El domingo 10 de noviembre a las 16:50, el presidente boliviano Evo Morales anunció su renuncia. Fue la culminación de un golpe de estado que se había estado gestando durante algún tiempo. Los actos finales del golpe, este fin de semana, fueron un motín policial, francotiradores disparando contra mineros, un informe de la OEA cuestionando la validez de las elecciones y finalmente el ejército “sugiriendo” que debería renunciar. La Corriente Marxista Internacional nos hemos opuesto a este golpe reaccionario desde el principio, al mismo tiempo que señalábamos cómo se crearon las condiciones para el mismo.
La secuencia inmediata de los acontecimientos comenzó con el motín policial el viernes 8 de noviembre. Comenzando con la UTOP de Cochabamba (policía antidisturbios), para el sábado 9 de noviembre el motín se había extendido a ocho de los nueve departamentos del país. Las fuerzas policiales se amotinaron, se negaron a seguir operando en las calles y se encerraron en sus cuarteles. El comandante nacional de la policía trató de minimizar la situación y negó que hubiera un motín. La policía simplemente “se había acuartelado”, dijo. Poco después, el ejército declaró que “no saldrían a la calle”. Todavía no pidieron la renuncia de Evo Morales, pero claramente tampoco estaban dispuestos a defenderlo. El gobierno había perdido el control de las fuerzas estatales de represión.
En ese momento y viendo la situación, los mineros de Huanuni que habían viajado a la capital para oponerse al golpe decidieron retirarse. Una caravana, que marchaba de Potosí a la capital en oposición a Evo Morales, fue emboscada en Vila Vila. Como reacción, 2.500 mineros cooperativistas de Potosí decidieron apoyar a la caravana e ir a levantar el bloqueo. A su vez, estos mineros fueron atacados en Challapata por francotiradores desconocidos, dejando a tres mineros heridos. Estos incidentes provocaron indignación en Potosí. El sindicato de mineros en la enorme mina de San Cristóbal, en Potosí, emitió una declaración en la que instruía a todos los mineros fuera de servicio a que fueran a apoyar a los que estaban bajo ataque. La Federación Sindical de Trabajadores Mineros Departamental adoptó la misma posición.
Luego, a las 2 de la mañana del domingo 10 de noviembre, la Organización de Estados Americanos emitió una declaración preliminar de la auditoría de las elecciones del 20 de octubre. El resultado oficial de la auditoría estaba programado para el 12 de noviembre. La declaración decía que “no podía validar los resultados de las elecciones” y “recomendaba” que se celebraran nuevas elecciones con un tribunal electoral renovado. Este fue un duro golpe para Evo Morales, quien había insistido, en contra de la oposición (que exigía una segunda ronda o su renuncia) de que había que esperar a la auditoría de la OEA y que respetaría sus eventuales resultados. El objetivo de la OEA al presentar ese informe preliminar era precipitar el fin de Morales.
Una victoria para la reacción
Evo Morales convocó a una conferencia de prensa, momento en el cual ya había perdido el apoyo de los burócratas sindicales de la COB, que habían sido leales a su gobierno todo el tiempo, pero ahora pedían su renuncia. A las 7 de la mañana, Morales anunció la anulación de las elecciones y la convocatoria de nuevas elecciones, con un tribunal electoral nuevo, con el objetivo de “pacificar el país”. El secretario general de la OEA, Almagro, insistió en que Morales debía permanecer en el poder mientras tanto y terminar su mandato. Lo que el imperialista Almagro quería era una transferencia ordenada del poder, no dejar la puerta abierta a la idea de que era aceptable derrocar a los gobiernos mediante una acción de masas. En efecto, en este momento, Morales contaba, casi únicamente, con el apoyo de la OEA.
Por supuesto, la oposición derechista dirigida por Camacho, el líder del “Comité Cívico” de Santa Cruz y representante de la reaccionaria oligarquía cruceña, no aceptó estos términos. La reacción se sentía fuerte, con gran cantidad de gente movilizada en las calles, bandas fascistas bien organizadas, el apoyo de grandes secciones de la policía y la aquiescencia del alto mando del ejército. Por lo tanto, exigieron la renuncia de Morales y estaban dispuestos a obtenerla por cualquier medio necesario. Las fuerzas de reacción sabían lo que tenían que hacer para lograr sus objetivos y avanzaban paso a paso. Mientras tanto, el gobierno vacilaba, retrocedía, ofrecía concesiones y estaba atado de pies y manos a nudos constitucionales y legales de su propia creación.
Mesa, el candidato de la oposición que se había presentado contra Morales en las elecciones del 20 de octubre, que representa un ala más “moderada” de la oposición burguesa, también rechazó el llamado de Morales a nuevas elecciones e insistió en que tenía que renunciar. La diferencia entre Mesa y Camacho era solo de método. Mientras que Mesa quería un golpe “ordenado y constitucional” bajo su control, Camacho quería un corte limpio bajo su propio control.
