se ampliaron a los servicios brindados a 40 grandes empresas refinadoras de combustibles, procesadoras de gas natural, de biocombustibles, exportadoras aceiteras y de agroquímicos, lo que suma un ahorro adicional de $3.468 millones. Y a partir del 1ero. de enero, también a 232 mil viviendas ubicadas en Puerto Madero y Barrio Parque de la ciudad de Buenos Aires y en los countries de todo el país (otros $500 millones anuales).
Además el estado nacional cede los subterráneos (concesionados en manos privadas) a la Ciudad de Buenos Aires, lo que incluye bienes por $2.157 millones, la continuidad de algunas obras de extensión de líneas y el mantenimiento del 50% de los subsidios durante un año ($353 de los $706 millones anuales). El gobierno de Macri pide un poco más de tiempo para el traspaso (se habla del 1ero. de enero) y piensa incrementar el boleto para cubrir el subsidio caído, de los $1,10 actuales a $2,25 en unos meses, y a $3,40 en un año. Y también traspasa la empresa de distribución de electricidad de la ciudad de La Plata y alrededores (EDELAP) a la órbita provincial. Recordemos que hace pocas semanas esta empresa pasó a tener un nuevo concesionario privado, Power Infrastructure, encabezado por el empresario venezolano Miguel Mendoza.
La quita de subsidios a las empresas de servicios públicos continuará con la gradual extensión a los servicios prestados a otras grandes empresas (el gobierno promete que no llegará a las Pymes) y a todos los usuarios residenciales que no puedan demostrar necesitarlos, comenzando por la ciudad de Buenos Aires donde se encuentran el 53% de los domicilios con tarifa subsidiada. Lo que implica que las empresas trasladarán el incremento a los usuarios. Y también se extenderán a otros servicios, pero por ahora no al transporte público, subsidio considerado por el gobierno como parte de la ayuda social.
Con estas medidas de baja del gasto el gobierno busca revertir el progresivo deterioro del equilibrio fiscal, que comenzó en 2008 (con los primeros coletazos de la crisis mundial, la sequía, la gripe A y el conflicto por la resolución 125). El recrudecimiento durante 2011 de la crisis mundial del capitalismo también comienza a sentirse vía volatilidad de precios de commodities, reducción de la producción en fábricas exportadoras (automotrices, alimentación, metalúrgicas, etc.) y fuga de capitales.
Repercusiones
La eufórica reacción de los distintos sectores empresariales (y de sus voceros políticos y en los medios) se debe a que pretenden que sea el primer paso hacia una mayor desregulación y libertad de mercado, además de librarse de la molesta dependencia de los subsidios del fisco. Con el anuncio, las acciones en la bolsa de las empresas de servicio subieron más de un 2% el 2 de noviembre, en un día de bajas generalizadas. Las patronales esperan también, con los incrementos de tarifas de servicios y su traslado a precios, hacer una buena diferencia que incremente sus ganancias. Esa perspectiva viene acompañada de la exigencia de un techo al aumento salarial para las paritarias de 2012 en un 18% (al gobierno también le gusta ese tope para los trabajadores estatales), el ataque a Moyano (por su perfil duro para negociar salarios y mejoras para los trabajadores) y también por los reclamos de las potencias imperialistas (en profunda crisis) de pago de la deuda externa en default y con el Club de Paris.
Las empresas de servicios trasladarán esta quita de subsidios a esos grandes clientes, empresas que amenazan, a su vez, con recuperar ese mayor gasto, aumentando sus precios al público. Aunque el gobierno presionará para que no ocurra y no afecte a la inflación. Los ministros De Vido y Boudou confían en que lo descuenten de sus altas ganancias, lo que al menos es una peligrosa ingenuidad.
Lo que se oculta
Los subsidios a las empresas de servicios públicos privatizadas surgieron de las negociaciones posteriores a la mega devaluación de enero de 2002, a cambio de mantener bajas tarifas. Ver cuadro tomado de argenpress.info.
Desde distintos sectores interesados intentan imponer el discurso empresarial que sostiene que los subsidiados por el estado son los usuarios. Sin embargo se oculta que ese inmenso sacrificio del estado nacional (con dinero que debería destinarse a cubrir necesidades sociales) tiene como contracara que las empresas privadas concesionarias de los servicios públicos continúan obteniendo millonarios beneficios, pese a las tarifas bajas.
Lo que nunca se cuestionó es la continuidad de esta apropiación privada de los recursos públicos. ¿Por qué un empresario debe beneficiarse cuando un jubilado, un trabajador o una familia pobre necesitan agua, calefacción, o encienden la luz?
Nuestra propuesta
Por eso, frente a los anunciados tarifazos y a la continuidad de los subsidios millonarios del estado, consideramos necesaria la recuperación de todas estas empresas de servicios públicos. Proponemos que vuelvan a manos del estado nacional, pero bajo control de los trabajadores y usuarios para evitar se generen burocracias y negociados como los que ocurrieron en las empresas estatales en el pasado.
El ahorro de las millonarias ganancias que hoy obtienen las privatizadas (y que sólo reinvierten en bajísimo porcentaje) y de su gasto superfluo en publicidad, sobresueldos de gerentes y jerárquicos y en la remisión de utilidades al exterior significaría una fabulosa cifra de miles y miles de millones de pesos que podrían ayudar en los problemas sociales más acuciantes: agua potable, gas natural, cloacas, vivienda, salud, educación, etc. Además nos libraríamos de los abusos de las empresas de servicios, que encabezan el listado de las más denunciadas ante las oficinas de defensa del consumidor.
El valor de la tarifa debe ser el costo real del servicio, más un adicional para incrementar inversiones, mejorar el servicio y formar un fondo contra imprevistos. La finalidad de los servicios de electricidad, gas, telefonía, transporte, agua, etc. debe ser servir al bienestar y desarrollo de la sociedad, y no engordar los bolsillos de un puñado de parásitos. Si, circunstancialmente, algún servicio necesitara ser subsidiado parcial o completamente podría financiarse con la ganancia sobrante de otros servicios con costos más bajos.
