En los últimos meses las protestas populares adquirieron un carácter muy radicalizado, tras la presentación en el parlamento en el mes de marzo del proyecto de Ley de Hidrocarburos favorable a las transnacionales. Dicho proyecto ratificaba los contratos de las transnacionales alcanzados durante el mandato de Goñi y establecía regalías de sólo el 18% sobre los beneficios de las compañías, frente al 50% exigido por el MAS de Evo Morales. En los últimos meses las protestas populares adquirieron un carácter muy radicalizado, tras la presentación en el parlamento en el mes de marzo del proyecto de Ley de Hidrocarburos favorable a las transnacionales. Dicho proyecto ratificaba los contratos de las transnacionales alcanzados durante el mandato de Goñi y establecía regalías de sólo el 18% sobre los beneficios de las compañías, frente al 50% exigido por el MAS de Evo Morales.
Esto provocó la incorporación del MAS a las movilizaciones de la COB y otras organizaciones populares, rompiendo así con el apoyo que le prestó a Mesa desde la caída de Goñi. El presidente boliviano, Mesa, intentó una clásica maniobra bonapartista amenazando con dimitir con el objetivo de desactivar la protesta social.
Esta mascarada terminó en un "pacto nacional" de todos los partidos patronales y oligárquicos que ratificaron su apoyo a la ley de Hidrocarburos, celebración de referéndums a favor de las "autonomías" para dar satisfacción a las oligarquías locales, y la convocatoria a fines de año de una Asamblea Constituyente, una maniobra distraccionista para desviar los objetivos de la lucha popular.
En respuesta, la COB, las FEJUVES, los campesinos de la CSUTCB, el MAS y otras organizaciones acordaron formar un frente único para mantener y extender las movilizaciones y bloqueos.
Divisiones en la clase dominante
El 18 de marzo el parlamento aprobó una nueva Ley de Hidrocarburos (que ahora está en discusión en el Senado), que plantea un camino intermedio con el claro objetivo de intentar aplacar al movimiento obrero y campesino. Se mantendrían las regalías del 18% y se crearía un nuevo impuesto, no deducible, de un 32%. La patronal boliviana no la acepta y Repsol-YPF amenaza con abandonar algunos de sus campos de gas y recortar sus inversiones si el Senado ratifica la nueva Ley de Hidrocarburos. Mesa la calificó de "inviable" e "irracional" y planteó el adelanto de las elecciones. Pero el Congreso rechazó sus pretensiones. Ahora el Tribunal Constitucional declaró que los contratos con las petroleras firmados con Goñi son ilegales porque no fueron ratificados por el Congreso, exacerbando la crisis institucional.
La crisis de la clase dominante boliviana es tremenda y no es más que el reflejo del agudo enfrentamiento entre las clases, de la situación explosiva en las masas y, en definitiva, del callejón sin salida del capitalismo.
Una alternativa revolucionaria
Mesa jamás atenderá los reclamos populares. La COB ahora exige la renuncia de Mesa y el adelanto de elecciones. Pero sólo un gobierno obrero y campesino que expropie a las multinacionales y la oligarquía estará en condiciones de atender los reclamos populares. Y la manera de llevar un gobierno obrero y campesino al poder es articulando un frente único de las organizaciones obreras y populares que movilice a millones de obreros y campesinos, vinculando las demandas parciales por salario, empleo, contra la suba de tarifas y otras, con la nacionalización de los hidrocarburos, la reforma agraria, la nacionalización de los bancos y de los principales sectores productivos del país, organizando comités de lucha y asambleas populares en cada pueblo y ciudad, barrio, lugar de trabajo y comunidad campesina que sean un cauce de participación consciente de millones en la lucha y se desarrollen como genuinos organismos de poder obrero.
La revolución obrera y campesina es la única alternativa para cortar de raíz los planes reaccionarios de la clase dominantes y el imperialismo.
