La nacionalización de Colquiri está en peligro. Como muestra la infografía de La Razón la promulgación del DS 1337 del 29 de agosto, acordado con el sector cooperativo de manera unilateral, concede a la minoría de mineros afiliados a la Cooperativa 26 de Febrero la parte mayor del yacimiento de Colquiri. La mediación con los intereses de los cooperativistas pone en peligro la sustentabilidad económica del yacimiento estatal y contraviene a una decisión asumida y apoyada por el pueblo de Colquiri y la clase trabajadora en su conjunto. En Colquiri se juega la defensa de políticas públicas de manejo de los recursos, por esto la COB debe llamar a la movilización nacional.
Los términos del acuerdo son que la cooperativa no podrá aumentar el número de sus afiliados y deberá indemnizar a Sinchi Wayra por la parte del yacimiento que pasa bajo su control. El objetivo es evitar futuros enfrentamientos y avasallamientos que podrían darse con el fortalecimiento de la cooperativa, que, tras la nacionalización promulgada en julio y el pase a COMIBOL de más del 50% de sus ex afiliados, ahora es minoritaria. El punto es que, con los peores argumentos, se está efectivamente fortaleciendo a la cooperativa y sentando un precedente desalentador para la total recuperación de los recursos y su administración y aprovechamiento en beneficio de las mayorías.
Según el Ministro Virreira, el apoyo al sistema cooperativo es porque éste libera al Estado de la necesidad de dar empleos. En base a este razonamiento deberíamos apoyar incluso a explotadores de toda naturaleza. La misma autoridad, presionada por la movilización de los asalariados de Colquiri, ha sucesivamente afirmado que el gobierno sostiene la nacionalización total del yacimiento y sólo por respeto a la posición de los cooperativistas no la ha implementado. Aquí no se trata de respetar, sino de cernir en un sector que ha vivido profundas transformaciones.
El propio Presidente Evo Morales reconoció en múltiples ocasiones que “hay empresas detrás de muchas cooperativas” que, como se ha demostrado en un estudio de CEDIB, están en manos de un puñado de familias. Evo pidió al sector hacer limpieza en su propia casa, pero esto es y será imposible mientras las políticas del Estado lo favorezcan y no existan instrumentos legales, normas y reglamentos, que impidan que las cooperativas sean la cobertura de empresarios, individuales o asociados, que explotan trabajo ajeno. Normas sobre la división de utilidades entre asociados y la abrogación del trabajo a destajo y de segunda mano que sirvan también a condicionar el apoyo material al sector cooperativista en base al cumplimiento de las mismas.
En Colquiri se tienen todas las condiciones para recuperar para el Estado el 100% del yacimiento, como fue en Huanuni: un apoyo popular contundente y la disponibilidad de los asalariados. La concesión de las vetas Rosario “N” y “D” a la cooperativa, lejos de ser una solución salomónica a un conflicto, es un paso atrás que incendia nuevamente la situación. Como se ha declarado en reiterada ocasiones, las nacionalizaciones son una política de Estado y eje del accionar del gobierno, pues en Colquiri deben implementarse políticas de incentivos materiales, que sean directas a los trabajadores y toda la comunidad, para vaciar la cooperativa en COMIBOL.
FENCOMIN ha entendido muy bien que la nacionalización de Colquiri representa una conquista, un ejemplo y un precedente que pueden extenderse, por esto, y durante todo el mes de agosto, estuvo presionando para quitarle valor. La COB debe responder a la movilización de los asalariados de Colquiri llamando a una movilización nacional en apoyo a la nacionalización del 100% de este yacimiento.
