La Policía Federal llegó a la casa del ex presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, a las 6 de la mañana del viernes 4 de marzo, para ejecutar una orden de arresto, ordenándole presentarse ante el juez para declarar. Lula fue liberado 3 horas más tarde y aún no ha sido acusado.
La orden de arresto había sido emitida por un juez que investiga el escándalo de corrupción Lava Coches, en el que se alega que las empresas constructoras pagaron a los políticos a cambio de contratos lucrativos con la petrolera estatal Petrobras.
Se dice que están involucrados en el escándalo los políticos del partido gobernante y de la oposición, pero los únicos miembros que hasta ahora han sido detenidos son dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT). Esta es la declaración emitida por la Izquierda Marxista (sección brasileña de la Corriente Marxista Internacional, CMI) sobre este caso:
La Izquierda Marxista condena la orden de detención contra Lula para ser interrogado, que tuvo lugar el viernes (4 de marzo) por la mañana, organizada por la Policía Federal, junto con los medios burgueses, y considera que se trata de un ataque a los derechos democráticos.
No apoyamos la política de colaboración de clases, ni los métodos adoptados por el PT y el gobierno. La corrupción se origina en las alianzas con la burguesía y su Estado, y en la defensa del capitalismo hecha por Lula, Dilma y el PT.
La Operación Lava Coches tiene como objetivo preparar el terreno para atacar a la totalidad de las organizaciones de izquierda y de los trabajadores. Se está presionando al gobierno para que gire cada vez más a la derecha, a pesar de que este gobierno ya está a la vanguardia de los ataques contra los trabajadores.
El juicio de la AP 470, la llamada mensalão (la mensualidad), ya había dado lugar a una serie de ataques a las libertades democráticas. Cobarde y vergonzosamente, Lula y el PT se negaron a defender a sus propios dirigentes. Ahora están en el centro de la furia del ataque de la reacción burguesa.
La operación del viernes representa un salto cualitativo en la situación política, con el objetivo de debilitar aún más al PT, pero sobre todo para poner a prueba la fortaleza de cualquier reacción contra una posible ofensiva burguesa para lograr sus objetivos. Para ello, se ha hecho pasar al poder judicial por encima de las ya precarias leyes e instituciones de la República.
Los objetivos de esta operación no sólo son Lula y el PT, que ya están desmoralizados. La intención es abrir el camino para la desmoralización y la criminalización del movimiento obrero y de sus organizaciones.
En este momento de profunda crisis económica y política, el camino elegido por la burguesía es el ataque directo a las conquistas y derechos de la clase obrera. Se está preparando el terreno para enfrentarse a la resistencia de las masas, en una situación en la que la clase obrera y la juventud, especialmente desde junio de 2013, han mostrado su disposición a la lucha en varias ocasiones.
La dirección del PT, Lula y Dilma tienen una responsabilidad directa por la situación actual. La política y los métodos que defendieron y aplicaron destruyeron al PT como un partido de clase, como una herramienta para la lucha de la clase obrera. La traición de las expectativas del pueblo que los eligió, con una verdadera estafa electoral, y la aplicación de una política de sumisión a los intereses de los capitales nacionales e internacionales, llevaron a la bancarrota política del PT.
El gobierno de Dilma está llevando a cabo una política de ataques contra los derechos y las conquistas de la clase obrera con el fin de garantizar el pago de las deudas interna y externa. Se reduce el presupuesto para el gasto social, se abre el camino para la explotación de las reservas de petróleo en alta mar por las multinacionales, divide Petrobras y privatiza sus mejores “piezas”, se expanden las privatizaciones, y se prepara una nueva contrarreforma de las pensiones. Se propuso un proyecto de ley urgente para la lucha contra el terrorismo, pero que es un instrumento de guerra contra el pueblo, ya que intensifica la criminalización de los movimientos sociales.
Estamos en contra de los intentos de la derecha de acusar a Dilma, porque su objetivo es profundizar aún más los ataques a nuestra clase. Pero nosotros no caemos en los cantos de sirena de los que gritan que hay un golpe de estado, como una justificación para la defensa de este gobierno y de sus políticas anti-proletarias.
Una estrategia de izquierda para la situación actual sólo puede encontrarse a través de la lucha por nuestras demandas, contra todos los ataques del gobierno y de los empresarios. A través de la organización independiente de la clase, hay que encontrar una salida de izquierdas. Es en esta lucha contra el capital y sus políticas, contra el reformismo, y en la lucha por el socialismo que vamos a construir de nuevo un gran partido de clase verdaderamente leal a los trabajadores y a la juventud.
Es en este sentido que la Izquierda Marxista participará en las acciones solicitadas para el 31 de marzo por los sindicatos y los movimientos sociales, y denuncia una vez más esta arbitrariedad de lo más monstruosa del poder judicial, de la Policía Federal, y de los medios burgueses.
¡En defensa de los derechos democráticos!
¡Abajo la austeridad! ¡Abajo el capitalismo!
¡Por Asamblea Constituyente del Pueblo!
¡Por un gobierno de los trabajadores!
