El 4 de mayo, la Cámara de diputados aprobó el Proyecto de Ley (PL) 6764/02, que revoca la Ley de Seguridad Nacional (LSN). Aunque el entierro de la LSN es un paso importante en la lucha de los trabajadores, su contenido represivo, destinado a garantizar la estabilidad política y social, se trasladó al Código Penal. En este sentido, incluso revocando una de las últimas piezas represivas de la dictadura, al añadir los “delitos contra el Estado Democrático de Derecho” al Código Penal, la democracia burguesa no hace más que actualizar sus herramientas de persecución contra los críticos y opositores a la explotación capitalista.
Según la LSN, cuyo texto actual data de 1983, solo en 2019 y 2020 se abrieron 77 consultas. En 2018 se abrieron 19 investigaciones. Al año siguiente, el primero del gobierno de Bolsonaro, se abrieron 26 investigaciones, y en 2020, ese número saltó a 51. Entre 2015 y 2017, se abrieron 25 procesos basados en la LSN. Estos procesos incluyen nombres como Felipe Neto, Guilherme Boulos y Sônia Guajajara.
El proyecto aprobado en la Cámara de Diputados, que aún debe ser discutido y aprobado en el Senado, tipifica en el Código Penal varios delitos contra el “Estado Democrático de Derecho”, como el ataque a la soberanía del país, el espionaje, el golpe de Estado, la interrupción del proceso electoral, la comunicación masiva engañosa, el sabotaje y el ataque al derecho de manifestación.
Por otro lado, el proyecto también define que manifestaciones como las protestas, las marchas, las huelgas y la actividad periodística no tienen cabida como delitos contra el Estado democrático de derecho. El proyecto también establece que está prohibido impedir, con violencia o amenaza grave, el ejercicio pacífico y libre de manifestación de los partidos políticos, movimientos sociales, sindicatos, órganos de clase u otros grupos políticos, asociativos, étnicos, raciales, culturales o religiosos.
Sin embargo, no hay garantía de que los movimientos sociales y la izquierda no sean perseguidos. Por el contrario, el proyecto de ley aprobado señala la insurrección como delito, entre otras cosas, definiéndola como un intento, “con el uso de amenaza o violencia grave, [de] impedir o dificultar el ejercicio del poder legítimamente constituido, o de alterar el orden constitucional establecido”. El proyecto también tipifica la conspiración, señalando como asociación, de “dos o más personas, para la práctica de la insurrección o el golpe de Estado”. En la sección sobre el terrorismo, lo describe como un delito:
“apoderarse o ejercer el control, total o parcialmente, de forma definitiva o temporal, de medios de comunicación al público o de transporte, puertos, aeropuertos, estaciones de ferrocarril o de carretera, instalaciones o establecimientos públicos destinados al suministro de agua, luz, combustible o alimentos, o a la satisfacción de las necesidades generales e imperiosas de la población”.
Estos y otros elementos pasan de la derogada LSN al Código Penal, que puede ser utilizado por los gobiernos y la burguesía según sus necesidades, previendo la criminalización de cualquier acción insurreccional o revolucionaria que ponga en riesgo la democracia burguesa.
El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados contrasta con el PL 7951/2014, que amnistía a los luchadores sociales criminalizados en todo Brasil, construido por la izquierda marxista y presentado por un grupo de parlamentarios del PT. En dicha propuesta se indica:
“Caen dentro de los criterios establecidos por esta Ley, todos los ciudadanos y dirigentes de movimientos sociales, sindicales y estudiantiles que hayan sufrido o sufran condenas, acciones penales y pesquisas policiales cuyo origen sea su participación en huelgas, ocupaciones de fábricas, ocupaciones de tierras, ocupaciones de escuelas, manifestaciones y actividades públicas, así como en actividades derivadas o relacionadas con ellas.”
Esta propuesta, que se pone claramente del lado de los trabajadores y busca garantizar la defensa de sus luchas contra cualquier acción del Estado burgués, apunta a la LSN:
“Esta Ley revoca la Ley de Seguridad Nacional – LSN (Ley nº 7.170/1983) y anula todos los procedimientos penales basados en la LSN y sus efectos”.
Sin embargo, el PL 7951/2014, que en realidad expresa los intereses de los trabajadores, sigue estancado en el Congreso Nacional, mientras que el proyecto que traslada las medidas represivas de la LSN al Código Penal avanza hacia su aprobación en el Senado, con apoyo incluso de parlamentarios supuestamente de izquierda. El diputado Leo de Brito (PT) dijo, según un artículo publicado en el sitio web nacional del partido:
“No podemos seguir teniendo estos verdaderos escombros de la época de la dictadura militar en vigor y siendo utilizados para perseguir, sobre todo, a los enemigos políticos del actual presidente de la República. Todos deberíamos considerar sagrada la defensa del Estado de Derecho democrático, y este Parlamento, que ya lleva un día cerrado, debería valorarlo. No tendremos más manifestaciones a favor del AI-5, de la intervención militar, de la dictadura, porque Brasil es una gran democracia, y necesitamos consolidarla”.
Fue ciertamente el fortalecimiento de esta “democracia” lo que inspiró al gobierno de Dilma a sancionar la Ley Antiterrorista en 2016. Esta ley y otros mecanismos legales se han utilizado para perseguir y reprimir las movilizaciones de los trabajadores, las huelgas y los movimientos sociales.
Aunque los reformistas supuestamente de izquierda intenten colorear el proyecto de ley que avanza en el Congreso Nacional, esta propuesta es una expresión de la necesidad de la democracia burguesa para garantizar la estabilidad y el buen funcionamiento del régimen. Sin embargo, para modernizar las formas de represión, necesita sustituir uno de los restos más criticados de la dictadura, sin poner en peligro el régimen burgués construido en la Nueva República. Esta democracia, cada vez más inestable debido a la crisis económica y política, busca formas de cambiar sólo su apariencia, sin tocar, sin embargo, su contenido de clase y, principalmente, sin amenazar la seguridad de la dominación burguesa.
