La decisión del gobierno de crear un fondo de inversión agropecuario para compra de maquinarias, obras de riego y ampliación de la frontera agrícola atingiendo del Fondo de Pensiones de los trabajadores es una oportunidad para volver a un tema sindicalmente muy sentido: el del derecho a una jubilación digna.
La COB se opone a que el salario diferido de los trabajadores, las jubilaciones, sea invertido en actividades de riesgo como el agro, que en cambio, según datos del ministerio de economía, sería uno de los sectores de menor mora bancaria. Además el ministerio sostiene que la recuperación del capital está bajo garantía del Estado, Banco y gremios empresariales y que los 150 millones de dólares invertidos representan un porcentaje mínimo del Fondo de Pensiones.
Es, hasta aquí, el libreto ya visto de la espectacularización de las verdaderas preocupaciones de los trabajadores del país, reducidas así a su forma más distorsionada, en un apartadero que luego sirva a testimoniar en contra del “nivel de consciencia” de la clase obrera.
Una corrección insuficiente
Dejemos totalmente de lado la cuestión “riesgo” y hablemos del tema real: el Sistema Integral de Pensiones. La reforma del gobierno corrigió los excesos del neoliberalismo aumentando las rentas y disminuyendo la edad para jubilarse, sin pero atacar a fondo el principio que regía la contrarreforma neoliberal.
Este sigue siendo que la plata de los trabajadores debe también trabajar. Con el neoliberalismo las pensiones se tornan una inversión que: mete capitales a disposición de empresas privadas y el Estado; ata el futuro de los trabajadores al de empresas y Estados, es decir al mismo sistema que los explota; crea un nuevo negocio para bancos y entidades financieras.
La reforma de 2010 determinó eliminar este negocio devolviendo su gestión nuevamente al Estado. Pero todavía ahora el 10% del Fondo de Pensiones se invierte en fondos de inversión cerrados que van también a actividades productivas; el 48% en Depósitos a Plazo Fijo y el resto en bonos y obligaciones que financian sobre todo la deuda pública del Estado. El rendimiento de estas inversiones se ha venido abajo (véase gráfico), efecto también de la mayor solidez macroeconómica del Estado, lo cual le permite prestarse a tasas de intereses menores e invertir, demostrando que con este tipo de sistema los trabajadores pierden siempre.
Los límites de la reforma del MAS
Para ello la reforma del MAS instituyó un fondo de solidaridad financiado principalmente con aporte de los trabajadores sobre su total ganado, que incluye bonos y otras asignaciones antes de la deducción de impuestos. Como escribíamos después de la promulgación de la reforma, en la medida que el rendimiento del Fondo no mejora, el recurso al fondo de solidaridad se incrementaría hasta necesitar aumentos de la financiación de los trabajadores. De hecho el porcentaje de jubilaciones canceladas recurriendo a la fracción solidaria se ha ido paulatinamente acrecentando, pasando de un 40% de 2013, tres años después de la reforma, al 54% actual, para una jubilación que en muchos casos está lejos del 70% del último salario.
La cantidad de jubilados ha efectivamente aumentado, pero esto no es solo por el fondo solidario. En un entorno económico favorable los hijos encontraban empleo y los padres en edad de jubilarse se sentían incentivados por la mejora relativa de las rentas. Sin embargo todavía en 2014 había 190.539 afiliados a una AFP en edad de jubilarse y solo 78.579 jubilados, el 41%. Ante la tendencia al aumento del desempleo atestiguada incluso por estadísticas oficiales de dudosa credibilidad, esta proporción ha muy probablemente empeorado. Estas son las principales preocupaciones de la clase trabajadora, a las cuales la polémica sobre la fiabilidad del agro da solo un pretexto de expresión.
Es necesario antes que todo que la vanguardia del movimiento obrero y su dirección tengan en claro que el objetivo es un sistema de pensiones fundado en el derecho a una jubilación igual a los últimos salarios percibidos. Esto solo será posible volviendo al aporte tripartito, a mayor participación patronal y estatal. El fracaso del antiguo sistema de reparto no se debió a su insostenibilidad económica o al envejecimiento de la población, sino al hecho que el capitalismo produce antes que todo desempleo, cuando hay crisis y también cuando hay auge porque cualquier mejora productiva es utilizada contra los trabajadores. La lucha por una jubilación digna es inescindible de la por la ocupación plena, contra la precariedad y por un salario digno, únicas garantías para que con las contribuciones sobre el salario de los trabajadores activos se pague la jubilación de las generaciones que los precedieron.
El debate sindical
Para Mitma y aquellos que han aprendido a expensas propias que la colaboración de clases, llámese cogobierno o “alianza estratégica”, no da mayores espacios a la clase trabajadora sino que la somete y limita su rayo de acción, restringir la polémica a la solvencia del sector agropecuario permite apoyar su propia disputa con el gobierno sobre algo concreto, cerrando al mismo tiempo su flanco izquierdo y ganando libertad de las corrientes sindicales oficialistas, mayoritarias en la burocracia. Esto pero no solo no responde a las preocupaciones de la clase obrera, sino que, como la experiencia de la fracasada huelga general por pensiones de 2013 enseña, permite al gobierno de jugar entre intereses sociales opuestos.
Las dificultades en el agro no están igualmente repartidas. El fondo instituido por el gobierno resguarda las ganancias de importadores de insumos, agroindustriales y latifundistas, pero no resuelve mínimamente los problemas de acceso a la tierra, vulnerabilidad de los pequeños productores y centralidad del latifundio que en el Oriente, a través de sus vínculos con el sistema financiero y las multinacionales, condiciona todas las relaciones sociales.
Las reivindicaciones por una jubilación justa y una pensión mínima vital para todos, que no dependen de la existencia o menos del fondo agropecuario, debe marchar junto con la reivindicación de que el apoyo del Estado vaya a incentivar la asociación entre pequeños campesinos que participen democráticamente de la planificación de la agricultura por la soberanía alimentaria. Y que sean las multinacionales y los grandes agroindustriales a pagar por todo esto, acabando con las concesiones que se les sigue haciendo.
Todo esto es plenamente posible y necesario, pero solo sobre la base de una batalla organizada de los elementos más conscientes de la clase trabajadora y la juventud. Para ello nuestro esfuerzo de construcción de la CMI.