A primera hora de la tarde, el ejército anunció que estaba interviniendo en la situación para evitar que “grupos armados irregulares atacaran a la población”, en referencia a los francotiradores que atacaban a los mineros de Potosí. Estaban rompiendo la cadena de mando y actuando por su propia cuenta, ya no obedecían las órdenes del presidente. Poco después, en un comunicado oficial, “sugirieron” que Morales debía renunciar. Se completaba el golpe.
Una política fatal de concesiones
El avión presidencial de Evo Morales salió del aeropuerto de El Alto. Hubo rumores de que se dirigía a Argentina, pero que en el último minuto se le negó la entrada a su espacio aéreo. Al final, el avión aterrizó cerca de Cochabamba, en la región del Chapare de donde proviene y que le es muy leal. A las 4.50 de la tarde, Evo Morales hizo una declaración desde Chimoré en la región del Trópico de Cochabamba, anunciando que renunciaba como presidente. Fue seguido por su vicepresidente Álvaro García Linera, quien también renunció. Durante el día, docenas de funcionarios del MAS renunciaron, algunos como ratas que abandonaron el barco que se hunde, otros como resultado de amenazas de la reacción (en algunos casos, sus casas fueron incendiadas o sus familias amenazadas o secuestradas). La reacción había ganado la partida.
La Corriente Marxista Internacional nos hemos opuesto al golpe de estado en desarrollo desde el primer día y hemos argumentado firmemente que solo podría combatirse por medios revolucionarios (ver los artículos en http://luchadeclases.org.bo/). El gobierno de Evo Morales ha hecho exactamente lo contrario.
Es importante entender cómo llegamos a esta situación. En las elecciones anteriores, en 2014, Evo Morales todavía obtuvo más del 63 por ciento de los votos, pero ahora ese apoyo se ha desplomado al 47 por ciento. Necesitamos tener claro que fue la política de conciliación de clase y concesiones a los capitalistas, multinacionales y terratenientes lo que erosionó el apoyo a su gobierno por parte de los trabajadores y campesinos.
Solo para dar algunos ejemplos. Morales había llegado a un acuerdo con los capitalistas agrícolas de Santa Cruz, haciendo todo tipo de concesiones (levantando la prohibición de cultivos transgénicos, permitiendo una mayor deforestación, acuerdos con China para la exportación de carne). Estaba tan seguro de que había obtenido suficiente apoyo que, en la proclamación de su candidatura electoral celebrada en Santa Cruz, dijo: “Quiero saludar al empresariado cruceño. Tendrán sus demandas, sus reivindicaciones, pero ante sus demandas siempre proponen soluciones para toda Bolivia” (https://eldeber.com.bo/144443_evo-coquetea-con-los-empresarios-crucenos-en-su-proclamacion), y celebró los acuerdos con China para la exportación de carne, soja y quinua.
En Potosí, hemos visto una movilización masiva contra Evo Morales que no tenía la misma composición social que el movimiento reaccionario en Santa Cruz (https://www.luchadeclases.org.bo/sobre-el-llamado-bloque-civico-del-sur-y-nuestras-diferencias/). Esto tiene sus razones. Aquí había quejas muy sentidas contra la entrega de una concesión minera de litio a una multinacional alemana. El contrato otorgó a ACI Systems (una empresa sin experiencia previa en el campo) un contrato de 70 años (a diferencia de los contratos estándar de 30 años en otros países de América Latina) y un control total de facto sobre la administración de la empresa, a pesar de ser una empresa conjunta con el estado. Esto fue visto por muchos como la entrega de los recursos naturales del país a una multinacional extranjera, por un gobierno que afirma ser antiimperialista, con pocos beneficios para la población local. La concesión fue una de las principales razones de las protestas masivas contra el gobierno en Potosí, que habían comenzado antes de las elecciones. Finalmente, el sábado 9 de noviembre, Evo Morales emitió un decreto que derogaba el decreto de la concesión. Ya era demasiado tarde.
De manera incluso más escandalosa, Evo Morales nombró como candidato principal para Senador por Potosí al empresario minero y ex político de derecha, Orlando Careaga. Careaga había sido parte del odiado MNR de Goñi Sánchez de Losada, derrocado por el movimiento revolucionario de trabajadores y campesinos en 2003. Después, Careaga se convirtió en senador de otro partido de derecha en 2004-09, cuando Morales ya era presidente. Su nombramiento fue rechazado por los operadores locales del MAS y fue recibido con ira por las organizaciones sociales. En Chuquisaca, la candidata al MAS Martha Noya Laguna, había sido viceministra de Goñi. Todo esto contribuyó a alienar al MAS de su propia base social, así como a permitir el desarrollo de un movimiento de masas contra él en departamentos que habían apoyado sólidamente a Evo en el pasado.
De manera similar, Evo Morales vinculó su destino con el secretario general de la OEA, el reaccionario y proimperialista Luís Almagro que ha jugado un papel central en la ofensiva contra la revolución bolivarian. Morales perdió el referéndum de 2016 sobre la reforma constitucional, que fue convocado para permitirle presentarse nuevamente a la reelección. El resultado, 51 por ciento en contra, 48 por ciento a favor de eliminar los límites de plazo, ya era una indicación de la pérdida de apoyo popular para su gobierno. Luego, el Tribunal Supremo boliviano argumentó que postularse a la reelección era un derecho humano y, por lo tanto, Evo Morales podía volver a presentarse. Luís Almagro salió públicamente a respaldar esta decisión, lo que provocó la ira de toda la oposición boliviana. De esta manera, Evo ató su destino a la voluntad de Almagro. Morales invitó a la OEA a supervisar las elecciones, y luego, cuando la oposición gritó fraude, el propio Morales pidió a la OEA que realizara una auditoría y aseguró que acataría su resultado. Esto era la continuación lógica de su política de concesiones a los capitalistas y al imperialismo. Una política que le ha costado muy caro.
Obreros y campesinos: ¡hay que recuperar las tradiciones revolucionarias!
La victoria de la reacción en Bolivia tendrá un impacto más allá de sus fronteras. Ya ha envalentonado a la oposición reaccionaria en Venezuela. En Bolivia, existe una lucha abierta entre las diferentes alas de la clase dominante. Camacho y la oligarquía de la cruceña quieren borrón y cuenta nueva, el arresto y el juicio de todos los funcionarios del MAS, un gobierno de transición en el que participen ellos mismos, la policía y el ejército, y elecciones en términos favorables para ellos. Mientras tanto, Mesa está luchando frenéticamente por encontrar un “hilo constitucional” que mantener, de tal manera que fuera el actual parlamento el encargado de convocar nuevas elecciones. Cualquiera sea el resultado de esta lucha, en Bolivia la derecha ha tomado el control y formará un gobierno (legitimado por las elecciones en algún momento), que desatará una ola de ataques contra los trabajadores, los campesinos, los pueblos indígenas y destruirá cualquiera de las conquistas de los últimos 14 años que aún permanecen.
La imagen de los líderes “cívicos” Camacho y Pumari entrando, Biblia en mano en el Palacio Quemado (la antigua sede del gobierno en La Paz) y con una bandera boliviana de estilo antiguo (en oposición a la whipala indígena, que ahora se ha arriado de todos edificios oficiales) da una idea clara del carácter de las fuerzas detrás de este golpe y del tipo de gobierno que formarán.
Los obreros y campesinos bolivianos tendrán que organizar la lucha, y para hacerlo es necesario sacar las lecciones del gobierno del MAS. Fue la política de concesiones a los capitalistas, multinacionales y empresas agrícolas, lo que erosionó la base de apoyo al gobierno, allanando así el camino para el golpe. Los capitalistas, aunque tomaron las concesiones que Morales estaba dispuesto a darles, nunca se reconciliaron por completo con la idea de un gobierno dirigido por un sindicalista indígena, de un gobierno que era un subproducto de los levantamientos revolucionarios de 2003 y 2005. Solo esperaban el momento adecuado para contraatacar y recuperar el poder. El derrocamiento del gobierno de Evo Morales es una vez más la confirmación de la bancarrota absoluta de los métodos reformistas. Incluso en su carta de renuncia, Morales menciona como motivo de la misma “evitar que los golpistas … no dejen trabajar … a empresarios y empresarias” y para que “vuelva la paz social” (¡!)
La conclusión es clara: la única forma de garantizar conquistas permanentes para los obreros y campesinos no es a través de acuerdos con los capitalistas, banqueros, terratenientes y multinacionales, sino mediante la movilización revolucionaria de masas de los oprimidos para quebrar el poder económico de la oligarquía capitalista y el imperialismo. Solo mediante la expropiación de los medios de producción, la tierra y los recursos minerales en manos de la clase dominante, bajo el control obrero, se pueden usar, como parte de un plan democrático de producción, para satisfacer las necesidades de la mayoría. Los obreros y campesinos bolivianos tienen orgullosas tradiciones revolucionarias. Es necesario recuperar el espíritu y el programa de las Tesis de Pulacayo, adoptadas por el sindicato minero en 1946: “El proletariado de los países atrasados está obligado a combinar la lucha por las tareas demo-burguesas con la lucha por las reivindicaciones socialistas”.
